LA CUARTA PÁGINA
El negocio de la discordia
Nuestro mayor peligro sería que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento que los poderosos suelen utilizar en tiempos de dificultad: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos
Patricio Fernández García
En ese magnífico libro de François Truffaut que es El cine según Hitchcock, el mago británico del suspense le explicaba al realizador francés qué era el «Mac Guffin»: “un rodeo, un truco, una complicidad”. En realidad —continuaba Hitchcock— se trataba de algo sin importancia y los lógicos se equivocaban al buscar la verdad del «Mac Guffin»; la maestría del autor de 39 escalones —como supo ver Truffaut— radicaba en evitar que sus películas se resolviesen mediante un final explicativo de ese ardid, con lo que lograba manejar la atención del espectador a su capricho. Así, además, eludía descubrir que tras esa argucia apenas había nada.
La cuestión territorial parece ser el «Mac Guffin» más recurrente —y también el más peligroso— de la escena política española. Son muchos los responsables políticos que en los últimos lustros han empleado maniqueísmos atroces para alimentar un interesado enfrentamiento entre los ciudadanos de los distintos territorios de España. En las páginas de El País se ha denunciado estos días ese maniqueísmo que identifica a España con una comunidad extremista. Esa es una falsedad que ha calado en la sociedad catalana, del mismo modo que una parte significativa del resto de la ciudadanía española se ha empapado de una aversión hacia Cataluña, insensatamente fomentada desde determinados resortes políticos y medios de comunicación. Con el tiempo quizás se vea con mayor nitidez el papel decisivo que en esta infausta historia han tenido, por un lado, dirigentes políticos entregados a una estrategia tan oportunista como irresponsable, y, por otro, ciertos medios de comunicación aliados con los primeros en el rentable negocio de la confrontación entre los ciudadanos. Quizás para desenmarañar ese debate y analizarlo en sus justos términos convenga regresar ahora al pensamiento de Francisco Tomás y Valiente, una de las personalidades más sobresalientes del último medio siglo español. Escribía hace casi veinte años:
Creo ciertamente que la diversidad constitutiva de España entendida como pluralidad general es enriquecedora y positiva, y que no debe poner en cuestión la unidad que la Constitución y los estatutos garantizan y hacen compatible con la autonomía. (La dialéctica entre unidad y diversidad, El País, 13 de enero de 1994).
Hay que recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente
Todo nacionalismo es una pasión útil, y tal vez necesaria cuando la conciencia de grupo es agredida desde fuera. Si la agresividad exterior no sólo es inexistente, sino que ha sido sustituida por un régimen jurídico-político de libertades y autogobierno, la pasión reactiva carece de justificación, la mitificación ideológica corre el peligro de convertirse en ridícula y la utilidad del mensaje victimista se desgasta y pierde fuerza. (Nacionalismos en broma y en serio, El País, 13 de noviembre de 1994).
Algo quizás ha cambiado desde el asesinato de Tomás y Valiente, algo que, sin el dramatismo de su muerte, debería preocuparnos muy seriamente. Me refiero al éxito de los discursos contra el Estado autonómico, tanto los de tinte independentista como los que proponen el retorno al centralismo —extraña alianza ésa, ¿verdad?—. Dieciséis años después de la muerte del brillante jurista, los recalcitrantes que, a un lado y otro del Ebro, parecían orillados, se han mantenido a flote y han ganado partidarios. Es cierto que, en la mayor parte de los casos, se mueven en el territorio de los prejuicios, de las emociones más turbias, de las desconfianzas más primarias, pero su éxito es indudable y éste ha devenido en desprestigio del Estado de las autonomías, de ese régimen jurídico-político de libertades y autogobierno que glosaba Tomás y Valiente. Esa irresponsable campaña de desprestigio ha sido alentada —cuando no acometida, ya “sin complejos”— desde las propias instituciones del Estado: desde el Palau de la Generalitat, sí, pero también desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol e, incluso, desde el Palacio de la Moncloa o desde la propia sede del Tribunal Constitucional que en su día presidiese Tomás y Valiente, con la dignidad que últimamente tanto ha escaseado por esos lares. Hemos presenciado así, casi impasibles, un intento de demolición institucional que parecía ser orquestado desde las propias instituciones, sin que haya más motivos para ello que los intereses particulares y partidarios de cada cual.
