Genocidio
Dulce María Tosta
Venezuela
atraviesa una situación caótica. La escasez de alimentos y de
medicamentos y la abundancia de delitos nos han escamoteado el derecho a vivir
y nos recuerdan -cada momento- la ineluctable proximidad de la muerte.
El
tornillo del garrote vil que un régimen político perverso puso en el cuello de
la República, ha sido apretado lenta pero constantemente; los demenciales
métodos aplicados en otras latitudes con resultados humanos y económicos
desastrosos, están siendo impuestos en la patria de Bolívar y Miranda con
inaudita vesania, provocando miseria y desesperanza; pero la hora del «sálvese
quien pueda» parece haber llegado, no para huir despavoridos ante el inminente
hundimiento de la nave, sino para ponernos de pie, enarbolar banderas y luchar
por la vida.
La
situación venezolana no es inédita: Armenia (1915 – 1923), Ruanda (1994),
Ucrania (1932 – 1933) y Europa (1939 – 1945) presenciaron la desaparición de
millones de personas por motivos de raza, religión o política y que el jurista
judío Raphael Lemkin (1900 – 1959), llamara genocidio,
provocando que en diciembre de 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio, Convención de la cual Venezuela es signataria.
Dicho
instrumento comienza señalando que el delito puede cometerse tanto en tiempo de
guerra como de paz; muy importante precisión, pues indica que se puede cometer
por medios «pacíficos», (no militares) tales como la destrucción de medios de
producción de bienes de primera necesidad, la creación de una situación de
inestabilidad jurídica que inhiba la inversión o destruya la existente, la
persecución de expertos necesarios para la producción de bienes y servicios; la
promoción del éxodo de profesionales calificados necesarios para la
satisfacción de las necesidades sociales; el rechazo de ayuda internacional
requerida por enfermos graves; … y pare de contar.
En
la tipificación del genocidio, se lee: «Artículo II (omissis) c) Sometimiento intencional
del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial;». Surge de inmediato una pregunta: ¿Se pueden
considerar intencionales y de resultados previsibles las acciones del Poder
Ejecutivo que han causado hambruna y mortandad en los últimos años? Creemos que
sí, pues no solamente causaron hechos antijurídicos, sino que las
acciones mismas fueron antijurídicas, directamente violatorias de la
Constitución y la ley. Citemos, a título de ejemplo, las múltiples
expropiaciones que hicieron famoso el término ¡Exprópiese! en boca de Chávez; esa orden
constituye un hecho antijurídico por contrariar abiertamente el artículo 115
constitucional que reserva al poder judicial («sentencia firme») la
expropiación de cualquier clase de bienes «con pago oportuno de justa
indemnización».
Estas
acciones confiscatorias no solamente fueron voluntarias, reiteradas y
publicitadas, sino que se realizaron en franca desobediencia a la prohibición
que encierra el término «Solo» del citado artículo 115; las consecuencias de
tal violación eran previsibles: la estampida de capitales nacionales y foráneos
por la pérdida de confianza en el sistema económico nacional. Igualmente
voluntaria y de resultados previsibles fue la paralización de los planes de
electrificación cuyas consecuencias fueron advertidas por expertos en la
materia: producción insuficiente ante el crecimiento esperable de la demanda
por razones poblacionales. Pero donde la intencionalidad mostró fulgor solar
fue en el rechazo a la ayuda internacional para socorrer a los enfermos
mediante la donación de medicinas, a pesar de que el Poder Ejecutivo, a través
de su servicio aduanero, está habilitado para «Exonerar total o parcialmente de
impuestos, y dispensar de restricciones, registros u otros requisitos, el
ingreso o la salida temporal o definitiva de mercancías destinadas a socorro
con ocasión de catástrofes, o cualquier otra situación de emergencia nacional,
que sea declarada como tal por el Ejecutivo Nacional;» (Ley Orgánica de
Aduanas, artículo 5°, numeral 12).
Como
consecuencia de políticas públicas propias de orates, centenares de niños
pequeños y neonatos mueren en nuestros hospitales y a muchísimos otros se le
obscurece el futuro a la sombra del cretinismo por mala alimentación, ante la
mirada impasible de un régimen capaz de gastar más de 25 millones de dólares en
bufas maniobras militares para enfrentar enemigos ficticios, en vez de
auxiliarlos y escuchar el ruego de los médicos que se ven impedidos de ejercer
con éxito su profesión. Nuestros centros de salud públicos y privados, en vez
de ser promesas de vida y salud, son ductos hacia la muerte, suerte de puertas
infernales con horrendos letreros: «Perded toda esperanza».
En
nuestro criterio, los venezolanos estamos sometidos a genocidio, ideado en el
extranjero y ejecutado por fanáticos y delincuentes que se escudan tras tesis
políticas rotunda y universalmente fracasadas. Toca a los juristas amantes de
esta tierra preparar la denuncia correspondiente ante la Corte Penal
Internacional y ante un mundo que mira con incredulidad la tragedia venezolana.
Miles
de nuestros compatriotas mueren como moscas en calles y hospitales; como diría
Cantinflas: Si esto no es
un genocidio, se le parece.
Fuente:
Fotografía: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/02/america/1464897224_380860.html:
Adriana Cubillos (AP). “Un agente de policía detiene a un manifestante”.
// Juan Barreto (AFP). “Las fuerzas de seguridad se deplegan para intentar
contener las protestas”.
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