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EL NACIONAL - Viernes 13 de Abril de 2012 Opinión/9
A puertas cerradas
HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA

Esta semana ha comenzado el esperado juicio en contra de Walid Makled, acusado de tráfico de drogas y de homicidio.

Pero no se trata sólo de eso; el juicio en su contra reviste interés público por sus conexiones con el Gobierno, que se tradujeron en privilegios inimaginables, y que, entre otras cosas, comprometen la responsabilidad de quienes manejan los puertos y aeropuertos venezolanos. Paradójicamente, en momentos en que nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado la falta de independencia del Poder Judicial, la prensa y el público no han tenido acceso a este juicio. No es que, abiertamente, se haya declarado que el juicio sería a puertas cerradas; pero, de hecho, así ha sido, impidiendo que la prensa y el público pudieran ingresar a la sala.

El artículo 257 de la Constitución señala que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, por lo que se garantiza que éste será público. Asimismo, el artículo 271 reitera que, respecto de los delitos de drogas, delincuencia organizada, delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio público, o tráfico de estupefacientes, el procedimiento será público. Además, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requieren que la administración de justicia sea pública.

La justicia secreta no tiene cabida en una sociedad democrática; uno de los rasgos esenciales del proceso es que éste sea público, para que se vea que se hace justicia. No se trata solamente de que las partes tengan acceso al expediente y a las pruebas disponibles; la sociedad en su conjunto también tiene derecho a conocer la verdad, y a poder apreciar las actuaciones procesales, la evidencia disponible, y la transparencia e imparcialidad de las decisiones que tome el tribunal. Gracias a la publicidad procesal, como una garantía del debido proceso, es que podemos confiar en la actividad de los jueces Sólo en un juicio público se podrá determinar la naturaleza de los lazos que el señor Walid Makled tenía, o tiene, con altos funcionarios de este Gobierno. Sólo en un juicio que se desarrolle a la vista de todos, con todas las garantías procesales, se podrá determinar la dimensión de los negocios (o negociados) que el señor Makled tenía con funcionarios del Gobierno. Únicamente en un juicio público se podrá establecer si las actividades de narcotráfico del señor Makled fueron favorecidas por funcionarios de Gobierno. Con este juicio a puertas cerradas, ¿a quién están protegiendo? ¿A qué le temen? ¿Qué se pretende ocultar? No es por mera curiosidad que los ciudadanos podemos interesarnos en el proceso penal que involucra a un tercero. La publicidad procesal, y el acceso a la información de interés público es una garantía de la transparencia de la actividad de los órganos del Estado; sin embargo, el actual Gobierno se ha caracterizado por el culto por el secreto.

La forma como se está desarrollando el juicio de Walid Makled no debe extrañar a nadie. En la Venezuela de hoy, todo se hace a puertas cerradas; por eso, se le niega el acceso a la Comisión Interamericana para que pueda visitar el país, no porque ésta sea un órgano de la OEA, sino porque no se desea que pueda verificar la situación de los derechos humanos; por lo mismo, no se permite que los relatores y grupos de trabajo de la ONU, con competencias en materia de derechos humanos, puedan realizar una visita a Venezuela. En Venezuela, no sólo la salud presidencial es un misterio; también lo son los cómplices necesarios de Walid Makled, que probablemente ocupan altas posiciones de gobierno.