BIO-LENCIA (3)

Ciudad Caracas, 9 de Agosto de 2012
Violencia e institucionalidad
GREGORIO J. PÉREZ ALMEIDA

“… sólo hay transiciones post factum. Mientras se transita, el sentido de las transformaciones es ambiguo si no es que opaco. No obstante, a pesar de eso vale la pena hablar de transición para resaltar la necesidad de experimentación e interpelar el sentido de las transformaciones, por más huidizo que este sea.”
Boaventura de Sousa Santos

A quien quiera enterarse del contenido político del libro Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia, impreso por la Editorial Alfa, en abril de 2012 y editado por Roberto Briceño León y otros, le bastará con leer estos párrafos:
Pág. 101: “Lo singular de este proceso (se refiere al aumento de los homicidios de 4 mil 550 a 19 mil 366, entre 1998 y 2011) es que no ha existido respuesta del gobierno y se pueden contar con los dedos de las manos las veces que el presidente Chávez se ha referido al tema durante esos trece años, a pesar de sus múltiples y largas alocuciones. Algunas personas han llegado a presumir que el gobierno ha promovido intencionalmente esta violencia; nos parece imposible realizar aseveraciones al respecto, no podemos negarlo ni afirmarlo, lo que sí nos resulta claro es que el gobierno ha permitido la violencia y con su acción y omisión ha estimulado las conductas violentas” (entre paréntesis y subrayado nuestro).
Pág. 110: “La violencia en Venezuela ha propiciado una pérdida de las expectativas generales de control del futuro y del destino personal en los venezolanos; una desesperanza que si bien no puede tener un origen político, puede servir muy bien a los fines del poder autoritario” (subrayado nuestro).
Así, sin disimulo, se desconocen los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el problema de la violencia, negando la realidad que está a la vista: UNES, Policía Nacional, reforma del COPP, restructuración carcelaria, etc., y sin mostrar más que “suposiciones prejuiciosas” (al estilo MUD), asegura que la violencia presente en la sociedad venezolana ha sido estimulada por el Gobierno para lograr sus fines “autoritarios”. La verdad es que, sin desmeritar a quienes participaron en estas “investigaciones”, debemos reconocer que ya Marta Colomina había llegado a la misma conclusión y por pura intuición, o sea: “el discurso de Chávez nos dividió y genera violencia”.
No es extraño que así sea, porque ambos personajes de la oposición, Colomina y Briceño León, exteriorizan lo que Pierre Bourdieu llama una “sociología espontánea” y que funciona así: el antichavismo es el prejuicio medular en su percepción y valoración particular del mundo. Viven y sueñan contra Chávez y este prejuicio que fundamenta su “visión de mundo” se cuela en su explicación no sólo cotidiana sino también científica del proceso venezolano.
Y, reflexionando sobre el contenido del segundo párrafo, podríamos preguntarnos si la existencia, en 2012, de 41 mil 600 consejos comunales en Venezuela es un síntoma de “desesperanza” y de “pérdida de expectativas generales de control del futuro”, o todo lo contrario. Interesante esta lógica investigativa que llega a conclusiones políticas negativas sin tomar en cuenta los hechos políticos positivos que marcan la vida de la sociedad venezolana y en especial de los sectores populares.
Es entendible, porque se trata de un grupo de investigación de orientación liberal, antimarxista y antisocialista, que se presenta como “atrevido” porque dizque “plantea una tesis distinta a la que ha dominado las interpretaciones de la violencia en Venezuela y en América Latina”. Lo que es falso, porque ya en 1989, en Chile, Eugenio Tironi y E. Weinstein, realizaron una investigación financiada por la Fundación Ford y el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, para desmontar empíricamente el “mito de la pobreza como causa de la violencia colectiva”, en la que muestran que “el patrón actitudinal de los marginales no difiere mayormente de aquel imputado a la clase media”.
Ironías de la historia: los que, por lo menos, callaron ante el golpe de Estado genocida de Pinochet contra el pueblo chileno, regresan, dieciséis años después, para lavarse la cara “mostrando” que los pobres no son tan violentos como sostenían los comunistas y los militares y que tampoco son una amenaza para la democracia (disponible en http:Kellogg.nd.edu/publication/workigpapers/WPS/123.pdf).
