fuerzas armadas y pérez jiménez

EL NACIONAL - DOMINGO 10 DE ENERO DE 1999 / SIETE DIAS
Honores para el dictador
Dividió a las Fuerzas Armadas, al punto de que fueron hombres de armas los factores decisivos en el fin de su dictadura. Sin embargo, para muchos sigue siendo símbolo de la eficiencia militar
JESUS SANOJA HERNANDEZ


Cuando fue derrocado Pérez Jiménez, tendría Hugo Chávez cuatro años de edad, José Vicente Rangel ya estaba de regreso de su exilio en Chile y España, mientras Luis Miquilena había dejado de ser comunista y militaba en las filas de URD, luego de haber pasado por El Obispo y sufrido no pocas torturas en la Seguridad Nacional. Estos tres personajes (Chávez, presidente electo; Rangel, canciller designado; y Miquilena, ministro del Interior) andan en búsqueda del hundimiento definitivo del bipartidismo y de una reconciliación cívico-militar (o civil-militar, como gusta decir la apasionada medinista Nora Bustamante), que en este caso equivaldría, irónicamente, a la reivindicación simbólica y casi postrera de Pérez Jiménez. Y digo que irónicamente porque, a pesar de Pérez Jiménez haber sostenido que gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas, él las dividió como pocos presidentes, al punto de que fueron hombres de armas los factores decisivos en el fin de su dictadura.

La decisión del presidente Chávez, de invitarlo para su toma de posesión, se explica fácilmente: él, como otros, incluido el candidato de Proyecto Venezuela, cumplió con un ritual de moda al visitarlo en su residencia de La Moraleja. Eso en primer lugar. Y en segundo, si es que se ha olvidado, Chávez insurgió contra el gobierno de Pérez por considerarlo representativo de la perversión democrática del bipartidismo y, como se sabe, el bipartidismo había convertido a Pérez Jiménez en Satanás. Pero hay un "tercer lugar": Pérez Jiménez vendría a ser el símbolo de la eficiencia y la autoridad militares, eso que yo, entre muchos más, he llamado la "mentalidad cuartelaria".

La posición de Rangel y Miquilena tiene lejanísimo fondo político. Rangel, muy joven, fue urredista, y aunque combatió al régimen militar, siempre abrigó reservas hacia AD, siendo uno de los primeros y más firmes denunciantes de la represión de los años 60 y de la corrupción generalizada en los últimos 25 años. De la primera etapa son válidos testimonios sus actuaciones en la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, su labor en el tabloide Clarín y el libro Expediente negro, prologado por Orlando Araujo. Y de la segunda, un conjunto de volúmenes y sus columnas de investigación, análisis y denuncia en varios diarios y revistas del país.


"El Periodista" y la SN

Miquilena, sin la formación universitaria de Rangel, como también sin su acopio de lecturas, emergió a la política como dirigente autobusero en la época previa al golpe (¿revolución acaso?) del 18 de octubre, y sus mayores desafíos fueron el conflicto con el empresario Julio Santiago Azpúrua y las divergencias entre adecos y comunistas, golpeados estos últimos por el incidente de la disolución de sus sindicatos. Cuando el PCV se dividió, Miquilena pertenecía al bando de los "machamiquis" (nombre derivado de Machado y Miquilena), que se enfrentó a los "bobitos", cuyo máximo representante fue Juan Bautista Fuenmayor. Curiosamente, al rebelarse los gobernadores de AD y Copei para apoyar a Salas Romer, uno de ellos (William Dávila, si no me equivoco) aludió a que no todos los del Polo Patriótico eran líderes emergentes, y ponía a Miquilena como viejo dirigente del ala menchevique, en rivalidad con el ala bolchevique. Enredó así el gobernador fonética con ideología, confundiendo "menchevique" con "machamiqui".

Cuándo ingresó Miquilena a URD, es asunto que no tengo claro, pero en todo caso no es cierto que su militancia comunista haya sido tan fugaz como lo señaló él en cierta ocasión en el seminario La Razón, pues en 1947 formó parte del PRP (Partido Revolucionario del Proletariado), grupo disidente que el PCV calificó, con lenguaje de la época -y sin mucha argumentación-, de "trotzkista".

