el dardo sobre los consensos

EL NACIONAL - Domingo 16 de Enero de 2011 Opinión/9
Diez años
A partir del año 2000, fueron posibles nuevos consensos
ELSA CARDOZO

El espíritu político dominante en la década que termina podría quedar resumido en la acumulación de reiteraciones falsamente democráticas por parte de los gobiernos. Ha sido así en nuestro vecindario a pesar de que, cerrando el año 2010, fueron acordadas tres declaraciones sobre la protección de la democracia: dos en la Unasur y una en la Cumbre Iberoamericana.

Esos documentos, en lugar de evidenciar la fortaleza del consenso democrático, son parte de una incesante renegociación de sus términos. Se ha retrocedido en el trecho andado con más de una docena de textos, entre la Carta de Conducta Democrática Andina (1980) y el Protocolo Adicional al Tratado Consultivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia (2010), para sólo citar dos importantes hitos regionales. Ese largo camino significó hasta hace pocos años encomiables avances. Entre ellos destaca la Carta Democrática Interamericana, el más ambicioso compromiso hasta entonces alcanzado, que cumplirá una década el próximo 11 de septiembre.

En los primeros años de ese tránsito, la OEA y los acuerdos de integración regional tenían como exigencia que sus miembros contaran con gobiernos democráticamente elegidos e irrestrictamente respetuosos de los derechos humanos. En la década final del siglo XX, aparte de la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición para hacerse y mantenerse como miembro de tales acuerdos y sus foros, se incluyó como sanción la suspensión de la participación y el disfrute de sus derechos y beneficios. El Gobierno de Venezuela, amenazado por los intentos de golpes militares de 1992, fue entusiasta promotor de estos pasos, tal como lo había sido antes: desde la creación de la OEA y tras la ominosa década militar.

A partir del año 2000, fueron posibles nuevos consensos entre gobiernos dispuestos a fortalecer un régimen internacional que protegiese las más o menos recientes reconstrucciones institucionales. Así nació la Carta Democrática, ante el nuevo tipo de amenazas representadas por gobiernos legítimos en su origen que, como el de Alberto Fujimori ­con su trama de engaños, corrupción, violencia y artificios formales­, desmantelaran la democracia. La Carta no sólo caracterizó muy explícitamente los elementos fundamentales de la vida democrática, sino que la estableció como un derecho de los ciudadanos que los gobiernos están obligados a garantizar.

En adelante, aunque el Comunicado de Brasilia (2000) y la Declaración del Cusco (2004) la citaron como uno de los sustentos para lo que habría de ser la Unasur, las cancillerías acabaron optando por meras alusiones a compromisos previos, hasta regresar al viejo planteamiento de la protección de los gobiernos ante golpes de Estado tradicionales, y se dejó de lado la protección de los ciudadanos frente a gobiernos seudodemocráticos.

Venezuela, que entre 2002 y 2004 fue el primer caso de aplicación de la Carta Democrática (caso que nunca debió cerrarse), es hoy inocultable evidencia del abandono regional de los compromisos democráticos.

Valga repetir que es responsabilidad esencial de los venezolanos resistir frente al avance acelerado e implacable de la demolición del país, pero también es cierto que el pragmatismo y el silencio internacional ante nuestro descalabro nos complican aún más la vida.

Ojalá que en el transcurso de este año encontráramos razones para celebrar la primera década de la Carta Democrática.

Ilustración: Carlos Cruz Diez