¿Y PASÓ...?

EL NACIONAL - VIERNES 14 de Marzo de 2003     A/2
Fiscalía decidió imputar a Hugo Chávez por caso del acuerdo petrolero con Cuba
Pedro Sanoja, fiscal segundo nacional con competencia plena, solicitó en una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, Isaías Rodríguez, que, debido a la alta investidura del funcionario que será imputado, le indique el lugar donde deberá efectuarse esta acción y la declaración del jefe del Estado
IBÉYISE PACHECO
MARÍA JOSÉ MAIRENA
MARIANELA PALACIOS

El fiscal segundo nacional del Ministerio Público con competencia plena, Pedro Sanoja Betancourt, decidió imputar al presidente Hugo Chávez, por “la comisión de uno de los delitos contenidos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público”, por el caso de las presuntas irregularidades cometidas en el convenio petrolero firmado entre Venezuela y Cuba.
En un oficio, remitido el 11 de marzo al fiscal general, Isaías Rodríguez, el funcionario le hace saber de su decisión y le solicita le informe cómo desea efectuar este procedimiento, en vista de que se trata del primer mandatario. Asimismo, envía otra carta y copia del referido oficio a la Dirección de Salvaguarda para que conozcan el estatus del caso.
Textualmente, el oficio Nº F.M.P.2NN-349-03, dice lo siguiente:
“Ciudadano: Doctor Julián Isaías Rodríguez. fiscal general de la República. Su Despacho.
“Me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de hacer de su conocimiento que con motivo de la investigación Nro. 01-F2N297-00, llevada a cabo por el despacho a mi cargo por ‘presuntas irregularidades en el suministro y venta de crudos y productos a la República de Cuba con motivo del Convenio Integral de Cooperación suscrito entre el referido país y la República Bolivariana de Venezuela, el 30 de octubre de 2000’, he considerado, de conformidad a lo previsto en el artículo 49, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, imputar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, la comisión de uno de los delitos contenidos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, todo ello en resguardo de su derecho a la defensa y al debido proceso.
“Para fines concernientes a la citación y en razón de la alta investidura del mencionado funcionario público, ruego a usted indique el sitio en el cual habrá de realizarse el acto de imputación y declaración respectiva, conforme a las formalidades a que se contraen los artículos 131 y siguientes del invocado Código Procesal.
“A la espera de su indicación, se suscribe, atentamente, Pedro Eduardo Sanoja Betancourt, Fiscal Segundo del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena”.
Los artículos 130, 131 y siguientes que menciona el fiscal en su escrito, se refieren al procedimiento y derechos que tienen las personas cuando deben rendir declaración en calidad de imputados.
Al presidente Chávez se le informaría de los delitos que se le imputan al momento de rendir declaración, paso que constituye la etapa final del proceso de investigación que adelantó el Ministerio Público.
Una vez efectuada esta diligencia, la Fiscalía deberá decidir si acusa, sobresee o archiva el caso. Si el camino por seguir fuese la acusación, entonces le correspondería al fiscal general solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra el Presidente.
Ésta es la única causa penal en contra del jefe del Estado que ha prosperado en el Ministerio Público, a pesar de que hay suficientes indicios en los casos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y del FIEM, por los cuales también es investigado el mandatario nacional.
El 30 de mayo de 2000, el experto petrolero Leonardo Montiel Ortega efectuó una denuncia ante el entonces fiscal general Javier Elechiguerra, en la que acusaba al presidente Chávez por daños al patrimonio nacional, despilfarro y traición a la patria, debido a las irregularidades en las que, según Montiel, incurrió el Gobierno al suscribir el convenio petrolero.
Posteriormente, el experto petrolero ratificó su denuncia ante el Ministerio Público, en la que decía tener fundadas sospechas de que “el Gobierno de la isla revendía ingentes cantidades de petróleo venezolano, y que el Ejecutivo venezolano, como sin conocimiento de ello, suplía a La Habana con más crudos y productos de los que consume su mercado interno”.
El tratado con Cuba establece la entrega de 53.000 barriles diarios de crudo o productos, con un esquema de financiamiento en el que, de acuerdo con el precio, se fija un margen de largo plazo (15 años), más dos años de gracia.
No hay registro en la Asamblea Nacional
El diputado de Acción Democrática Pedro Pablo Alcántara reiteró ayer que “no hay registro en la Asamblea Nacional de la aprobación del convenio petrolero con Cuba”.
Según Alcántara, esto dejaría al mencionado convenio en “un limbo legal”, ya que este tipo de acuerdo suscrito por el Ejecutivo debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, cosa que, parece, no sucedió.
Destacó el diputado que sus colegas César Pérez Vivas, de Copei, Leopoldo Martínez, de Primero Justicia, y él, han querido en varias ocasiones que el Poder Legislativo debata el tema, pero han sido derrotados en la plenaria por la aplanadora oficialista, y en la Comisión de Política Exterior.
Asimismo, dijo que está al tanto de que el fiscal Pedro Sanoja solicitó en siete oportunidades al Parlamento que le oficiara los documentos que demuestren que este convenio fue aprobado en la Asamblea y que, la última vez que se tocó el asunto en plenaria, el presidente Francisco Ameliach aseguró que ya le había remitido los documentos a Sanoja.
Sin embargo, expresó la preocupación de la oposición de que la Asamblea Nacional pudiera estar incurriendo en incumplimientos con la Fiscalía.
CENOVIA CASAS

Breve nota LB: Buscando otros asuntos, casualmente tropezamos con algo que no recordábamos. ¿Qué pasaría con la imputación?