ENTRE AQUELLAS Y ESTAS JORNADAS

El parlamento, una historia difusa y confusa
Luis Barragán

Una poderosa ilusión se extendió por doquier con el proceso constituyente de 1999, creyéndonos inventores de la propia vida republicana. Específicamente, la Asamblea Nacional encarnaría la participación ciudadana como nunca antes, ejemplificando esa labor diligente y eficaz de la representación que el oficialismo supuso por siempre y transparentemente suya, aunque no pocas voces alertaban sobre las desventajas del parlamento unicameral, entre otros aspectos.
Hartamente demostrado, evadiendo el vigente texto constitucional, un rápido examen del Reglamento Interior y de Debates de la década, objeto de interesadas y abusivas variaciones, da cuenta de la comprensión que el régimen tiene del derecho parlamentario mismo. Sin embargo, hoy reducidas las sesiones ordinarias, el desarrollo de un mínimo e irreductible debate en la cámara refleja la escasa calidad política que, con las excepciones de rigor, anida en el edificio guzmancista.
Incluso, hemos sido testigos de un desenfrenado culto a la personalidad presidencial al que, por lo que modestamente sabemos, no se atrevieron siquiera los senadores o diputados adedados por Pérez Jiménez. En más de una ocasión, se ha escuchado el feroz grito microfonado de un rasgador de vestiduras que reclama obscenamente respeto y consideración por Chávez Frías, faltándole el puñetazo que la distancia le ahorra.
Todavía pesa la maldición proferida contra el Congreso de la República, quizá porque falta una historia de su más reciente contemporaneidad que ayude a los necesarios contrastes. Apenas, hay reminiscencias escolares de un siglo XIX o XX que reportan sucesos como los que provocaron la muerte de Santos Michelena o advierten de los inútiles e interesados escándalos que lo hicieron pieza esencial de un vasto circuito de la corrupción.
Presumiendo de un conocimiento cabal del pasado, escuchamos a un meritorio administrativista del régimen estrujarle a la oposición aquél caso de las municiones yugoslavas de los ochenta, olvidando que los denunciantes eran de la oposición democrática y el involucramiento de un alto oficial después exaltado por el chavezato. Nos consterna la maniobra de aprobar una ley orgánica, como la del deporte, con la sola calificación que se le dio en la primera discusión para prescindir del voto calificado en la segunda.
Importa reparar en las vicisitudes del parlamento venezolano entre 1958 y 1998, año éste que se hizo insospechadamente multipartidista. Por ejemplo, hasta nuevo aviso, no hay equivalencia entre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de quienes tramaban una insurrección general a principios de los sesenta, o la de quien fue sorprendido con un importante alijo de drogas muchos años después, y el que sufrió Wilmer Azuaje o estuvo a punto de padecer William Ojeda por estos tiempos; e, igual, podríamos referirnos a la cambiante correlación de fuerzas que produjo la pérdida del control por el gobierno de una de las cámaras o la crisis que provocó el proyecto de reforma fiscal, las intervenciones versificadas que ayudaron a salir del anonimato a un diputado perezjimenista o las investigaciones arriesgadas que incluían el protagonismo – además – de las minorías respetadas, la profundidad ideológica y técnica de los oradores o el humor que también hizo a los hemiciclos, las corajudas actuaciones de José Vicente Rangel o la de quienes hicieron de la comisión de Contraloría una tribuna eficiente y seria, las leyes que surgieron por presión popular o la célebre (auto) crítica de José Rodríguez Iturbe y Alfredo Coronil Hartmann. En fin, acontecimientos a los que ni remotamente se acerca la Asamblea Nacional hasta por un infundado temor del gobierno, sumado a una asombrosa impuntualidad para la publicación del diario de debates.
Confusión sobre un pasado ahora desconocido que aventaja a la maquinaria publicitaria del PSUV, es nuestra inicial reflexión al descubrir un reportaje de Gonzalo Albornoz (¿Luis Herrera Campíns?), en torno a la sesión conjunta del primero de febrero de 1961 (Momento, Caracas, nr. 239 del 12/02/61). El Congreso de la República discutió el decreto de suspensión de garantías aceptando la sucesión de 33 oradores para la larga jornada, en medio de los delicados y – por entonces – impredecibles disturbios públicos que obligaron a Betancourt a suspender una gira administrativa en Portuguesa, algo - ¿quién asegura lo contrario? –impensable por estos tiempos.

Fuente: http://www.medios24.com/p39646.html