Uno, es el de amparar un inmueble, prohibiendo toda transformación, pero los gastos de mantenimiento cada vez más exigentes corriendo por cuenta del propietario o su sucesión. Parece inmoral condenarlos mediante tamaña sentencia, por lo que está abierto todo acto de disposición del inmueble con las consecuencias del caso, abultadas por la depresión del mercado legal.
Otro, la expropiación e inmediata improvisación de tareas o contundente inutilización del edificio por el cual el gobierno ha desgarrado sus vestiduras, como ha acaecido con el conocido caso de El Sambil de La Candelaria (una historieta que perjudicó a los compradores de buena fe de sus locales), o Los Andes (del cual alguna vez se dijo sede del poder constituyente permanente y otras nimiedades). No abundemos sobre el expropiémos ahora, véamos cuando sale el decreto, espero largamente por el pago y cuánto cobran por comisión para materializarlo.
Estimamos que lo mejor es que, al precio del mercado, el Estado invierta en aquellos inmuebles de importante significación histórica, litealmente los compre bajo el rigor de un ejercicio contralor. U obligue, de no contar con suficiente significación, a la fotografía sistemática e íntegra de la pieza, su probable maquetización (y la del entorno), como el de diseño de los planos.
Apenas, una inquietud. No obstante, están presentes los riesgos de debatir la materia en el marco de la consabida y destructura polarización existente, artificial e interesada en curso, pero no queda otro remedio. Hay que discutir a fondo sobre esa otra mirada, la que también hace nuestra calidad de vida....
LB
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