En la novela de Otero Silva La muerte de Honorio, el personaje Eugenio Rondón (El Periodista), revela a los otros cuatro presos políticos "que no hablaron" cómo cayó por primera vez en manos de la SN: en un mitin del 1° de mayo, que previamente había sido prohibido por la policía. Pudo ser éste el de 1951 en la Plaza del Panteón, efectivamente disuelto, o pudo ser alguno posterior del cual yo no fui testigo por estar en México, pero en todo caso no estoy seguro de que ya Miquilena estuviese afiliado a URD. Lo más probable es que lo hiciera después de las elecciones de noviembre de 1952, cuando el partido de Jóvito Villalba ganó la mayoría de la Constituyente, finalmente desconocida por Pérez Jiménez con el golpe del 2 de diciembre.

Habría que aclarar que Eugenio Rondón (El Periodista) reúne, como personaje de ficción, elementos de la vida de Miquilena (el agitador, el torturado en prisión, el militante de URD) y del propio Otero Silva (el periodista como tal), con añadidos e intercalaciones, a veces incoherentes o de tono falso. Lo que buscaba el autor era crear una tipología que incluyera la resistencia antidictatorial de tres partidos (El Médico, tomando como modelo a Gallegos Mancera; El Tenedor de Libros, perfil de Salom Mesa; y El Periodista, parcialmente Miquilena), las Fuerzas Armadas (El Capitán) y el pueblo (El Barbero). Curiosamente, Otero Silva excluyó de esas tipologías al militante de Copei, punto aparentemente sectario que en cierta ocasión explicó.

Miquilena, a quien en sus tiempos de agitador social llamaban "Pelo de oro" por su cabello rubio, que le caía en la frente, siempre conservó la obsesión conspirativa. En la novela de MOS, Eugenio Rondón confiesa que, a raíz del fraude electoral de 1952, un teniente coronel se le acercó para pedirle que se sumará a un levantamiento contra la dictadura: "Yo, sin que nadie me hubiera autorizado a hacerlo, le ofrecí el respaldo de mi partido, de los otros partidos de oposición, de los sindicatos, de los estudiantes y del pueblo".


¿Qué dirá Miquilena?

El mayor Vargas Medina ("el macho Vargas") le declaró a Agustín Blanco Muñoz que las actividades de Miquilena, Savelli Maldonado y Marchelli Padrón, en enero de 1960, "no tenían relación con el descontento de la oficialidad democrática", mientras Molina Villegas, el jefe del Carupanazo, mencionó otra conspiración (en 1964) en la cual estaban presuntamente metidos Miquilena, Aristimuño, José Vicente Rangel y Ugarte Pelayo. Que yo recuerde, Aristimuño fue apresado en el tramo en que Clarín fue sustituido temporalmente por Intermedio, pero Ugarte estaba entonces en posición contraria a Rangel y Miquilena, que ya habían salido de URD.

Rangel y Miquilena integraron un pequeño movimiento de oposición democrática (VPN: Vanguardia Popular Nacionalista), más tarde fundido con ARS o PRN, y con parte del MIR blando, en el Prin, de muy corta vida (1966-1969), pero que representó el último esfuerzo por unificar la izquierda no inhabilitada, lamentablemente frustrado por el triunfo de Caldera y el encarrilamiento del país hacia el bipartidismo.

Varias personas me han preguntado cómo se sentirá Miquilena con la invitación a Pérez Jiménez a la toma de posesión de Chávez, después de haber sido él torturado bárbaramente en los días oscuros de la SN y el bachiller Castro. No he sabido (y a veces no he querido) responder a esas inquietudes. Creo que Pérez Jiménez fue juzgado y condenado a más de cuatro años de prisión y que, sin embargo, meses después de salir de la cárcel, obtuvo fuerte votación que le dio una senaduría por él no ocupada por falta de valor o, en todo caso, de interés por Venezuela. Ni cortos ni perezosos, los de AD y Copei aprobaron la Enmienda N° 1 de la Constitución, que le impedía volver a la Presidencia por la vía del voto.

Pérez Jiménez se ha negado a regresar. Caldera le abrió las puertas, Chávez no sólo se las ha reabierto, sin condiciones, sino que lo ha invitado a la toma de posesión. Lo primero es un acto de justicia. Lo segundo, una reivindicación peligrosa y, para muchísimos venezolanos, ofensiva e inmoral. Entre ellos me cuento.

