EL NACIONAL - DOMINGO 4 DE JULIO DE 1999 SIETE DIAS
Historia viva
El golpe
jorge olavarria
El Estado se desmorona y el Presidente da un golpe. La recesión golpea duramente a los venezolanos y el desempleo llega a niveles explosivos. La ministra de Hacienda se marcha. Lo hace después de haber probado en carne propia las duplicidades de las cuales es capaz el Presidente al cual accedió lealmente a servir, y haber constatado la ineptitud de la coronelización del Seniat. La inseguridad aterroriza al ciudadano desvalido y una maniobra para militarizar la única policía que medio funciona amenaza desarticularla. Lo que ha costado años de esfuerzos por profesionalizarla y tecnificarla parece que se va a perder. Los empresarios de la pequeña y mediana industria se reúnen con el Presidente y esperan oír de él alguna voz que les dé esperanza y lo que escuchan es un discurso sobre la Constituyente. Los empresarios del turismo hacen lo mismo y lo que escuchan son vaguedades de proyectos fantasiosos del "eje Orinoco-Apure". Margarita no tiene un servicio eléctrico confiable y Chávez habla de desarrollar la desierta isla de la Tortuga. Y para culminar una alucinante serie de disparates, Chávez propone a los jefes de Estado de Latinoamérica crear una fuerza militar conjunta con exclusión de Estados Unidos, llevando a pensar que las Fuerzas Armadas venezolanas van a firmar un pacto de mutua defensa con Tirofijo, Daniel Ortega y Fidel Castro.
¿A dónde vamos?
En medio de este caos, Hugo Chávez da el golpe de Estado que tantas veces ha prometido y anunciado. Lo hace con un acto de grosera usurpación, ascendiendo a unos oficiales de las Fuerzas Armadas en abierta y descarada violación de los requisitos que la Ley y la Constitución establecen para ello. Su argumentación no puede ser más deleznable. Alega que puesto que ascensos anteriores estaban malogrados de corruptelas, tráfico de influencias y otros vicios, ello lo autoriza para hacer lo que ha hecho.
La deleznable ética que el jefe de Estado demuestra con este raciocinio, fractura en su base los alegatos con los cuales se justificó la rebelión militar de 1992, relegándola a ser un intento bastardo de apoderarse del poder para hacer lo que censuraba y no para corregir sus vicios. Con este raciocinio Chávez ha insultado seriamente a todos los oficiales ascendidos en los últimos 40 años. Ha ofendido todo el mecanismo de ascensos militares que con todos los vicios que puedan imputársele, y todos los errores e injusticias humanas que puedan haberse cometido, su balance general representa en nuestra historia un período de incomparable esfuerzo hacia el profesionalismo del poder militar de un Estado democrático, indudablemente superior a todo sistema de ascensos militares de los anteriores períodos.
Además de eso, Chávez alega para justificar su usurpación, tratos discriminatorios e injustos del pasado gobierno con oficiales cuyo ascenso fue retardado o negado por su vinculación con él. No es posible opinar acerca de esto sin conocer los detalles de cada caso. Pero sí es posible elevar la más enérgica protesta ética por la inmoralidad global que ello implica. Compensar por esta vía lo que subjetivamente pueda calificarse como el sacrificio que de su carrera hicieron los oficiales rebeldes o simpatizantes de 1992, implica castigar a los oficiales que entendieron como su deber el mantenimiento del gobierno legítimo. La subversión ética que esto significa, plantea en el seno de las Fuerzas Armadas la más delicada cuestión de los últimos 40 años, la cual, de no resolverse por la única vía que esto puede tratarse, que es la de la Ley, tendrá el efecto de una piedra en el engranaje militar.
