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EL NACIONAL - Domingo 23 de Enero de 2011 Siete Días/5
sociedad
Los derechos de los internautas y sus límites
Información y privacidad. Cuando crea una cuenta, el usuario acepta las normas de uso que establecen los servicios de Internet, y con el argumento de que la data está almacenada en servidores norteamericanos, Washington asegura que puede requerirla si considera que afecta la seguridad nacional
L. REVENTÓS D. ALANDETE
EL PAÍS

Un juez estadounidense ordenó investigar a internautas que no son estadounidenses. Quiere sus teléfonos, direcciones, cuentas bancarias, contactos.

Son efectos colaterales de los documentos filtrados por Wikileaks. La orden no respeta la intimidad ni las fronteras.

A través de los contactos o de los teléfonos, la investigación puede llegar a usted, a usted y a usted...

La persecución contra Julian Assange y su entorno continúa: las autoridades estadounidenses tratan de construir un caso por espionaje contra el fundador de Wikileaks, responsable de la filtración de 250.000 documentos del Departamento de Estado. En la petición judicial a Twitter sólo 2 de los afectados son ciudadanos de Estados Unidos. ¿Por qué motivo la justicia de ese país solicita información privada de extranjeros? ¿Tienen estos internautas los mismos derechos que los norteamericanos? "La globalización va acompañada de muchas interrogantes. Cada vez nos encontramos con ejemplos que certifican, de nuevo, que los derechos de la ciudadanía se derrumban con los gigantes de Internet.

La red social Facebook tiene 500 millones de abonados en el mundo, pero la compañía y sus servidores están en Estados Unidos. Es algo que debe resolverse", considera Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos.

La orden judicial exige que Twitter revele las cuentas, la dirección física, los teléfonos y los contactos asociados a Wikileaks y su fundador; la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir, que colaboró con Wikileaks; Bradley Manning, soldado norteamericano sospechoso de filtrar documentos a la página; el hacker holandés Rod Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum, que habían trabajado con Wikileaks en el pasado. El juez exige toda la información relativa a estas cuentas desde noviembre de 2009.

Cuando un internauta crea una cuenta en un servicio de Internet, acepta las normas de uso de sus gestores. En el caso de las redes sociales como Facebook o Twitter o de los servicios de correo electrónico de Gmail, Yahoo! o Microsoft, sus administradores advierten de que, como las empresas están en Estados Unidos, la de aquel país es la jurisdicción que se aplica sobre el tratamiento de la información almacenada en sus servidores. Facebook menciona que "las leyes del estado de California rigen los estatutos". "Usted acepta someterse a la jurisdicción personal de los juzgados del Condado de Santa Clara, California, con el propósito de litigar cualquier demanda". Además, advierte a aquellos de sus abonados que residan fuera: "Usted consiente que sus datos personales se transfieran y se procesen en Estados Unidos".

Esa es la parte crucial que, según el Gobierno estadounidense, le permite solicitar cualquier información de empresas como Facebook o Twitter: se halla almacenada en servidores norteamericanos y Washington tiene la potestad de requerirla a su antojo, si considera que afecta la seguridad nacional.

Todas las empresas de Internet incluyen en sus contratos cláusulas semejantes. Como Twitter: "Estos términos de uso (...) se rigen por las leyes de Estados Unidos (sin referencia a los conflictos de leyes) y, en ausencia de leyes federales y hasta el extremo que permita la ley federal, según las leyes del Estado de California". Gmail, Microsoft y Yahoo! tienen provisiones semejantes.

Según Rallo, hay un problema: "Mientras el norteamericano puede ejercer sus derechos ante estos servicios, el extranjero los tiene extraordinariamente limitados. En la práctica es casi imposible reaccionar judicialmente". El director de la AEPD apunta una solución: "Las grandes empresas deberían aceptar que los ciudadanos de otros países reclamasen en su jurisdicción nacional".

Intercepciones. La ley estadounidense sobre privacidad en las comunicaciones (actualizada en 1986, cuatro años antes del nacimiento de la Web) admite tres supuestos en que las autoridades pueden pedir información a las empresas sobre sus clientes, y ninguno de los tres requiere una orden de registro como las necesarias para intervenir teléfonos o inspeccionar una vivienda: si lo ordena un juez, si lo requiere un jurado de acusación o si lo manda el Gobierno con un requerimiento administrativo.

Esas inspecciones incluyen, normalmente, un secreto de sumario: la empresa afectada no puede notificar al individuo que está siendo investigado.

Este último supuesto es algo que sucede desde hace décadas y que se convirtió en moneda corriente ­y secreta­ durante el gobierno de George W. Bush.

En los últimos años ha pasado a ser un medio altamente eficiente para investigar a sospechosos, dado que las empresas de Internet son un vivero de información personal. Cada año, el FBI emite cerca de 50.000 misivas conocidas como Cartas de Seguridad Nacional. Llevan enviándose desde los años ochenta. En ellas se emplaza a empresas telefónicas, tecnológicas y de todo tipo a que revelen información sobre sus clientes alegando, sin gran detalle, cuestiones de seguridad nacional.

