10/01/2017
Emily Avendaño
Un quiste de cemento es el nombre amable para la “sala de reuniones” construida encima del Palacio Municipal, Monumento Histórico Nacional en el que se firmó el Acta de Independencia. Desde noviembre de 2015 sobre su techo comenzó sigilosa una construcción, de la que el Instituto de Patrimonio Cultural aun no hace públicos los permisos. Además de esta oficina, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, también se ha aprovechado de otro edificio con valor patrimonial, la Casona Anauco Arriba
No se observa a simple vista. Para el peatón distraído nada fuera de lugar ocurre entre las esquinas de Las Monjas y San Francisco. Hace falta caminar hasta el edificio de La Francia, aguzar la vista entre las ramas de los árboles que rodean la Plaza Bolívar y el Palacio Federal Legislativo para darse cuenta de que encima del Palacio Municipal hay un aditamento que nada tiene que ver con el edificio neoclásico proyectado por el arquitecto Alejandro Chataing, cuando apenas comenzaba el siglo XX: sobre la Cámara Municipal construyeron una sala de reuniones para el despacho de la Alcaldía de Libertador.
Es una estructura de un piso. La osamenta del salón es de metal, el techo de losacero, tiene paneles con cristales y lo fabricaron con bloques de concreto. No obstante, el Palacio Municipal no es cualquier edificio, es asiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo del municipio Libertador y fue declarado Monumento Histórico Nacional, según Gaceta Oficial 31678 del 16 de febrero de 1979. Su interior alberga la Capilla Santa Rosa de Lima, donde se firmó el Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. La capilla fue inaugurada el 29 de agosto de 1696, y en 1725 fue la primera sede de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, más tarde Universidad Central de Venezuela.
La obra de Chataing fue encargada por el general Cipriano Castro precisamente para proteger la capilla que a finales del siglo XIX se utilizaba como sede del Ayuntamiento. De ahí en adelante, tanto la capilla, como el Palacio Municipal han pasado por distintos procesos de restauración, pero nada comparable con esta construcción que, de acuerdo con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, además de sitio de reuniones será la sala de control del despliegue de la Policía de Caracas en el centro de la ciudad.
Rodríguez asegura que el área donde se hizo la obra no es patrimonial. “Esos eran unos depósitos y una zona baldía”, afirma. “El monumento histórico es la Capilla Santa Rosa de Lima y el Palacio Municipal propiamente dicho. Eso está construido en el anexo. En el edificio que está al lado del Palacio Municipal. En modo alguno es monumento histórico”. Pese a eso, el alcalde añade inmediatamente que contaron con los permisos del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) para realizar la construcción.
La oficina se encuentra en el ala oeste, al sur de la cúpula de la Capilla de Santa Rosa de Lima, literalmente, encima de la entrada de la Cámara Municipal, y justo enfrente del Palacio Federal Legislativo. El artículo 16 de la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural consagra que la autoridad que tenga a su cargo un monumento nacional, a los fines de salvaguardarlo, deberá participar al IPC de cualquier circunstancia que amenace al monumento, así como impedir “que se realice en el mismo cualquier obra de construcción nueva o adosada o apoyada a él, reconstrucción, reparación, reforma, demolición, cambio de ubicación, de destino o de uso sin la debida anuencia de este organismo”.
Historia de un penthouse
La construcción de la sala de reuniones comenzó en diciembre de 2015, pero no fue hasta el mes de febrero de 2016 que la Alcaldía de Libertador solicitó al Concejo Legislativo que aprobase la cantidad de 266,8 millones bolívares para financiar la obra. En el orden del día, de la quinta sesión ordinaria del mes de febrero de 2016, se le identifica como el informe N° 16-002, presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno. Los recursos para el crédito adicional saldrían del tesoro municipal provenientes de “un mayor rendimiento de las reservas calculadas en la ordenanza sobre presupuesto de ingresos y gastos municipales del presente ejercicio fiscal”.
El documento también especifica que el proyecto lo ejecuta la empresa Prohábitat Libertador C. A., adscrita a la alcaldía, que también tuvo a su cargo la construcción de la ciclovía, la rehabilitación de las calles transversales al bulevar de Catia, el parque Cipriano Castro —previsto para ser realizado en las instalaciones de la antigua cárcel de La Planta—, así como el mantenimiento integral de los teatros de Caracas, que pertenecen a la municipalidad.
El punto de cuenta fue aprobado, con el voto en contra de los concejales de oposición.
Kadary Rondón, concejal de Un Nuevo Tiempo del municipio Libertador, señala que cuando se solicitó el crédito “ya la obra estaba a medio camino”. Rondón sostiene que el informe del IPC debió llegar junto con el punto de cuenta, pero no fue así. “El presidente de la Cámara, Nahúm Fernández, me aseguró que el permiso existía y que me lo enviaría, pero no he recibido nada. Enviamos un oficio al IPC solicitándolo directamente y tampoco respondieron, hubo silencio administrativo. Acá lo que corresponde es parar la obra y su demolición”, puntualiza Rondón.
