EL PAÍS, Madrid, 14 de mayo de 2013
TRIBUNA
Mejores partidos para salir de la crisis
Sin formaciones políticas serias y abiertas no podremos arreglar los problemas
Joan Navarro
La dirección del PSOE ha anunciado que planteará una reforma de la Ley de Partidos para regular su funcionamiento interno. Si el PSOE se propone elegir a sus líderes mediante primarias, es decir, aplicando el criterio de “un afiliado un voto”, un sistema claramente más participativo y con más capacidad movilizadora que el actual, que se aplique por ley a todos los partidos sin duda mejoría el funcionamiento de nuestro sistema democrático.
El PSOE tiene experiencia en primarias. En 2000, Almunia promovió la votación directa de los afiliados para elegir al candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Ganó Borrell, quien poco después dimitió acosado por una estructura de partido que no estaba preparada para dos líderes y dos legitimidades; la del secretario general con el apoyo del aparato, y la del candidato que contaba únicamente con la simpatía de los afiliados que le habían votado. Almunia impulsó las primarias de forma táctica para afrontar unas difíciles elecciones generales y llenar el hueco que la dimisión de Felipe González había provocado en el PSOE. Tras la dimisión de Borrell, Almunia fue el cabeza de cartel y las elecciones se resolvieron con la primera mayoría absoluta del PP. El PSOE enterró las primarias.
Mucha gente piensa que Zapatero fue elegido en primarias, pero no es cierto. Su campaña frente a Bono generó la misma movilización y expectativas que unas primarias, pero en realidad se luchaba por el apoyo de los delegados que, contra todo pronóstico, eligieron a Zapatero secretario general por apenas nueve votos. Esto fue así gracias a otra innovación electoral: que los delegados presentes en el congreso votasen de forma individual y secreta, y no en representación de sus federaciones como marcaba la tradición.
Es algo demostrado que el sistema de elección determina en buena medida el perfil del ganador, por lo que motivos tienen quienes argumentan que Carme Chacón habría sido secretaria general si, en lugar de un congreso de delegados, su elección hubiera estado en manos de los afiliados.
Los partidos se han transformado en coaliciones de cargos electos que no utilizan los talentos a su alcance
Pero lo relevante para el futuro inmediato es que, tal como el PSOE plantea la reforma de la ley de partidos, ni siquiera parece un movimiento táctico sino una simple respuesta a un conflicto interno. El PSOE se ha visto obligado a abrir el debate sobre la elección del líder, cuando pretendía, no sin razón, centrar la atención del electorado en los errores del Gobierno. Por tanto, cabe preguntarse, si el PSOE aprovechará la ocasión para impulsar un cambio institucional en su propia organización que le vuelva a situar en vanguardia de las organizaciones políticas. Y digo vuelva, porque durante la transición los entonces jóvenes dirigentes socialistas supieron resolver la tensión entre la conservadora dirección en el exilio y unos líderes sociales que exigían cambios políticos para los que no estaba preparada la sociedad española. La respuesta en aquella ocasión no fue programática. Fue organizativa.
En 1982, año de la primera victoria socialista, no ganó el mejor programa, ni la organización más numerosa y con mejores cuadros (sin duda el PCE) sino una organización que, a base de no ser nada en media España, permitió a miles de activistas (hoy los llamaríamos así) utilizar un joven y a la vez, venerable partido, para dar expresión a su visión de España. Fue del partido socialdemócrata alemán de quien se aprendió a organizar campañas movilizando electores y esas innovaciones, electorales primero y orgánicas después, fueron imitadas por el resto de los partidos para poder competir con posibilidades. El PSOE que rompió con la clandestinidad era una organización tan débil, tenía tanto que aprender y necesitó a tanta gente, que aun a riesgo de traicionar los orígenes, permitió a varias generaciones hacer de ella una herramienta de cambio social.
Tienen razón los que dicen que, aun con la gravedad que supone la corrupción, el principal problema de España no es el funcionamiento de los partidos. Con uno de cada cuatro españoles que quieren trabajar en paro y con unas instituciones que han renunciado a dotar de seguridad, cohesión y sentido de futuro a la sociedad, quizás deberíamos centrarnos en resolver el funcionamiento de la economía, el sistema financiero y las instituciones. Es cierto que millones de familias esperan del Gobierno y de la oposición acuerdos sobre sus problemas. Pero si los partidos no funcionan no podremos arreglar ninguno de los graves problemas de nuestro país.
Y los partidos no funcionan porque, a diferencia de lo que ocurrió en la Transición, ya no sirven como instrumento de cambio para nadie, pese a que la sociedad española está hoy más preparada y dispone de más talento y capacidad para resolver esta crisis que en ninguna etapa anterior. El problema es que la progresiva transformación de los partidos en coaliciones de cargos electos ha hecho que ese talento esté bien lejos de la política. El problema es que los jóvenes están convencidos, sea cierto o no, de que su futuro no pasa por las decisiones que adopten las instituciones. El problema es que cualquier movimiento social, desde las plataformas antidesahucios, las mareas de defensa de la educación o la sanidad, u otras de signo contrario como las de defensa de la vida o los valores religiosos, no esperan de partidos e instituciones marcos de convivencia y cohesión razonables, sino excusas para la confrontación.
Lo que necesitamos para salir de la crisis no es menos política, sino mejor política y mejores partidos. Para lograrlo debemos reformar por ley su funcionamiento. El funcionamiento interno de los partidos no es un asunto privado, sino de calidad democrática como exige la Constitución sin que, en 35 años de democracia, ninguna Administración, incluida la de justicia, haya velado por su cumplimiento. Ni siquiera el uso de los fondos con los que los partidos se nutren, mayoritariamente públicos, ha estado sometido a inspección independiente alguna, haciendo posible los episodios de corrupción más vergonzantes.
Ni siquiera el uso de fondos públicos se ha sometido en España a inspección
Limitar el acceso individual o colectivo a la afiliación o a una participación política de calidad, es vulnerar un derecho constitucional que debería ser defendible en los tribunales. Los procedimientos de elección de líderes internos y, sobre todo, los procesos de selección de candidatos electorales cumplen una función social imprescindible para el funcionamiento democrático. Su organización no solo debería ser democrática y transparente, sino que debería estar sometida al control y la regulación pública, y no únicamente al arbitrio de quienes han sido elegidos o aspiran a serlo. Lo que ha funcionado en la Iglesia católica, aquello de que los cardenales eligen al papa y este a los cardenales, no siempre es bueno para la democracia.
No se sorprenderá el PSOE si encuentra escaso interés en el PP y en el resto de los partidos para impulsar estos cambios, incluso si encuentra escaso interés entre sus propios dirigentes. Ni en esta ni en la siguiente legislatura habrá una reforma significativa de la ley de partidos, salvo que los acontecimientos sociales se precipiten y nos encontremos en un proceso cuasi-constituyente.
Es mucho lo que está en juego. Cuando la política se bloquea, las derivas a la italiana aparecen, por lo que la incapacidad de los partidos de reformarse a sí mismos, lejos de un freno, debería suponer una oportunidad, una ventaja competitiva para los socialistas. De nuevo, el PSOE es una organización que tiene mucho que aprender y, como ya hizo tras abandonar la clandestinidad, debería innovar, transformar sus formas de organización y su tecnología, pero no solo para abrir sus puertas, sino para inventar otras nuevas, anticipándose a la ley y al resto de los partidos.
(*) Joan Navarro es sociólogo y vicepresidente de asuntos públicos de Llorente&Cuenca.
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miércoles, 12 de junio de 2013
miércoles, 29 de mayo de 2013
SOCALIÑAS
EL PAÍS, Madrid, 28 de mayo de 2013
LA CUARTA PÁGINA
Abajo no está arriba, ni arriba está abajo
Quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos el juicio y las palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado. Esta tergiversación de ideas, sujetos y verbos impregna todo lo que tocamos
José María Izquierdo
Vemos a José K. inmerso en un trabajo que ahora conoceremos, más concentrado y afanoso que nunca, sin prestar atención a su emisora de siempre, rumor de fondo en su costroso transistor. Ha optado por quedarse en la mesa de la cocina —única, por otra parte— en el muy modesto tabuco en el que agota sus años de vejez. Íngrimo en su rincón, alejado de ruidos externos perturbadores, nuestro hombre avanza en su labor. José K., impactado por esta vuelta al siglo XX, o quizá al XIX, o al XVIII, o incluso al XVII o el XVI, a los que nos lleva el ministro Wert y su vuelta a la asignatura de religión, ha decidido preparar un esquema para un próximo libro sobre la materia que se podría dar, por ejemplo, en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ya lleva pensados algunos capítulos. Tal que la Historia del Vaticano. Ha quedado para más adelante la descripción sobre algunas fruslerías recientes como la del banco Ambrosiano y el ahorcamiento de Roberto Calvi, que se ha quedado enredado José K. en aquellos memorables días en los que los cardenales, directamente, se asesinaban los unos a los otros mientras ponían al frente de la Iglesia a hijos, hijas, queridas y mantenidos. Otro capítulo entretenido podría tratar sobre la Santa Inquisición, métodos y utensilios de tortura, tan eficaces para arrancar senos, romper brazos o arrancar jirones de carne con el misericordioso fin de salvaguardar la fe verdadera: los aplastacabezas, la bota española, el cepo, la cuna de Judas, la silla del interrogatorio, el potro. Por último, está pensando en cómo explicar con detalle el impúdico apoyo de la jerarquía católica a la mugrienta cruzada de Francisco Franco, aquel glorioso general que tras fusilar a miles de españoles entraba en las catedrales bajo palio y al que los cardenales rendían pleitesía medieval. ¡Claro que es conveniente que nuestros infantes estudien tan piadosas gestas!
La sintonía del boletín informativo le saca de su ensimismamiento, cual perro de Pavlov, y presta oídos a la actualidad. En mala hora lo hiciera, que otra vez se le revuelven los higadillos y la pajarilla se le arrebola por los adentros. Porque quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos, además, el juicio y hasta las palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado para que justicia siempre sea lo que les beneficia a ellos y delito lo que a ellos les perjudica. La misma piedra es una joya cuando sale de sus manos, y un simple pedrusco cuando llega a las tuyas. De su lado los campos feraces, del nuestro el barbecho. La culpa, finalmente, como el fracaso, son siempre nuestros, que la recompensa y el éxito siempre premian a los suyos.
José K. quiere que la asignatura de religión incluya la Inquisición y el apoyo a Franco
De Wert y la asignatura de Religión, verbigracia, hablábamos. ¿Es una muestra de arcaico y retrógrado clericalismo esa imposición? No, en absoluto. Es anticlericalismo rancio y añoso oponerse a ella. ¿Queda claro? Este malabarismo de conceptos, esta tergiversación de ideas, sujetos, verbos y predicados impregnan todo lo que tocamos. ¡Cómo será de obvio y manifiesto el hurto, la ratería, el latrocinio, que hasta una princesa —¡una princesa, allá en las alturas!— se ha dado cuenta de la existencia de tanto vampiro!
Insta José K. a seguir el razonamiento de Slavoj Žižek a propósito de la condena en Rusia a las Pussy Riot: “Hay dos tipos de cinismo, el cinismo amargo de los oprimidos que desenmascara la hipocresía de aquellos en el poder, y el cinismo de los propios opresores que violan abiertamente sus propios principios proclamados”. ¿Piden ustedes muestras? Con gusto. Fíjense qué enorme violencia la de esas decenas de ciudadanos que se acercan —solo se acercan— a la vivienda del señor ministro de Justicia a pegarle cuatro gritos y enseñarle unas pancartas. Intolerable, claro: una terrible coacción a la libertad del ministro y de su familia. Por contra, cuánta paz encierra la decisión de Alberto Ruiz-Gallardón de negar a la madre que haga lo que crea conveniente con su vientre. Qué ausente de violencia se muestra la decisión del ministro y todo el Gobierno de obligar a esa madre a convivir —ya sea un día o 30 años— con un ser no querido, haya nacido o no con tal o cual enfermedad. ¿Esos católicos que tanto presumen de amar y respetar al prójimo, por qué obligan —sí, obligan con la violencia de la ley— a tener que aceptar sus creencias sobre algo tan alejado de las competencias de los obispos como la biología? Porque el adusto Antonio María Rouco Varela no parece ser un experto investigador de zigotos, mórulas, blástulas y embriones.
¿Cómo es posible que luzcan como grandes genios de las finanzas esos egresados de carísimas escuelas de negocios, que día sí y otro también inventan productos financieros a cuál más complejo para que los bancos que les pagan —con obscena generosidad— puedan engañar más y mejor a sus usuarios y guapear sus socaliñas? ¿Por qué la culpa es del incauto endeudado que se pringó de por vida, se pregunta José K. al borde de la apoplejía, y no del delincuente que vendía basura envuelta en papel dorado? Loado y listísimo quien vendió engaños; culpable, malquisto y bobón quien los compró. Con gran dolor ha observado nuestro hombre que los segundos andan ahora rebuscando yogures caducados en las basuras de los supermercados, mientras los primeros siguen mandando, dirigiendo y ordenando la circulación. Y además, insultan a los más angustiados y empobrecidos: manirrotos, les dicen. Imprudentes, les afean.
Lucen como genios de las finanzas quienes inventan productos para engañar a los usuarios
Así llegamos a que los jubilados sean unos insensatos que ponen en peligro el equilibrio financiero del mundo occidental porque piden, gentuza insolidaria, que no les bajen su ya magra pensión o, al menos, que se ajusten a la subida del IPC. Pero en cambio, qué injusto y disolvente —cosas de rojos irredentos— exigir, supongamos, una tasa a las operaciones financieras, una décima de más en las Sicav, o un mayor control fiscal a las grandes fortunas. ¿Qué tal si apretamos un poco las desorbitadas ganancias de ciertos empresarios textiles —espejos de emprendedores— que hacen blusitas en edificios infectos de Bangladesh? Ya sabe José K., ya, que es muy feo decir estas cosas. Una grosería, una muestra de intemperancia. Lo que le asombra es que sea mucho peor denunciar el crimen que cometerlo. Porque los culpables, no hay más que tener ojos, son quienes promueven o mantienen con su acción o falta de ella, tantas y tantas injusticias. Y no, en absoluto, los damnificados por ellas o quienes, adoloridos, claman contra tanta infamia.
Y ahora, en medio de todos estos desmanes, surge un doloroso trabajo extra, que hay que ver lo acongojados que están Gobiernos y banqueros porque acaban de descubrir que en el mundo existen, qué sorpresa, ciertos lugares de nombres encantadores donde unos desaprensivos depositan miles de millones de euros, sin pagar por ellos ni un céntimo en impuestos ni cosa que se le asemeje. Los llaman, qué bonito, paraísos fiscales. Y es allí donde al parecer, los pobres del mundo guardan sus ahorros. ¡Cuánto trabajador, cuánto pequeño empresario, cuánto autónomo esconde sus miles de millones en las islas Jersey, por citar una simpática localización! Avariciosos y canallas que privan a sus conciudadanos de unos impuestos que permitirían, por lo menos, acabar con la pobreza.
Porque quién va a creer —anatema— que son esos mismos banqueros y esos mismos gobernantes que tanto sufren —pobres— y que tanto se preocupan por nosotros, los culpables de esa infamia, de esa indecencia cósmica. Oh, no, de ninguna manera, se dice José K., sonrisa de hiena, que anoche, antes de poner término al detallado libro para Wert, había echado un vistazo, una vez más, a su muy querida Alicia:
—Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca.
—Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.
-—¿Cómo sabes que yo estoy loca?
—Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí.
(Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll)
Ilustración: Enrique Flores.
LA CUARTA PÁGINA
Abajo no está arriba, ni arriba está abajo
Quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos el juicio y las palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado. Esta tergiversación de ideas, sujetos y verbos impregna todo lo que tocamos
José María Izquierdo
Vemos a José K. inmerso en un trabajo que ahora conoceremos, más concentrado y afanoso que nunca, sin prestar atención a su emisora de siempre, rumor de fondo en su costroso transistor. Ha optado por quedarse en la mesa de la cocina —única, por otra parte— en el muy modesto tabuco en el que agota sus años de vejez. Íngrimo en su rincón, alejado de ruidos externos perturbadores, nuestro hombre avanza en su labor. José K., impactado por esta vuelta al siglo XX, o quizá al XIX, o al XVIII, o incluso al XVII o el XVI, a los que nos lleva el ministro Wert y su vuelta a la asignatura de religión, ha decidido preparar un esquema para un próximo libro sobre la materia que se podría dar, por ejemplo, en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ya lleva pensados algunos capítulos. Tal que la Historia del Vaticano. Ha quedado para más adelante la descripción sobre algunas fruslerías recientes como la del banco Ambrosiano y el ahorcamiento de Roberto Calvi, que se ha quedado enredado José K. en aquellos memorables días en los que los cardenales, directamente, se asesinaban los unos a los otros mientras ponían al frente de la Iglesia a hijos, hijas, queridas y mantenidos. Otro capítulo entretenido podría tratar sobre la Santa Inquisición, métodos y utensilios de tortura, tan eficaces para arrancar senos, romper brazos o arrancar jirones de carne con el misericordioso fin de salvaguardar la fe verdadera: los aplastacabezas, la bota española, el cepo, la cuna de Judas, la silla del interrogatorio, el potro. Por último, está pensando en cómo explicar con detalle el impúdico apoyo de la jerarquía católica a la mugrienta cruzada de Francisco Franco, aquel glorioso general que tras fusilar a miles de españoles entraba en las catedrales bajo palio y al que los cardenales rendían pleitesía medieval. ¡Claro que es conveniente que nuestros infantes estudien tan piadosas gestas!
La sintonía del boletín informativo le saca de su ensimismamiento, cual perro de Pavlov, y presta oídos a la actualidad. En mala hora lo hiciera, que otra vez se le revuelven los higadillos y la pajarilla se le arrebola por los adentros. Porque quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos, además, el juicio y hasta las palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado para que justicia siempre sea lo que les beneficia a ellos y delito lo que a ellos les perjudica. La misma piedra es una joya cuando sale de sus manos, y un simple pedrusco cuando llega a las tuyas. De su lado los campos feraces, del nuestro el barbecho. La culpa, finalmente, como el fracaso, son siempre nuestros, que la recompensa y el éxito siempre premian a los suyos.
José K. quiere que la asignatura de religión incluya la Inquisición y el apoyo a Franco
De Wert y la asignatura de Religión, verbigracia, hablábamos. ¿Es una muestra de arcaico y retrógrado clericalismo esa imposición? No, en absoluto. Es anticlericalismo rancio y añoso oponerse a ella. ¿Queda claro? Este malabarismo de conceptos, esta tergiversación de ideas, sujetos, verbos y predicados impregnan todo lo que tocamos. ¡Cómo será de obvio y manifiesto el hurto, la ratería, el latrocinio, que hasta una princesa —¡una princesa, allá en las alturas!— se ha dado cuenta de la existencia de tanto vampiro!
Insta José K. a seguir el razonamiento de Slavoj Žižek a propósito de la condena en Rusia a las Pussy Riot: “Hay dos tipos de cinismo, el cinismo amargo de los oprimidos que desenmascara la hipocresía de aquellos en el poder, y el cinismo de los propios opresores que violan abiertamente sus propios principios proclamados”. ¿Piden ustedes muestras? Con gusto. Fíjense qué enorme violencia la de esas decenas de ciudadanos que se acercan —solo se acercan— a la vivienda del señor ministro de Justicia a pegarle cuatro gritos y enseñarle unas pancartas. Intolerable, claro: una terrible coacción a la libertad del ministro y de su familia. Por contra, cuánta paz encierra la decisión de Alberto Ruiz-Gallardón de negar a la madre que haga lo que crea conveniente con su vientre. Qué ausente de violencia se muestra la decisión del ministro y todo el Gobierno de obligar a esa madre a convivir —ya sea un día o 30 años— con un ser no querido, haya nacido o no con tal o cual enfermedad. ¿Esos católicos que tanto presumen de amar y respetar al prójimo, por qué obligan —sí, obligan con la violencia de la ley— a tener que aceptar sus creencias sobre algo tan alejado de las competencias de los obispos como la biología? Porque el adusto Antonio María Rouco Varela no parece ser un experto investigador de zigotos, mórulas, blástulas y embriones.
