Luis Barragán
Búsquense cualesquiera ediciones de la Gaceta Oficial y contabilícense los ministerios existentes, por no citar los viceministerios y demás entidades adscritas a los más disímiles despachos, añadidas las fundaciones beneficiarias del augusto presupuesto asignado y de los infaltables créditos adicionales que explican el esencial ejercicio parlamentario del oficialismo. No hay un problema, por más sobrevenido que sea, multiplicando las instancias con semejantes tareas y angostando los recursos, que no merezca un edificio burocrático capaz de asomar las apetencias que encuentran su mejor pretexto, a la vez que una ventilación puertas adentro de los errores, faltas, equívocos y omisiones que resquebrajan las bases hincadas en terrenos movedizos.
En medio de una continua tempestad de la imprevisión e ineficiencia, la constante es crear y recrear esas instancias, reducido el asunto a la cadena de mando más que a la institucionalidad del Estado (desinstitucionalizado). A modo de ilustración, militarizando los asuntos públicos, recientemente sabemos de un tal Órgano Superior de la Economía, agrietando la estructura departamental de los diferentes dispositivos que hay en la material, cual Estado Mayor de las Lluvias convertido en hábito para atender las inundaciones calamitosas.
Otro ejemplo, es el ministerio encargado de la energía eléctrica en Venezuela que jamás guarda comparación con las empresas públicas y privadas que tuvimos en el área, como la propia atención dispensada por los órganos del Poder Público, en cuanto al diseño y desempeño institucional. Remedio que ha empeorado la enfermedad, sumado el estelar rol de titulares como Alí Rodríguez Araque y Jesse Chacón, inconsecuente – por cierto – con su promesa de renunciar, por no citar la breve estadía pinacular de alguien que hurtaba la energía pública para su casa de habitación, cuyo nombre olvidamos, es otro de los elefantes enrojecidos en medio de la cristalería del país petrolero.
Y, como suele ocurrir, por más portales digitales que exhiban, reina la desinformación de los usuarios que pueden incurrir – además – en algún delito, en el caso de hallar y denunciar las razones reales de sus tomentos. Únicamente vale el pronunciamiento de los burócratas, a través del denominado sistema nacional de medios públicos, mas no la modesta indagación y precaución que puedan exhibir la prensa independiente y los angustiados usuarios, siendo impensable una autónoma organización social en reclamo de las consecuencias domésticas del colapso eléctrico, como la pérdida de alimentos, electrodomésticos y hasta equipos médicos.
El despacho eléctrico, como el resto de aquellos que hacen inviable, complicado y farragoso el consejo de ministros, si es que efectivamente sesiona, no está para responder a las demandas ciudadanas, catalogadas de sospechosas cuando – recurrentes – manifiestan su inconformidad con las versiones oficiales del desastre ocasionado por un servicio que, sencillamente, antes de 1998, nunca expuso los apagones tan prolongados, inexplicables y habituales de ahora. Y, menos, cuando en década y media se ha evidenciado una quiebra gerencial tan vasta que, lo sabemos, costará años en recuperar.
Y es que la progresión aritmética de las dependencias oficiales, amén de enjugar la crisis ocasionadas por el clientelismo partidista puertas adentro, se debe a las rigurosas exigencias de una maquinaria propagandística y publicitaria que se departamentaliza. El presupuesto anual y las infaltables solicitudes de crédito público, así lo dibujan, como el talante que demuestren sus titulares para emplear los micrófonos y las cámaras de video en eso que llaman gobierno de calle.
Ilustración: Rolando Peña.
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/3404827.asp
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