EL NACIONAL - Viernes 17 de Diciembre de 2010 Nación/2
ASAMBLEA
La ley habilitante abarcará, entre otros ámbitos, telecomunicaciones y economía
Chávez reformará el sistema socioeconómico de la nación
Al tratarse de un decreto con rango de ley, al cual el Presidente le confiera carácter orgánico y no califique como tal por la Constitución nacional, será remitido para su consideración a la Sala Constitucional del TSJ, presidida por Luisa Estella Morales
OMAIRA SAYAGO
En consideración de la pobreza estructural en la que aún vive parte importante del pueblo, situación agravada por los efectos devastadores del cambio climático ocasionado por la irracionalidad del capitalismo, el Presidente de la República recibirá de la Asamblea Nacional amplios poderes para dictar durante 12 meses leyes en materia de infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, uso de la tierra, economía, seguridad ciudadana y cooperación internacional.
Así lo explica la exposición de motivos del proyecto de ley habilitante, uno de los puntos de la agenda de ayer en la Asamblea, pero que no se consideró debido a que la discusión sobre la polémica reforma de la Ley de Partidos Políticos y Reuniones Públicas más conocida como ley antisaltatalanquera- se prolongó por horas. Más tarde, los diputados acordaron diferirla para hoy.
Los decretos a ser dictados por el jefe del Estado, de acuerdo con el texto de la ley, estarán destinados, entre otros fines, a fijar normas regulatorias en ámbitos tan variados y amplios que implican la reforma del sistema socioeconómico de la Nación, tal como precisa el documento de la ley. Entre estos ámbitos figuran telecomunicaciones y tecnología de la información, regulaciones en los sectores tributario, impositivo, monetario, crediticio, del mercado de valores, de la banca y de los seguros, entre muchos otros.
Hasta ahora, sobre el contenido concreto de los decretos lo único que ha trascendido es el aumento del IVA, informado, sin mayores precisiones, por el Presidente, quien ayer también dijo, cuando supervisaba terrenos en Vargas: "Ya tengo la primera batería de leyes, unas 20.
Una de ellas es para buscar recursos para las viviendas".
PCV protestó "ley antitalanquera"
HERNÁN LUGO-GALICIA
La Asamblea cercenó un derecho en su primer día de sesiones extraordinarias: la libertad de conciencia y de opinión, de acuerdo con las organizaciones Podemos, Frente Humanista, Patria Para Todos y hasta legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela que, sin embargo, optaron por el anonimato por temor a represalias.
Sólo Carlos Escarrá formuló sus reservas y prometió expresarlas en segunda discusión.
El PSUV se impuso y aprobó, en primera discusión "sin mayoría evidente", la reforma de la Ley de Partidos Políticos ("ley antitalanquera" o "ley anti Diosdado Cabello", como dijo Pastora Medina). Obvió las críticas del Partido Comunista de Venezuela que, tras dos semanas de apoyo al "paquete de leyes comunales", alzó su voto contra la norma porque obliga a los futuros diputados a no irse a otros partidos o pactar con adversarios.
Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, justificó las críticas al texto porque el Parlamento se atribuiría la potestad de suspender y hasta inhabilitar a los legisladores cuando, a su juicio, existen dos mecanismos de sanción: "El revocatorio del mandato. Quien los eligió debe ser quien aplique las medidas. Y, en segundo lugar, la expulsión del partido; son sanciones políticas y morales.
En 1996, Ricardo Gutiérrez fue expulsado porque no acogió la línea política y apoyó a Rafael Caldera".
Figuera dijo que el PCV se abstenía de votar y alertó al PSUV: "La correlación de fuerzas no se para con ley; será inútil. La sociedad la rompe. La alianza es por objetivos comunes, responde a una necesidad. Se puede mantener o reventar. No es un amarre de por vida. El PCV tiene un compromiso empeñado, histórico, con los trabajadores, para que sean poder y respetamos el liderazgo del Presidente, pero si hay contradicción con el Gobierno, con el Estado, ténganlo por seguro que defenderemos a los trabajadores. Nadie puede imponer sanción contra los proyectos políticos".
PSUV vulnera el derecho al voto
H. L. G.
La primera sesión extraordinaria de la Asamblea demostró la intransigencia del PSUV sobre la aprobación de leyes polémicas sin que hayan sido consultadas. Por ejemplo, ayer se hizo un parlamentarismo de calle frente del Palacio Federal con asistencia escuálida. Los trabajadores legislativos fueron conminados a ir al acto: "El pueblo habilita a Chávez para la emergencia".
La actitud del oficialismo fue atribuida a la reunión del Presidente con el Polo Patriótico.