¿Cómo es posible que luzcan como grandes genios de las finanzas esos egresados de carísimas escuelas de negocios, que día sí y otro también inventan productos financieros a cuál más complejo para que los bancos que les pagan —con obscena generosidad— puedan engañar más y mejor a sus usuarios y guapear sus socaliñas? ¿Por qué la culpa es del incauto endeudado que se pringó de por vida, se pregunta José K. al borde de la apoplejía, y no del delincuente que vendía basura envuelta en papel dorado? Loado y listísimo quien vendió engaños; culpable, malquisto y bobón quien los compró. Con gran dolor ha observado nuestro hombre que los segundos andan ahora rebuscando yogures caducados en las basuras de los supermercados, mientras los primeros siguen mandando, dirigiendo y ordenando la circulación. Y además, insultan a los más angustiados y empobrecidos: manirrotos, les dicen. Imprudentes, les afean.
Lucen como genios de las finanzas quienes inventan productos para engañar a los usuarios
Así llegamos a que los jubilados sean unos insensatos que ponen en peligro el equilibrio financiero del mundo occidental porque piden, gentuza insolidaria, que no les bajen su ya magra pensión o, al menos, que se ajusten a la subida del IPC. Pero en cambio, qué injusto y disolvente —cosas de rojos irredentos— exigir, supongamos, una tasa a las operaciones financieras, una décima de más en las Sicav, o un mayor control fiscal a las grandes fortunas. ¿Qué tal si apretamos un poco las desorbitadas ganancias de ciertos empresarios textiles —espejos de emprendedores— que hacen blusitas en edificios infectos de Bangladesh? Ya sabe José K., ya, que es muy feo decir estas cosas. Una grosería, una muestra de intemperancia. Lo que le asombra es que sea mucho peor denunciar el crimen que cometerlo. Porque los culpables, no hay más que tener ojos, son quienes promueven o mantienen con su acción o falta de ella, tantas y tantas injusticias. Y no, en absoluto, los damnificados por ellas o quienes, adoloridos, claman contra tanta infamia.
Y ahora, en medio de todos estos desmanes, surge un doloroso trabajo extra, que hay que ver lo acongojados que están Gobiernos y banqueros porque acaban de descubrir que en el mundo existen, qué sorpresa, ciertos lugares de nombres encantadores donde unos desaprensivos depositan miles de millones de euros, sin pagar por ellos ni un céntimo en impuestos ni cosa que se le asemeje. Los llaman, qué bonito, paraísos fiscales. Y es allí donde al parecer, los pobres del mundo guardan sus ahorros. ¡Cuánto trabajador, cuánto pequeño empresario, cuánto autónomo esconde sus miles de millones en las islas Jersey, por citar una simpática localización! Avariciosos y canallas que privan a sus conciudadanos de unos impuestos que permitirían, por lo menos, acabar con la pobreza.
Porque quién va a creer —anatema— que son esos mismos banqueros y esos mismos gobernantes que tanto sufren —pobres— y que tanto se preocupan por nosotros, los culpables de esa infamia, de esa indecencia cósmica. Oh, no, de ninguna manera, se dice José K., sonrisa de hiena, que anoche, antes de poner término al detallado libro para Wert, había echado un vistazo, una vez más, a su muy querida Alicia:
—Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca.
—Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.
-—¿Cómo sabes que yo estoy loca?
—Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí.
(Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll)
Ilustración: Enrique Flores.
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domingo, 30 de diciembre de 2012
PIEZAS PARA (DES) ARMAR
LA VANGUARDIA, 01 de Septiembre de 2012
El Estado de malestar
Manuel Castells
Lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis, en España y en el mundo, es la transición del Estado de bienestar al Estado de malestar. En la convención republicana de Estados Unidos, que tuvo lugar en Tampa esta semana, se aclamó un programa calcado del presupuesto que presento en el Congreso Paul Ryan, el líder más carismático de la derecha. Recortes presupuestarios a tope en las prestaciones sociales, reducción masiva de impuestos a los más adinerados y a las grandes empresas y mantenimiento de impuestos a los sectores medios y bajos. Así se supone que se reduce el déficit presupuestario (sobre todo por los recortes) y se estimula la inversión (porque se espera que los ricos inviertan con el dinero disponible en contra de la evidencia empírica de los últimos 20 años). Pero, ¿que más da? Ya se encuentran siempre economistas a sueldo para hacer una gráfica que justifique cualquier cosa. Se trata de quien tiene el poder de hacerlo. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, gracias a la ingenuidad de Obama. Y si Romney y Ryan llegan a la Casa Blanca, será el llorar y el crujir de dientes para la castigada sociedad estadounidense, con el apoyo de la mayoría de hombres blancos que son tan racistas como antigobierno por ideología. Lo mas espectacular es el proyecto de liquidación gradual de Medicare, el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a los mayores. Puede imaginarse una política mas descarnadamente antisocial que retirar la cobertura de sanidad a los desprotegidos en su jubilación? Era impensable hace un tiempo, pero en tiempos de crisis todo es posible. Incluso el que una crisis financiera generada por los financieros desemboque en salvar a las instituciones financieras y recompensar a sus ejecutivos en salarios e impuestos para, en cambio, penalizar a los mas necesitados quitando elementos esenciales de su protección social.
Pero esto no es, como sabemos, sólo una cuestión de política estadounidense. La estrategia de Merkel y demás dirigentes europeos, con Rajoy jaleando para que salven al país, y a él de paso, no es diferente. Se trata de aprovechar el miedo de los ciudadanos para llegar al poder, hacer creer que hay que elegir entre austeridad y caos, y liquidar, con el apoyo de un empresariado de cortas miras, lo que era la clave de la sociedad europea: el Estado de bienestar
Es ahora o nunca. Hay que dejar de pagar a los parados porque en el fondo son jóvenes vagos sin respeto a la autoridad. A los pacientes porque consumen excesivos fármacos (y ¿cómo si no prosperarían las empresas farmacéuticas?). A los profesores que no se resignan a ser gestores de almacenamiento de niños en lugar de educadores. E incluso a estos funcionarios públicos exaltados como héroes de la sociedad, bomberos, policías y demás agentes de seguridad, malpagados, maltratados y obligados a veces a pegar a quienes con ellos se solidarizan.
Se argumenta que en tiempo de crisis no da para estos lujos. Olvidando que sólo se sale de la crisis con productividad y competitividad, lo cual requiere educación, investigación, servicios públicos eficientes. Las cuentas de la vieja de Rajoy no sirven para una economía moderna. El problema no es gastar más de lo que se ingresa sino gastarlo mal en lugar de invertirlo en recursos humanos y de emprendeduría que puedan acrecentar la economía real y generar más riqueza. Una estupidez recorre Europa: la idea de que el Estado del bienestar es excesivamente caro y además insostenible porque el envejecimiento de la población conlleva menos activos y muchos más dependientes y, además, más caros estos últimos porque no tienen la decencia de morirse cuanto toca. En el fondo se trata del triunfo de una mentalidad en que la vida es para producir y consumir y cuando ya no da más hay que eliminar el desecho o reducirles las prestaciones en consonancia con su irrelevancia. Pues, ¿saben qué? En términos estrictamente técnicos, no es así. El Estado de bienestar es la base de la productividad, además de la solidaridad social. En el libro que publique hace unos años con Pekka Himanen sobre el modelo finlandés mostramos cómo la productividad y competitividad de Finlandia, entre las más altas de Europa y superiores a la teutona, estaban basadas en la calidad del capital humano, de la educación, de las universidades, de la investigación. Y también de la salud publica (sin corpore sano no hay mens sana). De modo que hay un circulo virtuoso: el Estado del bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiar sobre bases no inflacionistas el Eestado del bienestar. Si se desconectan, se hunden los dos. Porque el tan cacareado desfase entre activos y pasivos olvida que en esa ratio entre el numerador de pasivos y el denominador de activos lo importante no es el número en sí sino cuánta productividad generan los activos para pagar por el costo de sostener a los pasivos. Si además las prestaciones sociales se realizan con un Estado de bienestar dinámico y apoyado en tecnologías de información, se abaratan costos. De modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público.
Pero hay algo aún más importante. El Estado de bienestar no fue un regalo de gobiernos o empresas. Resultó en el periodo 1930-1970 (según países) de potentes luchas sociales que consiguieron renegociar las condiciones del reparto de la riqueza. Y como resultado se estableció una paz social que permitió centrarse en producir, consumir, vivir y convivir.
Hoy día se están cuestionando las bases de esta convivencia. Mal cálculo para sus promotores. Porque la destrucción deliberada del Estado de bienestar conducirá a la entronización de un Estado de malestar de siniestros perfiles. Pero esto no acaba así. Nuevos movimientos se están gestando, uniendo indignados y sindicatos. Y de ahí puede surgir un nuevo Estado y un nuevo bienestar.
Fuente:
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120901/54345428212/manuel-cstells-el-estado-de-malestar.html
Fotografía: Pieza de Pello Irazú.
El Estado de malestar
Manuel Castells
Lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis, en España y en el mundo, es la transición del Estado de bienestar al Estado de malestar. En la convención republicana de Estados Unidos, que tuvo lugar en Tampa esta semana, se aclamó un programa calcado del presupuesto que presento en el Congreso Paul Ryan, el líder más carismático de la derecha. Recortes presupuestarios a tope en las prestaciones sociales, reducción masiva de impuestos a los más adinerados y a las grandes empresas y mantenimiento de impuestos a los sectores medios y bajos. Así se supone que se reduce el déficit presupuestario (sobre todo por los recortes) y se estimula la inversión (porque se espera que los ricos inviertan con el dinero disponible en contra de la evidencia empírica de los últimos 20 años). Pero, ¿que más da? Ya se encuentran siempre economistas a sueldo para hacer una gráfica que justifique cualquier cosa. Se trata de quien tiene el poder de hacerlo. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, gracias a la ingenuidad de Obama. Y si Romney y Ryan llegan a la Casa Blanca, será el llorar y el crujir de dientes para la castigada sociedad estadounidense, con el apoyo de la mayoría de hombres blancos que son tan racistas como antigobierno por ideología. Lo mas espectacular es el proyecto de liquidación gradual de Medicare, el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a los mayores. Puede imaginarse una política mas descarnadamente antisocial que retirar la cobertura de sanidad a los desprotegidos en su jubilación? Era impensable hace un tiempo, pero en tiempos de crisis todo es posible. Incluso el que una crisis financiera generada por los financieros desemboque en salvar a las instituciones financieras y recompensar a sus ejecutivos en salarios e impuestos para, en cambio, penalizar a los mas necesitados quitando elementos esenciales de su protección social.
Pero esto no es, como sabemos, sólo una cuestión de política estadounidense. La estrategia de Merkel y demás dirigentes europeos, con Rajoy jaleando para que salven al país, y a él de paso, no es diferente. Se trata de aprovechar el miedo de los ciudadanos para llegar al poder, hacer creer que hay que elegir entre austeridad y caos, y liquidar, con el apoyo de un empresariado de cortas miras, lo que era la clave de la sociedad europea: el Estado de bienestar
Es ahora o nunca. Hay que dejar de pagar a los parados porque en el fondo son jóvenes vagos sin respeto a la autoridad. A los pacientes porque consumen excesivos fármacos (y ¿cómo si no prosperarían las empresas farmacéuticas?). A los profesores que no se resignan a ser gestores de almacenamiento de niños en lugar de educadores. E incluso a estos funcionarios públicos exaltados como héroes de la sociedad, bomberos, policías y demás agentes de seguridad, malpagados, maltratados y obligados a veces a pegar a quienes con ellos se solidarizan.
Se argumenta que en tiempo de crisis no da para estos lujos. Olvidando que sólo se sale de la crisis con productividad y competitividad, lo cual requiere educación, investigación, servicios públicos eficientes. Las cuentas de la vieja de Rajoy no sirven para una economía moderna. El problema no es gastar más de lo que se ingresa sino gastarlo mal en lugar de invertirlo en recursos humanos y de emprendeduría que puedan acrecentar la economía real y generar más riqueza. Una estupidez recorre Europa: la idea de que el Estado del bienestar es excesivamente caro y además insostenible porque el envejecimiento de la población conlleva menos activos y muchos más dependientes y, además, más caros estos últimos porque no tienen la decencia de morirse cuanto toca. En el fondo se trata del triunfo de una mentalidad en que la vida es para producir y consumir y cuando ya no da más hay que eliminar el desecho o reducirles las prestaciones en consonancia con su irrelevancia. Pues, ¿saben qué? En términos estrictamente técnicos, no es así. El Estado de bienestar es la base de la productividad, además de la solidaridad social. En el libro que publique hace unos años con Pekka Himanen sobre el modelo finlandés mostramos cómo la productividad y competitividad de Finlandia, entre las más altas de Europa y superiores a la teutona, estaban basadas en la calidad del capital humano, de la educación, de las universidades, de la investigación. Y también de la salud publica (sin corpore sano no hay mens sana). De modo que hay un circulo virtuoso: el Estado del bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiar sobre bases no inflacionistas el Eestado del bienestar. Si se desconectan, se hunden los dos. Porque el tan cacareado desfase entre activos y pasivos olvida que en esa ratio entre el numerador de pasivos y el denominador de activos lo importante no es el número en sí sino cuánta productividad generan los activos para pagar por el costo de sostener a los pasivos. Si además las prestaciones sociales se realizan con un Estado de bienestar dinámico y apoyado en tecnologías de información, se abaratan costos. De modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público.
Pero hay algo aún más importante. El Estado de bienestar no fue un regalo de gobiernos o empresas. Resultó en el periodo 1930-1970 (según países) de potentes luchas sociales que consiguieron renegociar las condiciones del reparto de la riqueza. Y como resultado se estableció una paz social que permitió centrarse en producir, consumir, vivir y convivir.
Hoy día se están cuestionando las bases de esta convivencia. Mal cálculo para sus promotores. Porque la destrucción deliberada del Estado de bienestar conducirá a la entronización de un Estado de malestar de siniestros perfiles. Pero esto no acaba así. Nuevos movimientos se están gestando, uniendo indignados y sindicatos. Y de ahí puede surgir un nuevo Estado y un nuevo bienestar.
Fuente:
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120901/54345428212/manuel-cstells-el-estado-de-malestar.html
Fotografía: Pieza de Pello Irazú.
jueves, 27 de diciembre de 2012
SISTÉMICAMENTE, SUYO
EL PAÍS, Madrid, 27 de Diciembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Crisis sistémica y cambio de ciclo vital
La etapa de acumulación financiera iniciada en los años setenta atraviesa hoy por una fase de madurez que augura un cambio de paradigma, no solo económico sino también institucional y de democracia representativa
Enrique Gil Calvo
Hace poco asistí a una mesa redonda en un congreso de sociología donde se debatía la crisis sistémica. Allí pude argumentar que nuestra profesión no ha sabido proponer un relato propio sobre la crisis, pues se ha limitado a criticar sus efectos en materia de recorte de derechos y ascenso del desclasamiento y la desigualdad. Por tanto, el único relato maestro con que contamos sobre la crisis es el propuesto por el pensamiento económico dominante. Según su paradigma, la crisis fue causada por la irrupción de una contingencia imprevista, emergida por generación espontánea de la mano invisible del mercado, que rompió el equilibrio general del sistema. Y desde entonces los mercados han quedado colapsados por un desequilibrio sistémico autosostenido, como si se hubieran “colgado” entrando en un bucle sinfín. De ahí la necesidad de “resetear” el sistema mediante un choque de ajustes estructurales de cualquier signo capaces de reequilibrarlo, ya sean estímulos expansivos a lo Bernanke-Obama o devaluaciones internas a lo Merkel-Schauble.
¿Podría oponerse a este modelo de equilibrio neoclásico algún otro relato más dinámico, capaz de explicar mejor el desequilibrio general? Una posible pista es recurrir al modelo de crisis por cambio de ciclo vital. Esta figura proviene de la historia natural, como en los ciclos de ascenso y caída de los imperios o cualquier otro fenómeno cuyo curso de vida se despliegue a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el lapso vital humano presenta cuatro crisis: el nacimiento (crisis de inicio), la juventud (crisis de ascenso), la madurez (crisis de inflexión hacia el declive) y la muerte (crisis de desenlace). Pues bien, aplicando por analogía estos términos, podría postularse que nos enfrentamos a una crisis de madurez sistémica. Es el tipo de inflexión biográfica que antes se llamaba crisis de los 40 (ahora retrasada por aplazamiento de la emancipación juvenil), cuando el ascenso adulto se detiene y comienza a declinar.
Y recurriendo al mismo esquema cabe pensar que el ciclo de acumulación financiera iniciado en los años 70, cuando quebró por inflación el anterior ciclo productivo de industrialización fordista, está atravesando hoy su crisis de los 40. Aquel naciente ciclo postindustrial centrado en el mercado financiero generó una mercantilización globalizada que desarticuló la estructura social, emergiendo la posmoderna sociedad low cost. El consiguiente crecimiento de la financiarización alcanzó su saturación con el cambio de siglo, entrando a partir de ahí en crisis recurrentes tras cruzar el umbral de madurez: es la crisis crónica como la llamé en otro lugar. En suma, la actual regresión no es más que un efecto retardado del progreso anterior, cuando el ciclo de acumulación financiera ascendía hacia lo alto desde las ruinas de la quiebra industrial de los 70. Y este modelo de final de ciclo por crisis de madurez es aplicable a toda Europa occidental. La crisis actual del euro es un efecto retardado de la irresponsable arquitectura de la unión monetaria decidida en Maastricht, a su vez improvisada para salir de la crisis de la serpiente monetaria creada en los 70 con el ingreso del Reino Unido en la CE. Y en el caso español, la crisis de deuda derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria procede también de los 70, pues el boom especulativo no se inició con la Ley del Suelo de Aznar sino bastante más atrás, con la beautiful people de González, Boyer y Solana y antes con los Pactos de la Moncloa de Fuentes Quintana y Abril Martorell.
Cuando se frustra el ascenso de la juventud, el sistema social entra en un periodo de desplome
Pero este ciclo de acumulación financiera no atraviesa su crisis de madurez a solas, pues los demás ciclos institucionales que iniciaron entonces su andadura también atraviesan sus respectivas crisis de los 40. De ahí que al agregarse sus crisis coincidentes estén integrando una crisis sistémica de madurez institucional. ¿A qué otros ciclos institucionales me estoy refiriendo? Ya he citado la crisis de la UE, pero lo mismo cabe decir del modelo de gobernanza estatal, cuya administración burocrática está perdiendo crédito tras ser abducida por la privatización mercantil desde los 70; del modelo de democracia representativa, cuya clase política también está perdiendo legitimidad tras profesionalizarse mercenariamente a partir de los 70; o del modelo de formación de la opinión pública, dada la agónica crisis existencial que sufre la prensa escrita, pues todos atraviesan hoy sus respectivas crisis de madurez en el conjunto del mundo occidental. Especialmente en el caso español.
Así ocurre con el declive de nuestra democracia, cuya transición se inició en los 70 con grandes esperanzas de progreso cívico pero que hoy atraviesa una evidente crisis de madurez, dado su déficit de representación y el fuerte desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción, lo que ha provocado crecientes exigencias de proceder a profundas reformas electorales y constitucionales. En análogo punto de inflexión se sitúa nuestro modelo de desarrollo autonómico, tras la inicial descentralización administrativa, para derivar hacia una preocupante espiral de emulación competitiva que ha alcanzado su clímax con la demanda de secesión Cataluña, lo que también ha despertado propuestas antagónicas de recentralización. Lo mismo sucede con el ciclo de ascenso y caída de nuestro Estado de bienestar, que tras universalizar los derechos sociales en los 70 y 80 está entrando en crisis ahora, desmantelado por drásticos recortes y crecientes amenazas de privatización. Y algo análogo pasa con la enseñanza pública, que con la transición inició su expansión hacia la escolarización universal, obteniendo éxitos tan señalados como lograr que la escolarización femenina superase a la masculina, pero que hoy se enfrenta a una grave crisis de segregación clasista derivada de su creciente privatización a la vez que se devalúan su prestigio académico, dada su incapacidad meritocrática para favorecer la carrera profesional de los mileuristas titulados.