Jesús Armas, concejal por Primero Justicia, agrega que además de violar la Ley de Defensa del Patrimonio, “es absurdo que se hayan aprobado más de 200 millones de bolívares en la construcción de una sala de reuniones para el alcalde, cuando solo se aprobaron 13 millones de bolívares para la seguridad ciudadana. Además, no dieron debate, lo aprobaron y ya”.
Importancia estratégica
El alcalde de Libertador ya tendría suficientes lugares en dónde reunirse. Nahúm Fernández, presidente de la Cámara Municipal y concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), explica: “A veces alquilamos salas en Parque Central o en otros lugares, pero cuando se trata de la planificación, por supuesto, que debe hacerse en sitios más íntimos, con las condiciones técnicas y tecnología de punta. Se está haciendo este espacio para establecer una dinámica de planificación y de reunión”. Dice que en el Palacio Municipal hay varias oficinas, donde funcionan diversas comisiones. “La dinámica de la gestión es tan amplia que aquí hay cientos de reuniones de trabajo al día”, justifica.
La Quinta Anauco Arriba, ubicada en San Bernardino, es uno de esos lugares íntimos utilizados por el alcalde, y también se ha convertido en un punto de encuentro para el PSUV. El 1° de febrero de 2016, por ejemplo, el diputado Darío Vivas ofreció una rueda de prensa desde allí para comunicar la agenda de trabajo del partido durante ese mes, la creación del congreso de la patria, una marcha para el 4 de febrero y la agenda conmemorativa de algunas festividades.
Esta casona también es Monumento Histórico Nacional, según los números 29313, 10224 y 33093 de la Gaceta Oficial. Se trata de la casa más vieja que queda en Caracas de la época colonial, de acuerdo con el Catálogo Patrimonial del municipio Libertador. La vivienda data del año 1632, y fue construida por el capitán Juan Sánchez Morgado, primer alcalde ordinario de Caracas.
A principios de 2016, los vecinos de San Bernardino escribieron el comunicado Toman por asalto Casona Anauco Arriba, en el que denuncian el uso político partidista que se está dando a la vivienda. “La Casona Anauco Arriba ha sido asaltada para convertirla en sede de la reunión semanal de la dirección del PSUV. Desde hace ya unos meses, este monumento decretado Patrimonio Histórico es invadido los días lunes por ese partido, montando un tinglado que incluye espacios para ruedas de prensa”, se lee en el documento.
“Esa es una casa hermosa, que debe ser orgullo del país y ha habido continuidad de Fundapatrimonio en su mantenimiento. El uso que le están dando ahora es definitivamente irregular, creemos que por lo apartado y porque ofrece cierta clandestinidad. Allí se podrían hacer, y de hecho se hacían muchas cosas útiles para la comunidad, pero hay un empeño por partidizar y pintar de rojo toda actividad”, opina el vecino de San Bernardino, Freddy Núñez. Cuando ocurren las reuniones del partido, los habitantes de la parroquia ven cómo se llena la avenida Arístides Rojas de grandes camionetas de lujo, y escoltas en motocicletas que, por lo estrecho de la vía, afectan el paso de la ruta de Metrobús que cubre la zona. Incluso de allí ha salido muy empingorotada Tibisay Lucena.
Denuncias sin respuesta
Si bien los vecinos de San Bernardino reconocen que han disminuido las actividades del PSUV en la Casona Anauco Arriba, las denuncias sobre lo hecho en el Palacio Municipal continúan cayendo en saco roto. El 8 de marzo 2016, el diputado de Vente Venezuela por el estado Aragua, Luis Barragán, denunció ante la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (AN) “la irregular construcción… a la vista no solo de quienes transitan entre las esquinas de Las Monjas a San Francisco de esta localidad, sino de los propios parlamentarios que la transitan para acceder por la puerta este del Palacio Legislativo”.
Barragán explica que la Comisión de Cultura se declaró incompetente para conocer el caso y lo remitió a la Comisión de Desarrollo Social Integral: “El numeral 8° del artículo 39 del Reglamento de Interior y de Debates de la AN expresamente señala que el tema patrimonial compete a la Comisión de Desarrollo Social, entre otras y disímiles materias, como temas laborales, de salud y educación, que tienden a convertirla en una suerte de supercomisión, cuyo exceso de competencias relegan el tema patrimonial, lo convierten en una aguja en medio de ese súper pajar. La lógica indica que de estos asuntos se encargue la Comisión de Cultura, pero no ocurre así”.
El diputado argumenta que podría ocurrir una excepción en la Comisión de Cultura, pues hubo precedentes en el período legislativo anterior, cuando la sala investigó daños en la Casa de Gobierno de Los Teques, producto de un artefacto explosivo, y escuchó denuncias por el abandono o la remodelación de inmuebles de alto valor patrimonial como el Teatro de la Ópera de Maracay y la Casa Fuerte de Barcelona. Esta comisión, además, fue la que planteó e hizo aprobar en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley del Patrimonio en 2015. La denuncia ante la Comisión de Cultura se entregó el 8 de marzo y fue ratificada en la Comisión de Desarrollo Social el 31 de mayo.
