Golpes encubiertos
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.
Mientras no se altere el orden constitucional o se irrespeten los derechos del procesado, las garantías judiciales que le otorgan la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, el asunto Lugo es un problema interno de los paraguayos. La condena política y las medidas que impongan los mecanismos internacionales (Mercosur, Unasur y la Carta de la OEA, esta última en favor de los pueblos y no de los gobiernos) serían procedentes sólo cuando se rompe el hilo constitucional.
Algunos regímenes de la región, incluido el de la beneficiaria Kirchner, han calificado apresuradamente de "golpe encubierto" al proceso constitucional llevado a cabo por el Senado de Paraguay, en virtud del artículo 225 de la Constitución de ese país, que establece que: "El Presidente de la República (...) sólo podrá ser sometido a juicio político por el mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos...".
El mismo artículo presenta la regla procesal para el procesamiento, cuya iniciativa corresponde a la Cámara de Diputados, y la decisión al Senado, ambos órganos representativos de la voluntad popular.
Los regímenes empeñados en desconocer la legalidad del proceso y en desestabilizar el país se pronuncian con el mayor cinismo. Como por ejemplo el dictador cubano Castro, quien afirmó que "sólo se pueden reconocer los gobiernos producto de la voluntad popular". Insólito, pero cierto. Más tarde, Chávez, Correa, Morales y Kirchner ordenaron el retiro de sus embajadores en Asunción. El régimen venezolano, más "participativo", es acusado por el nuevo gobierno de estimular una rebelión militar, por lo que Maduro fue declarado persona non grata. El gobierno de Brasil, al comienzo en primera línea, se mostró más prudente en los días ulteriores después de entender el origen del problema así como el alcance y los efectos de las posturas "revolucionarias" de esos regímenes, ante la legalidad jurídica y política del proceso al presidente de Paraguay, aunque haya participado en el "golpe encubierto" que se le diera al gobierno de Franco en el Mercosur para aprobar el ingreso de Venezuela como miembro de pleno derecho.
Una visión pragmática, pero peligrosa, de la que obtendrán beneficios, por ahora.
Es lamentable la posición de Unasur al calificar también la decisión del Senado de Paraguay como un golpe encubierto. Desafortunadamente, el organismo regional hoy en manos de ignorantes, Rodríguez Araque al frente, no se ha pronunciado sobre el golpe encubierto y progresivo que se lleva a cabo en Venezuela desde hace años, cuyas evidencias son claras y determinantes.
La injerencia extranjera en los asuntos internos de otro Estado es contraria al Derecho Internacional, mientras que distintamente la violación de los derechos humanos y los golpes a la democracia obligan a la comunidad internacional a actuar y exigir la restitución de los derechos afectados. Los gobiernos de la región deben velar por el respeto de la democracia e "intervenir" cuando se altera el orden constitucional en uno de nuestros países, como es el caso de Venezuela, donde se han destruido las instituciones ante el silencio cómplice de esos gobiernos.
El término golpe de Estado no es fácil de definir, pero ello no obvia que algunos de sus elementos constitutivos sean claramente identificables. La ruptura del orden constitucional no responde a las asonadas militares de una vez sino a las actitudes inconstitucionales de gobiernos que pretenden perpetuarse en el poder en nombre de "revoluciones" que reflejan sólo ambiciones personales de algunos. El sometimiento de las instituciones, el irrespeto del orden jurídico, la violación sistemática de los derechos humanos, la persecución política, los ataques a la libertad de expresión y elecciones fraudulentas son algunos de esos elementos.
Las elecciones deben ser libres, honestas y transparentes, y en Venezuela no lo son.
Ventajismo descarado, presión a los medios, amenazas y ataques físicos a la dirigencia opositora, imposición del miedo para someter al elector. Estamos ante un fraude en "pleno desarrollo" que lo puede ver hasta el más tuerto de los analistas. La deshonestidad impera en la acción del régimen para tergiversar la realidad del país. El registro electoral acomodado, el cierre de oficinas consulares como la de Miami, migraciones incomprensibles y otros que aparecerán en el camino hacia el 7 de octubre son muestras de tal deshonestidad. Eso es un "golpe encubierto" ante el cual deben pronunciarse la OEA, el Unasur, el Mercosur y la comunidad internacional en conjunto.
Ilustración: Portada de la primera edición de "Terra nostra" de Carlos Fuentes, detalle. José Luis Cuevas.
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