El caso de Twitter y Wikileaks es distinto. El servicio llevó la orden a los tribunales, pidiendo al juez que le autorizara a revelar a los interesados que tenía el mandato de entregar información suya. El juzgado se lo autorizó. Twitter informó a los afectados y éstos lo transmitieron a Wikileaks, que lo propagó por el mundo.

Patrick Leahy, jefe del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, dijo que intentará modificar la ley. Numerosas organizaciones de derechos civiles se lo han solicitado. Según Joshua Gruenspecht, investigador del Centro para la Democracia y la Tecnología de Washington, hay dos cosas que necesitan ser cambiadas: "Por un lado, mejorar los niveles de control al Gobierno en estos requerimientos.

Cuando el Gobierno quiere inspeccionar una casa o escuchar conversaciones telefónicas, necesita una orden de registro. En el caso de las comunicaciones online no siempre es así. Si el Gobierno quiere interceptar cartas escritas, necesita también una orden. ¿Por qué no cuando se trata de correos electrónicos o mensajes en redes sociales? Por otro lado, debería ser obligatorio que el Gobierno revele a los interesados que ha solicitado información sobre ellos, que deje de ser algo secreto".

El hecho de que Twitter pidiera autorización para informar a sus clientes es la primera vez que sucede. La red social ha evitado hacer comentario alguno, pero notificó a sus clientes que tenían 10 días para iniciar procedimientos judiciales si querían evitar que su información acabara en manos del Gobierno estadounidense, según reveló Jónsdóttir. Es un signo de la tensión entre unas empresas cibernéticas que hacen negocios en todo el mundo, pero que por imperativos corporativos y comerciales tienen sus servidores centralizados en Estados Unidos.

La Ley Patriota. Facebook, con unos 500 millones de abonados, tiene más habitantes que Estados Unidos. Los datos personales y de contacto de esos ciudadanos están, literalmente, al alcance de las autoridades de Washington. "Si la información está en poder de una empresa norteamericana, nuestras leyes estipulan que debe ponerse al alcance del Gobierno si éste lo requiere por los medios pertinentes, independientemente de la nacionalidad de la persona que haya aceptado los términos de uso de la red social o servicio online", explica Susan Freiwald, profesora de Derecho de la Universidad de San Francisco.

"No hay nada en las leyes que diga que por ser extranjeros su información personal deba negársele a las autoridades".

Ciertamente, y aunque no se ha debatido ­todavía­ en los juzgados, Washington podría alegar que las libertades civiles que ampara la carta magna norteamericana sólo protegen a sus ciudadanos, por lo que podría seguir exigiendo información sobre sospechosos de actividades ilegales o que atenten contra la seguridad nacional y que residan fuera. Tras los atentados de 2001, la Casa Blanca favoreció la aprobación de la Ley Patriota, que permitía al Gobierno pedir información sobre ciudadanos norteamericanos y residentes extranjeros a los que estuviera investigando, aunque éstos no fueran sospechosos de alguna actividad ilegal, crimen o delito demostrables. Ese camino, de medidas de control más estrictas, es el que Washington quiere. Ahora falta que los juzgados le secunden.

En cualquier caso, la orden a Twitter supone una petición de información de datos privados. "Con el nombre de usuario @ioerror, por ejemplo, es difícil identificar a la persona, pero al pedir más datos, como direcciones postales y de email y cuentas bancarias, se convierte en un dato personal", asegura el abogado Samuel Parra.

Rallo matiza: "El límite de la acción investigadora en relación con la privacidad es complejo. El juez, garante de los derechos, tiene independencia para actuar. Debería hacer una petición desproporcionada para que se considerara una violación de la privacidad. En este caso es difícil opinar porque desconocemos la naturaleza del delito que se les podría imputar, y las pruebas que lo deben acompañar".

Dos de los afectados son europeos, la diputada islandesa y el hacker holandés. ¿Les amparan la legislación europea sobre protección de datos? Cuando el proveedor de servicios está fuera de la Unión Europea existen dos casos en los que se aplica la legislación comunitaria. En primer lugar, si cuenta con un establecimiento en un Estado miembro. En segundo lugar, cuando el buscador recurre a medios (oficina, local, filial...) situados en territorio europeo. Además, a Twitter se le aplica la directiva sobre protección de datos, según el dictamen 5/2009 del organismo consultivo e independiente de la UE, llamado Grupo de Trabajo del 29.

Assange, Jónsdóttir y Gonggrijp recibieron el apoyo del grupo Liberal del Parlamento Europeo, al solicitar a la comisión que pida explicaciones a Washington. También pretende que la Eurocámara examine si la petición incumple las normas europeas de protección de datos.

Ilustración: Leszli Kalli