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El Nacional, Caracas, 07 de Noviembre de 2001
Navegar en las dificultades
D.F. Maza Zavala

El siglo XXI y el III milenio han comenzado bajo el signo de la contingencia cargada de amenaza y de incertidumbre. Estamos en una época de transición. En Venezuela la transición se abrió paso desde 1998, cuando se acentuaron las expectativas y los deseos de cambio. La gran mayoría de la sociedad venezolana ha aspirado y aspira a un cambio, aunque hay diferentes versiones de éste según los intereses, las opiniones y las posiciones de cada sector. En lo institucional, el cambio se manifestó en la Constitución de 1999 y en la reforma o creación de diversas leyes; este aspecto importante del cambio no ha concluido y ello mantiene un clima de incertidumbre, de expectativas y de presunciones que inevitablemente se refleja en la vida económica. Las definiciones básicas del estatuto constitucional no dan lugar a dudas: somos un país democrático, de libertades, derechos y garantías, naturalmente limitados y condicionados por e interés social y por la convivencia entre los ciudadanos; la venezolana es una economía de mercado, con una importante participación del Estado como empresario, propietario de medios de producción, generador y ejecutor de políticas económicas y sociales, planificador, promotor, interventor, procurador del equilibrio entre intereses diferentes; la iniciativa privada, la empresa privada, el móvil privado de lucro y acumulación, son factores de este orden económico, como lo es la propiedad privada, sujeta a obligaciones según la función social; la sociedad civil debe ser participativa, autónoma, contralora de la gestión pública. No hay, por tanto, desde el punto de vista institucional, algo que pueda dar lugar a duda sobre la organización y el funcionamiento de este país.

La economía venezolana depende de la actividad petrolera, este hecho marca su historia desde hace 75 años. La perspectiva es que continuará siendo determinante los próximos 20 ó 25 años. Dos estrategias deben aplicarse para compensar el riesgo de vulnerabilidad y para optimizar los beneficios del petróleo: la de estabilización y la de desarrollo; en verdad, se trata de una sola estrategia, ya que al estabilizar se hace propicio el esfuerzo de desarrollo y al desarrollar se facilita la estabilización. Teóricamente hemos sostenido –un grupo de venezolanos de ayer y de hoy– que los recursos del petróleo, por su índole extraordinaria y asimilable a ingresos de capital, deben ser aplicados a la inversión real reproductiva y al desarrollo social; si ello se hubiese practicado desde que la actividad petrolera se hizo presente en el cuadro económico venezolano, actualmente seríamos un país de mediano desarrollo y económicamente estable. Entendemos que no es posible reservar la totalidad del ingreso petrolero nacional a los objetivos mencionados, porque, sin el crecimiento sostenido de otras fuentes de ingreso, hay que desviar una parte de aquellos recursos al gasto corriente público; sin embargo, habría llegado un momento en esa evolución en que la potencialidad tributaria interna hubiese sido suficiente para entender al gasto administrativo y aun generar un excedente. En el largo período petrolero ni se estabilizó ni se desarrolló la economía, lo cual no quiere decir que se hayan dejado de realizar esfuerzos en esa orientación, pero dispersos, discontinuos y en buena medida inconsistentes. Confrontamos ahora una coyuntura adversa y debemos prepararnos para asimilarla y superarla. No son novedosas las dificultades, pero las circunstancias no ayudan mucho.

