COLUMNA
La participación política de las FARC
Cuando las FARC intentaron participar en política en los ochenta los masacraron, eso no se puede repetir
León Valencia / Ariel Ávila
Cada vez está más cerca la firma del acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el anunció del cese bilateral al fuego y de hostilidades confirma que estamos a algunas semanas de la firma del acuerdo final. Dicha firma significará, ni más ni menos, el fin de la vieja tradición de justificar políticamente la lucha armada.
Los temas de apertura democrática y ampliación de los espacios de participación quedaron plasmados en el acuerdo dos, allí se suscribió la figura que permitirá el tránsito de movimiento guerrillero a movimiento político. El punto dos contempla una reforma al sistema político Colombiano y dentro de sus puntos se propone crear unas circunscripciones especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Estas circunscripciones serán el mecanismo por el cual se podrá pagar una deuda histórica con las poblaciones que han sido excluidas del proceso democrático en Colombia.
Para que el proceso de apertura democrática se materialice en el país, permitiendo la inclusión de los sectores marginados de la Colombia profunda y la participación política de la guerrilla de las FARC, consideramos las siguientes propuestas:
1. Las FARC deberán tener una participación directa en el Senado de la Republica. Serían nueve cupos directos. La defensa de los nueve cupos directos se motiva en dos argumentos. En primer lugar, la negociación entre el Gobierno y las FARC tiene el propósito de terminar la guerra, pero también de ofrecer espacios de participación política al grupo insurgente. La participación directa en el Congreso por periodos transitorios aseguraría el juego de las FARC en el ejercicio político. Segundo, no se puede olvidar, que a mediados de los años 80 del siglo XX, producto del avance de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica (UP). En esta unión confluían miembros cercanos a las FARC, el Partido Comunista y organizaciones sociales y cívicas. Por esas mismas fechas la presión social por el cambio político era importante y ante esta presión se permitió que los alcaldes y gobernadores fueran elegidos popularmente mediante el voto. Los resultados para la UP fueron importantes: 25 alcaldías de forma directa, 123 por coalición y 14 congresistas, además de cientos de concejales y decenas de diputados en concejos y asambleas.
Sin embargo, el Estado falló en la protección este movimiento político y se produjo un genocidio político. De los 14 congresistas asesinados, 9 eran Senadores y 5 Representantes a la Cámara. En la medida que el modelo de justicia del proceso de paz es restaurativa, y a las FARC les vamos a pedir, como es normal, que digan la verdad, que reparen y pidan perdón, el Estado debe hacer lo mismo. Por tanto se propone regresarle a las FARC 9 curules directas al Senado una vez firmado el acuerdo, es decir, apenas termine la dejación de armas, seis meses después de la firma del acuerdo general. No olvidemos que la masacre de la UP fue producto de una confluencia entre narcotraficantes, paramilitares, élites políticas locales y agentes estatales. Estas curules operarían por 2 periodos electorales, más el tiempo que va del 2017 al 2018. Los periodos serían: 1) Marzo 2017-junio de 2018. 2)20 de julio del 2018- junio de 2022. Y 3). 20 de julio de 2022- junio de 2026.
2. La segunda propuesta es que las curules directas no son las mismas que se abrirán por medio de las circunscripciones especiales de paz, el número de estas curules y su distribución temporal deben cumplir el criterio de equidad y apertura democrática, es decir, se debe privilegiar a las poblaciones más excluidas del sistema democrático. Desde esta premisa, se propone que sean al menos 17 circunscripciones, las cuales serán permanentes, es decir, indefinidas.
El criterio de las circuscripciones no depende de la división política administrativa del país, sino que reúne un conjunto de municipios que han sido altamente afectados por la violencia y que en consecuencia han estado marginados de los procesos de integración política, de allí que se encuentren regiones que se configuran con municipios de dos o más departamentos. La creación de estas circunscripciones estará acompañadas de una reforma al sistema político y electoral colombiano. Actualmente, la Cámara de Representantes cuenta con 166 congresistas y las 17 que se proponen serían adicionales.
Sobre la mesa existen al menos tres propuestas, las cuales aumentarían el número total de representantes por medio de la inclusión de curules en el marco de las Circunscripciones especiales de Paz.
Las circunscripciones especiales de paz tendrán que entrar en funcionamiento una vez termina el proceso de dejación de armas, es decir, seis meses después de la firma del acuerdo final. Esto significaría que si en julio el Gobierno y la guerrilla firman el acuerdo final, se presume que el proceso de dejación de armas terminaría en Enero de 2017, tiempo en el que iniciaría la contienda electoral en las regiones arriba señaladas, la campaña política sería de tres meses, de tal modo que las elecciones atípicas serían para mediados de 2017.
En 2018 se repetirían elecciones de estas circunscripciones especiales de paz y se votarán desde ese momento en las elecciones ordinarias. Los ciudadanos de los municipios donde operen estas circunscripciones tendrán la oportunidad de marcar dos tarjetones, el de las elecciones ordinarias y las especiales de paz.
Una propuesta como estas es arriesgada y polémica, pero estos son los costos de la democracia y de que el proceso de apertura política e inclusión de sectores que hasta el momento han sido marginados sea efectivo. Además, bajo el principio de justicia restaurativa a las FARC se le debe devolver los cupos directos a Senado. No debe de olvidarse que las FARC intentaron participar en política en los años ochenta del siglo XX y cuando lo intentaron los masacraron. Eso no se puede repetir. El debate ha comenzado y las propuestas no se harán esperar.
León Valencia y Áriel Ávila son director y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación
Si Quino tomó prestado el graffiti se lo endosó a la madura precocidad de la niña, quien agobiada por los conflictos y guerras compartía su angustia con millones de seguidores.
Así nos sentimos hoy los venezolanos, abrumados por el régimen “revolucionario”, intentando salir de un laberinto en el que nos metimos, y por alargarlo, estamos atrapados.
Si “que se pare el mundo que me quiero bajar” lo comparamos con el de “párenle el mundo a Nicolás Maduro”, sentimos lo que los franceses de la época.
“Que se pare el mundo”, es como que dejen de pasar una serie de acontecimientos, que no quiero estar más presente en ellos, que me quiero olvidar de todo, bajarme de allí, buscar la salida, comenzar un juego nuevo.
“Paren el mundo, me quiero bajar”. Ni la infinita sabiduría de Mafalda podría arreglar tanta irracionalidad junta ante el desorden, la confusión y la violencia desmedida de hoy.
Que el mundo siga andando pero sin Nicolás Maduro ni su lugarteniente Diosdado Cabello. Renunciar a sus posiciones radicales o sacarlo en revocatorio, es una escapatoria política y concertada a la grave crisis que sufre Venezuela, lo más saludable para que se caigan de ese espacio en el que han estado girando.
Que la tierra continúe dando vueltas pero con la construcción de una salida pacífica, constitucional, electoral, democrática y concertada a este aprieto que tenemos. Permitir que Venezuela tenga un nuevo gobierno que inspire confianza en el universo con poder de convocatoria en lo interno. Así de sencillo.
“Que se pare el mundo, que nos queremos bajar”, es como nos sentimos ahora, ya, en este momento, porque no queremos estar donde estamos, porque no queremos ser lo que somos.
Misión imposible, por cierto, escribir sobre un país que en las últimas semanas hasta parece haberse salido de su eje. Párenlo. Aquí hay millones que se quieren bajar, como Mafalda, o quienes lo hicieron en aquel Mayo Francés.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/27/colombia/1467029972_590350.html
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