Esto determina que también haya hecho crisis el modelo de juventud iniciado con la transición a la democracia, cuando los jóvenes de ambos sexos comenzaron a diferir su acceso al mercado de trabajo y la formación de familia para anteponer la prolongación de su escolaridad, a fin de mejorar sus oportunidades de ascenso retrasando sine die su salida del hogar progenitor. Pero así se inició un ciclo de prolongación de la dependencia familiar de los jóvenes que, tras bloquearse su proceso de emancipación a causa de la crisis, ha terminado por impedir que aprendan a responsabilizarse de sí mismos, hasta el punto de crear una generación perdida solo entregada al panem et circenses del botellón y las descargas gratuitas, mientras su fracción más crítica se congrega en los enjambres indignados del 15M. Esto explica que el ciclo expansivo de nuestra pirámide demográfica, iniciado en los 70 con el cese de la emigración exterior e interior, y proseguido después por la creciente inmigración de efectivos foráneos, también haya entrado en regresión, cruzándose el año pasado su punto de inflexión cuando la balanza migratoria arrojó saldo negativo tras reiniciarse la migración al exterior de nuestro titulados incapaces de seguir aquí su carrera profesional.
Los jóvenes desertan hoy de las instituciones que integraron a sus predecesores
Y es que, cuando se frustran las expectativas de ascenso de la juventud, todo el sistema social entra en una nueva fase de desplome por desclasamiento, invirtiendo el sentido de su principio rector centrado en la movilidad ascendente. De ahí la involución del metabolismo generacional, que mueve a las actuales cohortes juveniles a desertar de todas las instituciones que articularon la integración social de sus predecesoras. Esto explica que hoy los jóvenes no puedan reconocerse en las instituciones excesivamente maduras que antaño articularon la transición: el sistema de partidos, las centrales sindicales, la prensa escrita… Así es como al coincidir transversalmente las diversas crisis que se realimentan en espiral, entran en resonancia generado una emergente crisis sistémica. Pero los ordenamientos sociales no son cuerpos vivos predestinados a morir sino entramados institucionales cuyas crisis de madurez pueden resolverse con éxito mediante su reestructuración organizativa, lo que exige cambiar las reglas de juego tras pactarlas con amplio consenso. Es el decisivo reto que hoy nos aguarda en España y en Europa occidental como tarea prioritaria y cada vez más urgente.
Ilustración: Eulogia Merle.
LA CUARTA PÁGINA
Crisis sistémica y cambio de ciclo vital
La etapa de acumulación financiera iniciada en los años setenta atraviesa hoy por una fase de madurez que augura un cambio de paradigma, no solo económico sino también institucional y de democracia representativa
Enrique Gil Calvo
Hace poco asistí a una mesa redonda en un congreso de sociología donde se debatía la crisis sistémica. Allí pude argumentar que nuestra profesión no ha sabido proponer un relato propio sobre la crisis, pues se ha limitado a criticar sus efectos en materia de recorte de derechos y ascenso del desclasamiento y la desigualdad. Por tanto, el único relato maestro con que contamos sobre la crisis es el propuesto por el pensamiento económico dominante. Según su paradigma, la crisis fue causada por la irrupción de una contingencia imprevista, emergida por generación espontánea de la mano invisible del mercado, que rompió el equilibrio general del sistema. Y desde entonces los mercados han quedado colapsados por un desequilibrio sistémico autosostenido, como si se hubieran “colgado” entrando en un bucle sinfín. De ahí la necesidad de “resetear” el sistema mediante un choque de ajustes estructurales de cualquier signo capaces de reequilibrarlo, ya sean estímulos expansivos a lo Bernanke-Obama o devaluaciones internas a lo Merkel-Schauble.
¿Podría oponerse a este modelo de equilibrio neoclásico algún otro relato más dinámico, capaz de explicar mejor el desequilibrio general? Una posible pista es recurrir al modelo de crisis por cambio de ciclo vital. Esta figura proviene de la historia natural, como en los ciclos de ascenso y caída de los imperios o cualquier otro fenómeno cuyo curso de vida se despliegue a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el lapso vital humano presenta cuatro crisis: el nacimiento (crisis de inicio), la juventud (crisis de ascenso), la madurez (crisis de inflexión hacia el declive) y la muerte (crisis de desenlace). Pues bien, aplicando por analogía estos términos, podría postularse que nos enfrentamos a una crisis de madurez sistémica. Es el tipo de inflexión biográfica que antes se llamaba crisis de los 40 (ahora retrasada por aplazamiento de la emancipación juvenil), cuando el ascenso adulto se detiene y comienza a declinar.
Y recurriendo al mismo esquema cabe pensar que el ciclo de acumulación financiera iniciado en los años 70, cuando quebró por inflación el anterior ciclo productivo de industrialización fordista, está atravesando hoy su crisis de los 40. Aquel naciente ciclo postindustrial centrado en el mercado financiero generó una mercantilización globalizada que desarticuló la estructura social, emergiendo la posmoderna sociedad low cost. El consiguiente crecimiento de la financiarización alcanzó su saturación con el cambio de siglo, entrando a partir de ahí en crisis recurrentes tras cruzar el umbral de madurez: es la crisis crónica como la llamé en otro lugar. En suma, la actual regresión no es más que un efecto retardado del progreso anterior, cuando el ciclo de acumulación financiera ascendía hacia lo alto desde las ruinas de la quiebra industrial de los 70. Y este modelo de final de ciclo por crisis de madurez es aplicable a toda Europa occidental. La crisis actual del euro es un efecto retardado de la irresponsable arquitectura de la unión monetaria decidida en Maastricht, a su vez improvisada para salir de la crisis de la serpiente monetaria creada en los 70 con el ingreso del Reino Unido en la CE. Y en el caso español, la crisis de deuda derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria procede también de los 70, pues el boom especulativo no se inició con la Ley del Suelo de Aznar sino bastante más atrás, con la beautiful people de González, Boyer y Solana y antes con los Pactos de la Moncloa de Fuentes Quintana y Abril Martorell.
Cuando se frustra el ascenso de la juventud, el sistema social entra en un periodo de desplome
Pero este ciclo de acumulación financiera no atraviesa su crisis de madurez a solas, pues los demás ciclos institucionales que iniciaron entonces su andadura también atraviesan sus respectivas crisis de los 40. De ahí que al agregarse sus crisis coincidentes estén integrando una crisis sistémica de madurez institucional. ¿A qué otros ciclos institucionales me estoy refiriendo? Ya he citado la crisis de la UE, pero lo mismo cabe decir del modelo de gobernanza estatal, cuya administración burocrática está perdiendo crédito tras ser abducida por la privatización mercantil desde los 70; del modelo de democracia representativa, cuya clase política también está perdiendo legitimidad tras profesionalizarse mercenariamente a partir de los 70; o del modelo de formación de la opinión pública, dada la agónica crisis existencial que sufre la prensa escrita, pues todos atraviesan hoy sus respectivas crisis de madurez en el conjunto del mundo occidental. Especialmente en el caso español.
Así ocurre con el declive de nuestra democracia, cuya transición se inició en los 70 con grandes esperanzas de progreso cívico pero que hoy atraviesa una evidente crisis de madurez, dado su déficit de representación y el fuerte desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción, lo que ha provocado crecientes exigencias de proceder a profundas reformas electorales y constitucionales. En análogo punto de inflexión se sitúa nuestro modelo de desarrollo autonómico, tras la inicial descentralización administrativa, para derivar hacia una preocupante espiral de emulación competitiva que ha alcanzado su clímax con la demanda de secesión Cataluña, lo que también ha despertado propuestas antagónicas de recentralización. Lo mismo sucede con el ciclo de ascenso y caída de nuestro Estado de bienestar, que tras universalizar los derechos sociales en los 70 y 80 está entrando en crisis ahora, desmantelado por drásticos recortes y crecientes amenazas de privatización. Y algo análogo pasa con la enseñanza pública, que con la transición inició su expansión hacia la escolarización universal, obteniendo éxitos tan señalados como lograr que la escolarización femenina superase a la masculina, pero que hoy se enfrenta a una grave crisis de segregación clasista derivada de su creciente privatización a la vez que se devalúan su prestigio académico, dada su incapacidad meritocrática para favorecer la carrera profesional de los mileuristas titulados.
Esto determina que también haya hecho crisis el modelo de juventud iniciado con la transición a la democracia, cuando los jóvenes de ambos sexos comenzaron a diferir su acceso al mercado de trabajo y la formación de familia para anteponer la prolongación de su escolaridad, a fin de mejorar sus oportunidades de ascenso retrasando sine die su salida del hogar progenitor. Pero así se inició un ciclo de prolongación de la dependencia familiar de los jóvenes que, tras bloquearse su proceso de emancipación a causa de la crisis, ha terminado por impedir que aprendan a responsabilizarse de sí mismos, hasta el punto de crear una generación perdida solo entregada al panem et circenses del botellón y las descargas gratuitas, mientras su fracción más crítica se congrega en los enjambres indignados del 15M. Esto explica que el ciclo expansivo de nuestra pirámide demográfica, iniciado en los 70 con el cese de la emigración exterior e interior, y proseguido después por la creciente inmigración de efectivos foráneos, también haya entrado en regresión, cruzándose el año pasado su punto de inflexión cuando la balanza migratoria arrojó saldo negativo tras reiniciarse la migración al exterior de nuestro titulados incapaces de seguir aquí su carrera profesional.
Los jóvenes desertan hoy de las instituciones que integraron a sus predecesores
Y es que, cuando se frustran las expectativas de ascenso de la juventud, todo el sistema social entra en una nueva fase de desplome por desclasamiento, invirtiendo el sentido de su principio rector centrado en la movilidad ascendente. De ahí la involución del metabolismo generacional, que mueve a las actuales cohortes juveniles a desertar de todas las instituciones que articularon la integración social de sus predecesoras. Esto explica que hoy los jóvenes no puedan reconocerse en las instituciones excesivamente maduras que antaño articularon la transición: el sistema de partidos, las centrales sindicales, la prensa escrita… Así es como al coincidir transversalmente las diversas crisis que se realimentan en espiral, entran en resonancia generado una emergente crisis sistémica. Pero los ordenamientos sociales no son cuerpos vivos predestinados a morir sino entramados institucionales cuyas crisis de madurez pueden resolverse con éxito mediante su reestructuración organizativa, lo que exige cambiar las reglas de juego tras pactarlas con amplio consenso. Es el decisivo reto que hoy nos aguarda en España y en Europa occidental como tarea prioritaria y cada vez más urgente.
Ilustración: Eulogia Merle.
jueves, 1 de noviembre de 2012
DESCONCIERTO
EL PAÍS, Madrid, 01 de Noviembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
‘Delenda est Hispania’
Desde la Transición, los nacionalismos catalán y vasco tratan de maximizar sus ventajas de cara a superar el marco vigente del Estado de las Autonomías.Así, la aparición de un espíritu federal resulta imposible
Antonio Elorza
En su libro Los rostros del federalismo, Roberto Blanco Valdés pone el acento sobre un factor que ha incidido en el fracaso del Estado de las autonomías —al cual considera una federación— y que sin duda contribuiría a bloquear cualquier intento de reforma que llevase a una racionalización de aquel: “La existencia de partidos nacionalistas que reivindican sin tregua una reacomodación del modelo autonómico español, con la vista puesta en superarlo antes o después, caminando hacia el confederalismo, primero, y hacia la independencia con posterioridad”. La aparición de un espíritu federal, de un patriotismo vinculado a la supervivencia de la Federación, resulta en tales circunstancias imposible. Desde la Transición, los nacionalismos catalán y vasco, a pesar de la moderación exhibida hasta ayer por los primeros, no aceptaron de hecho un juego de suma cero; tratan de maximizar sus ventajas ante la aludida superación del marco vigente. Y hoy por hoy, lo que en principio podría contribuir a una estabilización de los conflictos territoriales, la apertura de un proceso de reforma constitucional, puede así derivar hacia una plataforma de reivindicaciones conjuntas desde Euskadi y desde Cataluña que den lugar a una aceleración de la fractura definitiva.
El telón de fondo es conocido, aun cuando haya un lógico temor a exhibir tal antecedente: el estallido de la URSS, modelo de federación mal consolidada donde el único factor efectivo de unión consistía en el poder dictatorial ejercido desde Moscú por el Partido Comunista. Al entrar en barrena la economía en la era Gorbachov y aflojarse las riendas del poder soviético, la reacción lógica consistió en poner en marcha un “¡sálvese quien pueda!” a efectos de no compartir los costes de la bancarrota financiera. En convergencia con lo anterior, emergieron las reivindicaciones de las nacionalidades sometidas al federalismo forzoso de la URSS, con el añadido de las listas de agravios por las represiones estalinianas, particularmente intensas en las regiones bálticas, en Ucrania y en el Cáucaso. El Estado se mostró incapaz de elaborar un programa de reestructuración federal —la perestroika no contemplaba este aspecto de la crisis, y tampoco existían recursos para abordarla, ni siquiera en la vertiente represiva—. La URSS se desplomó en espera de que Putin procediera a aglutinar desde un autoritarismo neoestaliniano las piezas fragmentadas que aún quedaron dentro de la Federación Rusa.
En el caso español faltan, evidentemente, elementos de erosión presentes en la URSS. No hay nada parecido a la guerra de Afganistán, y la represión política y cultural de las nacionalidades es cosa del pasado franquista. A pesar de ello sigue siendo utilizada a fondo para configurar una memoria histórica maniquea, en la cual las tropelías franquistas se convierten en opresión causada por España o los españoles, vistos siempre como algo ajeno y perjudicial. Del franquismo emerge asimismo una imagen gratificante, de manera que cualquier reivindicación nacionalista es de suyo democrática y la oposición a la misma, signo de centralismo, de incomprensión, cuando no de persistencia de una mentalidad franquista. Es una forma de abordar con ventaja cualquier debate, como se está viendo actualmente en Cataluña, sin que tenga que entrar en juego la siempre incómoda facultad de pensar. Y por encima de todo, la situación de las naciones periféricas hoy dista de ser comparable a la del ocaso del imperio soviético, ya que disfrutan, en especial Euskadi, de un amplio autogobierno en el marco de una España democrática. Claro que también a este argumento se le puede dar la vuelta, declarando que todo fue alcanzado por la lucha de las nacionalidades. Entretanto, los cambios generacionales, con la autonomía creciente de la cultura y la normalización lingüística, especialmente en Cataluña, apuntaban a la situación presente.
La evolución de las cosas se asemeja al funcionamiento de un motor mal ajustado
La evolución de las cosas se asemeja al funcionamiento de un motor mal ajustado que, cuando opera a gran velocidad, intensifica las posibilidades de avería y, al perder marcha por efecto de la crisis económica, se detiene irremisiblemente. En los prolongados tiempos de bonanza, las exigencias nacionalistas fueron atendidas una tras otra —la ocurrencia de Maragall y Zapatero de reformar el Estatut responde a esa tendencia—, dado que existían en apariencia recursos ilimitados para montar un Estado sobre otro. Todo era aceptable, incluso absurdos tales como la penalización de quienes rotulasen sus comercios solo en castellano, anticipando una separación simbólica. Los elementos de Estado que menciona Mas, como las representaciones exteriores de la Generalitat, son un buen ejemplo. Al cambiar dramáticamente la coyuntura, acabaron las concesiones y surgió el malestar social, coincidiendo en Cataluña con el fiasco de la aprobación y recorte del nuevo Estatut. El Concierto Económico aminoraba los daños económicos para Euskadi y Navarra. A falta de ese colchón, quedaban reunidos todos los elementos para una dinámica centrífuga.
Ahora bien, resulta evidente que la crisis del Estado-nación español hunde sus raíces en la historia, y por supuesto en la mitificación convertida en relato histórico. En este punto, tenemos un denominador común: los estrangulamientos que el atraso económico de la España decimonónica provoca en todos los componentes de la vida social y política, desde la formación del mercado nacional y una escuela ruinosa al sistema político asentado sobre el caciquismo y la corrupción, por no hablar del militarismo. No era un problema metafísico, sino bien concreto: fallaban los mecanismos de nacionalización, los recursos para integrar regiones y formar ciudadanos, sobre el patrón francés. Resulta inexcusable aquí la cita del payés de la Cataluña francesa que explica al filólogo catalanista por qué allí no hay nacionalismo: el Estado francés, desde la escuela a los hospitales, satisface las necesidades de sus catalanes; en territorio español, ante un Estado ineficaz, pueden ser catalanistas. En la crisis del 98 España fue vista ya como “un país moribundo”. Los nacionalismos periféricos emprendieron su marcha y el medio siglo de modernización económica a partir de 1960 llegó tarde, gracias también al franquismo, para invertir las tendencias centrífugas.
Ahora más próximas, las trayectorias de los nacionalismos catalán y vasco han sido diferentes. En el caso vasco, se trató de una respuesta de las élites autóctonas a las transformaciones de poder resultado de la industrialización, después de una prolongada agonía del antiguo régimen. El nacionalismo tuvo desde el comienzo una elevada carga de violencia antiespañola que el pragmatismo ulterior del PNV no hizo desaparecer. Fue un nacionalismo biológico, sobre la base del antecedente foral, leído como independencia. ETA y la prolongada pasividad —y transitoria alianza— del PNV con el grupo terrorista coincidieron en fomentar la paralización de la conciencia democrática y la hegemonía de una mentalidad de separación, aún vigente. Solo el Concierto Económico, con sus espectaculares ventajas, traza la divisoria entre las dos ramas del nacionalismo sabiniano.
Distanciamiento, alienación política y crisis económica, configuran el actual conflicto
En el caso catalán, más que de una conciencia de revancha por 1714, buena coartada, estamos ante la historia de un desajuste secular, siendo una región avanzada en los planos económico y cultural, que nunca encontró correspondencia en el resto de España, salvo a la hora de defender o imponer sus intereses económicos. A diferencia del eje Piamonte-Lombardía, Cataluña no hizo España; se adaptó a los requerimientos de su atraso. Las organizaciones políticas, culturales, obreras de Cataluña, aunque de nombre fuesen nacionales españolas, acabaron restringiendo su acción a ella o experimentando una clara frustración: ejemplo, el PSUC. Distanciamiento cultural, integración de los emigrantes, alienación política, crisis económica, han configurado la crisis actual, administrada eso sí desde un decisionismo que es más reflejo de pasadas carencias que presagio de democracia, con o sin independencia.
En suma, la reconducción es difícil. El Concierto retiene a Euskadi, pero justamente la desigualdad que provoca al escorar en su favor el cálculo del cupo, bloquea lo que sería un primer paso, la racionalización del Estado autonómico en el plano fiscal. No es la coincidencia de las presiones independentistas el principal problema, sino la extrema dificultad de reformar un Estado-nación sumido en la crisis.
Ilustración: Eva Vásquez
LA CUARTA PÁGINA
‘Delenda est Hispania’
Desde la Transición, los nacionalismos catalán y vasco tratan de maximizar sus ventajas de cara a superar el marco vigente del Estado de las Autonomías.Así, la aparición de un espíritu federal resulta imposible
Antonio Elorza
En su libro Los rostros del federalismo, Roberto Blanco Valdés pone el acento sobre un factor que ha incidido en el fracaso del Estado de las autonomías —al cual considera una federación— y que sin duda contribuiría a bloquear cualquier intento de reforma que llevase a una racionalización de aquel: “La existencia de partidos nacionalistas que reivindican sin tregua una reacomodación del modelo autonómico español, con la vista puesta en superarlo antes o después, caminando hacia el confederalismo, primero, y hacia la independencia con posterioridad”. La aparición de un espíritu federal, de un patriotismo vinculado a la supervivencia de la Federación, resulta en tales circunstancias imposible. Desde la Transición, los nacionalismos catalán y vasco, a pesar de la moderación exhibida hasta ayer por los primeros, no aceptaron de hecho un juego de suma cero; tratan de maximizar sus ventajas ante la aludida superación del marco vigente. Y hoy por hoy, lo que en principio podría contribuir a una estabilización de los conflictos territoriales, la apertura de un proceso de reforma constitucional, puede así derivar hacia una plataforma de reivindicaciones conjuntas desde Euskadi y desde Cataluña que den lugar a una aceleración de la fractura definitiva.
