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EL UNIVERSAL, Caracas, miércoles 04 de marzo, 1998
Militarización
Armando Scannone

Nuestras Fuerzas Armadas tienen una bien ganada cuota de credibilidad. Ellas y la Iglesia católica ocupan los primeros lugares.

Por otra parte nadie duda que manejar cualquiera de sus fuerzas, aun una fragata, no debe ser nada fácil. Por eso es comprensible que se piense que un militar que haya sido capaz de hacerlo, puede también desempeñarse con éxito cuando se trata del ejercicio de un cargo de semejante o menor responsabilidad en la administración pública civil en nuestra democracia.

La realidad parece ser otra, para citar un caso bastaría el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, probablemente el que, por lo que la prensa ha informado, es el despacho civil en el cual más militares en ejercicio activo han sido llamados a colaborar, sin embargo, el desempeño del despacho globalmente ha sido notoriamente ineficaz. Después de dos años no ha logrado elaborar un reglamento a la nueva Ley de Tránsito, lo que la hace inoperante, tampoco ha logrado la recertificación del aeropuerto de Maiquetía por el FAA norteamericano, no ha logrado poner en marcha la construcción de un nuevo viaducto en la autopista Caracas-Maiquetía, no ha encontrado una solución para las rutas de Viasa, por citar sólo esos casos, a pesar de que no parece que esos ejemplos requieran de una capacidad sobrehumana para lograrlo. La razón de esa ineficacia no puede ser adjudicada a incapacidad de los funcionarios o a una minusvalía del militar para tomar decisiones y llevar adelante programas, puesto que por su formación, estudios y disciplina los ubican en el sector probablemente más capaz y preparado del país, en realidad una élite que ha llevado con éxito proyectos similares dentro del área militar.

Quizá la gran diferencia entre el manejo exitoso de una cualquiera de las fuerzas, a diferencia de un despacho ministerial radique en la forma de mandar, de dar y de recibir órdenes y que precisamente por eso se puedan crear divergencias, o recelos entre los funcionarios civiles y los militares, específicamente los activos, para quienes las líneas de mando deben ser observadas. En el primer caso se basa en la obediencia de acuerdo a líneas de mando. Las órdenes no se discuten, se cumplen. Lo que quizá sería lo deseable también en la vida civil, pero que la experiencia nos dice a cada paso que nuestro sistema burocrático partidista no permite que ni siquiera se pueda lograr ese camino en la vida civil, no sólo en la totalidad de un ministerio, ni siquiera en la menos importante de sus dependencias.

Cuando para despedir o promover a un funcionario eficaz o no hay que consultar o pedir el permiso a un partido o a un sindicato partidizado, no se puede decir que haya libertad de acción en una institución cualquiera.

Por otra parte nunca han estado más militarizadas nuestras policías y quizá nunca han sido más ineficientes, casos hay, como la vigilancia y mantenimiento del orden fuera de las mesas de votación, que está encomendada a las Fuerzas Armadas, tratándose de un acto eminentemente civil y democrático, estando incluso los militares despojados del derecho a votar, que no por eso deben estar mejor calificados para cuidar el desarrollo del proceso que la simple policía.

Hay efectos negativos como consecuencia. Se desprestigia a las instituciones policiales, a las que de hecho se las declara incompetentes para cumplir funciones que les son propias y, aún más, se desvirtúa el principio universal que la Policía Municipal es una de las instituciones básicas de la democracia, es la célula básica para preservar y guardar el orden en la democracia.

Las declaraciones del almirante Fernández (q.e.p.d.) con motivo de su designación a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, de que militarizaría el CNE, parecieron alarmantes, pues la administración civil debe gobernar y manejar sus instituciones, y esa es la más civil de todas las instituciones civiles. De otro modo se aceptaría tácitamente que un golpe de estado es perfectamente válido y hasta aconsejable o que la administración civil esté subordinada, al menos en parte, a la militar.

Es bueno dejar claro que no es lo mismo militar que militarización de la vida civil y no por ser militar hay que cercenarle los derechos ciudadanos de una persona, cercenadas por la equivocada prohibición que se les impone de votar, siendo por lo demás entre los de mejor preparación en el país.

Tampoco creo lógico que, sin razón, se perjudique a un militar alejándolo de la profesión que ha escogido por vocación para toda su vida activa, hasta su retiro, a menos que sea imprescindible o que con ello se le permita una culminación todavía más exitosa de su carrera.

El país requiere en este aspecto, como en muchos, si no todos, ecuanimidad, objetividad y clarificación.

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