Una vez más el ciclo del petróleo nos afecta: de 26 dólares el barril en el año 2000 a 22 posiblemente este año; pero en este trimestre final los precios acusan debilidad, hasta llegar a 16 ó 17 dólares; el recorte de la producción no parece eficaz en esta oportunidad, pues no acompañarían a la OPEP en esta decisión los productores que no son miembros y más bien se aprovecharían de un nuevo recorte para aumentar su producción, aun a expensas del precio. La economía mundial está en situación recesiva y aunque el invierno del norte ayude los precios difícilmente superarán los 20 dólares. El presupuesto del Estado para el 2002 se ha calculado según un precio de 18,50 dólares que, quizá, podría alcanzarse; pero hay que preparar un plan de contingencia ante la incertidumbre. El desequilibrio del presupuesto presentado es ya muy elevado y de difícil financiamiento. El acceso a los mercados financieros internacionales no es imposible, pero podría ser muy costoso, dado el margen de cautela prevaleciente. El mercado financiero interno, aún propicio, ofrece ventajas y desventajas: entre las primeras, la de contribuir a que el potencial bancario y el ahorro privado encuentren salida atractiva en el país y no presionen al mercado de divisas; entre las últimas, una colocación masiva e intensiva de títulos públicos haría subir sensiblemente las tasas de interés con efectos desfavorables en la economía real y, por ende, en la tasa de crecimiento. En todo caso, el aumento del servicio de la deuda se reflejaría en un mayor desequilibrio fiscal a corto y mediano plazos. Es necesario un gran esfuerzo de recaudación tributaria interna y aun así no se cubriría el déficit. Los recursos ahorrados en el FIEM podrían ser utilizados parcialmente para aliviar la brecha; pero se impone un reajuste del gasto y esto es complicado por la rigidez de los compromisos que lo afectan. Además, un reajuste del gasto –que incidiera en la inversión y en los servicios sociales– haría menos viable el sostenimiento de una actividad económica similar a la del presente año. No huelga mencionar la consabida ineficiencia administrativa en cuanto a la eficacia del gasto para generar o inducir crecimiento y reducir el desempleo.

La probable declinación de los precios del petróleo, por otra parte, dificultaría la gestión cambiaria y monetaria, por el menor ingreso de divisas y la persistencia de una demanda impulsada en cierta medida por expectativas de devaluación o de depreciación más acelerada. La política monetaria tendrá que ser muy consistente y hábil para evitar la incidencia más aguda de la inestabilidad externa. Navegar en las dificultades es un arte necesario en estas circunstancias; para ello se requiere un clima de estabilidad política y de conciencia social; hay que superar los conflictos y las confrontaciones.

El Nacional, Caracas, 25 de Septiembre de 2002
Presente y futuro
D.F. Maza Zavala

La transición es un proceso de la vida venezolana que transcurre desde hace más de 25 años. En ese largo período (1975–2002) los factores de crisis han estado casi siempre presentes y coyunturas de corto y mediano plazo se han sucedido sin solución de continuidad. Ese proceso no sobrevino con el Gobierno actual, aunque este régimen le ha impreso características singulares, de índole institucional y política; algunos fenómenos tienen antecedentes en la historia contemporánea del país, aunque en otros escenarios y con otras manifestaciones; me refiero, por ejemplo, a la emergencia de la sociedad civil, en sus diferentes estratos socioeconómicos, en ejercicios democráticos masivos que pudieran parecer explosivos. La vida política ha incorporado a mucha gente, que ha descubierto un nuevo poder, la manifestación pública, la protesta abierta, el reclamo; las libertades de manifestación, de expresión, de asociación, se practican hasta límites antes inconcebibles. No es posible quejarse de contención o de inhibición. Las actitudes y los comportamientos se han expresado incluso bajo el signo de la desobediencia. Es bueno que la ciudadanía se muestre activamente; lo que no es bueno es que se incurra en la violencia, en desafío a las leyes. Tampoco lo es que las posiciones lleven a la fragmentación de la sociedad venezolana, a la ruptura de los vínculos valorativos que dan consistencia y proyección a la nación.

En este proceso de agudización de contradicciones se ha estado realizando un reordenamiento institucional, desde la base constitucional hasta el conjunto de leyes que conforman el orden jurídico, el marco normativo en el que se desenvuelven las diversas actividades públicas y privadas. No siempre las leyes reflejan el consenso, la comunidad de intereses, la orientación superior del bien colectivo. Pero las leyes –empezando por la fundamental que es la Constitución– deben reflejar el futuro, la expectativa de cambio, la prefiguración del país que necesitamos y queremos y por el cual estamos dispuestos a servir, a luchar, a trabajar. Desde un punto de vista formal, pero trascendente, las leyes representan el enlace entre el presente y el futuro y, al mismo tiempo, la continuidad del proceso histórico nacional, sujeto a transformación. Las actuaciones del poder público y las del poder privado –mejor dicho social– dan contenido real a las leyes y por ello esas actuaciones deben ser ponderadas, en la perspectiva de que, más allá de lo cotidiano, se gesta, en cada coyuntura, la vida de mañana y del tiempo potencial que va incorporándose en las aspiraciones, en las esperanzas de los venezolanos.