El telón de fondo es conocido, aun cuando haya un lógico temor a exhibir tal antecedente: el estallido de la URSS, modelo de federación mal consolidada donde el único factor efectivo de unión consistía en el poder dictatorial ejercido desde Moscú por el Partido Comunista. Al entrar en barrena la economía en la era Gorbachov y aflojarse las riendas del poder soviético, la reacción lógica consistió en poner en marcha un “¡sálvese quien pueda!” a efectos de no compartir los costes de la bancarrota financiera. En convergencia con lo anterior, emergieron las reivindicaciones de las nacionalidades sometidas al federalismo forzoso de la URSS, con el añadido de las listas de agravios por las represiones estalinianas, particularmente intensas en las regiones bálticas, en Ucrania y en el Cáucaso. El Estado se mostró incapaz de elaborar un programa de reestructuración federal —la perestroika no contemplaba este aspecto de la crisis, y tampoco existían recursos para abordarla, ni siquiera en la vertiente represiva—. La URSS se desplomó en espera de que Putin procediera a aglutinar desde un autoritarismo neoestaliniano las piezas fragmentadas que aún quedaron dentro de la Federación Rusa.
En el caso español faltan, evidentemente, elementos de erosión presentes en la URSS. No hay nada parecido a la guerra de Afganistán, y la represión política y cultural de las nacionalidades es cosa del pasado franquista. A pesar de ello sigue siendo utilizada a fondo para configurar una memoria histórica maniquea, en la cual las tropelías franquistas se convierten en opresión causada por España o los españoles, vistos siempre como algo ajeno y perjudicial. Del franquismo emerge asimismo una imagen gratificante, de manera que cualquier reivindicación nacionalista es de suyo democrática y la oposición a la misma, signo de centralismo, de incomprensión, cuando no de persistencia de una mentalidad franquista. Es una forma de abordar con ventaja cualquier debate, como se está viendo actualmente en Cataluña, sin que tenga que entrar en juego la siempre incómoda facultad de pensar. Y por encima de todo, la situación de las naciones periféricas hoy dista de ser comparable a la del ocaso del imperio soviético, ya que disfrutan, en especial Euskadi, de un amplio autogobierno en el marco de una España democrática. Claro que también a este argumento se le puede dar la vuelta, declarando que todo fue alcanzado por la lucha de las nacionalidades. Entretanto, los cambios generacionales, con la autonomía creciente de la cultura y la normalización lingüística, especialmente en Cataluña, apuntaban a la situación presente.
La evolución de las cosas se asemeja al funcionamiento de un motor mal ajustado
La evolución de las cosas se asemeja al funcionamiento de un motor mal ajustado que, cuando opera a gran velocidad, intensifica las posibilidades de avería y, al perder marcha por efecto de la crisis económica, se detiene irremisiblemente. En los prolongados tiempos de bonanza, las exigencias nacionalistas fueron atendidas una tras otra —la ocurrencia de Maragall y Zapatero de reformar el Estatut responde a esa tendencia—, dado que existían en apariencia recursos ilimitados para montar un Estado sobre otro. Todo era aceptable, incluso absurdos tales como la penalización de quienes rotulasen sus comercios solo en castellano, anticipando una separación simbólica. Los elementos de Estado que menciona Mas, como las representaciones exteriores de la Generalitat, son un buen ejemplo. Al cambiar dramáticamente la coyuntura, acabaron las concesiones y surgió el malestar social, coincidiendo en Cataluña con el fiasco de la aprobación y recorte del nuevo Estatut. El Concierto Económico aminoraba los daños económicos para Euskadi y Navarra. A falta de ese colchón, quedaban reunidos todos los elementos para una dinámica centrífuga.
Ahora bien, resulta evidente que la crisis del Estado-nación español hunde sus raíces en la historia, y por supuesto en la mitificación convertida en relato histórico. En este punto, tenemos un denominador común: los estrangulamientos que el atraso económico de la España decimonónica provoca en todos los componentes de la vida social y política, desde la formación del mercado nacional y una escuela ruinosa al sistema político asentado sobre el caciquismo y la corrupción, por no hablar del militarismo. No era un problema metafísico, sino bien concreto: fallaban los mecanismos de nacionalización, los recursos para integrar regiones y formar ciudadanos, sobre el patrón francés. Resulta inexcusable aquí la cita del payés de la Cataluña francesa que explica al filólogo catalanista por qué allí no hay nacionalismo: el Estado francés, desde la escuela a los hospitales, satisface las necesidades de sus catalanes; en territorio español, ante un Estado ineficaz, pueden ser catalanistas. En la crisis del 98 España fue vista ya como “un país moribundo”. Los nacionalismos periféricos emprendieron su marcha y el medio siglo de modernización económica a partir de 1960 llegó tarde, gracias también al franquismo, para invertir las tendencias centrífugas.
Ahora más próximas, las trayectorias de los nacionalismos catalán y vasco han sido diferentes. En el caso vasco, se trató de una respuesta de las élites autóctonas a las transformaciones de poder resultado de la industrialización, después de una prolongada agonía del antiguo régimen. El nacionalismo tuvo desde el comienzo una elevada carga de violencia antiespañola que el pragmatismo ulterior del PNV no hizo desaparecer. Fue un nacionalismo biológico, sobre la base del antecedente foral, leído como independencia. ETA y la prolongada pasividad —y transitoria alianza— del PNV con el grupo terrorista coincidieron en fomentar la paralización de la conciencia democrática y la hegemonía de una mentalidad de separación, aún vigente. Solo el Concierto Económico, con sus espectaculares ventajas, traza la divisoria entre las dos ramas del nacionalismo sabiniano.
Distanciamiento, alienación política y crisis económica, configuran el actual conflicto
En el caso catalán, más que de una conciencia de revancha por 1714, buena coartada, estamos ante la historia de un desajuste secular, siendo una región avanzada en los planos económico y cultural, que nunca encontró correspondencia en el resto de España, salvo a la hora de defender o imponer sus intereses económicos. A diferencia del eje Piamonte-Lombardía, Cataluña no hizo España; se adaptó a los requerimientos de su atraso. Las organizaciones políticas, culturales, obreras de Cataluña, aunque de nombre fuesen nacionales españolas, acabaron restringiendo su acción a ella o experimentando una clara frustración: ejemplo, el PSUC. Distanciamiento cultural, integración de los emigrantes, alienación política, crisis económica, han configurado la crisis actual, administrada eso sí desde un decisionismo que es más reflejo de pasadas carencias que presagio de democracia, con o sin independencia.
En suma, la reconducción es difícil. El Concierto retiene a Euskadi, pero justamente la desigualdad que provoca al escorar en su favor el cálculo del cupo, bloquea lo que sería un primer paso, la racionalización del Estado autonómico en el plano fiscal. No es la coincidencia de las presiones independentistas el principal problema, sino la extrema dificultad de reformar un Estado-nación sumido en la crisis.
Ilustración: Eva Vásquez
jueves, 18 de octubre de 2012
¿ASCENSOS Y DESCENSOS PREFABRICADOS? (3)
EL PAÍS, Madrid, 18 de Octubre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
El negocio de la discordia
Nuestro mayor peligro sería que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento que los poderosos suelen utilizar en tiempos de dificultad: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos
Patricio Fernández García
En ese magnífico libro de François Truffaut que es El cine según Hitchcock, el mago británico del suspense le explicaba al realizador francés qué era el «Mac Guffin»: “un rodeo, un truco, una complicidad”. En realidad —continuaba Hitchcock— se trataba de algo sin importancia y los lógicos se equivocaban al buscar la verdad del «Mac Guffin»; la maestría del autor de 39 escalones —como supo ver Truffaut— radicaba en evitar que sus películas se resolviesen mediante un final explicativo de ese ardid, con lo que lograba manejar la atención del espectador a su capricho. Así, además, eludía descubrir que tras esa argucia apenas había nada.
La cuestión territorial parece ser el «Mac Guffin» más recurrente —y también el más peligroso— de la escena política española. Son muchos los responsables políticos que en los últimos lustros han empleado maniqueísmos atroces para alimentar un interesado enfrentamiento entre los ciudadanos de los distintos territorios de España. En las páginas de El País se ha denunciado estos días ese maniqueísmo que identifica a España con una comunidad extremista. Esa es una falsedad que ha calado en la sociedad catalana, del mismo modo que una parte significativa del resto de la ciudadanía española se ha empapado de una aversión hacia Cataluña, insensatamente fomentada desde determinados resortes políticos y medios de comunicación. Con el tiempo quizás se vea con mayor nitidez el papel decisivo que en esta infausta historia han tenido, por un lado, dirigentes políticos entregados a una estrategia tan oportunista como irresponsable, y, por otro, ciertos medios de comunicación aliados con los primeros en el rentable negocio de la confrontación entre los ciudadanos. Quizás para desenmarañar ese debate y analizarlo en sus justos términos convenga regresar ahora al pensamiento de Francisco Tomás y Valiente, una de las personalidades más sobresalientes del último medio siglo español. Escribía hace casi veinte años:
Creo ciertamente que la diversidad constitutiva de España entendida como pluralidad general es enriquecedora y positiva, y que no debe poner en cuestión la unidad que la Constitución y los estatutos garantizan y hacen compatible con la autonomía. (La dialéctica entre unidad y diversidad, El País, 13 de enero de 1994).
Hay que recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente
Todo nacionalismo es una pasión útil, y tal vez necesaria cuando la conciencia de grupo es agredida desde fuera. Si la agresividad exterior no sólo es inexistente, sino que ha sido sustituida por un régimen jurídico-político de libertades y autogobierno, la pasión reactiva carece de justificación, la mitificación ideológica corre el peligro de convertirse en ridícula y la utilidad del mensaje victimista se desgasta y pierde fuerza. (Nacionalismos en broma y en serio, El País, 13 de noviembre de 1994).
Algo quizás ha cambiado desde el asesinato de Tomás y Valiente, algo que, sin el dramatismo de su muerte, debería preocuparnos muy seriamente. Me refiero al éxito de los discursos contra el Estado autonómico, tanto los de tinte independentista como los que proponen el retorno al centralismo —extraña alianza ésa, ¿verdad?—. Dieciséis años después de la muerte del brillante jurista, los recalcitrantes que, a un lado y otro del Ebro, parecían orillados, se han mantenido a flote y han ganado partidarios. Es cierto que, en la mayor parte de los casos, se mueven en el territorio de los prejuicios, de las emociones más turbias, de las desconfianzas más primarias, pero su éxito es indudable y éste ha devenido en desprestigio del Estado de las autonomías, de ese régimen jurídico-político de libertades y autogobierno que glosaba Tomás y Valiente. Esa irresponsable campaña de desprestigio ha sido alentada —cuando no acometida, ya “sin complejos”— desde las propias instituciones del Estado: desde el Palau de la Generalitat, sí, pero también desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol e, incluso, desde el Palacio de la Moncloa o desde la propia sede del Tribunal Constitucional que en su día presidiese Tomás y Valiente, con la dignidad que últimamente tanto ha escaseado por esos lares. Hemos presenciado así, casi impasibles, un intento de demolición institucional que parecía ser orquestado desde las propias instituciones, sin que haya más motivos para ello que los intereses particulares y partidarios de cada cual.
En 2010 la Editorial Tusquets publicó un espléndido libro de Leonardo Sciascia titulado El caso Moro; en esa especie de investigación que, en una agudísima y sobrecogedora exégesis, el autor italiano llevó a cabo a partir de las cartas que Aldo Moro remitió en los amargos días de su secuestro, su muerte a manos de las Brigadas Rojas resulta aún más dramática porque se ve acompañada de otro asesinato: el que toda la clase política italiana —casi sin excepción— consuma contra la figura política de Moro. Sería penoso contemplar cómo, a un lado y otro del Ebro, nos entregamos a los intereses particulares y espurios de cuantos quieren asesinar esa idea de España, como espacio para la convivencia en libertad entre diferentes, que analizó y defendió Tomás y Valiente hasta su muerte y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el extremismo.
Debemos defender el Estado de las autonomías. Que no lo perviertan las élites en beneficio propio
Convendría recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente, y que las delirantes opiniones de los personajillos estultos que pueblan algunos medios de comunicación no son más que delirios interesados, porque el inmoral negocio de la discordia —alimentado de insidias, odios injustificados y nefandas manipulaciones— ofrece altísimos réditos. Deberíamos desconfiar de estos muñidores de la confrontación. Identificar a España con ese grupúsculo de extremistas carpetovetónicos —como pretende trasladar a sus ciudadanos un Artur Mas atosigado por sus nefastas políticas antisociales— sería elevar a categoría lo que no debería pasar de anecdótico. De ahí que sea necesario defender el Estado de las autonomías y evitar que nadie lo pervierta en beneficio propio, sin que ello impida exigir su buen funcionamiento y la corrección de sus posibles imperfecciones. Magro servicio al actual marco institucional prestan quienes dicen defender la unidad de España y terminan por instalar en el debate político un maniqueísmo tabernario, tan pernicioso y disgregador como el propalado por algunos de esos nacionalistas a los que detestan. Sus broncos discursos se asemejan demasiado y difícilmente se compadecen con la realidad actual del país, aunque quizás llegue el día en que, al cabo, terminen por trastornarlo: dirán entonces que estaban en lo cierto, cuando aquello no será más que una profecía autocumplida.
Llevado a sus últimas consecuencias y cualquiera que resulte triunfador —centralistas o independentistas—, este infame negocio de la discordia supondrá un amargo fracaso colectivo, porque habrá quebrado nuestro marco de convivencia y los nuevos espacios resultantes serán más reducidos, más puros y por ende menos libres. Los únicos perdedores —a un lado y otro del Ebro— seremos así los ciudadanos en su conjunto, víctimas de la hipnosis de ese «Mac Guffin» interesado, pergeñado por unas élites ajenas a los intereses generales de la ciudadanía. Los líderes y las élites lampedusianas lograrán así que todo cambie, pero sólo en apariencia y en su exclusivo beneficio, porque, tras la pasión reformista o contrarreformista de las estructuras políticas nacidas en 1978, únicamente se esconderán las luchas particulares por acrecentar su poder. Una vez expulsadas las acuciantes cuestiones sociales de la agenda política, los poderosos lo serán más y los ciudadanos habremos sido vilmente estafados, porque esas mismas élites habrán logrado quedar eximidas de cualquier responsabilidad por su gestión durante los últimos años.
En las actuales circunstancias, nuestro mayor peligro será así que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento de los poderosos en tiempos de dificultad a lo largo de la historia: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos. Eso sí que suele resultar dramático, más aún cuando, como sucede en España, se acostumbra a recurrir al enemigo interior. Sería una triste paradoja comprobar cómo las élites catalanas acaban por echar mano de una tradición tan española.
(*) Patricio Fernández García. es funcionario archivero de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
LA CUARTA PÁGINA
El negocio de la discordia
Nuestro mayor peligro sería que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento que los poderosos suelen utilizar en tiempos de dificultad: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos
Patricio Fernández García
En ese magnífico libro de François Truffaut que es El cine según Hitchcock, el mago británico del suspense le explicaba al realizador francés qué era el «Mac Guffin»: “un rodeo, un truco, una complicidad”. En realidad —continuaba Hitchcock— se trataba de algo sin importancia y los lógicos se equivocaban al buscar la verdad del «Mac Guffin»; la maestría del autor de 39 escalones —como supo ver Truffaut— radicaba en evitar que sus películas se resolviesen mediante un final explicativo de ese ardid, con lo que lograba manejar la atención del espectador a su capricho. Así, además, eludía descubrir que tras esa argucia apenas había nada.
La cuestión territorial parece ser el «Mac Guffin» más recurrente —y también el más peligroso— de la escena política española. Son muchos los responsables políticos que en los últimos lustros han empleado maniqueísmos atroces para alimentar un interesado enfrentamiento entre los ciudadanos de los distintos territorios de España. En las páginas de El País se ha denunciado estos días ese maniqueísmo que identifica a España con una comunidad extremista. Esa es una falsedad que ha calado en la sociedad catalana, del mismo modo que una parte significativa del resto de la ciudadanía española se ha empapado de una aversión hacia Cataluña, insensatamente fomentada desde determinados resortes políticos y medios de comunicación. Con el tiempo quizás se vea con mayor nitidez el papel decisivo que en esta infausta historia han tenido, por un lado, dirigentes políticos entregados a una estrategia tan oportunista como irresponsable, y, por otro, ciertos medios de comunicación aliados con los primeros en el rentable negocio de la confrontación entre los ciudadanos. Quizás para desenmarañar ese debate y analizarlo en sus justos términos convenga regresar ahora al pensamiento de Francisco Tomás y Valiente, una de las personalidades más sobresalientes del último medio siglo español. Escribía hace casi veinte años:
Creo ciertamente que la diversidad constitutiva de España entendida como pluralidad general es enriquecedora y positiva, y que no debe poner en cuestión la unidad que la Constitución y los estatutos garantizan y hacen compatible con la autonomía. (La dialéctica entre unidad y diversidad, El País, 13 de enero de 1994).
Hay que recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente
Todo nacionalismo es una pasión útil, y tal vez necesaria cuando la conciencia de grupo es agredida desde fuera. Si la agresividad exterior no sólo es inexistente, sino que ha sido sustituida por un régimen jurídico-político de libertades y autogobierno, la pasión reactiva carece de justificación, la mitificación ideológica corre el peligro de convertirse en ridícula y la utilidad del mensaje victimista se desgasta y pierde fuerza. (Nacionalismos en broma y en serio, El País, 13 de noviembre de 1994).
Algo quizás ha cambiado desde el asesinato de Tomás y Valiente, algo que, sin el dramatismo de su muerte, debería preocuparnos muy seriamente. Me refiero al éxito de los discursos contra el Estado autonómico, tanto los de tinte independentista como los que proponen el retorno al centralismo —extraña alianza ésa, ¿verdad?—. Dieciséis años después de la muerte del brillante jurista, los recalcitrantes que, a un lado y otro del Ebro, parecían orillados, se han mantenido a flote y han ganado partidarios. Es cierto que, en la mayor parte de los casos, se mueven en el territorio de los prejuicios, de las emociones más turbias, de las desconfianzas más primarias, pero su éxito es indudable y éste ha devenido en desprestigio del Estado de las autonomías, de ese régimen jurídico-político de libertades y autogobierno que glosaba Tomás y Valiente. Esa irresponsable campaña de desprestigio ha sido alentada —cuando no acometida, ya “sin complejos”— desde las propias instituciones del Estado: desde el Palau de la Generalitat, sí, pero también desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol e, incluso, desde el Palacio de la Moncloa o desde la propia sede del Tribunal Constitucional que en su día presidiese Tomás y Valiente, con la dignidad que últimamente tanto ha escaseado por esos lares. Hemos presenciado así, casi impasibles, un intento de demolición institucional que parecía ser orquestado desde las propias instituciones, sin que haya más motivos para ello que los intereses particulares y partidarios de cada cual.
En 2010 la Editorial Tusquets publicó un espléndido libro de Leonardo Sciascia titulado El caso Moro; en esa especie de investigación que, en una agudísima y sobrecogedora exégesis, el autor italiano llevó a cabo a partir de las cartas que Aldo Moro remitió en los amargos días de su secuestro, su muerte a manos de las Brigadas Rojas resulta aún más dramática porque se ve acompañada de otro asesinato: el que toda la clase política italiana —casi sin excepción— consuma contra la figura política de Moro. Sería penoso contemplar cómo, a un lado y otro del Ebro, nos entregamos a los intereses particulares y espurios de cuantos quieren asesinar esa idea de España, como espacio para la convivencia en libertad entre diferentes, que analizó y defendió Tomás y Valiente hasta su muerte y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el extremismo.
