ferroviario campo de batalla

Del ascenso militar (para una estación del Metro de Caracas)
Luis Barragán

Con la ponderación necesaria para el tratamiento de tan delicado tema, deseamos enfatizar que el reciente ascenso a general en jefe del ciudadano Henry Rangel Silva, a través de otra agobiante cadena presidencial, configura un muy grave indicio de la situación en la que se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Abusando de su condición deComandante en Jefe, contraviniendo la propia voluntad del constituyente, tamaña promociónresponde a los intereses políticos, personales e inmediatos del ciudadano Presidente de la República que violenta los artículos 328, 329 y – sobre todo – 331 de la vigente Constitución.

Precisamente, los artículos 322 y 326 constitucionales que consagran el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en materia de seguridad de la Nación, haciéndola pertinente a toda la ciudadanía angustiada por el destino del país, nos permite alertar sobre aquellos hechos que comprometen la naturaleza que ha adquirido la institución armada en

franca contraposición a su carácter esencialmente profesional, sin militancia política, garante de nuestra independencia y soberanía, subrayando que “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Por lo demás, recordemos que “los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante y, aunque es “competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional”, por lo que ésta se ve afectada cuando la máximo grado militar evidentemente ha dependido de las consabidas imprudentes declaraciones – hecho público, notorio y comunicacional – del general Rangel Silva.

El desarrollo del principio jurídico de la supremacía constitucional, recomienda el ejercicio cabal de las competencias nacionales del Poder Público y, así como las asume en el orden de las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales, debe hacerlo en todo aquello relacionado con la organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional, así como respecto a la seguridad, defensa y desarrollo nacionales (numerales 7, 8 y 21 del artículo 156 de la Constitución de 1999), por lo que no es contraproducente que la Asamblea Nacional a instalarse en enero de 2011, corrigiese las actuales desviaciones en la que incurre el Presidente de la República al actuar en condición de Comandante en Jefe. Vale decir, el señalado principio de corresponsabilidad, obliga a la representación popular a la corrección de desviaciones en las que se incurre en el campo de

la política militar, contribuyendo a la realización de los principios enunciados por el artículo 328 constitucional, pues no sólo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está divorciada del país, sino que tampoco es asunto privativo y sujeto a los caprichos del teniente coronel Hugo Chávez Frías.

La institución Comandante en Jefe sintetiza un tradicional carácter, condición o responsabilidad que no se entiende sin el legítimo ejercicio de la Presidencia de la República, en el marco de una debida separación de los órganos del Poder Público que puedan ejercer los pesos y contrapesos orientados a un sano equilibrio. El parlamento está llamado al debate, control y legislación

de aquellos asuntos que angustian a la ciudadanía, más aún cuando es necesario asumir un modelo de integración en el marco de las relaciones civiles-militares, en lugar del modelo de desintegración paradójicamente inherente a las relaciones cívico-militares.

Igualmente, es necesario acentuar que el citado principio de corresponsabilidad que también nos permite fijar una postura profundamente democrática sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está irremediablemente reconocido en la propia Ley Orgánica de la misma, según el artículo 1 del texto publicado en la Gaceta Oficial nr. 5.933 Extraordinaria de fecha 21 de Octubre de 2009, reimpresa por error en la Gaceta Oficial nr. 39.359 de fecha 2 de febrero de 2010. Por una parte, atendemos a la “realidad histórica de la institución militar bolivariana”, con “los fines de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la República”, como reza explícitamente el referido artículo.

Insistimos en el señalamiento, precisando hasta la edición de la Gaceta Oficial, a objeto de puntualizar las elocuentes contradicciones del gobierno nacional en la materia, pues la oposición democrática es la que transita siempre la senda de la Constitución y de la constitucionalidad. Y el oficialismo debe demostrar todavía su apego a la Carta de 1999, por cierto, la que ella misma le impuso al país en circunstancias que son innecesarias de invocar.

Finalmente, deseamos llamar la atención sobre la curiosa solicitud de un revocatorio del mandato presidencial hecho por Hugo Chávez Frías, porque lo demanda como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no como simple ciudadano. No otra conclusión se desprende cuando, confundiendo habitualmente los ámbitos y anuncios, no repara que una declaración que debe ser tan solemne, sobria y lacónica, como Comandante en Jefe sobre una promoción al generalato, efectivamente la realizó pidiendo el revocatorio.

Es obvia la maniobra, porque el señor Presidente de la República sabe de su derrota en 2012 e intenta impedir los desarrollos políticos necesarios para que se materialice pacíficamente a través del sufragio universal, directo y secreto de los venezolanos. Unicamente le pedimos que tenga el coraje de esperar a 2012, plantear su oferta electoral y defender el más largo gobierno de nuestra historia contemporánea. Pedido que se une a un llamado de respeto y consideración hacia la Fuerza Armada Nacional para evitar ser mezclada en la diaria diatriba política.

Páez alcanzó el grado en el campo de batalla, y Rosales también. El uno, en el real y arriesgado de Carabobo, mientras el otro, en el confortable y privilegiado de la llamada guerrilla comunicacional.

Para colmo, en su más reciente “Aló, Presidente”, Chávez Frías propone realizar el acto de ascenso del oficial en cuestión (y cuestionado), en una estación del Metro de Caracas. Justamente, escenario de una injustificada represión contra los que legítimamente protestaron el pésimo servicio ofrecido y, ahora, resultan ¡terroristas! para el gobierno y los órganos del Poder Público supeditados. Huelgan los comentarios.


Fuente:http://www.analitica.com/va/politica/opinion/5265507.asp