Llegó la hora
La maniobra es de un maquiavelismo perverso. Chávez ha dado su golpe de Estado, haciendo a los militares ascendidos irregularmente cómplices obligados de su acción. El hecho arrastra a todo el estamento militar que tuvo algo que ver con que la irregularidad de las solicitudes presentadas llevaran a lo que ha sucedido. Y plantea a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas un hecho ante el cual no hay lugar para la inhibición. O se está o no se está de acuerdo con lo que se ha hecho.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Ejercer sin dilación o duda todos los recursos que da la ley. La acción del Presidente es un reto al Senado, al Congreso y al fiscal general de la República. La Comisión de Defensa del Senado hizo lo que debía hacer. Lo contrario hubiera sido hacerse cómplices de lo que es objetivamente una abierta violación de la Ley. Ahora falta ver si los poderes cumplen con las obligaciones que las acciones del Presidente hacen necesarias. Al momento de escribir esto, no sé si el Senado se va a desdecir o va a dar marcha atrás. Si no lo ha hecho, entonces le habrá llegado la hora a Rafael Pérez Perdomo, nuevo fiscal general de la República para demostrar que tiene el valor que se necesita para cumplir con su obligación de velar por la exacta observancia de la Constitución y las Leyes e intenta la acción que procede en contra del Presidente de la República. Si lo hace, le habrá llegado la hora a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de cumplir con su obligación de declarar si hay o no méritos para enjuiciar al presidente de la República. En suma, si los hombres y las mujeres en los cuales se personifican los poderes del Estado no cumplen con las obligaciones de sus cargos, se harán merecedores de ser expulsados como el Presidente ha amenazado lo hará. Y entonces entraremos en otra etapa de violencia e incertidumbre, de la cual sólo queda la esperanza que a la larga, salga una Venezuela distinta.
Constituciones y ascensos
En la Constitución de 1811, el Poder Ejecutivo estaba sometido al "previo aviso, consejo y consentimiento del Senado" para otorgar todos los ascensos militares, sin excepción. La Constitución de 1819 fue la primera que estableció que la aprobación del Senado sería necesaria para los grados de coronel y capitán de navío en adelante, tal como lo dispone la Constitución de 1961. La atribución del Senado para dar o negar su consentimiento a los ascensos militares se consignó en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución de 1830, se repitió en el numeral 2 del artículo 28 de la Constitución de 1857; y en el numeral 2 del artículo 53 de la Constitución de 1858.
La Constitución Federal de 1864 omitió esta obligación y sólo consignó en el numeral 29 del artículo 43 relativo a las atribuciones de la Legislatura el "determinar la manera de conceder grados o ascensos militares". Esta fue una de las causas para la orgía de despachos de generales y coroneles que otorgó Falcón, quien disponía de ellos con los nombres en blanco, llegando a hacer del grado militar materia de irrisión. Esto se repitió en las constituciones de Guzmán Blanco de 1874 (numeral 29, artículo 43) y de 1881 (numeral 28, artículo 43), la de Andueza Palacio de 1891 (numeral 28, artículo 43), la de Joaquín Crespo de 1893 (numeral 27, artículo 44).
Fue la primera Constitución de Cipriano Castro de 1901 la que devolvió al Senado la facultad de conceder los grados militares, de coronel y capitán de navío para arriba (numeral 8, artículo 38). Sin embargo, en la segunda Constitución de Castro de 1904 esta facultad específica quedó suprimida y subsumida en alguna atribución general.
La primera Constitución de Gómez de 1909 atribuyó al Congreso la facultad de "determinar la manera de conferir grados y ascensos militares y conferir los de teniente coronel en adelante" (numeral 25, artículo 57). La Constitución de 1914 en el numeral 4 del artículo 41 le devolvió al Senado la atribución que tenía de aprobar los ascensos de coronel y capitán de navío en adelante. La tercera Constitución de Gómez de 1922, que estableció una dictadura dinástica, repitió en el numeral tercero del artículo 41 la atribución del Senado de consentir o negar los ascensos militares. Esto se repitió en la Constitución de 1925, la de 1928, 1929 y 1931.
La Constitución de 1936 del general Eleazar López Contreras, aprobada, repitió la atribución del Senado de consentir los ascensos militares y la Constitución de 1945 de Isaías Medina Angarita lo sostuvo. La Constitución de 1947 es la primera que desarrolla una doctrina del poder militar de un Estado democrático en el capítulo del título cuarto. El numeral segundo del artículo 156 de esta Constitución dice que es atribución privativa de la Cámara de senadores "autorizar el ascenso de los oficiales militares y de aviación desde coronel y de los navales desde capitán de navío, ambos inclusive".
