domingo, 22 de mayo de 2011

¿Y LA FOLIATURA?


EL NACIONAL - Domingo 22 de Mayo de 2011 Opinión/9
Expediente
ELSA CARDOZO

En el expediente de las relaciones del gobierno de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, leo dos historias: la de los gravísimos y recurrentes reclamos del Gobierno colombiano, y la de las denuncias y exigencias de investigación de los venezolanos, preocupados por los efectos que los entendimientos que se asomaron desde 1999 tendrían, y en efecto tuvieron, para nuestra seguridad como ciudadanos y como país. En la primera historia, hubo ciertas atenciones, aunque inconsistentes, a los reclamos; en la segunda, se impuso la descalificación de los denunciantes.

Los archivos publicados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ordenan piezas centrales de un rompecabezas que los venezolanos comenzamos a armar y padecer hace doce años. A medida que se sumaban evidencias del acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, veíamos cómo eran desmontados los instrumentos y acuerdos que debían protegernos de la legitimación de la violencia y sus turbios negocios.

Esta segunda historia, valga seleccionar algunos episodios, se inicia formalmente el 22 de febrero de 1999 cuando, a pocos días de juramentado, Chávez se sintió investido para reconocer a los guerrilleros colombianos como combatientes "en un conflicto interno en el cual nosotros somos neutrales". Seis meses después, el 10 de agosto, tras un violento ataque guerrillero, el Presidente insistió en que no iba a "cambiar una estrategia por hechos tácticos", y esa estrategia contemplaba un encuentro con los jefes de las FARC, con o sin autorización del Presidente de Colombia. Enseguida, el entonces canciller José Vicente Rangel sostenía respecto a ese encuentro, dizque para beneficio de la seguridad de Venezuela: "Las relaciones se tienen con quien tiene el poder".

En los tres años siguientes, a las afrentas de invitar a una representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para discutir el Plan Colombia en la sección venezolana del Parlamento Latinoamericano y de retener en Caracas al guerrillero José María Ballestas ­apresado en un operativo conjunto en nuestra ciudad capital­ se sumó la difusión, por cuatro periodistas venezolanas, de un video que mostraba a militares nuestros, en territorio colombiano, tratando secretamente con la guerrilla.

El ex embajador en Colombia y recién designado canciller, Roy Chaderton, declaraba después, en febrero de 2002: "Me perturba mucho menos el exceso de celo en la defensa y protección de nuestros intereses nacionales que el exceso de precaución" a la vez que admitía "contactos heterodoxos", según el ministro, "para asegurar la protección de los intereses, la vida y los bienes de los ciudadanos".

Durante el gobierno de Uribe se acumularon evidencias sobre operaciones y presencia de jefes de la guerrilla en Venezuela. Informes de aquí, sobre los severos daños y padecimientos de nuestros pobladores y productores fronterizos, fueron una y otra vez descalificados por el Gobierno.

En enero de 2008, hablando impropiamente por todos los venezolanos, el Presidente no ocultó sus intereses y proyectos al exigir desde la Asamblea Nacional: "Hay que darles reconocimiento a las FARC y al ELN porque son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político bolivariano que aquí es respetado".

Los arreglos entre Santos y Chávez no pueden echar tierra, entre nosotros, sobre las transacciones turbias hechas al precio de vidas, bienes, principios e intereses de los venezolanos. En eso no hay vuelta de hoja.

Fotografía: LB

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