De
la (otra) privatización de las cárceles
Luis
Barragán
Consabido,
el problema carcelario en Venezuela ha llegado a niveles inauditos. Por estos
años, surgió la inédita figura del pran y la consiguiente pranización del
sistema, fenómeno que sólo se explica al trascender las paredes de los establecimientos;
se dijo suficiente el parto de sendos eufemismos (“privados de libertad”), como
si bastara para esbozar una política pública; trasunto de aquél ejército
industrial de reserva, la ironía apunta a un enorme depósito del sector más
empobrecido, desescolarizado y hasta pigmentado de la población; e, incluso,
siendo tan incapaz el Estado de garantizar la vida misma de los reclusos,
presumiendo las facilidades que expone un recinto específico, no es aventurada
la admisión de un amparo constitucional para evitar la pena de muerte,
prohibida desde el siglo XIX.
En
la última década y media, agudizada una gravedad que lo delata, el gobierno ha
permitido y auspiciado la privatización ilegítima de las cárceles, con el
tejido de los más sucios intereses que, a lo sumo, le contenta administrar.
Existe una innovada gerencia delictiva que las tiene por epicentro y sobre la cual, que sepamos, no tuvo tiempo de
reflexionar Elio Gómez Grillo, un meritorio experto ideológicamente afín,
aunque significativamente ignorado y desechado.
Cierto,
el asunto tiene aristas universales, pero nuestro país ha contribuido con la
novedad de un contexto de descomposición ética y política que muy bien se
expresa dentro o fuera de las rejas. Por
ello, lucen insuficiente cualesquiera medidas parciales, interesadamente
localizadas y de talla testimonial, pues – valga la recurrente sentencia quis custodiet ipsos custodes? - urge una diferente y real política pública
que comprometa a los expertos, profesionales formados por décadas y relegados a
otros quehaceres.
Somos
partidarios de una legítima
privatización del régimen o sistema carcelario del país que, sin pérdida alguna
de la tarea, orientación y supervisión que le corresponde al Estado, permita al
sector privado de la economía – nacional y transnacional - incursionar en un ámbito que urge de
soluciones de largo y profundo alcance. Salvo mejor opinión, legos en la
materia, además, los concesionarios contribuirían a reactivar a un sector de
especialistas, aún en otros ámbitos como el deportivo, capaces de idear
fórmulas de regeneración del delincuente con un parecido empeño al del
sacerdote católico o el pastor evangélico que todavía se atreve a pisar el
laberinto del suplicio.
Considerada
la experiencia de otros países, evaluada las condiciones y posibilidades, el
planteamiento – por cierto, autorizado por el constituyente de 1999 – merece
del estudio, profundización y una muy concreta propuesta de la Comisión de
Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Por lo menos, otro será el
destino de ese enclaustrado ejército y el de sus familiares.
16/05/2016
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