(Tras) fondo sino-parlamentarioLuis Barragán
De larga denominación como penosas consecuencias, arroja significativas lecciones la discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Segundo Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano. Concluida antes de la cadena radio-televisiva presidencial, evidenció una vez más el sesgo antiparlamentario de la bancada oficialista que no logró desvirtuar las razones que asisten a la oposición en relación a la pesada y burda hipoteca, ejecutando una pusilánime maniobra de distracción.
Principalmente, los diputados Miguel Ángel Rodríguez y Julio Montoya apenas dispusieron de siete minutos cada uno para el cuestionamiento extremo de la naturaleza y características del compromiso sino-venezolano, sin que cupiera oportunidad alguna para extenderse en torno a los gravísimos documentos aportados, añadidas las cuentas ministeriales que hacen la plena prueba de un inmenso extravío cuando no, una ciega voluntad de entrega del futuro compartido por los venezolanos. Y, lejos de responder con precisión, convicción y sobriedad los señalamientos hechos, además, inequívocamente constitucionales y legales, esta vez la bancada oficialista no inquirió sobre las fuentes, confiada en la labor de los organismos de inteligencia respecto a los supuestamente desleales funcionarios que las facilitaron, sino reiteró el generoso discurso sobre la crisis global del capitalismo, la descalificación moral y política de su contraparte, las bondades de una potencia emergente frente a la criminal arrogancia imperial(ista), y – desenfadadamente, fuera de orden – hizo de los mejores indicadores socio-económicos actuales un panegírico reservado para el diputado Aristóbulo Istúriz y su acostumbrada y estridente intervención final.
Obviamente, los planteamientos y denuncias de Rodríguez y Montoya merecieron prolongarse, dispuesta la plenaria de la Asamblea Nacional a considerar – fijar o descartar - las peligrosas responsabilidades inherentes al aludido acuerdo, como no es posible hacerlo gracias al inmovilismo interesado de las Comisiones Permanentes y al constante asedio a la libertad de información. Por lo menos, así lo aconseja la complejidad e implicaciones de un Protocolo que no ha de diluirse y banalizarse con tan asombrosa facilidad, renunciando sus partidarios a un mínimo afán de perfeccionamiento. No obstante, la Asamblea Nacional está modelada para la resistencia y el descrédito de la palabra, aún siendo hipotéticamente su herramienta fundamental.
El artículo 73 del vigente Reglamento Interior y de Debates, ilegítimamente aprobado en las postrimerías de la anterior legislatura (22/12/10), establece una sola intervención del diputado para la consideración global de los proyectos de ley y los debates políticos, hasta por diez minutos; máximo, tres y dos minutos para abordar cada artículo del proyecto sometido a segunda discusión; tres y dos minutos, en las interpelaciones; apenas, cinco minutos en el caso de los acuerdos, informes u otras materias; y una réplica de tres minutos. Por lo demás, el tiempo de discusión y aprobación de cada punto del Orden del Día, no excederá las dos horas, distribuyendo el tiempo proporcionalmente entre el número interesado de diputados pertenecientes a cada organización política, contemplando la privación de hablar por el resto de la sesión y hasta por un mes de sesiones de acuerdo a la gravedad de las infracciones en las que se incurra.
Es necesario observar la dificultad que tiene el parlamentario de oposición para intervenir más de una vez, siendo objeto de un coro impune de descalificación, injuria y difamación, mientras goza de un mayor margen de tiempo el oficialista presto a diluirse y a banalizar las materias tratadas, dejando siempre constancia de una adhesión inalterable hacia el Presidente de la República. Valga acotar, el indeseable e inédito monopolio de las imágenes que suele beneficiarlos, siendo el tiempo televisivo francamente desfavorable a sus adversarios.
El modelo parlamentario oficialista ha abortado una dilatada, constante y pacífica evolución del derecho parlamentario venezolano que tiene también por fundamento los sucesivos reglamentos de Interior y de Debates que el Poder Legislativo ha dictado, cumpliendo con las formalidades inherentes aún cuando se le simulaba en dictaduras como la de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Y no hacemos referencia a las actuales disposiciones sobre el llamado parlamentarismo social de calle y el poder popular, ámbitos distintos, sino respecto al Régimen Parlamentario que partió – por lo menos – del valenciano Congreso Constituyente de 1830.
