DEL DELITO POLÍTICO

El Nacional - Domingo 21 de Marzo de 2004 A/7 Política
Asesinados, desaparecidos y torturados
Con Chávez se violan derechos humanos sin necesidad de suspender las garantías
Una represión que vaya más allá de las detenciones legales no se justifica en ningún régimen que se precie de ser democrático. Los gobiernos de Betancourt y Leoni no contaron con la actitud fuertemente crítica o condenatoria de los medios de comunicación y la vigilancia de los organismos hemisféricos o internacionales
Jesús Sanoja Hernández

Asesinatos selectivos fueron los consumados por la dictadura militar al liquidar a dirigentes de AD como Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas, Castor Nieves Ríos, Luis Hurtado. Jesús Alberto Blanco, así como a muchos militantes de base de ese partido y también del comunista, y a elementos de las FAN como Wilfrido Omaña y León Droz Blanco. Muertes terribles las de presos políticos durante los 27 años de tiranía gomecista, como las de los Parra Entrena, colgados por los testículos, o las de envenenados con arsénico o vidrio molido, o las de la época castrista, Antonio Paredes fusilado y Leopoldo Tayllardat enloquecido al lado del cadáver de un compañero al cual estaba apersogado.

Con la democracia puntofijista, la muerte adquirió otro matices tras el ascenso de la lucha de masas de 1958: manifestantes abaleados, como en los casos de la concentración de trabajadores del Plan de Emergencia en la plaza La Concordia, donde murieron Juan Francisco Villegas (4 de agosto de 1959), o de la marcha de enero de 1960 (con el añadido del envío a las colonias móviles de El Dorado) o de los sucesos de noviembre de ese mismo año, calificados por el gobierno de Betancourt de "insurrección popular" y en cuyo curso se sumaron víctimas como Natalia Ghinaglia, José Montesinos Castillo, Rosario Mujica, para concluir todo el día 28 con la suspensión de varios periódicos por tiempo indefinido y el más largo decreto de suspensión de garantías de la década.

Reaparecieron asimismo las torturas, comenzando por las aplicadas a José Gregorio Rodríguez hasta causarle la muerte en mayo de 1962 y cuyo informe médico reproduciría textualmente Miguel Otero Silva en Cuando quiero llorar no lloro, y al pintor Juan Pedro Rojas en Cachipo, y a Alberto Lovera en Lechería, estos dos últimos en el período de Leoni, cuando también surgieron otras fórmulas de tortura y exterminio de las cuales fue ejemplo el lanzamiento de Soto Rojas desde un helicóptero.

Ese quinquenio de Leoni, tal vez a pesar suyo, dado su temperamento tolerante, fue el de la militarización de la justicia, de la actuación del SIFA al lado de la Digepol y de la creación de los teatros de operaciones en la lucha antiguerrillera y, en su curso, menudearon los "desaparecidos", figura novedosa en el país, aunque practicada antes y después, por los gobiernos militares de muchos países de América Latina, por ejemplo, Argentina y Chile. José Vicente Rangel estimó en los años sesenta, posiblemente con exageración, que los desaparecidos llegaron aproximadamente a 250, enumerando casos como los de Alejandro Tejero, los hermanos Pasquier, Felipe Malaver, César Burguillos, Rubén León, José Petit y Donato Carmona, todos en la etapa en que ya la izquierda había pasado de las insurrecciones militares y la protesta callejera a la lucha armada en las ciudades y la montaña, es decir en el período casi completo de Leoni.

