Luis Barragán
En fecha 26 de julio de 2005, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad remitió a la presidencia de la Asamblea Nacional su informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), a los fines de la segunda y definitiva discusión. Por entonces, respecto a los partidos, fueron pocas las posiciones fijadas ante la opinión pública.
El proyecto de marras, acogió completamente las modificaciones formuladas por el Despacho del Ministro de la Defensa en fecha 27 de abril de 2005, presuntamente elaboradas por el general ( r ) Alberto Müller Rojas con el consentimiento del Presidente de la República. En consecuencia, por una parte, la bancada oficialista desechó el proyecto original del Ejecutivo Nacional, consignado por el Vicepresidente de la República en fecha 19 de septiembre de 2002, aceptando otro proveniente de un despacho ministerial que ha debido manifestar su conformidad con el vicepresidencial, en su debida oportunidad; y, por otra parte, también desechó el proyecto elaborado por el Frente Militar Institucional, expresión de la sociedad civil organizada, en violación a la norma constitucional que contempla la participación ciudadana en la elaboración de las leyes.
Ciertamente, como ha ocurrido en varias y consecutivas ocasiones, la bancada oficialista renunció a la propia misión asignada por la Constitución de 1999, como es la de concebir y debatir los proyectos de leyes, acatando aquellos que, subrepticia o abiertamente, tienen por origen el Ejecutivo Nacional, además de rehusar cualquier participación ciudadana. El contraste entre el proyecto definitivo, destinado a la segunda discusión por la Asamblea Nacional, y los consignados por la Vicepresidencia de la República y el Frente Militar Institucional, se hace evidente, pues, éstos, exhiben una mayor claridad conceptual y mejor técnica legislativa que aquél.
Por entonces, llevándolas al seno de la Asamblea Nacional, la Secretaría General de COPEI llamó la atención en torno a diferentes aspectos del proyecto definitivo de la Ley Orgánica, como la concentración de poderes y, por ende, la capacidad de fuego del Jefe de Estado, llegando a la directa interferencia y decisión aún de los más modestos asuntos operacionales que no se veía desde los tiempos de Juan Vicente Gómez; la sobreimposición del poder militar sobre el residual poder civil, enfatizando una insincera alianza cívico-militar; la militarización de la sociedad proporcional a la milicianización de la corporación castrense, calcando con asombrosa exactitud la doctrina militar cubana, su concepción misma de la guerra y el esquema organizacional alcanzado en la isla caribeña, partiendo de una diferenciación entre las tropas regulares y las tropas de milicias territoriales, bajo el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo. La llamada doctrina de la “guerra asimétrica”, adquiría un mayor perfil público, en medio de las difíciles circunstancias electorales de entonces.
La generación de una “nueva” doctrina militar venezolana que dice considerar la llamada “guerra asimétrica”, tan compatible con las necesidades de supervivencia del régimen cubano y de las tendencias mundiales del terrorismo enfrentadas al “imperio”, confunde los supuestos de conflicto más adecuados a las circunstancias de un país productor de petróleo, con un determinado nivel de desarrollo en lo social, económico y político. Y consagra una complementación militar tan desventajosa, absurda y forzada como la que económicamente se adelantó con la Cuba obviamente parasitaria, en un intercambio devenido dependencia que se hará palpable en materia doctrinaria, logística y operacional. Valga acotar, muestra la progresiva disolución del carácter profesional de la institución armada, para conquistar la condición plena de guardia pretoria y personal de quien ejerce como su Comandante en Jefe: una ruptura que el régimen de índole marxista-leninista de Cuba, atado a la suerte personal de Fidel Castro, como ahora pretende Chávez Frías en Venezuela, respecto al enfoque bolchevique, luego edificado en Rusia y el resto de naciones de la Europa Oriental, pues, desde los orígenes de la experiencia comunista, hubo empeño en institucionalizar el Ejército Rojo, en detrimento de los movimientos guerrilleros, como lo comprueba Isaac Deutscher en la reconocida biografía de su fundador, León Trotsky.
Los demócrata-cristianos creemos en la necesidad de una Fuerza Armada Nacional competente, profesional y actualizada, con clara vocación democrática. Una adecuada reforma constitucional impedirá no sólo que sufra un proceso de partidización, como ocurre actualmente, sino su plena recuperación institucional al preservarla de la diaria diatriba política, concentrarla en la realización de su elevada misión y desarrollarla, mediante un preciso instrumento legal, con miras a la seguridad y defensa de la nación. Esfuerzo infructuoso, a finales de 2011, siendo ya parlamentario electo, propusimos un estudio de la reforma de la LOFAN antes del Decreto-Ley que final e inconstitucionalmente la produjo poco después desalentando toda inquietud e interés en la materia.
Sostenemos todavía que la actual Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, cuyo origen – lo constatamos – fue contaminado hasta dejar sus interesadas reformas en las exclusivísimas manos de Chávez Frías, merece de una urgente constitucionalización. Vale decir, reivindicando a la entidad castrense, con el concurso democrático de toda la sociedad, después del 7-O, luce indispensable debatir, decidir y conquistar la definitiva institucionalización de la Fuerza Armada Nacional que ha de estar al servicio de toda la nación, alcanzado a mediano plazo la codificación que incluya las normas orientadas a la carrera, conducta, educación y disciplina militar.
Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/12092-de-una-reforma-pendiente
Cfr. http://www.dailymotion.com/video/xidikx_copei-trabaja-en-una-serie-de-leyes-que-regularian-el-ambito_news
Ilustración: Wilmer Herrison "Fusion en movimiento"
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