Las distintas leyes reglamentarias del Congreso de la República, el Senado y Diputados, le permitieron hablar al parlamentario en la plenaria que le pertenece hasta dos veces en una misma materia, con una duración promedio de media hora, quince y cinco minutos, hasta llegar a una hora declarado el debate de interés nacional. El Reglamento de la primera legislatura bajo la Constitución de 1999, autorizó oportunidades semejantes, con quince y siete minutos para la discusión global de los proyectos de ley y debate político, diez y cinco para la segunda discusión de los proyectos, y cinco y tres para acuerdos e interpelaciones. Añadimos la posibilidad de dividir o desglosar aquellas propuestas contentivas de distintos sentidos, ahora prácticamente imposible.
Seguramente, esgrimirán que el número de diputados constituye un obstáculo para – precisamente – parlamentar, pero no fue así en nuestro siglo XX y con la bicameralidad, para más señas. Fueron muchos e intensos, sustanciales y comprometedores, plurales e históricos, los debates que se dieron, sin que el número de senadores y diputados pretextara el ahogo y facilitara la manipulación de los temas vitales, como ahora ocurre.
Por lo general, la organización del debate respondía a la especialidad de los miembros y la adscripción a una fracción parlamentaria. Y ésta, cuando no se declaraba como independiente, sinceraba y reglamentaba su vinculación a un partido, llegando al reconocimiento de la objeción de consciencia, circunstancias hoy bulliciosamente ausentes.
A guisa de ilustración, por lo que respecta al Partido Socialcristiano COPEI, la selección de un orador sobre una materia importante comportaba que los otros se abstuvieran de solicitar la palabra en la sesión plenaria de la(s) cámara(s), para ahorrar tiempo y en beneficio de la profundidad del planteamiento; agreguemos, el tema solía discutirse con anterioridad. Y esto, de acuerdo a su importancia a veces crucial, porque la fracción parlamentaria celebraba su asamblea y, por si fuese poco, requerida o no, la dirección nacional del partido ventilaba el tema y confirmaba al orador u oradores estelares.
Puede aseverarse, la dinámica de la fracción tendió a una rutina de la autorregulación, con la generación de una múltiple vocería que, a veces, no dependía de la pertenencia a una determinada comisión permanente o especial, contribuyendo así a una sana decantación y descongestionamiento del debate en la plenaria que, por la jerarquía y hondura del problema, facilitaba la extensión de una intervención parlamentaria. Añadida una práctica semejante en las fracciones parlamentarias del marxismo, podemos ejemplificar esta virtud del modelo con los debates trascendentales y también contrapuestos, suscitados por la nacionalización del petróleo a mediados de los setenta, irrealizables según el Reglamento y el hábito oficialista actuales.
Probablemente, el oficialismo teme que la oposición lo imite por las ya viejas tácticas de perturbación y complot, aunque para la unidad democrática la urgencia es la de la palabra, la sensatez y el intercambio de razones que un motín jamás garantiza. No olvidemos que el otrora MVR llegó a inscribir a veinte o treinta oradores en las sesiones del extinto Congreso, a objeto de bloquearlo y redundar en un desprestigio que heredó y administró, gracias las campañas emprendidas por fuerzas y corrientes que lo rivalizaban.
Intervenciones como las de Rodríguez y Montoya demandaban mayor tiempo, por la magnitud de un problema que pisa los terrenos de la seguridad y defensa de la nación. Ahora bien, portadores de pruebas tan decisivas y argumentos tan irrefutables, apenas asomados en las forzadas síntesis que hicieron, reacia la mayoría oficialista a permitir que otros oradores de la oposición cedieran su tiempo, la solución será la de distribuir entre éstos las pruebas y argumentos que aquellos tan meritoria y afanosamente han logrado.
El resto de los oradores de la oposición pudo hacerse de los alegatos y las pruebas que a Rodríguez y Montoya no les dio tiempo de exponer, en lugar de caer en la tentación de responder a las falacias de los oradores oficialistas. Quizá constituya una solución transitoria para este u otro tema hasta que el oficialismo limite aún más el derecho al habla, algo inconcebible en el parlamentarismo democrático, pero – siendo el trasfondo de la gestión opositora en la Asamblea Nacional – importa muchísimo hacerse escuchar con olvido de protagonismos anacrónicos.
Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2012/05/tras-fondo-sino-parlamentario/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=869516
A propósito de la misma sesión:
http://www.noticierodigital.com/2012/05/diputado-barragan-exige-a-antv-no-plegarse-a-cadena-nacional-que-sabotea-transmision-de-deliberaciones-parlamentarias/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=867943
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