Violencia oficial
RAMÓN PIÑANGO
A tres semanas y media de las elecciones, el panorama político del país se tiñe de incertidumbre. Las encuestas más serias hablan de un empate técnico entre los dos candidatos que cuentan: el que representa la continuidad de un gobierno que se dice revolucionario y el de un importante sector del país que aspira a detener 14 años de aplastante hegemonía que controla todos los poderes públicos.
El país sufre una división cada vez más radical entre dos sectores: quienes apoyan al régimen y quienes lo rechazan. En rigor, puede decirse que cada uno de esos sectores cuenta con el apoyo de una proporción de la población que se ubica entre 40% y 60%. Nadie sensato puede proclamar que cuenta con más de 60% de apoyo ni que el bando contrario tiene menos de 40%. Esas son las proporciones. Proporciones que en sí mismas no serían significativas si ambos bandos no estuvieran cargados de una emotividad exacerbada, de una identificación extrema con un "nosotros los buenos", que se define, esencialmente, por contraste con un "ellos los malignos". Las cosas ya llegaron al punto en que, para muchos, tal percepción de "nosotros" y "ellos" es obvia, es innegablemente así. Y verla de otra manera sólo es explicable por hipocresía o por peligrosa ingenuidad.
Tal clima de crispamiento de la emotividad política se ha agudizado por la conducta de quienes nos gobiernan. Insultar, amenazar, amedrentar a favor de su bando han sido sus prácticas más frecuentes. Ese gobierno presidirá las elecciones del 7 de octubre. No contamos con árbitros creíbles para quienes se oponen el régimen. Es más, el presidente candidato sentenció que era imposible el triunfo de la oposición y predijo que ésta no reconocería el resultado de las elecciones. Afirmar tal cosa cuando cerca de la mitad del país, y probablemente más, está en la oposición constituye una provocación que puede tener graves consecuencias.
Hasta ahora, ningún acto de la campaña electoral ha sido interrumpido por la violencia de la oposición. Pero en varias oportunidades grupos violentos a favor del candidato presidente han atacado e interrumpido actos de la oposición, sin que el partido de gobierno ni quienes gobiernan hayan condenado tal conducta. Eso es un hecho. ¿Qué se pretende? ¿Amedrentar? ¿Provocar? Si es amedrentar, hasta ahora el truco no ha funcionado, por lo que habría que recurrir a actos cada vez más violentos para lograr el supuesto efecto disuasivo que se busca. Si es provocar para obtener una reacción violenta de la oposición, de ésta seguir evitando la tentación de reaccionar con violencia, de igual manera habría que elevar el calibre de las provocaciones para generar, por fin, la deseada reacción.
En cualquier caso, se pone en evidencia que en el repertorio político del régimen la violencia es un componente fundamental.
Creer que la violencia dará los resultados deseados es de un simplismo insólito. Basta recordar que, en el mejor de los casos, quienes gobiernan no cuentan con el apoyo de más de 60% de la población, probablemente con no más de 45%. La inmensa mayoría del país no apoya la violencia, como lo muestran las encuestas. La sociedad venezolana es mucho más compleja de lo que parecen creer quienes nos gobiernan, a pesar de que la realidad les ha dicho de mil maneras que, aun con todo su aparente poder, poco controlan. El país que se opone al régimen y a conductas como la violencia, va mucho más allá de Capriles y su comando de campaña. No tomar en cuenta este hecho y no pensar en que otros actores juegan constituye un grave error de cálculo político. A nadie le conviene profundizar la violencia, pero a quien menos le conviene es al Gobierno, que más la ha propiciado.
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