Debemos defender el Estado de las autonomías. Que no lo perviertan las élites en beneficio propio
Convendría recordar que la España actual es la que construyeron personas como Tomás y Valiente, y que las delirantes opiniones de los personajillos estultos que pueblan algunos medios de comunicación no son más que delirios interesados, porque el inmoral negocio de la discordia —alimentado de insidias, odios injustificados y nefandas manipulaciones— ofrece altísimos réditos. Deberíamos desconfiar de estos muñidores de la confrontación. Identificar a España con ese grupúsculo de extremistas carpetovetónicos —como pretende trasladar a sus ciudadanos un Artur Mas atosigado por sus nefastas políticas antisociales— sería elevar a categoría lo que no debería pasar de anecdótico. De ahí que sea necesario defender el Estado de las autonomías y evitar que nadie lo pervierta en beneficio propio, sin que ello impida exigir su buen funcionamiento y la corrección de sus posibles imperfecciones. Magro servicio al actual marco institucional prestan quienes dicen defender la unidad de España y terminan por instalar en el debate político un maniqueísmo tabernario, tan pernicioso y disgregador como el propalado por algunos de esos nacionalistas a los que detestan. Sus broncos discursos se asemejan demasiado y difícilmente se compadecen con la realidad actual del país, aunque quizás llegue el día en que, al cabo, terminen por trastornarlo: dirán entonces que estaban en lo cierto, cuando aquello no será más que una profecía autocumplida.
Llevado a sus últimas consecuencias y cualquiera que resulte triunfador —centralistas o independentistas—, este infame negocio de la discordia supondrá un amargo fracaso colectivo, porque habrá quebrado nuestro marco de convivencia y los nuevos espacios resultantes serán más reducidos, más puros y por ende menos libres. Los únicos perdedores —a un lado y otro del Ebro— seremos así los ciudadanos en su conjunto, víctimas de la hipnosis de ese «Mac Guffin» interesado, pergeñado por unas élites ajenas a los intereses generales de la ciudadanía. Los líderes y las élites lampedusianas lograrán así que todo cambie, pero sólo en apariencia y en su exclusivo beneficio, porque, tras la pasión reformista o contrarreformista de las estructuras políticas nacidas en 1978, únicamente se esconderán las luchas particulares por acrecentar su poder. Una vez expulsadas las acuciantes cuestiones sociales de la agenda política, los poderosos lo serán más y los ciudadanos habremos sido vilmente estafados, porque esas mismas élites habrán logrado quedar eximidas de cualquier responsabilidad por su gestión durante los últimos años.
En las actuales circunstancias, nuestro mayor peligro será así que los dirigentes políticos empleen un viejo instrumento de los poderosos en tiempos de dificultad a lo largo de la historia: la construcción de un enemigo con que entretener a los ciudadanos. Eso sí que suele resultar dramático, más aún cuando, como sucede en España, se acostumbra a recurrir al enemigo interior. Sería una triste paradoja comprobar cómo las élites catalanas acaban por echar mano de una tradición tan española.
(*) Patricio Fernández García. es funcionario archivero de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
martes, 16 de octubre de 2012
RIFARSE EL DESTINO
EL PAÍS, Madrid, 16 de Octubre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
A favor de los políticos. Y de que cambien
¿Mejora de la representación política? ¿Listas abiertas? ¿Oír al pueblo? ¿Echar a los corruptos? Pues sí. Pero que esas reformas, y otras muchas, las hagan los políticos honrados y capaces que elijamos en las urnas
José María Izquierdo
No parece necesario insistir en la existencia ambiental de ese huracán de desafección a la política —y a los políticos— que impregna, como una sustancia viscosa que todo lo cubre y ensucia, tanto sesudos artículos como despejadas charlas de café. Leemos y oímos que la maldad intrínseca de cuanto personal se dedica al ejercicio de la representación política solo es comparable al nivel de su corrupción. Hablamos de las élites extractivas que dicen algunos intelectuales y esos chorizos que nos cuentan algunos taxistas. Que son los mismos: los políticos. ¿Pero lo son algunos? ¿Pocos, muchos, o quizá lo son todos? Todos, todos ellos sin excepción. Y por eso debe ser que el pueblo no los quiere. Así, al menos, lo dice hasta el CIS y algún que otro juez.
Son unos inútiles y unos ladrones el concejal del pueblo más pequeño y el alcalde del municipio más poblado, el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano o la consejera de Cultura de cualquier comunidad autónoma. Los peores son los de mayor rango, los diputados, ministros y equivalentes al frente de la procesión, hilera que debería convertirse, nos dicen las almas angelicales de tanto movimiento ciudadano, en siniestra cuerda de presos, tocados con el vergonzante capirote y el cartel de “Soy político, golpéenme” colgado del cuello. ¡Cuánta justicia habría en esa reata de desgraciados pasando entre la multitud por un estrecho pasillo, recibiendo los merecidos golpes de una ciudadanía engañada y masacrada por esos seres sin escrúpulos! ¡Qué canalla ese edil, qué miserable ese director general de Sanidad, qué vileza la de esa diputada de siglas indeterminadas, que ya se sabe que todos los partidos la misma mierda son!
Hoy, se añade al desastre un Gobierno que ha cercenado cualquier tipo de participación ciudadana
No importa que esos políticos hayan sido elegidos, hace apenas 10 meses, por quienes ahora les vituperan. El 20 de noviembre de 2011 votó el 68,94% del censo, exactamente 24.666.392 ciudadanos. Ciudadanos, por lo que se ve, que votaron a unos corruptos e inútiles para ocupar los escaños que posteriormente desembocarían en la elección de los cargos más representativos del Estado. Esto pasó en noviembre del año pasado, y cuando vamos a soplar la vela del primer aniversario de este Gobierno nos encontramos con la ominosa desafección.
Quizá convendría ajustar el ojo a lo que tenemos delante, monstruo gigantesco que a veces se obvia en tanto fino análisis. La carta de Poe, vamos. Por ejemplo, que parece bastante lícito pensar que este desastre se debe, en primer lugar, a quienes gobiernan. Ya ven, cosas de Perogrullo. Recordemos —basta con echar la vista atrás unos pocos meses y ahí están todas las hemerotecas a un golpe de clic— que el Partido Popular y su principal dirigente, Mariano Rajoy, prometieron que mejorarían la situación económica y que crearían millones de empleos. No hará falta recordarles que todo, absolutamente todo, macro y microeconomía, ha empeorado hasta límites difícilmente sostenibles. Sí, bien, y la herencia recibida, y la oposición del PSOE no ilusiona ni a sus votantes, y Artur Mas agita irresponsablemente las aguas, y… Decía hace poco un dirigente político que Rajoy tenía mucha suerte: cuando gobierna el PSOE el culpable es el PSOE, cuando gobierna Rajoy los culpables son los políticos. Tal cual.
Pero no nos engañemos. La mayor desafección se produce porque la gente quiere soluciones a sus problemas, y solo ve cómo día a día nuestros políticos nada pueden —y no sabemos si quieren— contra los que de verdad deciden sobre nuestras vidas y sobre nuestras, cada vez menos, haciendas. La penuria lo tapa todo. Seis millones de parados y un panorama de mayor sacrificio y ruina, sin que nadie aviente una pizca de optimismo, es imposible que genere confianza entre una ciudadanía espantada, que tiene como referencia a los portugueses o a los griegos. Pasó con Zapatero y su 10 de mayo de 2010 trágico, y desde entonces la sensación de que nuestros ministros juegan poco más que el papel de muñecos del ventrílocuo —alemán, bruselense, político o banquero— ha ido agigantándose. Hoy, además, se añade a ese desastre un Gobierno que ha cercenado cualquier tipo de participación ciudadana, que desprecia al Parlamento, donde el presidente se niega a comparecer para explicar cómo son esos pactos que se cuecen a espaldas de los ciudadanos. Y poco, sí, poco, insiste una oposición encogida, dicen ellos que por patriotismo, o por propia debilidad que suponen los más.
Pero como decía Paul Auster, “para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión”. Así que habrá que echar grandes dosis de racionalidad a lo que de verdad está pasando para acertar con el enemigo real. Para mantener la democracia, deberemos dejar de lado a quienes nunca han creído en ella, a izquierdas y a derechas, sobre todo a derechas, y salvar, en lo que podamos, a la profesión de políticos. ¿Profesión, digo? Pues claro. ¿Cuál es el problema? Hay unas señoras —y señores— que hacen un trabajo, casi siempre de muchas horas, a los que hay que pagarles. A no ser que queramos que cobren de las inmobiliarias, de las eléctricas o, directamente, de los bancos. Que es, por lo que se ve, a lo que aspira el Partido Popular y que ha empezado a hacer Dolores de Cospedal, que quiero recordarles que no es solo la presidenta de una comunidad autónoma, sino que es la segunda en jerarquía del partido que nos gobierna.
Para mantener la democracia, deberemos dejar de lado a quienes nunca han creído en ella
El pueblo soberano ha luchado mucho a lo largo de los siglos para lograr el pase de siervo a ciudadano. Miles y miles de personas han dado incluso su vida para obtener derechos que hoy se consideran esenciales. Pero convendrá recordar que fueron políticos —y libérenme de tener que hablar de élites o vanguardias, que no es este el lugar— quienes recogieron el encargo de ese pueblo para poder articular el fin de tanto sufrimiento y la esperanza de un mundo mejor. Políticos fueron —tras las sabidas y dolorosas movilizaciones sociales, por supuesto, sin que sea necesaria mayor insistencia— quienes plasmaron en leyes el fin de la explotación infantil o una jornada laboral humana. Políticos han sido quienes han elaborado Constituciones que reconocen derechos inseparables de la dignidad de hombres y mujeres. Y políticos fueron también quienes armaron el conjunto del Estado de bienestar. Políticos eran los que hicieron posible la extensión de una sanidad de calidad para todos. Políticos también quienes decidieron que muchos, muchísimos millones, se destinaran a educación, se acabara con el analfabetismo y todo el mundo pudiera aspirar a una educación digna. Políticos los que encargaron autopistas —o trenes— para unir a los pueblos. Políticos fueron quienes intentaron que la Ley de Dependencia ayudara a las familias que más lo necesitaban. Políticos fueron quienes hicieron posible que Juan y Francisco, o María y Manuela, pudieran casarse después de tantos años de disimulo y vejaciones. Políticos son los que…
¿Mejora de la representación política? ¿Reforma de la Constitución? ¿Listas abiertas? ¿Vitalizar un Parlamento acartonado y alejado del pueblo? ¿Oír al pueblo? ¿Prescindir de privilegios infames? ¿Echar a todos los políticos corruptos? ¿Cuidar con mimo el dinero público? ¿Trabajar para el bienestar de todos? Pues sí, claro. Pero que esas reformas, y otras muchas, las hagan los políticos honrados y capaces que elijamos en las urnas. Anatema en estos momentos, ya sé. Como señalaba Bertrand Russell, “tengo recelo del Gobierno y desconfío de los políticos; pero como es preciso tener un Gobierno prefiero que sea democrático”. Y a ese Gobierno y a los partidos de oposición a ese Gobierno hay que vigilarlos de continuo, exigiéndoles el cumplimiento de lo prometido y no soportando ni un segundo la presencia pública de mentirosos, corruptos o vendidos a intereses espurios. ¿Salir a la calle para reclamar su cumplimiento? Naturalmente. Solo faltaría.
Lo dejó escrito José Martí: “En plegar y moldear está el arte político. Solo en las ideas esenciales de dignidad y libertad se debe ser espinudo como un erizo y recto como un pino”. Así deberían ser los políticos. Esos que necesita cualquier sociedad civilizada en los inicios del sigloXXI. Seguro que los hay.
Ilustración: Eva Vázquez.
Breve nota LB: Importa estas reflexiones que está publicando El País de Madrid. Irresistible tentación es la de referirse al periplo venezolano de los '90: notabilísimo. La pregunta consiste en si hay o no, alternativas políticas, y - mejor - alternativas político-partidistas reales, convincentes y confiables, no seaque se esconda un ogro con ropaje de oveja. Por lo demás, ingeniosa y técnicamente eficaz, la ilustradora Vázquez.
LA CUARTA PÁGINA
A favor de los políticos. Y de que cambien
¿Mejora de la representación política? ¿Listas abiertas? ¿Oír al pueblo? ¿Echar a los corruptos? Pues sí. Pero que esas reformas, y otras muchas, las hagan los políticos honrados y capaces que elijamos en las urnas
José María Izquierdo
No parece necesario insistir en la existencia ambiental de ese huracán de desafección a la política —y a los políticos— que impregna, como una sustancia viscosa que todo lo cubre y ensucia, tanto sesudos artículos como despejadas charlas de café. Leemos y oímos que la maldad intrínseca de cuanto personal se dedica al ejercicio de la representación política solo es comparable al nivel de su corrupción. Hablamos de las élites extractivas que dicen algunos intelectuales y esos chorizos que nos cuentan algunos taxistas. Que son los mismos: los políticos. ¿Pero lo son algunos? ¿Pocos, muchos, o quizá lo son todos? Todos, todos ellos sin excepción. Y por eso debe ser que el pueblo no los quiere. Así, al menos, lo dice hasta el CIS y algún que otro juez.
Son unos inútiles y unos ladrones el concejal del pueblo más pequeño y el alcalde del municipio más poblado, el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano o la consejera de Cultura de cualquier comunidad autónoma. Los peores son los de mayor rango, los diputados, ministros y equivalentes al frente de la procesión, hilera que debería convertirse, nos dicen las almas angelicales de tanto movimiento ciudadano, en siniestra cuerda de presos, tocados con el vergonzante capirote y el cartel de “Soy político, golpéenme” colgado del cuello. ¡Cuánta justicia habría en esa reata de desgraciados pasando entre la multitud por un estrecho pasillo, recibiendo los merecidos golpes de una ciudadanía engañada y masacrada por esos seres sin escrúpulos! ¡Qué canalla ese edil, qué miserable ese director general de Sanidad, qué vileza la de esa diputada de siglas indeterminadas, que ya se sabe que todos los partidos la misma mierda son!
Hoy, se añade al desastre un Gobierno que ha cercenado cualquier tipo de participación ciudadana
No importa que esos políticos hayan sido elegidos, hace apenas 10 meses, por quienes ahora les vituperan. El 20 de noviembre de 2011 votó el 68,94% del censo, exactamente 24.666.392 ciudadanos. Ciudadanos, por lo que se ve, que votaron a unos corruptos e inútiles para ocupar los escaños que posteriormente desembocarían en la elección de los cargos más representativos del Estado. Esto pasó en noviembre del año pasado, y cuando vamos a soplar la vela del primer aniversario de este Gobierno nos encontramos con la ominosa desafección.
Quizá convendría ajustar el ojo a lo que tenemos delante, monstruo gigantesco que a veces se obvia en tanto fino análisis. La carta de Poe, vamos. Por ejemplo, que parece bastante lícito pensar que este desastre se debe, en primer lugar, a quienes gobiernan. Ya ven, cosas de Perogrullo. Recordemos —basta con echar la vista atrás unos pocos meses y ahí están todas las hemerotecas a un golpe de clic— que el Partido Popular y su principal dirigente, Mariano Rajoy, prometieron que mejorarían la situación económica y que crearían millones de empleos. No hará falta recordarles que todo, absolutamente todo, macro y microeconomía, ha empeorado hasta límites difícilmente sostenibles. Sí, bien, y la herencia recibida, y la oposición del PSOE no ilusiona ni a sus votantes, y Artur Mas agita irresponsablemente las aguas, y… Decía hace poco un dirigente político que Rajoy tenía mucha suerte: cuando gobierna el PSOE el culpable es el PSOE, cuando gobierna Rajoy los culpables son los políticos. Tal cual.
Pero no nos engañemos. La mayor desafección se produce porque la gente quiere soluciones a sus problemas, y solo ve cómo día a día nuestros políticos nada pueden —y no sabemos si quieren— contra los que de verdad deciden sobre nuestras vidas y sobre nuestras, cada vez menos, haciendas. La penuria lo tapa todo. Seis millones de parados y un panorama de mayor sacrificio y ruina, sin que nadie aviente una pizca de optimismo, es imposible que genere confianza entre una ciudadanía espantada, que tiene como referencia a los portugueses o a los griegos. Pasó con Zapatero y su 10 de mayo de 2010 trágico, y desde entonces la sensación de que nuestros ministros juegan poco más que el papel de muñecos del ventrílocuo —alemán, bruselense, político o banquero— ha ido agigantándose. Hoy, además, se añade a ese desastre un Gobierno que ha cercenado cualquier tipo de participación ciudadana, que desprecia al Parlamento, donde el presidente se niega a comparecer para explicar cómo son esos pactos que se cuecen a espaldas de los ciudadanos. Y poco, sí, poco, insiste una oposición encogida, dicen ellos que por patriotismo, o por propia debilidad que suponen los más.
Pero como decía Paul Auster, “para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión”. Así que habrá que echar grandes dosis de racionalidad a lo que de verdad está pasando para acertar con el enemigo real. Para mantener la democracia, deberemos dejar de lado a quienes nunca han creído en ella, a izquierdas y a derechas, sobre todo a derechas, y salvar, en lo que podamos, a la profesión de políticos. ¿Profesión, digo? Pues claro. ¿Cuál es el problema? Hay unas señoras —y señores— que hacen un trabajo, casi siempre de muchas horas, a los que hay que pagarles. A no ser que queramos que cobren de las inmobiliarias, de las eléctricas o, directamente, de los bancos. Que es, por lo que se ve, a lo que aspira el Partido Popular y que ha empezado a hacer Dolores de Cospedal, que quiero recordarles que no es solo la presidenta de una comunidad autónoma, sino que es la segunda en jerarquía del partido que nos gobierna.
Para mantener la democracia, deberemos dejar de lado a quienes nunca han creído en ella
El pueblo soberano ha luchado mucho a lo largo de los siglos para lograr el pase de siervo a ciudadano. Miles y miles de personas han dado incluso su vida para obtener derechos que hoy se consideran esenciales. Pero convendrá recordar que fueron políticos —y libérenme de tener que hablar de élites o vanguardias, que no es este el lugar— quienes recogieron el encargo de ese pueblo para poder articular el fin de tanto sufrimiento y la esperanza de un mundo mejor. Políticos fueron —tras las sabidas y dolorosas movilizaciones sociales, por supuesto, sin que sea necesaria mayor insistencia— quienes plasmaron en leyes el fin de la explotación infantil o una jornada laboral humana. Políticos han sido quienes han elaborado Constituciones que reconocen derechos inseparables de la dignidad de hombres y mujeres. Y políticos fueron también quienes armaron el conjunto del Estado de bienestar. Políticos eran los que hicieron posible la extensión de una sanidad de calidad para todos. Políticos también quienes decidieron que muchos, muchísimos millones, se destinaran a educación, se acabara con el analfabetismo y todo el mundo pudiera aspirar a una educación digna. Políticos los que encargaron autopistas —o trenes— para unir a los pueblos. Políticos fueron quienes intentaron que la Ley de Dependencia ayudara a las familias que más lo necesitaban. Políticos fueron quienes hicieron posible que Juan y Francisco, o María y Manuela, pudieran casarse después de tantos años de disimulo y vejaciones. Políticos son los que…
¿Mejora de la representación política? ¿Reforma de la Constitución? ¿Listas abiertas? ¿Vitalizar un Parlamento acartonado y alejado del pueblo? ¿Oír al pueblo? ¿Prescindir de privilegios infames? ¿Echar a todos los políticos corruptos? ¿Cuidar con mimo el dinero público? ¿Trabajar para el bienestar de todos? Pues sí, claro. Pero que esas reformas, y otras muchas, las hagan los políticos honrados y capaces que elijamos en las urnas. Anatema en estos momentos, ya sé. Como señalaba Bertrand Russell, “tengo recelo del Gobierno y desconfío de los políticos; pero como es preciso tener un Gobierno prefiero que sea democrático”. Y a ese Gobierno y a los partidos de oposición a ese Gobierno hay que vigilarlos de continuo, exigiéndoles el cumplimiento de lo prometido y no soportando ni un segundo la presencia pública de mentirosos, corruptos o vendidos a intereses espurios. ¿Salir a la calle para reclamar su cumplimiento? Naturalmente. Solo faltaría.