Además de prometerles a los diputados no reelectos que coordinarán los convenios internacionales, se les pidió dar los currículos al canciller Nicolás Maduro.
La agenda contenía 12 puntos, entre ellos la sanción de la Habilitante, las reformas de Telecomunicaciones y Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, pero el punto 1: primera discusión de la reforma de la Ley del Poder Municipal consumió 2 horas y fue aprobada por el PSUV con observaciones del PCV. Podemos, el Frente Ecológico y PPT salvaron sus votos considerando que se viola la Constitución y el principio de elección universal, directa y secreta. La reforma del Poder Municipal señala que los miembros de las juntas parroquiales serán elegidos por voceros de los consejos comunales. Si una comuna tiene 400 miembros solo 7 o 14 decidirán quiénes serán los representantes ante la Alcaldía.
Pastora Medina (Frente Ecológico) dudaba de que las juntas parroquiales fueran defendidas por el oficialismo cuando las despreciaron desde 2006; se desconocía el principio universal de elección directa y se imponía el modelo de comicios de segundo grado que usan en Estados Unidos.
Oscar Figuera, secretario del PCV, consideró poco revolucionarias las elecciones de segundo grado y sostuvo que el CNE debe vigilar las votaciones de las juntas parroquiales.
Juan José Molina, de Podemos, alertó que la ley vulnera la Constitución porque atribuye a las comunas funciones de Alcaldías y Gobernaciones. El Ministerio de Comunas envió un proyecto de ley de transferencias de los estados al poder popular que ordena el traspaso de salud, educación, deporte, cultura, programas sociales, protección vecinal y servicios públicos a las comunas.
A medianoche, los diputados realizaban la segunda discusión del proyecto de ley de instituciones del sector bancario.
A las 12:03 de la madrugada el debate iba por el artículo 232.
De inmediato, Cilia Flores, presidenta del Parlamento, replicó al PCV.
Alegó que la norma evitará "fraudes a los electores" que votan por un candidato y, al final, termina en la otra acera, como Podemos: "Hay libertad, pero con parámetros. El pueblo no puede ser traicionado; eso puede ser hasta un delito porque esas personas están al lado de fascistas".
Justificó incluso la inhabilitación de diputados, prevista en la reforma, porque el elector no tendrá que esperar la mitad del período para solicitar un revocatorio.
El texto de la habilitante prevé que al tratarse de un decreto con rango de ley, al cual el jefe del Estado le confiera carácter orgánico y que no sea calificado como tal por la Constitución, se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que ésta se pronuncie.
Esa sala está presidida por Luisa Estella Morales.
Una vez aprobada por la AN, la habilitante entrará en vigor a partir de su publicación en Gaceta Oficial. Se estima que unos 15 días después estarían dictándose los primeros decretos.
Los dictados del comandante
El Presidente será autorizado por la AN para actuar con amplios poderes en las áreas de infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, uso de la tierra, economía, seguridad ciudadana, cooperación internacional y sistema socioeconómico de la Nación. De acuerdo al texto de la Ley Habilitante, y con el argumento de que están dirigidas a atender la emergencia por las lluvias, los decretos que dictará el Jefe de Estado consistirán, entre otros, en los siguientes ámbitos:
--Dictará o reformará normas regulatorias en telecomunicaciones y tecnología de la información, mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas
--Reformará el marco regulatorio de los sectores tributarios, impositivo, monetario, crediticio, del mercado de valores, de la banca y de los seguros
--Dictará normas para erradicar entre los ciudadanos las desigualdades que se derivan de la especulación, la usura, la acumulación de capital, los monopolios, oligopolios y latifundios.
--Diseñará una nueva regionalización geográfica del país a fin de reducir los altos niveles de concentración demográfica en algunas regiones, regular la creación de nuevas comunidades y la conformación de comunas
--Reordenará el uso social de las tierras urbanas y rurales
--Reorganizará el funcionamiento de las instituciones relacionadas con la seguridad y defensa de la Nación, que desarrollen las normas relativas a la FANB, así como lo atinente a la disciplina y carrera militar; todo lo relativo a la materia de armas y conexos.
--Suscribirá contratos en el ámbito internacional en atención de los sectores estratégicos para el desarrollo de la Nación y la atención de calamidades mediante el financiamiento internacional
--Dictará normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias y catástrofes u otros hechos naturales
--Regulará la actuación de entes públicos y de privados para garantizar el derecho a una vivienda a través de aportes y financiamiento público y privado.
-- Reorganizará el funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, del sistema policial y de protección civil; establecerá procedimientos seguros para la identificación ciudadana y el control migratorio
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