En 2010 la Editorial Tusquets publicó un espléndido libro de Leonardo Sciascia titulado El caso Moro; en esa especie de investigación que, en una agudísima y sobrecogedora exégesis, el autor italiano llevó a cabo a partir de las cartas que Aldo Moro remitió en los amargos días de su secuestro, su muerte a manos de las Brigadas Rojas resulta aún más dramática porque se ve acompañada de otro asesinato: el que toda la clase política italiana —casi sin excepción— consuma contra la figura política de Moro. Sería penoso contemplar cómo, a un lado y otro del Ebro, nos entregamos a los intereses particulares y espurios de cuantos quieren asesinar esa idea de España, como espacio para la convivencia en libertad entre diferentes, que analizó y defendió Tomás y Valiente hasta su muerte y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el extremismo.
Debemos defender el Estado de las autonomías. Que no lo perviertan las élites en beneficio propio
Convendría recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente, y que las delirantes opiniones de los personajillos estultos que pueblan algunos medios de comunicación no son más que delirios interesados, porque el inmoral negocio de la discordia —alimentado de insidias, odios injustificados y nefandas manipulaciones— ofrece altísimos réditos. Deberíamos desconfiar de estos muñidores de la confrontación. Identificar a España con ese grupúsculo de extremistas carpetovetónicos —como pretende trasladar a sus ciudadanos un Artur Mas atosigado por sus nefastas políticas antisociales— sería elevar a categoría lo que no debería pasar de anecdótico. De ahí que sea necesario defender el Estado de las autonomías y evitar que nadie lo pervierta en beneficio propio, sin que ello impida exigir su buen funcionamiento y la corrección de sus posibles imperfecciones. Magro servicio al actual marco institucional prestan quienes dicen defender la unidad de España y terminan por instalar en el debate político un maniqueísmo tabernario, tan pernicioso y disgregador como el propalado por algunos de esos nacionalistas a los que detestan. Sus broncos discursos se asemejan demasiado y difícilmente se compadecen con la realidad actual del país, aunque quizás llegue el día en que, al cabo, terminen por trastornarlo: dirán entonces que estaban en lo cierto, cuando aquello no será más que una profecía autocumplida.
Llevado a sus últimas consecuencias y cualquiera que resulte triunfador —centralistas o independentistas—, este infame negocio de la discordia supondrá un amargo fracaso colectivo, porque habrá quebrado nuestro marco de convivencia y los nuevos espacios resultantes serán más reducidos, más puros y por ende menos libres. Los únicos perdedores —a un lado y otro del Ebro— seremos así los ciudadanos en su conjunto, víctimas de la hipnosis de ese «Mac Guffin» interesado, pergeñado por unas élites ajenas a los intereses generales de la ciudadanía. Los líderes y las élites lampedusianas lograrán así que todo cambie, pero sólo en apariencia y en su exclusivo beneficio, porque, tras la pasión reformista o contrarreformista de las estructuras políticas nacidas en 1978, únicamente se esconderán las luchas particulares por acrecentar su poder. Una vez expulsadas las acuciantes cuestiones sociales de la agenda política, los poderosos lo serán más y los ciudadanos habremos sido vilmente estafados, porque esas mismas élites habrán logrado quedar eximidas de cualquier responsabilidad por su gestión durante los últimos años.
En las actuales circunstancias, nuestro mayor peligro será así que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento de los poderosos en tiempos de dificultad a lo largo de la historia: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos. Eso sí que suele resultar dramático, más aún cuando, como sucede en España, se acostumbra a recurrir al enemigo interior. Sería una triste paradoja comprobar cómo las élites catalanas acaban por echar mano de una tradición tan española.
(*) Patricio Fernández García. es funcionario archivero de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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