Lo dejó escrito José Martí: “En plegar y moldear está el arte político. Solo en las ideas esenciales de dignidad y libertad se debe ser espinudo como un erizo y recto como un pino”. Así deberían ser los políticos. Esos que necesita cualquier sociedad civilizada en los inicios del siglo
Ilustración: Eva Vázquez.
Breve nota LB: Importa estas reflexiones que está publicando El País de Madrid. Irresistible tentación es la de referirse al periplo venezolano de los '90: notabilísimo. La pregunta consiste en si hay o no, alternativas políticas, y - mejor - alternativas político-partidistas reales, convincentes y confiables, no seaque se esconda un ogro con ropaje de oveja. Por lo demás, ingeniosa y técnicamente eficaz, la ilustradora Vázquez.
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miércoles, 3 de octubre de 2012
HAY UNA CULTURA DEL CONSENSO NECESARIO
EL PAÍS, Madrid, 3n de Octubre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
El sueño ilustrado y el Estado-nación
La cultura del pacto de la Transición no debe tirarse por la borda. Pero es preciso renunciar a los victimismos, a la retórica sobre los “expolios”, a las angustias sobre identidades eternas amenazadas de extinción
José Álvarez Junco
Como culminación del proyecto ilustrado, hace poco más de dos siglos, Immanuel Kant especulaba sobre la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que resolvería las disputas hasta conseguir implantar una “paz perpetua”. La paz, que no era el estado natural del hombre, sería la consecuencia del “progreso”, del imperio de la “razón” en el espinoso terreno de las relaciones entre los grupos humanos.
En esa dirección nos habíamos embarcado los europeos de la segunda mitad del siglo XX al intentar construir una Unión que superase los Estados nacionales. Era el único proyecto realmente utópico y apasionante de las últimas décadas. Su primer objetivo era acabar con las guerras europeas, crónicas a lo largo de milenios, pero iba más lejos: suponía menoscabar el principio de la soberanía nacional, limitar las competencias de los Estados y convertir aquellos reductos blindados y opacos en permeables a influencias exteriores. Al reducir los poderes del Estado-nación, parecía lógico suponer que disminuiría el atractivo que representaba convertirse en uno de ellos. Tras una larga sucesión de brutales intentos de expansión de los Estados o de luchas por independizarse de un Estado opresor, el futuro parecía anunciar una disminución suave y negociada de los poderes estatales, cedidos a organizaciones supranacionales.
Ahora resulta que todo esto no era más que un bello sueño. Ante la crisis económica, la Unión Europea, presa de egoísmos nacionales, ha reaccionado con lentitud y torpeza. En todas partes han ganado las elecciones populistas que han cultivado el odio contra el vecino: los otros se aprovechan de nuestro trabajo, el euro ha generado inflación y nos imposibilita salir de la crisis manipulando una moneda propia... En los países mediterráneos, en lugar de intentar construir más Europa, cediendo competencias —es decir, soberanía— a un Gobierno económico europeo que nos ayudara a salir del atolladero, los gobernantes se enrocan en su feudo, siguen enviando cifras maquilladas y retrasan en lo que pueden el cumplimiento de reformas necesarias y prometidas a cambio de ayudas. Y en Cataluña y el País Vasco vuelve a levantar el vuelo el independentismo.
El proyecto independentista está ligado a los nacionalismos del siglo XIX. Las rivalidades de aquella época llevaron a las dos guerras mundiales que causaron el declive europeo del XX. Tras la Gran Guerra, se ideó resolver las tensiones creando tantos Estados como naciones se suponía que existían, con la esperanza de que muchos espacios políticos culturalmente homogéneos garantizarían la convivencia en paz. Surgieron así Estados como setas en el centro y este de Europa, pero con ellos no terminaron los conflictos, sino que aparecieron otros nuevos: desplazamientos de población, genocidios o tratamiento discriminatorio de las minorías que siempre seguían quedando dentro de las nuevas fronteras... Llegaron, en resumen, los fascismos y la IIGuerra Mundial. Tras esta, al fin, se impuso la sensatez y emprendimos otro camino. Que es el que está ahora en crisis.
En lugar de insistir en el europeísmo, resurgen las tentaciones de imponer el españolismo monolítico
En el caso español, las circunstancias políticas actuales tienen muy poco que ver con las que vieron nacer los nacionalismos catalán y vasco. En 1898, el país se caracterizaba por el atraso económico, el analfabetismo, la falta de peso internacional, el falseamiento del sistema democrático, las abismales desigualdades del mundo agrario, la interferencia militar en la vida política y la eclesiástica en la cultural, la localización del centro político en un poblacho manchego alejado de los dos grandes polos industriales… Un siglo más tarde, afortunadamente, de aquella lista de problemas queda poco. Pero sigue vivo el tema territorial. Las élites políticas catalanas y vascas, apoyadas por una parte significativa de la población, plantean demandas que apuntan a la constitución de un Estado-nación propio, soberano y separado de España. Y las élites centrales carecen de la cintura que tuvieron hace 35 años. En lugar de insistir en el europeísmo, le asaltan las tentaciones de imponer por decreto el españolismo monolítico basado en Don Pelayo, el Cid e Isabel la Católica.
Es verdad que su asociación con el franquismo desprestigió el españolismo y que el café para todos de la Transición ofendió a catalanes y vascos al compararlos con comunidades recién inventadas y sin conciencia de la propia identidad. Lo que les hubiera satisfecho hubiera sido una federación de cuatro grandes identidades: Cataluña, País Vasco, Galicia y “Castilla”; algo bastante burdo, porque no hay homogeneidad en el espacio que se extiende entre Cantabria y Canarias. Quizá una cifra intermedia entre cuatro y 17 hubiera sido aceptable. ¿Es tarde para intentar replantear el Estado de las autonomías?
Pocos beneficios puede reportar al ciudadano de a pie la independencia política. Nada ganaría con volver a tener que cruzar puestos fronterizos, con manejar varias monedas, con llamar “extranjeros” a quienes hasta ahora han sido conciudadanos. Solo los más cargados de conciencia identitaria obtendrían satisfacciones morales: ahora somos más pequeños, pero somos el “nosotros” con el que soñé desde niño. A cambio de eso, cuántos desgarramientos personales o familiares, cuántas posibles querellas en torno a quién corresponde esta competencia o este dinero, por no hablar de los choques violentos que, en la historia europea, han acompañado casi siempre a los procesos de secesión. Estos últimos, prefiero ni mentarlos; quiero creer que hemos superado esa fase. Los intelectuales parecen liberados de las angustias noventayochistas sobre el “se rompe España”, raíz de tantas locuras; y entre los militares parece haberse impuesto el acatamiento a los pactos o las decisiones que se tomen por los dirigentes civiles.
Pero si al común de las gentes un cambio de este tipo apenas les reportaría ventajas, y sí muchos inconvenientes, les resultaría, en cambio, indiscutiblemente beneficioso a las élites político-intelectuales. Pasar de autoridad local a jefe de Estado suscita, y se comprende, mucho entusiasmo.
Pero es jugar con fuego. La gente podría tomárselo en serio y lo que hoy es solo una pugna entre élites políticas rivales por competencias y recursos podría convertirse en un enfrentamiento étnico auténtico, con comunidades hostiles, separadas por barrios, con hijos que no se casan entre sí y que se lían a golpes cuando se encuentran en los bares. Algo que existe en el mundo balcánico, pero, por fortuna, nunca visto en España. La culminación sería una fragmentación, también a la balcánica, en pequeñas unidades soberanas, independientes, rivales entre sí, con posibles represalias y depuraciones étnicas. Ese escenario no es probable hoy día, pero tampoco imposible.
No debemos dejar que las élites políticas cultiven nuestras pasiones en favor de sus intereses
Cuánto mejor sería intentar adecuar nuestros esquemas mentales y categorías legales a la complejidad y fluidez de la vida social; aceptar que tenemos varias identidades y que ninguna de ellas tiene por qué ser prioritaria sobre las otras. Con la inmigración y el incremento de los lazos con la UE y con América Latina nos estábamos acostumbrando ya a un cierto multiculturalismo en este país. También aceptábamos la existencia de diversos niveles de poder. Sería cosa de pactar de manera más clara y estable las competencias y recursos de cada uno hasta llegar a un modelo federal español sui generis, asimétrico, e integrado, a su vez, en un sistema federal europeo. Encaminaríamos así de nuevo al Estado nacional por la senda que le conduciría a su disolución en una red de múltiples niveles de poder.
Si una racionalización global del sistema, en esta línea federal compleja, es imposible, mantengamos al menos la situación actual, con algún nuevo acuerdo sobre el reparto de la recaudación fiscal entre la Generalitat y el Gobierno central. La cultura del pacto generada en la Transición no debe arrojarse por la borda. Pero hay que renunciar a los victimismos, a las referencias a “expolios” por parte de los vecinos, a las angustias sobre identidades sagradas y eternas hoy amenazadas de extinción. Es responsabilidad de las élites políticas evitar el cultivo de estas emociones primarias. Si no lo hacen, es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, no dejar que exciten nuestras pasiones en favor de sus intereses.
(*) José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Ilustración: Eva Vázquez.
LA CUARTA PÁGINA
El sueño ilustrado y el Estado-nación
La cultura del pacto de la Transición no debe tirarse por la borda. Pero es preciso renunciar a los victimismos, a la retórica sobre los “expolios”, a las angustias sobre identidades eternas amenazadas de extinción
José Álvarez Junco
Como culminación del proyecto ilustrado, hace poco más de dos siglos, Immanuel Kant especulaba sobre la desaparición futura de los Estados soberanos, las guerras y las fronteras, sustituido todo por una federación internacional de poderes que resolvería las disputas hasta conseguir implantar una “paz perpetua”. La paz, que no era el estado natural del hombre, sería la consecuencia del “progreso”, del imperio de la “razón” en el espinoso terreno de las relaciones entre los grupos humanos.
En esa dirección nos habíamos embarcado los europeos de la segunda mitad del siglo XX al intentar construir una Unión que superase los Estados nacionales. Era el único proyecto realmente utópico y apasionante de las últimas décadas. Su primer objetivo era acabar con las guerras europeas, crónicas a lo largo de milenios, pero iba más lejos: suponía menoscabar el principio de la soberanía nacional, limitar las competencias de los Estados y convertir aquellos reductos blindados y opacos en permeables a influencias exteriores. Al reducir los poderes del Estado-nación, parecía lógico suponer que disminuiría el atractivo que representaba convertirse en uno de ellos. Tras una larga sucesión de brutales intentos de expansión de los Estados o de luchas por independizarse de un Estado opresor, el futuro parecía anunciar una disminución suave y negociada de los poderes estatales, cedidos a organizaciones supranacionales.
Ahora resulta que todo esto no era más que un bello sueño. Ante la crisis económica, la Unión Europea, presa de egoísmos nacionales, ha reaccionado con lentitud y torpeza. En todas partes han ganado las elecciones populistas que han cultivado el odio contra el vecino: los otros se aprovechan de nuestro trabajo, el euro ha generado inflación y nos imposibilita salir de la crisis manipulando una moneda propia... En los países mediterráneos, en lugar de intentar construir más Europa, cediendo competencias —es decir, soberanía— a un Gobierno económico europeo que nos ayudara a salir del atolladero, los gobernantes se enrocan en su feudo, siguen enviando cifras maquilladas y retrasan en lo que pueden el cumplimiento de reformas necesarias y prometidas a cambio de ayudas. Y en Cataluña y el País Vasco vuelve a levantar el vuelo el independentismo.
El proyecto independentista está ligado a los nacionalismos del siglo XIX. Las rivalidades de aquella época llevaron a las dos guerras mundiales que causaron el declive europeo del XX. Tras la Gran Guerra, se ideó resolver las tensiones creando tantos Estados como naciones se suponía que existían, con la esperanza de que muchos espacios políticos culturalmente homogéneos garantizarían la convivencia en paz. Surgieron así Estados como setas en el centro y este de Europa, pero con ellos no terminaron los conflictos, sino que aparecieron otros nuevos: desplazamientos de población, genocidios o tratamiento discriminatorio de las minorías que siempre seguían quedando dentro de las nuevas fronteras... Llegaron, en resumen, los fascismos y la II
En lugar de insistir en el europeísmo, resurgen las tentaciones de imponer el españolismo monolítico
En el caso español, las circunstancias políticas actuales tienen muy poco que ver con las que vieron nacer los nacionalismos catalán y vasco. En 1898, el país se caracterizaba por el atraso económico, el analfabetismo, la falta de peso internacional, el falseamiento del sistema democrático, las abismales desigualdades del mundo agrario, la interferencia militar en la vida política y la eclesiástica en la cultural, la localización del centro político en un poblacho manchego alejado de los dos grandes polos industriales… Un siglo más tarde, afortunadamente, de aquella lista de problemas queda poco. Pero sigue vivo el tema territorial. Las élites políticas catalanas y vascas, apoyadas por una parte significativa de la población, plantean demandas que apuntan a la constitución de un Estado-nación propio, soberano y separado de España. Y las élites centrales carecen de la cintura que tuvieron hace 35 años. En lugar de insistir en el europeísmo, le asaltan las tentaciones de imponer por decreto el españolismo monolítico basado en Don Pelayo, el Cid e Isabel la Católica.
Es verdad que su asociación con el franquismo desprestigió el españolismo y que el café para todos de la Transición ofendió a catalanes y vascos al compararlos con comunidades recién inventadas y sin conciencia de la propia identidad. Lo que les hubiera satisfecho hubiera sido una federación de cuatro grandes identidades: Cataluña, País Vasco, Galicia y “Castilla”; algo bastante burdo, porque no hay homogeneidad en el espacio que se extiende entre Cantabria y Canarias. Quizá una cifra intermedia entre cuatro y 17 hubiera sido aceptable. ¿Es tarde para intentar replantear el Estado de las autonomías?
Pocos beneficios puede reportar al ciudadano de a pie la independencia política. Nada ganaría con volver a tener que cruzar puestos fronterizos, con manejar varias monedas, con llamar “extranjeros” a quienes hasta ahora han sido conciudadanos. Solo los más cargados de conciencia identitaria obtendrían satisfacciones morales: ahora somos más pequeños, pero somos el “nosotros” con el que soñé desde niño. A cambio de eso, cuántos desgarramientos personales o familiares, cuántas posibles querellas en torno a quién corresponde esta competencia o este dinero, por no hablar de los choques violentos que, en la historia europea, han acompañado casi siempre a los procesos de secesión. Estos últimos, prefiero ni mentarlos; quiero creer que hemos superado esa fase. Los intelectuales parecen liberados de las angustias noventayochistas sobre el “se rompe España”, raíz de tantas locuras; y entre los militares parece haberse impuesto el acatamiento a los pactos o las decisiones que se tomen por los dirigentes civiles.
Pero si al común de las gentes un cambio de este tipo apenas les reportaría ventajas, y sí muchos inconvenientes, les resultaría, en cambio, indiscutiblemente beneficioso a las élites político-intelectuales. Pasar de autoridad local a jefe de Estado suscita, y se comprende, mucho entusiasmo.
Pero es jugar con fuego. La gente podría tomárselo en serio y lo que hoy es solo una pugna entre élites políticas rivales por competencias y recursos podría convertirse en un enfrentamiento étnico auténtico, con comunidades hostiles, separadas por barrios, con hijos que no se casan entre sí y que se lían a golpes cuando se encuentran en los bares. Algo que existe en el mundo balcánico, pero, por fortuna, nunca visto en España. La culminación sería una fragmentación, también a la balcánica, en pequeñas unidades soberanas, independientes, rivales entre sí, con posibles represalias y depuraciones étnicas. Ese escenario no es probable hoy día, pero tampoco imposible.
No debemos dejar que las élites políticas cultiven nuestras pasiones en favor de sus intereses
Cuánto mejor sería intentar adecuar nuestros esquemas mentales y categorías legales a la complejidad y fluidez de la vida social; aceptar que tenemos varias identidades y que ninguna de ellas tiene por qué ser prioritaria sobre las otras. Con la inmigración y el incremento de los lazos con la UE y con América Latina nos estábamos acostumbrando ya a un cierto multiculturalismo en este país. También aceptábamos la existencia de diversos niveles de poder. Sería cosa de pactar de manera más clara y estable las competencias y recursos de cada uno hasta llegar a un modelo federal español sui generis, asimétrico, e integrado, a su vez, en un sistema federal europeo. Encaminaríamos así de nuevo al Estado nacional por la senda que le conduciría a su disolución en una red de múltiples niveles de poder.
Si una racionalización global del sistema, en esta línea federal compleja, es imposible, mantengamos al menos la situación actual, con algún nuevo acuerdo sobre el reparto de la recaudación fiscal entre la Generalitat y el Gobierno central. La cultura del pacto generada en la Transición no debe arrojarse por la borda. Pero hay que renunciar a los victimismos, a las referencias a “expolios” por parte de los vecinos, a las angustias sobre identidades sagradas y eternas hoy amenazadas de extinción. Es responsabilidad de las élites políticas evitar el cultivo de estas emociones primarias. Si no lo hacen, es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, no dejar que exciten nuestras pasiones en favor de sus intereses.
(*) José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Ilustración: Eva Vázquez.
martes, 2 de octubre de 2012
"EMPOWERMENTÁSIS"
EL PAÍS, Madrid, 2 de Octubre de 2012
TRIBUNA
La confusión de la independencia
Cataluña y Grecia comparten la voluntad emancipadora de tomar las riendas del propio destino. Pero conviene cultivar una fría racionalidad para ayudar a encontrar una solidaridad sin agravios en la adversidad de la crisis
Ramon Marimon
Desde el inicio de la crisis del euro, desde el primer rescate de Grecia, uno de los temas que ha creado más confusión ha sido si este país saldría, o sería expulsada, de la Eurozona (y, por extensión, de la Unión Europea). La dificultad —o imposibilidad— de pagar deudas y de cumplir programas troikianos de austeridad, ha llevado a menudo a los griegos a izar la bandera de la independencia del euro. La frustración germana con los griegos incumplidores también ha provocado voces de exclusión o, en otras palabras, de independencia impuesta. En ambos casos, más como amenaza retórica que como auténtica salida a la crisis. Pero a menudo la retórica no es baladí, alimenta la confusión, la crispación.
Confusión, porque no siendo la solución del problema, ofusca el camino a seguir, distrae de los pasos que hay que dar. No es muy difícil ver que ni para unos ni para otros la independencia es la solución del problema (lo que no quiere decir que no pueda suceder). Para los griegos, porque a la mañana siguiente tendrían un Estado más soberano, pero aún más débil para afrontar los mismos problemas; podrían recuperar el dracma, pero ¿qué valor tendría la vieja moneda? Para los alemanes, porque no les hace falta expulsar a los griegos del euro si lo que quieren es reducir las transferencias y, si los echasen, perderían legitimidad para liderar el proyecto integrador de la diversidad que se llama Europa, un liderazgo que para Alemania se ha revelado una gran forma de competir en la economía global.
Confusión, porque los gritos de independencia esconden visiones contradictorias de lo que, de hecho, se debe hacer. El clamor griego muestra, por una parte, una voluntad emancipadora de tomar las riendas del propio destino (en inglés: empowerment) y no aceptar imposiciones; pero, por otra parte, el autoengaño de no afrontar la situación —con el victimismo de que son soluciones impuestas— y mantener los derechos adquiridos. Las voces alemanas expresan, por una parte, racionalidad —la unión no es, ni puede ser, un cheque en blanco— y, por otra, insolidaridad y desprecio. Cuando la independencia no es una discusión, sino un clamor, estas diferencias antagónicas se acallan y la confusión favorece a menudo las concepciones reaccionarias: el postergar decisiones y alimentar los prejuicios sectarios; en definitiva, el transformar la crisis en una recesión profunda.
