más allá de lo ordenado en plaza bolívar

Sobre las expropiaciones inmobiliarias
Luis Barragán

Las medidas de expropiación constituyen un camino rápido e inapropiado, porque castiga a la ciudadanía que queda subordinada a las arbitrariedades de los funcionarios del EstadoLamentamos la situación en la que se encuentran los ciudadanos que invirtieron todos sus ahorros en sendos desarrollos inmobiliarios, con la legítima aspiración de adquirir una vivienda propia, resultando engañados por empresas inescrupulosas, a la vez que manifestamos nuestra preocupación y angustia por las medidas de expropiación acordadas por el gobierno nacional que, lejos de solventar el dramático déficit de viviendas, enmascara una situación de la que es directamente culpable, provocando una interesada y muy calculada confusión. E, igualmente, alertamos sobre una vasta campaña propagandística y publicitaria destinada a justificar no sólo la violación de la vigente Constitución de la República, atentando contra el derecho de propiedad, sino también a deslegitimar al sector privado de la economía que ha sufrido una sistemática e irresponsable persecución.En efecto, un reducido grupo de empresarios o pseudo-empresarios ha abusado de la buena fe de los venezolanos que desesperan por tener un techo propio, invirtiendo rápidamente sobre desarrollos aún no culminados, incluso, apenas iniciados, debido – igualmente – a la necesidad de una pronta inversión de los ahorros. No olvidemos que la inflación y consiguiente depreciación de la moneda, en una economía de alta fragilidad e incertidumbre, impone la angustiosa necesidad de invertir, siendo tan reducidas las oportunidades para hacerlo libremente, más aún cuando se trata del elemental derecho a la vivienda. Sin embargo, resulta importante puntualizar que la actividad de los empresarios o pseudo-empresarios en cuestión, no sería posible sin la indiferencia, complacencia o complicidad de un Estado evidentemente incapaz de ejercer un mínimo, consecuente y efectivo control, dando ocasión a la consumación de delitos como el de la estafa y de la propia corrupción derivada de sus amplísimas competencias.Además del asfixiante entorno económico, debemos añadir que en doce años de gobierno todavía no hay un sistema judicial confiable, oportuno y expedito para responder a los problemas delictuales que nos agobian, afianzando procedimientos administrativos que involucran a organismos ineficientes como INDEPABI y a la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana que interviene, mediante uno de sus componentes, para ofrecernos lo que es un espectáculo político montado sobre los padecimientos del mundo civil y no un teatro de operaciones de guerra.Al respecto, llamamos la atención sobre lo que es una viva manifestación de la militarización de todos los espacios de la sociedad para resguardar más a los funcionarios de la gigantesca burocracia, que a los ciudadanos víctimas de la delincuencia.Las medidas de expropiación constituyen un camino rápido e inapropiado, porque castiga a la ciudadanía que queda subordinada a las arbitrariedades de los funcionarios del Estado que deben aplicarla, con las distorsiones del caso, como es el caso de la prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles, negando toda ocasión para obtener recursos a objeto de completar el equipamiento de los inmuebles en fecha incierta y como “obra limpia”. Y también al empresariado honesto y reconocido en el sector de la construcción, desestimulado y temeroso de acometer iniciativas orientadas a cubrir un déficit de viviendas tan alarmante, angustioso y fatigante, que en largo doce años de ejercicio, no ha cubierto ni en un porcentaje decente el gobierno que ha gozado de aproximadamente 900 mil millones de dólares provenientes de la renta petrolera.Los sectores medios y populares no hallan oportunidades para adquirir una vivienda propia, frente al Estado que no ha podido construirlas porque ha desestimado, perseguido y desprestigiado al sector privado de la economía que puede hacerlo. Las expropiaciones esconden la radical incompetencia del Estado ya fracturado paradójicamente por el excesivo estatismo, y tiene por esencial propósito desconocer el derecho de propiedad, porque no importan los sacrificios personales ni los ahorros familiares hechos, sino que los aparentes beneficiarios de las medidas jamás podrán disponer de lo que es legítimamente propio al entrar en un circuito de propiedad colectiva que tampoco es social, sino – atención – del Estado.Como observamos, el problema se complica más de acuerdo a los intereses del gobierno nacional. Por lo que, finalmente, instamos a todas las personas y familias venezolanas inmediatamente afectadas a:Organizarse eficazmente para considerar el problema en toda su profunda significación, con la consecuente movilización para reivindicar el derecho a la propiedad privada que es adquisición, plena y libre disposición de los inmuebles afectados; contribuir a la protesta pacífica y nacional orientada al logro de una rectificación del gobierno nacional, respecto a las políticas económica y social que propician situaciones dramáticas a las que tampoco responde el sistema judicial con la prontitud y transparencia deseada; respaldar – además – a la industria privada de la construcción que, consabido, motoriza la economía nacional, generando empleos, a objeto de reiterar las alternativas que la sociedad civil misma ofrece para solventar el grave déficit de viviendas; rechazar la militarización de un problema que, por si fuera poco, genera otros al desnaturalizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues se trata de un asunto inmediatamente policial y judicial; y hacer un llamado a todos los gremios empresariales, sindicales y profesionales para un pronunciamiento enfático y recurrente sobre una situación que el gobierno nacional enfoca como meramente circunstancial o episódica, violentando en el fondo la Constitución de la República al manipularla a través de medidas excepcionales como el de la expropiación por causa de utilidad pública.Valga recordar, finalmente, que no siendo la primera vez que se plantea un problema como el tratado, hubo una eficiente y diligente comisión especial contra las estafas inmobiliarias en el desaparecido Congreso de la República que, por cierto, catapultó a Enrique Salas Römer cuando la presidió, década y media atrás. Lo inédito de esta hora es la disposición y voluntad de no solventar el asunto, sino agravarlo para facilitar el zarpazo del régimen.

Fuente: http://www.analitica.com/va/economia/opinion/6679427.asp