El Nacional - Viernes 30 de Abril de 2004 A/10
Fraudes electorales
Jesús Sanoja Hernández
Nunca me ha quedado claro, por más que he leído bastante sobre el caso, si en la jornada electoral de 1897 Joaquín Crespo propició, con malas artes, el triunfo de Andrade sobre el Mocho Hernández, quien no vacilaría en alzarse, algo que en él era una profesión, como también en Crespo y otros caudillos del siglo XIX. En el que sería su último mensaje, 20 de febrero de 1897, Crespo hizo un diagnóstico de los alzamientos militares y las guerras civiles que parecía anticipo de su trágico destino, justo un año más tarde:
“Doloroso es confesarlo, pues así es la verdad: ha sucedido frecuentemente entre nosotros que al aproximarse el término del período constitucional, algunos mandatarios, alentados por los interesados halagos de unos tantos cortesanos, y sobrecogidos por el temor de bajar del solio de la Magistratura al hogar del ciudadano, han roto la Constitución que habían jurado cumplir, envolviendo al país en las tremendas consecuencias de la guerra civil. De aquí proviene ese sordo rumor que precede siempre a la resignación del Poder”.
La muerte de Crespo en la Mata Carmelera abrió el camino a la Revolución Restauradora encabezada por Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez, cuyas dictaduras se prolongarían por 36 años, desde fines de 1899 hasta fines de 1935, larguísimo período durante el cual las elecciones fueron una mascarada.
Castro reformó la Constitución en 1904, dejó trunco el período 19021907 y abrió otro que comenzaría en 1905 y terminaría en 1911, plan continuista que su compadre Gómez desbarataría en diciembre de 1908 para instalarse en el poder hasta la hora de su muerte, 27 años más tarde. El ascenso al poder y su permanencia en él fueron obra, más que de elecciones, de fraudes constitucionales.
Al período de López Contreras, quien merece respeto por haberlo recortado de 7 a 5 años, pero que no lo merece por haber promovido las Cívicas Bolivarianas y las artimañas del colombiano Franco Quijano, sucedió el incompleto de Medina Angarita, derrocado por la logia Unión Patriótica Militar en unión con la cúpula de AD, cuyo máximo representante era Rómulo Betancourt. El candidato de Medina y su partido, Ángel Biaggini, había prometido el voto directo, universal y secreto, novedad que introduciría la Constitución de 1947 y que permitiría la elección de Gallegos, depuesto a los 10 meses de su juramentación. La dictadura, creyendo ganarla en medio de un ambiente de represión, convocó la elección de una Constituyente. Primera sorpresa:
URD y la unidad popular triunfaron fácilmente, pero a las pocas horas Pérez Jiménez desconoció esa victoria y se hizo elegir, sucesivamente, presidente provisional y presidente constitucional. Segunda sorpresa: los miembros del Consejo Supremo Electoral renunciaron.
La apertura democrática creada por la llamada revolución del 23 de enero permitió la extensión durante 40 años del “puntofijismo”, que reconoció tres etapas, una la de las coaliciones, otra la de la alternación bipartidista y la tercera la de la reagrupación de pequeñas fuerzas en torno a Caldera. Ninguna de ellas estuvo signada por el fraude masivo, aunque sí por algunas trampas en las mesas de votación.
Tampoco lo hubo en 1998, cuando los factores de poder se desplomaron al borde mismo del acto electoral.
Chávez pudo cantar victoria antes del 6 de diciembre. Y en 6 de los 7 procesos realizados durante este período que nadie sabe cuándo concluirá, Chávez ha ganado la batalla. ¿La excepción? El referéndum sindical.
Lo que viene sucediendo desde febrero de 2003 es dramático.
Etapa iniciada por aquel consultivo que la oposición quiso legitimar como revocatorio, siguió con el Acuerdo del 29 de mayo, suscrito por las fuerzas encontradas y ante la presencia de “amigos y facilitadores”, y culminó con los actos de noviembre-diciembre cuyos resultados han generado una larga controversia que del CNE ha pasado al TSJ, del TSJ a la calle y de la calle, posiblemente, al tramo semifinal de los reparos. ¿Se puede, desde ya, hablar de fraude?
La oposición lo insinúa y algunas veces lo proclama, mientras la instancias gubernamentales lo niegan, pero lo haya o no, queda como irrefutable verdad la de que nunca antes se había vivido un proceso electoral más discutido (cuestionado o alabado según el caso), ni un Tribunal Supremo (o Corte Suprema) se había dividido en dos salas en guerra, ni un Consejo Electoral en un tres y dos que tiene en lo mismo al electorado. La aritmética se ha vuelto loca: la suma de Súmate es resta para la trinidad (¿bolivariana?) del CNE, en tanto la multiplicación de opiniones refleja la división del país.
Ya sabemos las lecciones que nos dejaron los paros, pero dudo que alguien sepa las que nos dejarán los reparos. Y como vivimos una vida política vendida a plazos, vivamos con intensidad el que está a punto de vencerse.
Prohibido el fraude, prohibido callar.
Fotografía: Las sillas presidenciales de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Conteras e Isaías Medina Angarita, según Martín del Pozo para un reportaje de Peregrino Pérez. El Nacional, Caracas, 04/09/1952.
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