Luis Barragán
Contrastando con décadas anteriores, pocas han sido las veces que mencionan los términos de seguridad y defensa (SD) en el parlamento, excepto se trate de algún objetivo propagandístico del régimen. A pesar de las circunstancias que éste ha invocado, como el celebérrimo decreto de Obama, dándole toda una interesada gravedad, no se ha atrevido a un debate prolongado y de fondo que la sola noticia de las concesiones petroleras de Guyana amerita; e, incluso, supimos del Consejo de Defensa de la Nación al día siguiente de nuestra modesta interrogación en la obamizada sesión plenaria (https://www.youtube.com/watch?v=d62WMI7LwUU), expuesto su secretario general en el marco de una declaración – si mal no recordamos – vicepresidencial, al día siguiente.
Hernán Castillo, por ejemplo, ha ilustrado la actividad del otrora Congreso de la República respecto a la política exterior venezolana y la SD en el período 1959-1969 (en: “Problemas militares venezolanos”, UCAB-UPEL, Caracas, 2009: 29-64), destacando el conflicto esequibano. Una rápida revisión de los diarios de debates de la segunda mitad del siglo pasado, nos impone de la recurrente denuncia de la violación de los derechos humanos a partir de la doctrina de SD y – sobre todo – de la discusión de la respectiva ley orgánica, a mediados de los setenta, con la libre participación de quienes abandonaron la insurrección armada, gracias a la política de pacificación.
El gobierno intentó la consabida épica anti-imperialista tras el aludido decreto, clamando por una unidad nacional que paradójicamente lo llevó a dictaminar y a segregar a los supuestos apátridas que le agobian. Luce razonable concluir que esa amenaza no tuvo la pesadez y trascendencia esgrimida, forzada la habilitación legislativa, como la tuvo – irrefutablemente - la crisis del Caldas en los años ochenta que apersonó a toda la oposición en Miraflores, yendo más allá de las simples circunstancias políticas que el país valoró.
Cada vez más, la cuestión guyanesa adquiere rasgos preocupantes que aconsejan – redescubriéndola – una Política de Estado, con la participación de todos los sectores de la vida nacional. No basta con inculpar a la mítica IV República, como reciente y fácilmente sentenció la ministro de una despacho diferente a los asuntos exteriores, porque – de comparar – la no menos mítica V República quedaría muy mal por sus acciones y omisiones.
Contribuiría a concebir y desarrollar una Política de Estado respecto a las pretensiones de Georgetown, ampliando su base de apoyo, por una parte, la propia ampliación del Consejo de Defensa de la Nación, “máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público” (artículo 323 constitucional), con una calificada y veraz representación de la oposición parlamentaria, amén de las individualidades de reconocido prestigio en la materia, permitiéndolo el único aparte del artículo 35 de la vigente Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), sobre el cual no abundó el constituyente, susceptible de la debida reforma legislativa para acercarse – por lo menos - al artículo 12 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (LOSD), promulgada en 1976, que le permitía al jefe de Estado incorporar a los distintos comités a “cualquier funcionario público o de particulares cuyas actividades sean de interés para la seguridad y defensa de la República”. Valga acotar, el nuestro es un planteamiento de vieja data, formulado como subsecretario general nacional de COPEI, en 2005 (http://www.eluniversal.com/2005/04/25/pol_ava_25A554493); diputado electo en el marco de una propuesta de reformas legales, en 2010 (http://www.dailymotion.com/video/xidikx_copei-trabaja-en-una-serie-de-leyes-que-regularian-el-ambito_news); y como subjefe de la fracción de Independientes (Vente) en la Asamblea Nacional, 2015 (http://www.opinionynoticias.com/noticiasenvenezuela/21989-barragan-y-el-debate-de-la-habilitante-hay-una-legislacion-ordinaria-que-hace-ociosa-y-peligrosa-la-solicitud#.VQCijrO6K6A.twitterv).
E, igualmente, constituye un importante aporte el de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, especializadas en la materia, requieren de los órganos de la Asamblea Nacional para expresarse y, por ello, un número importante de diputados suscribimos una petición de palabra en la Comisión Permanente de Política Exterior, a objeto de proponer – entre otros aspectos - la articulación con una sociedad civil que es corresponsable con el Estado en el campo de la SD (artículo 326 constitucional), siendo de interés para el Consejo Nacional de Defensa. Subrayemos, situación muy distinta a la de los consejos comunales, por varios motivos: por su naturaleza, conformación, financiamiento y adscripción harto conocidos, están reñidos con el inevitable reconocimiento del principio de pluralidad política y participación ciudadana de acuerdo al artículo 8 de la LOSN; disposiciones como las establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC), como la del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), abonan a la movilización y defensa civil en el contexto de la SD que a su propia problematización, concepción, desarrollo y seguimiento como política pública; agreguemos, el numeral 8 del artículo 25 de la LOCC, reformada en 2009, concretó la coordinación con la Milicia Bolivariana para la defensa integral de la Nación, aunque nos parece con un poco más de alcance el reemplazado numeral 9 del artículo 21 de la LOCC de 2006 que versó sobre la promoción del “ejercicio y defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación”.
El articulado constitucional y legal – finalmente – nos remite a las condiciones que garanticen la efectiva SD, en el orden político, social, económico, cultural, geográfico, ambiental y militar con la clara atención al artículo 2 constitucional. Por lo pronto, la controversia con el gobierno guyanés nos permite replantear la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación.
Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/22837-del-consejo-de-defensa-de-la-nacion-y-la-oposicion
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