selección de artículo: el sistema económico

El Nacional - Miércoles 01 de Octubre de 2003 A/8
El sistema económico (I)
D.F. Maza Zavala

No es solamente la discrepancia política la que se manifiesta en el país en este tiempo, sino también la económica y social. De una u otra manera el Gobierno ha estado definiendo un objetivo estratégico en cuanto a la organización y el funcionamiento de la economía; lo conveniente sería que los elementos de esa estrategia oficial se organizaran en un plan coherente –hay varios documentos al respecto – para que la nación tuviera un conocimiento claro y preciso de los propósitos y la acción del Gobierno, en el corto, el mediano y el largo plazo. La oposición –que no es homogénea ni debe serlo– haría bien si presentara a la opinión pública aunque fuera los lineamientos básicos de una estrategia económico social. Con estas dos definiciones – o alguna otra si se considera conveniente– la discusión pública sería más consistente y las expectativas más firmes. Mi modesta contribución profesional y personal la hago en dos partes:
La primera, objeto de este artículo, es una especie de fundamento teórico del sistema que, a mi juicio, conjuga diferentes posiciones, intereses y aspiraciones. La segunda, posteriormente, será la aplicación de ese fundamento a la realidad y la posibilidad del país.

Hay que advertir, en primer lugar, que la globalización no significa uniformación de las economías nacionales o multinacionales.

Así como la naturaleza es biodiversa –y ello es una condición de vida–, también la economía se diversifica en cuanto a organización y funcionamiento, en respuesta a los problemas fundamentales de la existencia humana. Inclusive el capitalismo no es un sistema homogéneo, no tiene elementos iguales en todos los países y regiones, aunque sus fundamentos sean genéricos. No es idéntico el capitalismo europeo, al japonés, el asiático o el norteamericano; el que se practica en América Latina tiene características y modalidades explicables, no solamente por el índice de desarrollo que ha alcanzado, sino también por las circunstancias concretas en que se ha organizado y funciona; y aún dentro de la región hay diferencias y particularidades.

Lo que toda sociedad requiere, en materia económica, puede resumirse como sigue: Capacidad, potencial o aptitud para producir medios que satisfagan las necesidades de la gente, tanto las esenciales como las complementarias y progresivas; tales medios deben producirse eficientemente, es decir, con la mayor racionalidad posible, dados los recursos naturales y adquiridos de que se disponga y la tecnología que sea accesible; la riqueza que se genere debe ser reproducible y servir de base para el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población; en este orden de ideas, la economía debe funcionar según una normativa y con mecanismos eficaces para asegurar la distribución equitativa –no igualitaria, por supuesto – de los bienes y servicios producidos; por último, aunque no exhaustivo, hay que mantener el equilibrio ecológico y social –medio ambiente natural y de la vida colectiva– para garantía de las futuras generaciones.

Lo anterior puede esquematizarse en indicadores básicos: Productividad, eficiencia, sustentabilidad, eficacia social, justicia distributiva, conservación.

La organización económica –fundamento de la organización social, aunque no es el único– consiste en una determinada división de funciones entre los miembros de la sociedad: trabajadores, empresarios, intermediarios, y, en sentido institucional, la sociedad civil y el Estado. El mercado es un medio instrumental de la actividad económica, no un elemento definitorio, porque toda economía necesita un mecanismo de circulación de bienes, servicios factoriales y no factoriales y medios de pago. Existe la tendencia a caracterizar las economías que maximizan la iniciativa privada como de mercado, pero también otras utilizan el mercado y tienen amplios espacios para los intereses privados, sin ser esencialmente capitalistas.

Por otra parte se dice que el Estado no debe desempeñar funciones económicas, aunque ningún estado en la vida contemporánea deja de hacerlo por razones de necesidad y de política. Quiero significar que coexisten –y conviven en el mejor sentido– tres espacios organizativos y de actividad: El privado, el estatal y el social. La coordinación y la cooperación entre estos tres espacios –o tres actores si se prefiere– determinan lo que pudiera calificarse como la economía nacional, una resultante de esas acciones combinadas, no exentas de contradicciones, que no deben llegar al punto de antagonismo o conflicto, pues en este caso el interés general no alcanza el óptimo.

Hay que mencionar, brevemente, las formas de actividad que son posibles dentro de una estructura económico/social: El trabajo asalariado, el independiente, las empresas grandes, medianas y pequeñas, las microempresas y comunidades productivas, las cooperativas y, en una perspectiva promisoria, las economías domésticas. En cuanto a los productos se pueden clasificar en: Bienes del mercado, servicios privados, bienes públicos, servicios públicos y sociales, cuya índole se explica por sí misma.