El horror y la mordaza II
En la sede de la Seguridad Nacional (SN), a las 5:00 de la mañana del 24 de enero, los funcionarios de ese cuerpo policial dispararon a mansalva contra numerosas personas que clamaban por la libertad de los presos políticos. El saldo fue de siete personas muertas. Horas después, las Fuerzas Armadas redujeron a los funcionarios atrincherados en el cuerpo policial y los apresaron, mientras la multitud incendiaba el edificio. En otras zonas de Caracas, la muchedumbre llegó a linchar a algunos miembros de la SN.


Un boxeador, J.J. Fernández, campeón del peso welter, "se encargaba de adiestrar a los investigadores para que aplicaran sus enseñanzas a los presos políticos. Varios de los detenidos lo señalaron como especializado en extraerle las uñas a las personas y de herir con punzones a los señalados como agitadores, para que hicieran delaciones". Este pugilista intentó huir una vez caído el régimen, pero fue reconocido en la calle y atrapado por los transeúntes, quienes intentaron lincharlo. Las Fuerzas Armadas intervinieron a tiempo para apresarlo.


Diez días después del derrocamiento de Pérez Jiménez, la Fiscalía General de la República ya había recibido 200 denuncias de asesinatos cometidos por la Seguridad Nacional. El fiscal de entonces, Ramón González Paredes, declaró que ese cuerpo de represión constituía una "página abominable en nuestra historia".


Tres hijas de Pérez Jiménez tenían en el Departamento de Ahorros del Banco de Venezuela la cantidad de 800.000 bolívares (aproximadamente 250.000 dólares, según el tipo de cambio de la época). Las libretas fueron encontradas escondidas en un anaquel oculto de la casa del dictador, en El Paraíso. "Un caso asombroso es el de la cuenta de Flor de María Pérez Chalbaud, que cumplía dos años y ya tenía ahorrada la cantidad de 178.410 bolívares, producto de 42 depósitos realizados en la cuenta abierta en septiembre de 1956".


Se adelantaron investigaciones para determinar la culpabilidad en los asesinatos de Antonio Pinto Salinas y de Leonardo Ruiz Pineda. La muerte de Ruiz Pineda se produjo cuando miembros de la Seguridad Nacional, quienes confesaron posteriormente, interceptaron el auto donde se transportaba el dirigente de AD y le hicieron seis disparos, a pesar de encontrarse indefenso y rendido. Las investigaciones arrojaron que la orden la dio el general Luis Felipe Llovera Páez directamente a Pedro Estrada, y éste a sus subalternos.


La Junta de Gobierno decidió, el 7 de febrero de 1958, confiscar los bienes de Marcos Pérez Jiménez, y los que detentaran "personas interpuestas", por cuanto "se dispuso ilegalmente de los bienes nacionales, se usó indebidamente de las influencias oficiales para el enriquecimiento ilícito y, además, se cometieron diversos delitos contra la cosa pública".


En una maleta olvidada por Flor de Pérez Jiménez, esposa del dictador, debido a la premura de su huida, se encontraron "valores, efectos y comprobantes de valores, cuyo montante se eleva prudencialmente a unos 300 millones de dólares" (cerca de un millardo de bolívares, para entonces), señala una nota de prensa. La Procuraduría General de la República incautó los títulos y los remitió al BCV, donde fueron clasificados. Entre los bienes de valor se encontraban varios inmuebles: "(...) lote de terreno en las proximidades de Baruta, edificio en El Conde, varias casas-quintas en El Paraíso, parcela en Caraballeda y casa en La Florida", cuyos documentos de propiedad estaban a nombre de Flor de Pérez Jiménez.


En Yaracuy, en la finca del gobernador perezjimenista, se escondían las urnas donde se depositaron los votos del plebiscito perezjimenista.


Después de ocupar los bienes de Pérez Jiménez y de su familia, la Comisión Investigadora de Enriquecimiento Ilícito decidió, el 7 de marzo, la investigación a 15 funcionarios del régimen militar, por presumirse su autoría en "delitos contra la cosa pública". Un mes después, la comisión embargó títulos nominales por un valor de más de 25 millones de bolívares (aproximadamente 8,5 millones de dólares) a Laureano Vallenilla Lanz, miembro del gobierno dictatorial, y otros 20 millones de bolívares a Oscar Mazzei Carta, ex ministro de Comunicaciones y Defensa; Pablo Salas Castillo, ex director del Seguro Social (posteriormente jefe de Cruzada Cívica Nacionalista); Guillermo Cordido Rodríguez, ex gobernador de Yaracuy; y Edgar Domínguez Michelangelli, ex gobernador de Portuguesa.