El encaje del Estado catalán en la UE es una opción política que no está en la agenda
En cambio, cuando está claro que la salida de Grecia de la Eurozona no es una solución, como no lo es el transferir el problema de su deuda a los demás países del euro —porque la deuda es un simple reflejo de problemas más ancestrales—, es cuando se sueltan estas amarras y es posible afrontar la situación: empezar a navegar.
El diálogo se hace (y se debería haber hecho) más claro: es responsabilidad de los griegos ofrecer soluciones, e implementar políticas, creíbles; es responsabilidad de los países de la Eurozona el ayudar a un miembro en crisis y poner sus armas en ello (ECB, MEDE, etcétera), pero como compartir riesgos no es hacer transferencias permanentes, esta responsabilidad no es un cheque en blanco: está condicionada. Condicionada a lo que es posible, lo que a su vez depende de lo que se hace (por ejemplo, como era previsible, ni todas las deudas se podían pagar, y había que cambiar la política de pensiones para hacerla creíble). Pero son responsabilidad común, no unilateral, los acuerdos que afectan a ambas partes: por ejemplo, cómo y con qué tiempos se condicionan las transferencias (así deberían haber sido los Memorandums of Understanding, pero los tiempos en que se han planteado demuestran poco entendimiento común).
Cataluña no es Grecia, aunque ambas compartan el ser un cabal reflejo de lo complejo que resulta establecer uniones políticas en la diversidad, solidaridad en la adversidad. Tienen algo en común: la manera en que salgan de la euro-crisis va a determinar su crecimiento, bienestar e identidad en las próximas décadas. Cataluña no es Grecia; entre muchas otras cosas, no es un Estado, aunque es fácil argumentar que tiene más capacidad de autogobierno… si la dejaran. En este sentido, la pregunta de si quiere ser un Estado de la Unión Europea parece justa y razonable, como lo podía haber sido preguntar a los griegos si debían seguir en la Eurozona. Son preguntas de gran calado y emotividad; hay que dejar de lado esta última para valorar la primera.
Como decía, no era la pregunta adecuada para Grecia y no lo ha sido (a pesar de que Papandreu la propusiera en noviembre del 2011 y, parece ser, Merkel la sugiriera en mayo del 2012). ¿Es la pregunta adecuada para Cataluña?
La manera en que salgan de la crisis va a determinar su futuro crecimiento y bienestar
Es difícil responder a una pregunta con frialdad cuando ya se ha politizado, corre la tinta (o los words de Word), y nos toca de tan cerca. Por esto pienso en Grecia que también es mediterránea pero me queda algo más lejana. Desgraciadamente, en el clamor catalán de independencia (mejor llamarlo por su nombre) también veo confusión y parecidas visiones contradictorias: el empowerment del 11 de setiembre y el sueño de quienes ya se ven abriendo embajada catalana en París; la racionalidad en los que piden seny, recuerdan la gravedad de la crisis y hablan de federalismos y, a la vez, el desprecio en aquellos que al decirlo se les escapa una mueca (al forzar la pronunciación catalana), utilizan la crisis para posponer decisiones sobre un problema histórico, y hablan por pura retórica.
Pienso en Grecia y, como nos enseña la teoría de la decisión (y de juegos), intento ver la solución final y, recorriendo el camino inverso, ver cuál es el camino adecuado. Confusión. Entiendo la frustración de quienes dicen que “los intentos de encaje de Cataluña en el Estado español son hoy una vía sin recorrido”, pero no veo, como otros no ven, el recorrido del encaje del Estado Catalán en la Unión Europea. No es por falta de imaginación o por un simple cálculo económico (de la lechera), sino porque es una opción política que no está en la agenda de la Unión Europea y forma parte del interés de muchos Estados miembros que no lo esté, aún menos en la Eurozona, y nadie con un mínimo de seny quiere balcanizar el problema. La confusión puede llevar a transformar el voluntarismo de la opción en un nuevo victimismo respecto a Europa, una nueva distracción en tiempos de crisis.
En cambio, cuando está claro que mientras la Unión Europea sea una Europa de Estados (y la nueva propuesta de los once, entre ellos España, profundiza en esta dirección; EL PAÍS 19 de septiembre de 2012), el Estado Catalán de la Unión Europea es una ensoñación, por decirlo en palabras de Juan Luis Cebrián (EL PAÍS, 23 de septiembre de 2012), cuando se ha despejado esta confusión, es posible y necesario confrontar la nueva situación que 30 años de autonomías —históricas y menos históricas— ha creado y que el 11 de setiembre en Barcelona, la crisis de las cajas de ahorros y los recortes de las Comunidades Autónomas nos han recordado.
Es posible ver que, precisamente porque la Unión Europea —y, en especial, la eurozona— absorben una gran parte de nuestro espacio político-económico, diversas opciones son posibles dentro (llamémosle también por su nombre) del Estado español, sin que al Rey se le caiga la corona.
Con una buena dosis de fría racionalidad por parte de todos, la voluntad emancipadora del empowerment catalán puede, y debería, ayudar a encontrar una mejor unión política en la diversidad, a encontrar solidaridad sin agravios en la adversidad de la crisis. Quizás esta sea la estrategia, no sin riesgo, del Gobierno catalán: el empowerment y la pregunta de gran calado como bazas de negociación. Quizás de la confrontación nacerá un nuevo entendimiento. Quizás no haga falta esta confusión…
(*) Ramon Marimon es director del Max Weber Programme, profesor del European University Insitute y de la Universitat Pompeu Fabra y presidente de la Barcelona Graduate School of Economics.
TRIBUNA
La confusión de la independencia
Cataluña y Grecia comparten la voluntad emancipadora de tomar las riendas del propio destino. Pero conviene cultivar una fría racionalidad para ayudar a encontrar una solidaridad sin agravios en la adversidad de la crisis
Ramon Marimon
Desde el inicio de la crisis del euro, desde el primer rescate de Grecia, uno de los temas que ha creado más confusión ha sido si este país saldría, o sería expulsada, de la Eurozona (y, por extensión, de la Unión Europea). La dificultad —o imposibilidad— de pagar deudas y de cumplir programas troikianos de austeridad, ha llevado a menudo a los griegos a izar la bandera de la independencia del euro. La frustración germana con los griegos incumplidores también ha provocado voces de exclusión o, en otras palabras, de independencia impuesta. En ambos casos, más como amenaza retórica que como auténtica salida a la crisis. Pero a menudo la retórica no es baladí, alimenta la confusión, la crispación.
Confusión, porque no siendo la solución del problema, ofusca el camino a seguir, distrae de los pasos que hay que dar. No es muy difícil ver que ni para unos ni para otros la independencia es la solución del problema (lo que no quiere decir que no pueda suceder). Para los griegos, porque a la mañana siguiente tendrían un Estado más soberano, pero aún más débil para afrontar los mismos problemas; podrían recuperar el dracma, pero ¿qué valor tendría la vieja moneda? Para los alemanes, porque no les hace falta expulsar a los griegos del euro si lo que quieren es reducir las transferencias y, si los echasen, perderían legitimidad para liderar el proyecto integrador de la diversidad que se llama Europa, un liderazgo que para Alemania se ha revelado una gran forma de competir en la economía global.
Confusión, porque los gritos de independencia esconden visiones contradictorias de lo que, de hecho, se debe hacer. El clamor griego muestra, por una parte, una voluntad emancipadora de tomar las riendas del propio destino (en inglés: empowerment) y no aceptar imposiciones; pero, por otra parte, el autoengaño de no afrontar la situación —con el victimismo de que son soluciones impuestas— y mantener los derechos adquiridos. Las voces alemanas expresan, por una parte, racionalidad —la unión no es, ni puede ser, un cheque en blanco— y, por otra, insolidaridad y desprecio. Cuando la independencia no es una discusión, sino un clamor, estas diferencias antagónicas se acallan y la confusión favorece a menudo las concepciones reaccionarias: el postergar decisiones y alimentar los prejuicios sectarios; en definitiva, el transformar la crisis en una recesión profunda.
El encaje del Estado catalán en la UE es una opción política que no está en la agenda
En cambio, cuando está claro que la salida de Grecia de la Eurozona no es una solución, como no lo es el transferir el problema de su deuda a los demás países del euro —porque la deuda es un simple reflejo de problemas más ancestrales—, es cuando se sueltan estas amarras y es posible afrontar la situación: empezar a navegar.
El diálogo se hace (y se debería haber hecho) más claro: es responsabilidad de los griegos ofrecer soluciones, e implementar políticas, creíbles; es responsabilidad de los países de la Eurozona el ayudar a un miembro en crisis y poner sus armas en ello (ECB, MEDE, etcétera), pero como compartir riesgos no es hacer transferencias permanentes, esta responsabilidad no es un cheque en blanco: está condicionada. Condicionada a lo que es posible, lo que a su vez depende de lo que se hace (por ejemplo, como era previsible, ni todas las deudas se podían pagar, y había que cambiar la política de pensiones para hacerla creíble). Pero son responsabilidad común, no unilateral, los acuerdos que afectan a ambas partes: por ejemplo, cómo y con qué tiempos se condicionan las transferencias (así deberían haber sido los Memorandums of Understanding, pero los tiempos en que se han planteado demuestran poco entendimiento común).
Cataluña no es Grecia, aunque ambas compartan el ser un cabal reflejo de lo complejo que resulta establecer uniones políticas en la diversidad, solidaridad en la adversidad. Tienen algo en común: la manera en que salgan de la euro-crisis va a determinar su crecimiento, bienestar e identidad en las próximas décadas. Cataluña no es Grecia; entre muchas otras cosas, no es un Estado, aunque es fácil argumentar que tiene más capacidad de autogobierno… si la dejaran. En este sentido, la pregunta de si quiere ser un Estado de la Unión Europea parece justa y razonable, como lo podía haber sido preguntar a los griegos si debían seguir en la Eurozona. Son preguntas de gran calado y emotividad; hay que dejar de lado esta última para valorar la primera.
Como decía, no era la pregunta adecuada para Grecia y no lo ha sido (a pesar de que Papandreu la propusiera en noviembre del 2011 y, parece ser, Merkel la sugiriera en mayo del 2012). ¿Es la pregunta adecuada para Cataluña?
La manera en que salgan de la crisis va a determinar su futuro crecimiento y bienestar
Es difícil responder a una pregunta con frialdad cuando ya se ha politizado, corre la tinta (o los words de Word), y nos toca de tan cerca. Por esto pienso en Grecia que también es mediterránea pero me queda algo más lejana. Desgraciadamente, en el clamor catalán de independencia (mejor llamarlo por su nombre) también veo confusión y parecidas visiones contradictorias: el empowerment del 11 de setiembre y el sueño de quienes ya se ven abriendo embajada catalana en París; la racionalidad en los que piden seny, recuerdan la gravedad de la crisis y hablan de federalismos y, a la vez, el desprecio en aquellos que al decirlo se les escapa una mueca (al forzar la pronunciación catalana), utilizan la crisis para posponer decisiones sobre un problema histórico, y hablan por pura retórica.
Pienso en Grecia y, como nos enseña la teoría de la decisión (y de juegos), intento ver la solución final y, recorriendo el camino inverso, ver cuál es el camino adecuado. Confusión. Entiendo la frustración de quienes dicen que “los intentos de encaje de Cataluña en el Estado español son hoy una vía sin recorrido”, pero no veo, como otros no ven, el recorrido del encaje del Estado Catalán en la Unión Europea. No es por falta de imaginación o por un simple cálculo económico (de la lechera), sino porque es una opción política que no está en la agenda de la Unión Europea y forma parte del interés de muchos Estados miembros que no lo esté, aún menos en la Eurozona, y nadie con un mínimo de seny quiere balcanizar el problema. La confusión puede llevar a transformar el voluntarismo de la opción en un nuevo victimismo respecto a Europa, una nueva distracción en tiempos de crisis.
En cambio, cuando está claro que mientras la Unión Europea sea una Europa de Estados (y la nueva propuesta de los once, entre ellos España, profundiza en esta dirección; EL PAÍS 19 de septiembre de 2012), el Estado Catalán de la Unión Europea es una ensoñación, por decirlo en palabras de Juan Luis Cebrián (EL PAÍS, 23 de septiembre de 2012), cuando se ha despejado esta confusión, es posible y necesario confrontar la nueva situación que 30 años de autonomías —históricas y menos históricas— ha creado y que el 11 de setiembre en Barcelona, la crisis de las cajas de ahorros y los recortes de las Comunidades Autónomas nos han recordado.
Es posible ver que, precisamente porque la Unión Europea —y, en especial, la eurozona— absorben una gran parte de nuestro espacio político-económico, diversas opciones son posibles dentro (llamémosle también por su nombre) del Estado español, sin que al Rey se le caiga la corona.
Con una buena dosis de fría racionalidad por parte de todos, la voluntad emancipadora del empowerment catalán puede, y debería, ayudar a encontrar una mejor unión política en la diversidad, a encontrar solidaridad sin agravios en la adversidad de la crisis. Quizás esta sea la estrategia, no sin riesgo, del Gobierno catalán: el empowerment y la pregunta de gran calado como bazas de negociación. Quizás de la confrontación nacerá un nuevo entendimiento. Quizás no haga falta esta confusión…
(*) Ramon Marimon es director del Max Weber Programme, profesor del European University Insitute y de la Universitat Pompeu Fabra y presidente de la Barcelona Graduate School of Economics.
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miércoles, 19 de septiembre de 2012
FIEBRADURA
EL PAÍS, Madrid, 19 de Septiembre de 2012
LA CUARTA PÁGINA
Pacto sin concierto, para bajar la fiebre
Mariano Rajoy y Artur Mas, que se entrevistan mañana en La Moncloa, coinciden en una sola cosa, que es ahora muy importante: que no deben tomar decisiones precipitadas que sean irreversibles
Patxo Unzueta
El gran hallazgo de Artur Mas no ha sido descubrir la funcionalidad del independentismo como instrumento de presión, que forma parte del libro de estilo de todos los nacionalismos, sino haber identificado una causa simple y clara de los males que aquejan a la sociedad catalana y en particular al sector social, las clases medias, más directamente representado por CiU. Si el Gobierno catalán tiene que cerrar quirófanos, reducir horas lectivas, recortar ayudas a guarderías, despedir empleados públicos, es porque otras comunidades se benefician de una parte desproporcionada del dinero que España recauda en Cataluña. El “Madrid nos roba” con que sintetizan su visión muchos manifestantes catalanes recuerda al “Roma ladrona” de la Liga Norte italiana. Para remediar esa situación el nacionalismo catalán plantea dos opciones: el soberanismo fiscal, según el modelo del Concierto vasco, o la independencia.
Hace un cuarto de siglo, José Álvarez Junco resumió los efectos que para el discurso y el liderazgo nacionalista tiene la identificación de un culpable exterior de lo que va mal: une a los propios, convenciéndoles de que existe una animadversión generalizada contra lo nuestro, legitima a la élite gobernante, proporciona explicaciones sencillas de problemas complejos: el Govern solicita una ayuda de 5.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico y su portavoz lo presenta como reclamación de un dinero que en realidad pertenece a los catalanes.
Una característica de la ideología nacionalista es que permite tratar los asuntos de dinero como cuestiones de principio. Para no tener que mendigar nunca más, la solución es que la Generalitat recaude y gestione todos los tributos generados en Cataluña. Esto es lo que, con el nombre de pacto fiscal, se propone plantear mañana Artur Mas a Rajoy en La Moncloa. Pero entremedio se ha cruzado la manifestación por un Estado catalán. La propia magnitud de la demostración ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá, y sobre todo más pronto, de lo que seguramente tenía previsto; y le enfrenta ahora al dilema entre ponerse al frente de la misma o frenarla.
¿Podría un partido como CiU y un presidente como Mas —que no es un José Martí, un Rizal— liderar una marcha hacia la ruptura definitiva con España impulsada por un movimiento asambleario y que necesariamente tendría que transcurrir, al menos en parte de su recorrido, por vías ilegales (como mínimo, de desobediencia civil)? La historia de Cataluña, sobre todo los años treinta del pasado siglo, ilustra la dificultad del empeño. Si se va por esa vía serán otros quienes la dirijan. Y sería subestimar a Mas suponer que no es consciente del callejón en que puede meterse si con al menos la mitad de la población catalana en contra se adentra en lo que él mismo llamó “lo desconocido”: la vía hacia la separación.
Exigir que los territorios pobres no reciban más ‘per cápita’ que los ricos no tiene justificación clara
En estas condiciones, ¿qué puede decirle Mariano Rajoy a su interlocutor? La propuesta que le planteará Mas tiene de entrada la dificultad de que no permite una negociación en términos cuantitativos, como las que planteaba Pujol padre. Podría discutirse (otra vez) de ajustes en el modelo de financiación, buscarse compensaciones en terrenos como el peaje de las autopistas (en Gipuzkoa acaban de establecer un sistema de subvención) y quizás en las inversiones estatales en la comunidad. Pero la fórmula de extender el concierto / convenio vasco y navarro a Cataluña no solo es inviable por razones constitucionales (la disposición adicional primera limita su aplicación a los territorios forales), sino también políticas. Como ha explicado Ángel de la Fuente, el experto más conocido en financiación autonómica, en el número del mes pasado de la revista Claves, “la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de estas en algo más del 12%”. Ningún Gobierno español podría aceptar algo así sin deslegitimarse radicalmente.
Otro experto, este catalán, Antoni Zabalza, que fue secretario de Estado de Hacienda en Gobiernos de Felipe González, explicaba en este periódico (9-11-2011) que la “anomalía” de los conciertos vasco y navarro era soportable para el sistema por la relativamente pequeña dimensión de esas comunidades, que aportan entre ambas el 8% del PIB español; mientras que si se sumase el 18,6% que supone Cataluña se vería afectado el 27% del PIB nacional, lo que implicaría ya una considerable distorsión a la necesaria autonomía de la jurisdicción central para cumplir sus responsabilidades constitucionales (incluyendo la de garantizar el principio de igualdad).
La manifestación de la Diada ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá y, sobre todo, más pronto
Ese principio implica que las comunidades más ricas transfieran recursos a las que lo son menos a través de los mecanismos establecidos. Eso es considerado por los teóricos del soberanismo como prueba del “expolio fiscal” de Cataluña, pero es algo que ocurre en todos los sistemas federales modernos. Como ha recordado recientemente José María Ruiz Soroa (El Correo, 2-9-2012), tener déficit fiscal no es “un expolio, ni un robo, ni algo injusto, sino la expresión de la justicia fiscal progresiva”. A nadie que paga más impuestos de lo que cuestan los servicios públicos que recibe se le ocurriría salir a la calle gritando “tengo un déficit fiscal personal”, dice Ruiz Soroa, para concluir que si las diversas comunidades tuvieran todas un saldo fiscal igual a cero “podríamos afirmar que estamos ante un Estado radicalmente injusto e insolidario que incumpliría sus funciones más básicas”. Cataluña contribuye a la Hacienda común en mayor medida que otras porque es más rica que ellas, o sea, porque hay en su población más contribuyentes ricos.
Lo mismo ocurre en Alemania, donde tres Länder, más la ciudad de Hamburgo, contribuyen a la financiación de los otros 12, que están por debajo de la media en ingresos per cápita. El artículo 107 de su Constitución establece que “se garantizará mediante ley que quede debidamente compensada la desigual capacidad financiera de los Länder”. Pero es cierto que una ley aprobada en aplicación de ese precepto fue recurrida en 1999 por el estado de Baviera ante el Tribunal Constitucional, que resolvió prohibir decisiones que implicaran que “el orden de capacidad financiera de los Länder quede invertido después del reparto” de los fondos de compensación. Ese principio figuraba en el nuevo Estatut, pero el Constitucional lo echó abajo argumentando que tal medida correspondería en su caso a la jurisdicción estatal, no a la de una parte, la comunidad autónoma.