La transición implica que los factores del pasado, los que en su momento y circunstancia determinaron el quehacer y el ser de la vida nacional, en lo económico, en lo político, en lo cultural, entraron en crisis, se agotaron, cada uno en su espacio funcional, y deben ser reemplazados por nuevos factores para enfrentar nuevos problemas, realidades cambiantes, necesidades emergentes. Por ejemplo, el papel del petróleo no puede ser el mismo de hace 20 ó 10 años. La etapa primaria de su explotación y de su aprovechamiento es cada vez más inadecuada. El Estado no puede seguir sustentándose principalmente de los recursos del petróleo y no puede –no debe– seguir utilizándolos para cubrir las exigencias fiscales que corresponden a la tributación ordinaria. El petróleo puede servir de poderoso medio para una nueva estructura industrial con proyección en nuestras relaciones internacionales. El petróleo no puede seguir siendo el vehículo de la vulnerabilidad externa e interna de nuestra economía. No quiere decir esto que la era del petróleo ha pasado: por el contrario, ahora comienza una nueva fase de transformación, de poderosos relieves y de posibilidades múltiples. Es una reflexión y una discusión que tienen que hacerse presentes en la vida política, institucional, económica, cultural, más allá de la contingencia, de la confrontación estéril, de la urgencia fiscal y financiera.

No es sólo el petróleo. Hay que reestructurar la economía y las relaciones sociales. Por supuesto, hay que reformar al Estado. Al decir relaciones sociales quiero significar los planos de la dinámica colectiva: las relaciones que ordenan las decisiones estratégicas de las que depende el desenvolvimiento del país, entre el Estado, el sector empresarial, el sector laboral, la sociedad civil como escenario de integración; y las relaciones entre los factores de generación de riqueza: la fuerza de trabajo, la gestión empresarial, el consumidor y el ahorrista. La evolución de las empresas no puede ser ajena al interés del trabajador, al del consumidor, al del ciudadano como tal; esas relaciones no sólo se expresan en un salario real, sino en participación en la gestión de la empresa, que no es un asunto de la pura competencia del interés privado, sino preocupación activa de la sociedad. Esto es algo más que una oferta y demanda de bienes, servicios y factores, algo más que la omnipotencia del mercado, algo más que la intervención del Estado: se trata de un nuevo pacto social; para crear riqueza, bienestar, seguridad y dignidad para todos.

Las funciones y facultades del Gobierno son limitadas. Lo son las del Estado, que no se restringe a la organización y el funcionamiento de los poderes públicos tradicionales o convencionales, sino que incorpora en su ámbito de relaciones las instituciones de la sociedad: económicas, políticas, culturales, representativas y participativas. El Estado no puede ser un ente providencial, del cual dependen exclusivamente los bienes y los males, las soluciones y las orientaciones y en el cual se concentran las responsabilidades y las culpas. El Estado debe ser la expresión orgánica, funcional, de los intereses del común. Ello extraña un nuevo concepto de oposición política o ideológica, según el cual el libre ejercicio de la crítica incluye el de la autocrítica, el deber de presentar soluciones, indicar caminos, demostrar actitud y aptitud para ser una alternativa. En este sentido la oposición es indispensable, forma parte del orden social, debe ser una condición del Estado. No es la simple confrontación: es una grave responsabilidad.


El Nacional - Miércoles 04 de Agosto de 2004 A/8
Petróleo siglo XXI
D.F. Maza Zavala

Parece que estamos atravesando el umbral de una nueva era del petróleo. Es temprano aún para determinar si se trata de una coyuntura de mediano plazo o de una tendencia.