Al respecto anotaba Rangel: "La figura de los desaparecidos surge en Venezuela a fines de 1964. En realidad, el término quizá no sea muy correcto, ya que de lo que se trata es de un simple secuestro de ciudadanos por parte de un organismo policial. Producida la detención, ésta nunca llega a ser reconocida por las autoridades, provocando en consecuencia una intensa búsqueda del detenido por sus familiares con la consiguiente desesperación a medida que las gestiones resultan negativas (...) La desaparición corresponde en propiedad, al régimen de Raúl Leoni; su gestación hay que buscarla en el progresivo debilitamiento del poder civil y en la hipertrofia de la actividad militar durante esta etapa". Por su parte, CAP declaró cierta vez que mientras él fue ministro del Interior (con Betancourt) no se produjo ningún caso de desaparecidos, lo que parece ser verdad, a pesar de su dureza en la represión.

¿Tiene algo de similitud aquel tramo con el que ahora estamos viviendo? ¿O la diferencia sustancial con las de Betancourt y Leoni es que en la etapa actual no se ha apelado a las prolongadas suspensiones de garantías ni a la aplicación de algo semejante al artículo 244 de la Constitución de 1961, que permitía el encarcelamiento tan solo por puras sospechas de conspiración? ¿O que después del 27-F, día de la marcha reprimida por la GN, no todos los desaparecidos fueran realmente desaparecidos o que las torturas no hayan adquirido aún el carácter sistemático de los años sesenta?
¿O que actualmente la lucha se desarrolla en calles, plazas y avenidas, en el debate abierto, en la máxima tensión del poder y el contrapoder, pero sin llegar al extremo de la lucha armada decretada por las FALN en el decenio de la violencia? Y eso a pesar del "golpe de Estado" del 11-A consumado luego de gigantesca marcha con saldo mortal, o de los sucesos de la plaza Francia, con desobediencia militar de por medio, o de los controvertidos atentados terroristas contra sedes diplomáticas.

Como fuese, una represión que vaya más allá de las detenciones legales y asuma métodos como el asesinato, la tortura y las desapariciones, no se justifica en ningún régimen que se precie de ser democrático. Verdad sí, e innegable, que los gobiernos de Betancourt y Leoni no contaron con la actitud fuertemente crítica o condenatoria de los medios de comunicación, como por razones de tiempo histórico le ha tocado a Chávez afrontar, en parte por sus propios iracundos desafíos al "poder mediático" y por la vigilancia de los organismos hemisféricos o internacionales y en parte por los efectos instantáneos de la red comunicacional, Internet incluido.

Betancourt y Leoni, además, gobernaron gran tramo del decenio con suspensión de garantías, cierre de medios impresos adversos y prisiones de periodistas sin fórmula de juicio, si bien el segundo abrió cierto compás que permitió la circulación de diarios como La Extra y El Siglo y semanarios como Qué pasa en Venezuela y la posibilidad de denunciar la represión, no siempre con tolerancia oficial, como lo demostraría el paso por el San Carlos durante cinco meses de Federico Álvarez y Orlando Araujo, codirectores de Qué. Justamente esta fue la etapa que, casi en solitario, le sirvió a José Vicente Rangel, entonces miembro de la Comisión de Política Interior de Diputados, para erigirse en defensor de los derechos humanos. Su actuación entonces le serviría de trampolín para que el MAS lo postulara en 1973 y 1978 su candidato presidencial, exhibiéndolo como símbolo del defensor de los derechos humanos y expresión del nuevo socialismo.

Para conocerse las interioridades del régimen de terror imperante durante el gomecismo, Pocaterra, testigo de excepción en La Rotunda, tuvo que ir levantando el expediente día a día, con minuciosidad admirable, y luego sacar sus apuntes al exterior para que allí se conociera, muchos antes que en su patria, las Memorias de un venezolano de la decadencia.

Más afortunado, si es que la tragedia hace tal concesión, fue José Vicente Abreu, admirador de los testimonios de Alleg y Fucik, tanto como del que dejara Pocaterra, cuando Catalá le publicó Se llamaba SN un año después de salir de su segunda prisión, A diferencia del libro de Pocaterra, el de Abreu reflejaba el terror interno en un trance en que comenzaba a despegar el terrorismo internacional, expresado en América Latina en las nuevas formas represivas de dictaduras militares que para entonces no contaban con la condena expresa de los vigilantes foráneos y sí muchas veces con su bendición. Pero tal no es el tema. No. El tema es si un gobierno electo, como lo es el de Chávez, legítimo por su origen, lo sigue siendo por su desempeño y si el proceso revocatorio podrá concluir con su fin o su permanencia, pero en paz y sin trampas por parte de las fuerzas en pugna.