Un Land puede mejorar posiciones en el ranking, pero no desbordar a uno de los contribuyentes netos en el resultado final. Es una virguería reveladora de la mentalidad algo mezquina de quienes lo plantearon en esos términos: exigir que los Estados pobres no reciban más ingresos por habitante que los que son contribuyentes netos no tiene una justificación moral o política clara. En todo caso, tranquiliza a los catalanes saber que no son los únicos afectados por esa obsesión.
Según datos de la Generalitat, Cataluña es la tercera comunidad en recaudación y la octava en financiación por cabeza, tras su aportación a la solidaridad. Pierde por tanto cinco puestos. Las otras dos comunidades que son contribuyentes netas, Baleares y Madrid, pierden respectivamente siete y nueve posiciones. El hecho de que afecte a esas otras dos comunidades podría tal vez propiciar una negociación que ya no sería solo sobre Cataluña, sino sobre la adecuación del sistema de financiación a las condiciones de la crisis. De la reunión podría salir el encargo de un informe técnico independiente que actualice datos e incluya los relativos a las balanzas comerciales entre comunidades, inseparables del debate sobre las balanzas fiscales.
Serviría al menos para ganar tiempo y bajar la fiebre independentista que tanto preocupa a los dos interlocutores. Un punto de partida para entendimientos posteriores sería que ambos se sincerasen y Rajoy reconociera que su mayor error como jefe de la oposición fue promover la recogida de firmas contra el Estatut; y que Mas admitiera que no fue menor el suyo de firmar ante notario su compromiso de no pactar nunca con el PP (el partido que le ha permitido aprobar los presupuestos para este año, y que seguramente no lo hará para el siguiente, lo que pondrá al president en la tesitura de pactar con Esquerra, seguramente la hipótesis que menos desea, o convocar elecciones anticipadas antes de fin de año).
Ilustración: Tomás Ondabra.
LA CUARTA PÁGINA
Pacto sin concierto, para bajar la fiebre
Mariano Rajoy y Artur Mas, que se entrevistan mañana en La Moncloa, coinciden en una sola cosa, que es ahora muy importante: que no deben tomar decisiones precipitadas que sean irreversibles
Patxo Unzueta
El gran hallazgo de Artur Mas no ha sido descubrir la funcionalidad del independentismo como instrumento de presión, que forma parte del libro de estilo de todos los nacionalismos, sino haber identificado una causa simple y clara de los males que aquejan a la sociedad catalana y en particular al sector social, las clases medias, más directamente representado por CiU. Si el Gobierno catalán tiene que cerrar quirófanos, reducir horas lectivas, recortar ayudas a guarderías, despedir empleados públicos, es porque otras comunidades se benefician de una parte desproporcionada del dinero que España recauda en Cataluña. El “Madrid nos roba” con que sintetizan su visión muchos manifestantes catalanes recuerda al “Roma ladrona” de la Liga Norte italiana. Para remediar esa situación el nacionalismo catalán plantea dos opciones: el soberanismo fiscal, según el modelo del Concierto vasco, o la independencia.
Hace un cuarto de siglo, José Álvarez Junco resumió los efectos que para el discurso y el liderazgo nacionalista tiene la identificación de un culpable exterior de lo que va mal: une a los propios, convenciéndoles de que existe una animadversión generalizada contra lo nuestro, legitima a la élite gobernante, proporciona explicaciones sencillas de problemas complejos: el Govern solicita una ayuda de 5.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico y su portavoz lo presenta como reclamación de un dinero que en realidad pertenece a los catalanes.
Una característica de la ideología nacionalista es que permite tratar los asuntos de dinero como cuestiones de principio. Para no tener que mendigar nunca más, la solución es que la Generalitat recaude y gestione todos los tributos generados en Cataluña. Esto es lo que, con el nombre de pacto fiscal, se propone plantear mañana Artur Mas a Rajoy en La Moncloa. Pero entremedio se ha cruzado la manifestación por un Estado catalán. La propia magnitud de la demostración ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá, y sobre todo más pronto, de lo que seguramente tenía previsto; y le enfrenta ahora al dilema entre ponerse al frente de la misma o frenarla.
¿Podría un partido como CiU y un presidente como Mas —que no es un José Martí, un Rizal— liderar una marcha hacia la ruptura definitiva con España impulsada por un movimiento asambleario y que necesariamente tendría que transcurrir, al menos en parte de su recorrido, por vías ilegales (como mínimo, de desobediencia civil)? La historia de Cataluña, sobre todo los años treinta del pasado siglo, ilustra la dificultad del empeño. Si se va por esa vía serán otros quienes la dirijan. Y sería subestimar a Mas suponer que no es consciente del callejón en que puede meterse si con al menos la mitad de la población catalana en contra se adentra en lo que él mismo llamó “lo desconocido”: la vía hacia la separación.
Exigir que los territorios pobres no reciban más ‘per cápita’ que los ricos no tiene justificación clara
En estas condiciones, ¿qué puede decirle Mariano Rajoy a su interlocutor? La propuesta que le planteará Mas tiene de entrada la dificultad de que no permite una negociación en términos cuantitativos, como las que planteaba Pujol padre. Podría discutirse (otra vez) de ajustes en el modelo de financiación, buscarse compensaciones en terrenos como el peaje de las autopistas (en Gipuzkoa acaban de establecer un sistema de subvención) y quizás en las inversiones estatales en la comunidad. Pero la fórmula de extender el concierto / convenio vasco y navarro a Cataluña no solo es inviable por razones constitucionales (la disposición adicional primera limita su aplicación a los territorios forales), sino también políticas. Como ha explicado Ángel de la Fuente, el experto más conocido en financiación autonómica, en el número del mes pasado de la revista Claves, “la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de estas en algo más del 12%”. Ningún Gobierno español podría aceptar algo así sin deslegitimarse radicalmente.
Otro experto, este catalán, Antoni Zabalza, que fue secretario de Estado de Hacienda en Gobiernos de Felipe González, explicaba en este periódico (9-11-2011) que la “anomalía” de los conciertos vasco y navarro era soportable para el sistema por la relativamente pequeña dimensión de esas comunidades, que aportan entre ambas el 8% del PIB español; mientras que si se sumase el 18,6% que supone Cataluña se vería afectado el 27% del PIB nacional, lo que implicaría ya una considerable distorsión a la necesaria autonomía de la jurisdicción central para cumplir sus responsabilidades constitucionales (incluyendo la de garantizar el principio de igualdad).
La manifestación de la Diada ha arrastrado al president a comprometerse en la vía rupturista más allá y, sobre todo, más pronto
Ese principio implica que las comunidades más ricas transfieran recursos a las que lo son menos a través de los mecanismos establecidos. Eso es considerado por los teóricos del soberanismo como prueba del “expolio fiscal” de Cataluña, pero es algo que ocurre en todos los sistemas federales modernos. Como ha recordado recientemente José María Ruiz Soroa (El Correo, 2-9-2012), tener déficit fiscal no es “un expolio, ni un robo, ni algo injusto, sino la expresión de la justicia fiscal progresiva”. A nadie que paga más impuestos de lo que cuestan los servicios públicos que recibe se le ocurriría salir a la calle gritando “tengo un déficit fiscal personal”, dice Ruiz Soroa, para concluir que si las diversas comunidades tuvieran todas un saldo fiscal igual a cero “podríamos afirmar que estamos ante un Estado radicalmente injusto e insolidario que incumpliría sus funciones más básicas”. Cataluña contribuye a la Hacienda común en mayor medida que otras porque es más rica que ellas, o sea, porque hay en su población más contribuyentes ricos.
Lo mismo ocurre en Alemania, donde tres Länder, más la ciudad de Hamburgo, contribuyen a la financiación de los otros 12, que están por debajo de la media en ingresos per cápita. El artículo 107 de su Constitución establece que “se garantizará mediante ley que quede debidamente compensada la desigual capacidad financiera de los Länder”. Pero es cierto que una ley aprobada en aplicación de ese precepto fue recurrida en 1999 por el estado de Baviera ante el Tribunal Constitucional, que resolvió prohibir decisiones que implicaran que “el orden de capacidad financiera de los Länder quede invertido después del reparto” de los fondos de compensación. Ese principio figuraba en el nuevo Estatut, pero el Constitucional lo echó abajo argumentando que tal medida correspondería en su caso a la jurisdicción estatal, no a la de una parte, la comunidad autónoma.
Un Land puede mejorar posiciones en el ranking, pero no desbordar a uno de los contribuyentes netos en el resultado final. Es una virguería reveladora de la mentalidad algo mezquina de quienes lo plantearon en esos términos: exigir que los Estados pobres no reciban más ingresos por habitante que los que son contribuyentes netos no tiene una justificación moral o política clara. En todo caso, tranquiliza a los catalanes saber que no son los únicos afectados por esa obsesión.
Según datos de la Generalitat, Cataluña es la tercera comunidad en recaudación y la octava en financiación por cabeza, tras su aportación a la solidaridad. Pierde por tanto cinco puestos. Las otras dos comunidades que son contribuyentes netas, Baleares y Madrid, pierden respectivamente siete y nueve posiciones. El hecho de que afecte a esas otras dos comunidades podría tal vez propiciar una negociación que ya no sería solo sobre Cataluña, sino sobre la adecuación del sistema de financiación a las condiciones de la crisis. De la reunión podría salir el encargo de un informe técnico independiente que actualice datos e incluya los relativos a las balanzas comerciales entre comunidades, inseparables del debate sobre las balanzas fiscales.
Serviría al menos para ganar tiempo y bajar la fiebre independentista que tanto preocupa a los dos interlocutores. Un punto de partida para entendimientos posteriores sería que ambos se sincerasen y Rajoy reconociera que su mayor error como jefe de la oposición fue promover la recogida de firmas contra el Estatut; y que Mas admitiera que no fue menor el suyo de firmar ante notario su compromiso de no pactar nunca con el PP (el partido que le ha permitido aprobar los presupuestos para este año, y que seguramente no lo hará para el siguiente, lo que pondrá al president en la tesitura de pactar con Esquerra, seguramente la hipótesis que menos desea, o convocar elecciones anticipadas antes de fin de año).
Ilustración: Tomás Ondabra.
miércoles, 5 de septiembre de 2012
HASTA MÍL VENTANAS QUE SE HAGAN PUERTAS
EL PAÍS, Madrid, 16 de Agosto de 2012
TRIBUNA
Un poder de contrapeso
La solución puede ser que se institucionalice un poder ciudadano que vigile y corrija a los partidos políticos
José María Ruiz Soroa
La economía está dejando sin espacio a la política”, esta es la queja casi unánime de nuestros intelectuales ante la situación actual. De la cual derivan una llamada enardecida a que la política vuelva a tomar el mando, vuelva a situarse en el timón de la sociedad, aunque no saben muy bien cómo podría hacerlo salvo con puro voluntarismo. Nadie deduce de esa afirmación una consecuencia que, sin embargo, debería ser obligada: algo ha hecho mal la política, rematadamente mal, para provocar que la necesidad se haya adueñado de nuestro presente. Luego hay que investigarlo.
En un sistema democrático la política no dirige directamente la economía, pero sí dirige sus presupuestos institucionales y sus consecuencias sociales. Es la responsable de mantener una serie de instituciones que permiten, limitan y corrigen el juego del mercado que, dejado a sí mismo, está siempre ávido de romperlas o corromperlas como advirtió Adam Smith. Por eso precisamente, cuando esas instituciones fracasan en su papel de control y regulación, el fallo es de la política que ha permitido su inoperancia, no del mercado que se ha adueñado de ellas o las ha ignorado.
La política española tiene entonces en el momento actual un papel relevante, más allá de quejarse doloridamente de su postración: nada menos que la tarea de diagnosticar, definir y reestablecer las instituciones políticas que han fallado estrepitosamente y han permitido llegar a la situación actual de crisis. Claro que eso implica la autocrítica.
Y podemos perder el tiempo en criticar el malfuncionamiento de esta o aquella institución (nunca mejor que aquello de que “del rey abajo, todas”), o podemos ir un poco más allá y convenir en algo que es auténtica vox pópuli: ha sido la colonización y subordinación de las instituciones por los partidos políticos (unida a una política cortoplacista y electoralista de estos) la que ha terminado por volver inoperantes a las instituciones de orientación y control del sistema, a las que ha convertido en poco más que altavoces de su propio sectarismo. Igual que lo ha hecho con la estructura territorial del Estado, que se ha desarrollado más para atender a las demandas de élites políticas locales camufladas con el digno título del autogobierno que para resolver un problema político de integración.
El mal primordial de nuestro sistema radica en el papel clave que la transición otorgó a los partidos
El mal primordial de nuestro sistema radica, entonces, en el papel clave que la Transición otorgó a los partidos políticos, sumado al uso desviado que han hecho ellos de ese poder al colonizar el resto del sistema en su beneficio directo. Por eso, la principal preocupación de la política española debería ser ahora la de enderezar ese estado de cosas. Algo muy difícil, como es evidente, puesto que los partidos son al mismo tiempo el problema… y su único cauce de solución. Y, hasta ahora, prefieren dedicarse a silbar y montar farsas como la de juzgar a otros.
No creo que la solución pueda venir de esas virtuosas y un tanto patéticas llamadas a una ciudadanía activa que se supone podría tomar en sus manos (¡desde la calle!) el control de los vicios del sistema, como se nos endilga de continuo desde la filosofía democrática deliberativa o republicana. A la ciudadanía hay que implicarla, claro está, pero la cuestión es la de diseñar las instituciones concretas desde las que pueda operar, no cantar sus excelencias abstractas. Y en este punto, la regla básica de seul le pouvoir arrête le pouvoir es la que nos debe guiar. Hay que diseñar instituciones que contrapongan al poder de los partidos un poder distinto, de contrapeso. Rememorando una frase de un revolucionario francés que parece pensada para nuestros días: “¿Hace falta una insurrección para corregir al poder? —se preguntaba—; no, no hace falta una insurrección, —respondía— pero sí hace falta una institución que ocupe su lugar, que incite o reprima la acción o inacción de los poderes constituidos”. Instituciones que ocupen el lugar de la insurrección, paradójica pero brillante intuición.
Vienen a la mente las viejas ideas de Condorcet o de Fichte sobre la reactivación del eforado clásico griego: encontrar una forma de organizar institucionalmente un poder ciudadano que vigile y corrija al de los partidos políticos pero que, al mismo tiempo, no caiga en sus manos. Y en este momento histórico de la democracia, parece que esa posibilidad pasa por dos exigencias: primera, el de concentrar esa intervención ciudadana en asambleas o minipopuli de carácter monotemático y especializado y cuya intervención sea obligada en los desarrollos de políticas específicas. O quizás en el de jurados electorales que fiscalicen la actividad de cada diputado electo, como propuso hace años Ségolène Royal. Segunda, olvidar la elección y recurrir al mecanismo del sorteo entre los ciudadanos (solo entre los interesados en esta labor) junto con la imposición de severas sanciones para los comportamientos desviados que se produzcan (revisión y rendición de cuentas).
Institucionalizar un contrapoder, esa es la tarea a la que la política española puede dedicarse, si sus quejas y jeremiadas le dejan tiempo, claro.
Fotografía: Dirk Panie, The Phantom Menace.
TRIBUNA
Un poder de contrapeso
La solución puede ser que se institucionalice un poder ciudadano que vigile y corrija a los partidos políticos
José María Ruiz Soroa
La economía está dejando sin espacio a la política”, esta es la queja casi unánime de nuestros intelectuales ante la situación actual. De la cual derivan una llamada enardecida a que la política vuelva a tomar el mando, vuelva a situarse en el timón de la sociedad, aunque no saben muy bien cómo podría hacerlo salvo con puro voluntarismo. Nadie deduce de esa afirmación una consecuencia que, sin embargo, debería ser obligada: algo ha hecho mal la política, rematadamente mal, para provocar que la necesidad se haya adueñado de nuestro presente. Luego hay que investigarlo.
En un sistema democrático la política no dirige directamente la economía, pero sí dirige sus presupuestos institucionales y sus consecuencias sociales. Es la responsable de mantener una serie de instituciones que permiten, limitan y corrigen el juego del mercado que, dejado a sí mismo, está siempre ávido de romperlas o corromperlas como advirtió Adam Smith. Por eso precisamente, cuando esas instituciones fracasan en su papel de control y regulación, el fallo es de la política que ha permitido su inoperancia, no del mercado que se ha adueñado de ellas o las ha ignorado.
La política española tiene entonces en el momento actual un papel relevante, más allá de quejarse doloridamente de su postración: nada menos que la tarea de diagnosticar, definir y reestablecer las instituciones políticas que han fallado estrepitosamente y han permitido llegar a la situación actual de crisis. Claro que eso implica la autocrítica.
Y podemos perder el tiempo en criticar el malfuncionamiento de esta o aquella institución (nunca mejor que aquello de que “del rey abajo, todas”), o podemos ir un poco más allá y convenir en algo que es auténtica vox pópuli: ha sido la colonización y subordinación de las instituciones por los partidos políticos (unida a una política cortoplacista y electoralista de estos) la que ha terminado por volver inoperantes a las instituciones de orientación y control del sistema, a las que ha convertido en poco más que altavoces de su propio sectarismo. Igual que lo ha hecho con la estructura territorial del Estado, que se ha desarrollado más para atender a las demandas de élites políticas locales camufladas con el digno título del autogobierno que para resolver un problema político de integración.
El mal primordial de nuestro sistema radica en el papel clave que la transición otorgó a los partidos
El mal primordial de nuestro sistema radica, entonces, en el papel clave que la Transición otorgó a los partidos políticos, sumado al uso desviado que han hecho ellos de ese poder al colonizar el resto del sistema en su beneficio directo. Por eso, la principal preocupación de la política española debería ser ahora la de enderezar ese estado de cosas. Algo muy difícil, como es evidente, puesto que los partidos son al mismo tiempo el problema… y su único cauce de solución. Y, hasta ahora, prefieren dedicarse a silbar y montar farsas como la de juzgar a otros.
No creo que la solución pueda venir de esas virtuosas y un tanto patéticas llamadas a una ciudadanía activa que se supone podría tomar en sus manos (¡desde la calle!) el control de los vicios del sistema, como se nos endilga de continuo desde la filosofía democrática deliberativa o republicana. A la ciudadanía hay que implicarla, claro está, pero la cuestión es la de diseñar las instituciones concretas desde las que pueda operar, no cantar sus excelencias abstractas. Y en este punto, la regla básica de seul le pouvoir arrête le pouvoir es la que nos debe guiar. Hay que diseñar instituciones que contrapongan al poder de los partidos un poder distinto, de contrapeso. Rememorando una frase de un revolucionario francés que parece pensada para nuestros días: “¿Hace falta una insurrección para corregir al poder? —se preguntaba—; no, no hace falta una insurrección, —respondía— pero sí hace falta una institución que ocupe su lugar, que incite o reprima la acción o inacción de los poderes constituidos”. Instituciones que ocupen el lugar de la insurrección, paradójica pero brillante intuición.
Vienen a la mente las viejas ideas de Condorcet o de Fichte sobre la reactivación del eforado clásico griego: encontrar una forma de organizar institucionalmente un poder ciudadano que vigile y corrija al de los partidos políticos pero que, al mismo tiempo, no caiga en sus manos. Y en este momento histórico de la democracia, parece que esa posibilidad pasa por dos exigencias: primera, el de concentrar esa intervención ciudadana en asambleas o minipopuli de carácter monotemático y especializado y cuya intervención sea obligada en los desarrollos de políticas específicas. O quizás en el de jurados electorales que fiscalicen la actividad de cada diputado electo, como propuso hace años Ségolène Royal. Segunda, olvidar la elección y recurrir al mecanismo del sorteo entre los ciudadanos (solo entre los interesados en esta labor) junto con la imposición de severas sanciones para los comportamientos desviados que se produzcan (revisión y rendición de cuentas).
Institucionalizar un contrapoder, esa es la tarea a la que la política española puede dedicarse, si sus quejas y jeremiadas le dejan tiempo, claro.
Fotografía: Dirk Panie, The Phantom Menace.
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