Se observan factores calificados como eventuales y otros de índole relativamente permanente. Entre los primeros hay que mencionar: la situación de Irak, los trastornos temporales en la producción de Rusia y la escuela del paro petrolero en Venezuela. Entre los segundos:
la incorporación de China y la India como grandes consumidores de hidrocarburos, la recuperación económica de Estados Unidos y Europa, así como el crecimiento de la América Latina. Todo ello por lo que afecta al mercado, sobre todo desde el lado de la demanda. En cuanto a la oferta, salvo la impredecible vuelta de Irak al mercado, la normalización de la actividad en Rusia y la pregonada potencialidad de Arabia Saudita, los signos son de una aproximación al equilibrio con respecto a la demanda. La producción del Mar del Norte (Europa) se muestra relativamente estancada desde hace varios años, en tanto que la de Libia probablemente se amplíe dada la nueva orientación política en ese país. La OPEP, que aporta alrededor de un tercio del total mundial, tiene una función estabilizadora.

La tasa de crecimiento de la demanda de petróleo se calcula entre 3% y 3,5% anual para los próximos años. Los inventarios no están en su mayor nivel. Todo concurre a pensar que los precios del petróleo se desenvolverán en un plano satisfactorio, dentro de una banda que podría situarse entre 28 y 32 dólares el barril, lo que estimularía las inversiones en esta actividad. El mundo continuará sustentándose en el flujo de hidrocarburos (petróleo y gas) por un tiempo largo. Aunque surjan otros energéticos aquéllos figurarán en buena posición en el balance global.

Así el siglo XXI, como el XX, es el siglo del petróleo y el gas.

Interesa examinar, en términos generales, la perspectiva venezolana.

Actualmente atravesamos una coyuntura que conviene analizar y proyectar. Se descarta que tenemos un potencial considerable en hidrocarburos, con reservas probadas y probables que permiten una explotación importante por varios años; sin embargo, conviene fortalecer y ampliar ese potencial dentro de márgenes razonables, teniendo en cuenta nuestras necesidades de desarrollo y la exigencia de conservación.

La producción actual se calcula en más de 3 millones de barriles diarios, de los cuales Pdvsa aporta alrededor de 2,6 millones y el sector privado 0,5 millones. El restablecimiento de nuestra industria –lesionada por el paro petrolero contra el país– podrá elevar los niveles mencionados, asegurándose una exportación de crudo y derivados de 2,6 a 2,8 millones de barriles diarios. Es posible calcular una banda de precios a mediano plazo entre 26 y 28 dólares y a largo plazo entre 24 y 26 dólares. En todo caso es razonable contar con un ingreso bruto de exportación de alrededor de 26 millardos de dólares, si se incluyen un porcentaje de lo que exporta el sector petrolero privado.

La situación es propicia para la proyección de una estrategia petrolera de largo plazo ajustada al desarrollo nacional, como la principal palanca para lograrlo en un tiempo que pudiera extenderse hasta los próximos 25 años.

La estrategia petrolera, como pieza maestra de la estrategia de desarrollo, tiene que ser discutida con la participación de todos los sectores de la vida nacional, orientada únicamente por el interés nacional. La decisión suprema corresponde al poder público, a la expresión orgánica e integral del Estado. Modestamente, con propósito ilustrativo, me permito sugerir algunos lineamientos al respecto.

En primer lugar la disyuntiva entre producción y precios debe ser resuelta de la única manera sostenible:
lograr la optimización del excedente petrolero. Las dos variables implicadas deben ser ponderadas con los datos disponibles y dentro de las restricciones necesarias:
no controlamos los precios y estamos comprometidos a la disciplina conveniente de la OPEP. Tenemos también la frontera del potencial, dentro de un criterio técnico/económico de conservación. Hay que procurar inversiones tanto para fortalecer como para ampliar el potencial; no sólo para esto, sino también para profundizar en la producción de derivados de los hidrocarburos con valor agregado nacional creciente.

Una visión preliminar –que siempre he mantenido– es la de que la nueva economía venezolana debe tener un núcleo energético, constituido por los recursos de esa índole y que permite el establecimiento de un potencial productivo diversificado, pero coherente; minería, metalurgia, agricultura, explotación forestal, manufactura, petroquímica, metalmecánica, construcción y otros sectores y ramas. Por ello el excedente petrolero debe constituir un fondo de estabilización y desarrollo, lo que obliga a una reestructuración de las finanzas públicas y al diseño y ejercicio de políticas macroeconómicas coordinadas. El petróleo debe ser un factor integrador interno y externo (a escala regional), de soberanía real y base del nivel y la calidad de vida de nuestra población.