El Nacional - Miércoles 15 de Octubre de 2003 A/8
El sistema económica (II)
D.F. Maza Zavala

En artículo anterior (01/10/03) expuse algunos fundamentos y elementos de un sistema económico que puede funcionar en un país como el nuestro, en procura de su desarrollo y sometido a condicionantes externos e internos que lo dificultan particularmente. En esta oportunidad trataré de definir el sistema económico venezolano actual, según las disposiciones constitucionales y legales, y la propia realidad nacional; indicar elementos complementarios o suplementarios para que el sistema adquiera características de estabilidad, equilibrio, potencialidad de crecimiento, calidad de desarrollo integral y, desde luego, eficacia económica y social para servir de base al bienestar equitativo de la sociedad nacional.

Un equilibrio fundamental es el que debe existir entre la estructura económica, la social y la política. El encuadramiento institucional de este equilibrio es la democracia en el sentido más comprensivo: económica, social, política y con las características de equitativa, participativa, solidaria y dinámica. La justicia social es un principio universalmente consagrado y establecido en nuestra Constitución, así como también, en alcances interpretativos, la justa distribución del ingreso, del bienestar y de las oportunidades reales de promoción y ascenso social. La democratización de la propiedad, del capital, del acceso a los recursos naturales es un objetivo del programa básico que es la Constitución (el Gobierno lo incorpora en su plan de desarrollo 20012007) ; ello está sustentado en el derecho de propiedad, sujeto a limitaciones, restricciones, obligaciones y contribuciones que definen su función social; de la misma manera hay que señalar que no hay una única forma de propiedad: existe la privada, la comunitaria, la social, la estatal, entre otras. Deben coexistir dentro de la estructura económica y complementarse funcionalmente. La heterogeneidad de ésta debe consistir en las modalidades de producción, de intercambio, de acumulación y de consumo, pero la estructura tiene que ser flexible en lo posible y no contenida en compartimientos estancos.

La libertad económica es un aspecto significativo de la libertad en general. No existe en nuestro ordenamiento institucional la regimentación de actividades: cada quien es libre de adoptar la suya y ejercerla; sin embargo, esa libertad está sujeta a limitaciones, en relación con el desarrollo humano, la seguridad, la salud, la conservación ambiental y, esencialmente, el derecho de los demás. En la Constitución el Estado tiene la obligación de promover la iniciativa privada y de cooperar con ésta para el desarrollo integral del país. La libertad económica, la iniciativa y la propiedad privada, el funcionamiento del mercado no son incompatibles con la planificación:en el ámbito del Estado es indispensable e imperativa; pero el Estado, en Venezuela, tiene un espacio fundamental en la economía, cuyo componente mayor es la actividad petrolera y en menor dimensión otras: industrias básicas, estratégicas, finanzas, servicios, electrificación; la gestión pública global afecta a la privada y por ello los objetivos, las metas, los propósitos del Estado condicionan en gran medida a la actividad privada.

El Estado tiene la facultad de regular, orientar, promover, supervisar la economía, sólo que debe utilizarla para garantizar una buena y equilibrada evolución de aquella. En el caso venezolano, la circunstancia de que el Estado administra, controla y percibe los proventos petroleros le impone una exigencia crucial: ser factor del desarrollo, velar porque esta fuente no se agote prematuramente y genere el excedente máximo para su acumulación económica y social.

La Constitución establece la reserva al Estado de la actividad petrolera y la inalienabilidad de las acciones de la empresa matriz nacional petrolera, así como la de los yacimientos de hidrocarburos y demás minerales combustibles. Ello impone al Estado la obligación de capitalizar el ingreso neto petrolero y minero y de procurar el equilibrio fiscal mediante la contribución ordinaria de los particulares, con el menor endeudamiento posible. Sin embargo, existe la posibilidad de que intereses privados se incorporen a la actividad petrolera, especialmente en la exploración, explotación y desarrollo de recursos naturales nuevos, y en la industrialización de los productos respectivos.

La exclusión del monopolio y el latifundio de la estructura económica es ordenada por la Constitución y las leyes, así como también las prácticas de usura, acaparamiento, especulación ilícita, cartelización, indebida elevación de los precios y abusos de la libertad económica. El consumidor debe ser protegido. Se favorece a la mediana y pequeña empresa, a las cooperativas, microempresas, empresas familiares y artesanía, conformándose una tendencia al equilibrio estructural, lo que no excluye de ninguna manera a la gran empresa productiva, a las actividades de la mayor escala, y hay que propiciar la convivencia entre esas diversas formas de actividad y propiedad. No basta lograr la mayor productividad, sino también, indisolublemente, la distribución justa de los beneficios.

Cuatro grandes actores deben cooperar, coordinarse y compartir el espacio económico del país: el Estado, el empresariado, los trabajadores y la sociedad civil, en una estrategia nacional de desarrollo.