El dilema no puede ser el retorno a "los cuarenta años de puntofijismo" o la continuación de un "gobierno revolucionario", con caudillo a la cabeza, hasta 2021. No puede ser entre la desviación hacia el pasado o el desvarío hacia el futuro. Mientras no dispongamos de otra, atengámonos a una Constitución que establece, entre otros, el referéndum revocatorio .Y punto... Sin cruces en el camino y sin cruzados descaminados.

Ministro de Salud anunció despido de médicos que firmaron

El Ministro de Salud, Róger Capella, anunció en Maracaibo el despido masivo de los médicos que habrían participado en El Reafirmazo, por considerar que con esa actitud estarían conspirando contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Capella señaló que el Gobierno no puede permitir que los hospitales estén llenos de conspiradores y terroristas. Manifestó que en el país hay libertades políticas, pero recalcó que los venezolanos no tienen derecho a conspirar contra el régimen.

"El terrorismo no tiene derecho de conspirar en ninguna parte del mundo. Pregúntese usted si un norteamericano que trabaje en la NASA puede firmar contra el presidente Bush y seguir en su puesto".

Resaltó el ejemplo de los médicos bolivarianos que tomaron y permitieron la intervención del Servicio Autónomo Hospital Universitario, y manifestó que los únicos médicos que laborarán en las instituciones hospitalarias del país serán galenos "camaradas" comprometidos con el proceso revolucionario.

Instó a los médicos del país a quitarse la corbata y el flux para ponerse la bata y salir a luchar por los intereses del régimen y la revolución.

Manifestó que el próximo paso será revertir el proceso de descentralización de los hospitales.

El Ministro Capella señaló que próximamente serán intervenidos en Zulia el Hospital General del Sur y el Hospital General de Cabimas.

DÁMASO JIMÉNEZ

General Alfonso aclara desde Ramo Verde

El general Rafael Alfonzo Martínez, entrevistado hace poco en la prisión de Ramo Verde, envió a esta redacción una nota en la que aclara dos expresiones aparecidas en el trabajo periodístico, y que, a su juicio, merecen ser mejor explicadas. Con relación a la expresión "Él y los dos narcos", el alto oficial afirmó que se refiere a su persona y a los dos oficiales que se encuentran en la condición de procesados, es decir, a quienes no se les ha dictado sentencia firme por los tribunales de la República. Como lo establece nuestra Constitución y leyes procesales, toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, razón por la cual arrostrarles el calificativo de "narcos", constituye una gran injusticia.

El segundo aspecto aparece en el párrafo seis: "En el piso donde se encuentra el general Alfonzo hay otros dos oficiales detenidos, ambos por drogas.

Los tipos tenían montado tremendo negocio, complicadísimo, exportando sustancias ilegales para Europa. Alfonzo conoce el guiso con detalles. Los mismos convictos se lo han explicado sin escatimar secretos profesionales". Referente al contenido anterior, el alto oficial de la GN indica que no conoce "mayores detalles de las causas que le originaron a estos oficiales las aperturas de sus procesos y su consiguiente privación de libertad. A la pregunta que se me formulara ¿de qué cuantos más estaban conmigo en esta situación, en el mismo piso?, respondí que estaban tres oficiales, pero que el único que se encontraba por ser disidente del proceso revolucionario era mi persona, y que los otros estaban siendo procesados por asuntos que tenían que ver con drogas". Por lo expresado, "solicito la aclaratoria oportuna sobre las expresiones que no me corresponden".