La Constitución de 1953, producto de la Constituyente espúrea elegida mediante fraude y golpe de Estado el 2 de diciembre de 1952 por Marcos Pérez Jiménez, sin embargo, mantuvo en el número segundo del artículo 79 la atribución del Senado de autorizar los ascensos militares, con una coletilla interesante "previo el cumplimiento de los requisitos legales". La Constitución de 1961 estableció en el numeral quinto del artículo 150, la atribución del Senado de "autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas desde coronel y capitán de navío inclusive".
Como se ve, en este breve y superficial repaso de la historia constitucional venezolana, sólo las constituciones de 1864, 1874, 1881, 1891, 1893 y 1904 omitieron darle al Senado esta atribución. La Constituyente de Chávez producirá una Constitución que dirá: "Los ascensos militares se harán como a Chávez le dé la gana".
jolava@viptel.com
EL NACIONAL - MARTES 6 DE JULIO DE 1999 / POLITICA
Una bochornosa historia viva se escribió en la fecha patria
Las lágrimas de la primera dama, Marisabel de Chávez, sirvieron de abreboca para una lluvia ácida de improperios desatada por las masas populares en contra de Jorge Olavarría, la cual empañó la solemnidad de la celebración del 5 de Julio
EDUARDO CAMEL ANDERSON
Marisabel de Chávez, la primera dama, ilustró con lágrimas la indignación que sufría ante la ofensiva pública consumada por Jorge Olavarría en contra de su esposo, el presidente Chávez.
Asco, bochorno, y decepción, fueron los primeros calificativos que se le ocurrieron a la esposa del mandatario, quien dijo que se arrepiente de haber permitido que "ese hombre" (Olavarría) cargara a su hija Rosinés.
"El Jorge Olavarría que vio Venezuela hoy no es aquel que yo conocía. El de hoy fue un espectáculo indigno contra el país", dijo Marisabel de Chávez entre sollozos.
La primera dama salió un momento, para tomar aire, de la Sesión Solemne del Congreso, conversó con los periodistas, y regresó al Hemiciclo.
Ella entró, pero su categórico rechazo a la actitud de Olavarría tuvo eco en enormes masas populares aglomeradas en las adyacencias del Parlamento, que desde tempranas horas evidenciaron su rechazo hacia la presencia del historiador en el evento.
"Olavarría no protestó cuando Carlos Andrés Pérez le mojó las manos con seis millones de bolívares por actos de corrupción", vociferaba un camión cargado de gente, que se coló por la Avenida Universidad, frente al Palacio Legislativo.
Otro grupo se encargó de difundir la especie de que Olavarría, luego de haber "dejado morada por los golpes" a su primera esposa, Mercedes López (hija del general Eleazar López Contreras) la despojó hasta del último bien, tras un sonado divorcio que le sirvió al historiador para llevarse "hasta los cuadros de la casa".
Dentro de la euforia colectiva, no faltó quien acusara a Olavarría de haber sacado en hombros al ex presidente de la República, Jaime Lusinchi, en medio de algunas borracheras.
Quizás algunos, o todos los vociferantes contrarios a Olavarría exageraban la realidad. Quizás la inventaban. Pero una cosa sí quedó clara: la intención era decirle a Chávez que el respaldo popular le es incondicional.
Tal vez por eso, a su salida, el Presidente no escatimó tiempo para cargar a cuanto muchachito se le atravesaba, camino hacia la Catedral Metropolitana. por lo menos 10 niñitos y unas 20 ancianitas, cayeron en los brazos del mandatario.
En contraste, Jorge Olavarría, acompañado de su esposa e hijos, recibió en persona una carga de improperios a su salida de la Sesión Solemne. Un sondeo hecho por El Nacional reveló que la gente reunida allí no había escuchado el discurso de orden, pero se imaginaban su contenido.
Fotografía: El Nacional, Caracas, 09/12/98.
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