Luis Barragán
Recientemente, accedimos a la investigación que adelantó María F. Sigillo sobre la huelga magisterial venezolana de 1969. Y, aunque el texto respondió a una distinta especialidad, como es el derecho laboral, fue inevitable una lectura – digamos – politológica que ofreciese alguna pista en torno a la contrastante situación actual.
A mediados del referido año, incorporado luego el profesorado de secundaria, principalmente los maestros plantearon la necesidad de una sustancial mejora salarial que otros sectores de trabajadores por entonces alcanzaron. El conflicto progresivamente fue agravándose hasta culminar en la contundente paralización de la enseñanza pública, obligando al gobierno – por cierto, inaugurado meses atrás – a la inmediata ocupación militar y policial de un alto porcentaje de los planteles del país.
Una aproximación superficial a eventos tan decisivos en nuestra historia, daría cuenta de la radical incomprensión de un régimen absolutamente impopular y vocacionalmente represivo. Materia ésta en la que sería absurdo negar los excesos, hallamos otra perspectiva más serena, confiable, y – valga añadir – rendidora o susceptible de un debate que las burdas consignas impiden.
El insigne maestro Juan Carlos Rey, en un ya viejo trabajo, recogido en “Problemas soco-políticos de América Latina” (Ateneo de Caracas, 1980), observó que la coalición populista la hizo posible un recurso que no acarreaba el aporte y sacrificio de sus integrantes: la renta petrolera. Generando la cultura de rigor, sin duda, agudizada en la presente década, todos los sectores sociales, políticamente representados pugnaron por alcanzar la cuota correspondiente afianzándose – por lo demás – gracias a las condiciones agonales del conflicto, diferentes – obviamente – a las de carácter existencial.
Finalizando la década de los sesenta, un gremio de tan profunda significación, tradición, consistencia y respeto como el magisterial, reclamó el estancamiento del salario en Bs. 700,oo, añadida una reforma administrativa que lo rebajó en 5%. Por ello, aspiró a un aumento de Bs. 1.500,oo, agregando otras demandas como la estabilidad del personal docente, la reorganización de su instituto de previsión social, la limitación del cupo de alumnos en el aula por razones pedagógicas, y el respeto al propio derecho de huelga de los supervisores docentes.
El gobierno, encabezado por Rafael Caldera, señaló que únicamente disponía de una partida de Bs. 34 millones para cubrir el aumento de cien bolívares, proponiendo otro escalonado hasta por Bs. 300,oo en los tres años siguientes, pues el monto global de lo demandado superaba al propio presupuesto anual del ministerio de Educación, cuyo titular fue extensamente interpelado por el parlamento. Éste y los medios de comunicación social, sumadas otras organizaciones intermedias de la sociedad civil (Fedecámaras y CTV), profundamente sensibilizada la opinión pública, se vieron forzados a contribuir a la solución de un problema que, objetivamente, comportaba el empleo de recursos que excedían a los disponibles por el Ejecutivo Nacional.
El intenso y libre debate, adquirió niveles de sinceridad en el otrora sistema político, reivindicando sus instituciones y actualizando a la coalición todavía lejana de las bonanzas dinerarias posteriores. Un sector de los trabajadores, vigorosamente agremiado, exigió una mejoría que también obligó a la movilización y diligencia de los otros sectores coaligados, identificando y trasladando el costo político al convincentemente plural Congreso de la República, en cuya cámara de Diputados - constitucional y legalmente - comenzaba la discusión y efectiva modificación de la Ley de Presupuesto vigente, reconociendo el aumento, permitiéndonos una triple acotación: la respuesta no acarreaba la literal negación y desaparición de los demandantes, de alguna manera el rechazo o la aceptación de la ciudadanía se hizo sentir a través de los medios de comunicación social, preservada una mínima fuente histórica de los hechos, según colegimos del trabajo de postgrado in comento.
Igualmente, debemos considerar las dificultades propias de la inédita época de transición pacífica de un partido de gobierno a otro, por entonces de consecuencias impredecibles. El reacomodo halló a un gobierno que era minoría en ambas cámaras del Congreso, ausente todavía un básico pacto institucional, y al que también le tocó – por una parte – afrontar la designación del Contralor y el Fiscal generales de la República, del Consejo de la Judicatura, el sabotaje de las sesiones parlamentarias por el recuperado movimiento perezjimenista, la alteración del orden público y la muerte de dos estudiantes, el allanamiento de la universidad, el secuestro de las hijas de Renny Ottolina y hasta las particulares declaraciones del ministro de la Defensa que provocaron otros encendidos debates, en tan poco tiempo; y – por otra – desplegar todas las habilidades políticas necesarias para sobrevivir a una oposición variada y agresiva, incluyendo la aparente previsión de ocupar las sedes educativas, todavía muy reciente la polémica misma de la campaña electoral.
La consideración de un caso de estricta naturaleza histórica, inevitablemente nos trae al presente, pues, comparativamente, enumeremos el uso altísimamente discrecional de los recursos sobreabundantes por el Chávez Frías empecinado en un conflicto existencial que sólo él genera, la arbitraria disposición de fondos sin rendición de cuentas, el desconocimiento de otras instancias institucionales para la resolución de conflictos, la docilidad y el inmovilismo parlamentario del oficialismo que hace a todo ministro o funcionario ininterpelable, el acecho constante o la desaparición de las libérrimas sociedades intermedias y los medios independientes de comunicación social, el predominio de los docentes provisorios en un gremio amenazado y crecientemente debilitado, la invocación enfermiza de un golpe de Estado ante la más modesta manifestación de disidencia. Probablemente, en medio de aquella ya remota huelga magisterial y los otros problemas reseñados, incapaz de manejarse con tan modestos recursos públicos, el hoy presidente de la República la hubiese melodramatizado hasta el hartazgo, acudiendo a las tropas para violentar la Constitución de 1961, sin que tampoco hubiese domesticado el costo de la vida, consentido el ingreso al Pacto Andino que los empresarios venezolanos adversaron, avanzado con la Reforma Agraria, denunciado el acuerdo comercial con Estados Unidos, nacionalizado el gas, creando universidades como la Simón Bolívar o celebrando los comicios generales de 1973.
Acotemos que, al rechazo de toda negociación política o todo reconocimiento a la identidad misma de los actores distintos al oficialismo, peligra también la memoria histórica, pues no se publican los Diarios de Debates de la Asamblea Nacional desde 2001, y la Hemeroteca Nacional atraviesa una alarmante crisis de mantenimiento y captación de publicaciones sustanciales. Faltando poco, un examen pormenorizado de la más reciente legislación laboral, como sugiere Sigillo, revela los inmensos obstáculos interpuestos al ejercicio real de la huelga, invalidando el derecho.
Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2012/07/a-proposito-de-una-lejana-huelga-magisterial/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=886909
Fotografía: Archivo de la Fundación Andrés Mata
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