ÁNGULOS

EL NACIONAL - Jueves 03 de Marzo de 2011 Opinión/7
ATres Manos
Miradas múltiples para el diálogo
La universidad interrogada
FRANCISCO RODRÍGUEZ*

Desde su mismo origen como institución, la universidad ha sido cuestionada y cuestionadora. Es su naturaleza y su razón de ser estar en el centro de una confrontación ideológico-teórico-política porque la materia prima de su funcionamiento y constitución es el pensamiento y el conocimiento, aun siendo una institución de tipo confesional. Es por ello que la universidad ha sido siempre un bocado apetecible por parte de las estructuras de poder en cualquier momento histórico.

La universidad no es tampoco una estructura "químicamente pura" desde el punto de vista académico, puesto que contiene toda la ecología política que la circunda.

¿Es acaso entonces la universidad un aparato ideológico del Estado? Desde luego, constituye ella un espacio que reproduce la ideología del poder dominante. Pero es más que eso, porque es una estructura cuya característica esencial es la complejidad. Y es quizás esto lo que ha permitido su supervivencia a través de los siglos y formaciones sociohistóricas diferentes.

Es el estatuto de la diversidad lo que está en la base de su estructura: múltiples y variadas funciones en mixtura con características que la hacen una institución realmente singular puesto que ninguna otra reviste esa complejidad.

No obstante, esta institución ha sobrevivido no sin traumas y espasmos internos.

Aún así la universidad no sucumbió y siguió siendo agencia del pensamiento crítico, caja de resonancia de los problemas del país, lugar de la disidencia. Incluso en aquellas universidades manifiestamente dirigidas por un partido de derecha, la libertad de cátedra nos permitía hablar de marxismo y cuantas teorías sociocríticas se nos ocurría. El carácter de universidad autónoma permitía que se colaran las voces de la disidencia. Por eso, porque la razón de ser de la institución, en última instancia, es el ejercicio del pensamiento crítico, la ecología institucional que se proyecta es el pensamiento disidente.

No quiere decir que no exista una lógica de la supervivencia material instalada que conduce a la autoanulación como sujeto crítico del profesor que ve a la universidad como una manera de ganarse la vida y escalar posiciones. Y este patrón de comportamiento no es precisamente la excepción sino la regla.

Con respecto a la nueva ley de educación universitaria, es claro que en el "espíritu de esta ley" están contenidas toda una gama de estrategias orientadas a controlar las universidades o, al menos, a neutralizarlas en su papel de actores políticos incómodos. Aunque no conociéramos la ley en detalle, podríamos entresacar algunos artículos que reflejan esta intencionalidad como es el que se refiere a la ubicación de la dependencia de la capacidad de tomar decisiones en última instancia en el Ministerio de Educación Superior.

Ni siquiera Caldera, siendo un político de ultraderecha, se atrevió a tanto. Me parece que, en su afán de aparecer como "más papistas que el papa", a los asesores académicos del Gobierno se les pasó la mano proponiendo más poder para el emperador en el cultivo de un "bonapartismo" que ya luce insoportable por decir lo menos.

Por otra parte, nadie entiende en qué realmente consiste ese tal consejo de transformación territorial en donde estarán desde universitarios hasta las comunas, las milicias bolivarianas y otras especies que configuran una mezcla verdaderamente barroca. Sin embargo, tenemos que aceptar que la nueva forma propuesta de elección de autoridades en la cual participan todos los miembros de la comunidad universitaria por igual puede constituir un paso de avance en el proceso de democratización y ampliación del concepto de autonomía hacia lo interno de la universidad. Además, esto fue siempre un deseo de los sectores que anhelaban realmente la transformación universitaria.

Esto no es azaroso, pues se produce en una coyuntura de estimulación de la participación de los sectores populares y subordinados de la sociedad; luego, no se entiende cómo la universidad pueda seguir funcionando de forma antihistórica.

(*) Universidad de Oriente/ Bolívar

EL NACIONAL - Miércoles 02 de Marzo de 2011 Opinión/8
ATres Manos
Miradas múltiples para el diálogo
Desde la universidad privada
ANDRÉS STAMBOULI*

Superada la crispación política generada por la ausencia del imprescindible diálogo entre el Estado y el sector universitario, en el afortunadamente fallido intento de imposición de una extravagancia legislativa, los múltiples problemas y penurias de la sociedad venezolana obligan a fijar en conjunto, Estado y sistema universitario total, una agenda que establezca, legitime y apoye el aporte del sector universitario privado a la superación de nuestros severos déficits societarios.

Con un nuevo marco legal y operativo apropiado, es mucho lo que las universidades públicas y privadas pueden realizar. Todo el sistema universitario debe expandirse, y el mismo debe ser objeto de políticas que estimulen no sólo el financiamiento estatal sino también el financiamiento privado a partir, por cierto, de la reconsideración dialogada de la recién reformada Locti.

Con base en los preceptos constitucionales y consideraciones de diversos foros mundiales, que establecen la educación universitaria como servicio público fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, reconocer el papel de la educación universitaria privada y fortalecerlo desde el Estado es garantizar la pluralidad cultural y social establecida en la Constitución.

La universidad privada, respondiendo al criterio de libertad de escogencia de sectores sociales que aspiran a recibir una educación de calidad acorde a sus expectativas de grupo, debe formar profesionales ­de hecho muchas lo hacen­ que, desde los diversos sectores de la producción material y cultural, fortalezcan nuestra capacidad como sociedad para insertarnos exitosamente en la inevitable globalización.

El sector universitario privado atiende una demanda educativa a la que el Estado por si solo no se da abasto. Frente a las dificultades del sistema de educación universitaria, deben acordarse políticas que armonicen los subsistemas públicos y privados con el Estado en su gestión. Algo dice el hecho de que de las 2.940 universidades activas en América Latina y el Caribe, 1.023 son universidades públicas y 1.917 son privadas, con un notorio crecimiento de estas últimas en los años recientes, que representaban para 2005, en la región, 44,2% del total de la matrícula de educación superior, aunque, valga destacar, las actividades de investigación se han concentrado básicamente en las universidades que financian los Estados.

Aceptado lo anterior, se impone reconocer que la actividad de investigación, crucial para el desarrollo sustentable, es sumamente costosa, y que la universidad privada puede estar en capacidad de realizar un aporte significativo al sistema en su conjunto, si recibiera apoyo financiero del Estado, pero bajo normas de pertinencia social, libertad de pensamiento e indagación y universalidad. Una educación e investigación universitaria de calidad para una demanda social creciente que presiona al Estado requiere de una importante inversión en infraestructura, equipamiento tecnológico y formación para la docencia y la investigación, dirigida a todo el sector, sin discriminaciones.

El impulso a la universidad privada, insisto, es un imperativo de los tiempos actuales, y es ya práctica casi planetaria.

Y ya que está de moda, consideremos el ejemplo chino, caso emblemático de un sistema de acceso meritocrático a la educación universitaria pública, en la que se están desarrollando universidades privadas en función de la calidad de su oferta académica. China tiene el sistema educativo más grande del planeta y, desde 1996 su Gobierno ha estado impulsando políticas de promoción, flexibilización, apertura y diversificación, con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación universitaria. Allí las universidades privadas para el año 2002 representaban 40% del total de sus universidades.

Pero regresemos a lo nuestro, el Estado venezolano debe comenzar a ver al sector universitario privado ­y por cierto al sector privado en general­ como un aliado y no como un adversario o socio menor discriminado. Una nueva ley de universidades debe darle a la universidad privada ciudadanía plena.

(*) Decano de Posgrado, Universidad Metropolitana