En verdad, lo “distinto” en la investigación del Observatorio Venezolano de Violencia consiste es aislar a Venezuela, cual microbio en laboratorio, para abstraerla del contexto mundial signado por una crisis profunda (final, según algunos analistas) del Sistema Mundo Capitalista Colonial. Para ello niegan que el capitalismo y la pobreza que le es concomitante sean el caldo de cultivo de la violencia delictiva. Desde nuestro punto de vista, más que atrevido es profundamente sesgado, porque –aunque parezca lo contrario por el uso de muchas fuentes y estadísticas– propone una visión reduccionista del fenómeno, concentrada en la funcionalidad de las instituciones venezolanas y del discurso de Chávez, sabiendo que la violencia delictiva es un problema que sólo maniqueamente se puede desligar de sus matrices sociohistóricas: capitalismo y pobreza. Es el viejo subterfugio de la derecha: negar discursivamente la existencia del capitalismo, para afirmarlo en la práctica cotidiana.
Es por ello que se niegan a reconocer que en Venezuela se vive un cambio social, en paz, impulsado por el Gobierno Bolivariano y que la “debilidad” que afecta a las instituciones existentes, burguesas y neoliberales, es propia de todo proceso de cambio social estructural, de transición, en el que “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer” y las instituciones son vapuleadas por las fuerzas sociales que se liberan, caóticamente, en el intermedio de su transformación, buscando reacomodo.
Tensión que no tiene en la violencia la única forma de resolverse, como quiere hacer ver este “informe”, sino que también encuentra otras maneras positivas de superarse, tal y como lo comprueba el estudio del Centro Gumilla, en 2008, sobre los Consejos Comunales (disponible en gumilla.org/files/documents/Estudios-Consejos-Comunales01pdf), en el que se reconoce que: “En la actual fase transitiva, y por tanto caótica, de reconfiguración de la formación social venezolana se ha venido desarrollando una revalorización y recuperación de la importancia de la política que está en proceso de revitalizar la vida ciudadana dándole a , otra vez, la oportunidad de refundar la convivencia. Es allí donde reluce, por sus potencialidades, la aparición de nuevos modos de participación de lo popular”.
¿Alguien puede decirnos si el Centro Gumilla está inscrito en el Polo Patriótico? Ni por asomo. Sólo que es sincero en su investigación y coherente con su profesión de fe: cree en los poderes sanadores del amor al prójimo que se da en comunidad. Esta coherencia les hace concluir con un optimismo completamente opuesto al pesimismo del profesor Briceño León y su equipo: “Por los datos obtenidos no podríamos afirmar que este tipo de participación en los consejos comunales refuerce patrones de conductas políticas como el asistencialismo o el paternalismo, por el contrario, y los datos lo avalan, hay un proceso progresivo de protagonismo y responsabilidad popular en la construcción de respuestas colectivas en la búsqueda de un mejor vivir”.
Tres años después, en 2011, el Centro Gumilla realizó un segundo estudio –disponible en la misma fuente–, en el que detecta muchas fallas y problemas en los consejos comunales y encuentra que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas en los barrios encuestados, pero sus conclusiones no son ni dramáticas ni devastadoras, sino más bien esperanzadoras. Es decir, que no asumen la gravedad de la situación desde una subjetividad parcializada política e ideológicamente, ni la manipulan maniqueamente para atacar al Gobierno, sino que la presentan con la mayor escrupulosidad posible. Aún y cuando se trata de un proceso de cambios impulsados por un gobierno que dicho centro no acompaña.
Para concluir, decimos que más allá del uso de un “aparataje metodológico” y de la “manipulación científica” de datos empíricos, el contenido del libro “Violencia e Institucionalidad”, forma parte de la arenga “anti chavista” y es, antes que un informe científico y objetivo, un discurso político parcializado. Uno más en la disputa ideológica entre la derecha opositora y la izquierda en el Gobierno. Lo grave es que se presenta como algo “distinto” en el campo de la investigación social de la violencia en Latinoamérica y como si respondiera a intereses académicos objetivos e incontestables.
Las y los autores de este “informe”, dicen ofrecer un “nuevo camino” para investigar la violencia en Venezuela, cuando a la vista está que ese camino es puro cuento…