“Se trata de una construcción irregular sobre un patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad. Tenemos información de que cuando los funcionarios del IPC fueron a investigar no se les permitió entrar, fueron maltratados por los funcionarios de la alcaldía y amenazados con despidos”, afirma Barragán.
El Instituto de Patrimonio Cultural no está autorizado
Ni siquiera quienes trabajan en el Palacio Municipal están de acuerdo con la construcción. “La Capilla Santa Rosa de Lima es un sitio muy desconocido a pesar de su importancia. Solamente se nombra cada 19 de Abril, cuando escasamente aparece por televisión, y el 5 de Julio no se hace ningún acto, aunque fue aquí donde se firmó el Acta. En esta sede funciona el Museo de Caracas y si acaso viene el 10% de los visitantes de la Casa Natal de Bolívar es mucho. Esa construcción es irregular. Se está pasando por encima de las normas del IPC. Este edificio es patrimonio cultural”, dice un trabajador de la alcaldía.
En lo alto de la sala de sesiones de la Cámara Municipal hay una cúpula donde la pintura luce desgastada por la humedad. Nahúm Fernández, presidente de la Cámara Municipal, asegura que en los últimos 16 años el edificio ha estado en “recuperación”, gracias a “la gestión de Jorge que le ha impreso mayor cantidad de recursos”. Fernández afirma que no es la primera vez que se hace una construcción en el Palacio: “El anexo del lado sur tuvo una construcción. También se reconstruyeron varios salones. En algún momento se inauguraron hasta salas de reuniones también. Si dejas este edificio sin meterle ningún tipo de recurso se caería. Tienes que buscar la manera de fortalecer la construcción, de remodelarlo, pero que eso no toque para nada la estructura patrimonial histórica”. Insiste en que la única forma de que se haya dado la obra es a través del permiso del Instituto de Patrimonio Cultural. Sin embargo, este documento no se ha hecho público. El director del IPC, Omar Vielma, respondió que no estaba autorizado para declarar a menos que contase con la autorización de la Dirección de Gestión Comunicacional del Ministerio de la Cultura. Se envió un oficio a este despacho y no hubo respuesta. Además, se solicitó por escrito al IPC el estudio que habría autorizado la construcción en el Palacio Municipal y tampoco hubo contestación. También se hizo contacto con Fundapatrimonio, pero la presidente del organismo, Dulce Medina, ignoró los llamados y mensajes de texto que recibió.
Casi intocable
Un edificio declarado Monumento Histórico Nacional es prácticamente intocable. La Carta de Venecia o Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios fija los principios comunes para la conservación y la restauración de edificios monumentales. Allí se lee que la dedicación de un inmueble patrimonial a una función útil a la sociedad “no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios”. El texto agrega que “toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada”.
Francisco Pérez Gallego, arquitecto restaurador y representante en Venezuela del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), explica que cualquier cambio de imagen es un cambio mayor que modifica la percepción del edificio y su contexto, por lo que todos estos procesos deben obedecer a criterios técnicos. “Intervenir un inmueble como este requiere una consulta general y amplia, y la autorización del ente rector en materia de patrimonio. No se trata de congelar el edificio, una intervención menor es posible, pero un piso altera su configuración”, dice Pérez Gallego.Hannia Gómez, directora de la Fundación de la Memoria Urbana, subraya que un monumento histórico nacional no se puede tocar, solo restaurar. Menciona como ejemplo de lo que sí se puede hacer la instalación de fibra óptica o de aire acondicionado, sin que eso altere la estructura de la edificación. “Esta es una usurpación de un bien de todos los venezolanos y un abuso de poder. En donde se construyó esa sala en algún momento hubo un techo a dos aguas, pero en alguna de las intervenciones que sufrió el edificio pusieron una platabanda. Lo que corresponde es demoler ese salón y volverle a poner el techo como es. No pueden violentar el patrimonio. Esa estructura debe ser preservada”. Gómez afirma que los primeros llamados de atención sobre la estructura los recibió de gente que trabaja en los alrededores del Palacio Municipal, “pero nadie se atreve a hacer nada”.
El diputado Luis Barragán indica que, una vez que la Comisión de Desarrollo Social asuma el tema, lo primero que habría que hacer es abrir una investigación e interpelar al alcalde del municipio Libertador: “Él es el responsable principal de la construcción de ese quiste de cemento, sin ningún valor arquitectónico. También hay una responsabilidad que el IPC debe asumir. Hay que establecer por vía parlamentaria los hechos. Este tipo de obras revelan el desconocimiento del significado de estos lugares. Son una demostración de exhibicionismo y de vanidad”.
Mientras esto sucede, el IPC entregó –por primera vez– el 28 de marzo, Día Nacional del Patrimonio Cultural, al alcalde Jorge Rodríguez la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús “Chucho” Coello.
Fuente:
http://elestimulo.com/climax/el-penthouse-de-jorge-rodriguez-que-profano-el-palacio-municipal-de-caracas/
Fotografía de portada: Dagne Cobo Buschbeck.
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