HOY, 18

Un largo post-octubrismo
Luis Barragán

Martes, 14 de octubre de 2003

“La lucha del hombre contra el poder es
la lucha de la memoria contra el olvido”
Mirek

Los gobiernos presididos –primero- por Rómulo Betancourt y –después- por Rómulo Gallegos, en la década de los cuarenta, ofrecen los referentes necesarios para aproximarnos al que hoy preside Hugo Chávez, haciendo la salvedad de las concretas condiciones históricas que los separan. Superada la noción de gobierno, se imponen los aspectos relacionistas del poder, su legitimidad y –concretamente- las creencias y símbolos que, convertidos en discurso, revelan una tendencia apenas alterada entre 1989-1992.

Digamos que el imaginario presente a mediados del siglo XX, reaparecerá vigorosamente en los albores del XXI, domiciliados en un mismo régimen: el octubrista. Grosso modo, ambos ciclos acusan características semejantes: a) discursivamente revolucionarios, el presente apenas alcanza para la remoción de los escombros de un pasado denostado; b) constituyen una gesta del (re) descubrimiento de la renta, la cual no comportará el sacrificio de los distintos sectores sociales; c) inicialmente, ofertan un programa mínimo (despersonalización o despartidización del poder, sufragio efectivo o democracia protagónica, moralización de la administración o inmediata liquidación de la corrupción); d) responden a una inmediata emergencia social, incrementando a la postre el gasto corriente; d) se realizan en el marco de un forzado pluralismo político que, al pretender reducirlo y domesticarlo, endurece los rasgos autoritaritarios, temidos por unos y aupados por otros; y e) la institución armada recupera una importancia estratégica antes aminorada por el desenvolvimiento político rutinario. No obstante, la versión original de una revolución, cuya etapa inicial culmina con el ascenso de Gallegos, resignificándola, guarda sobradas distancias con la derivada, prolongación y agonía de un modelo que los ejercicios plebiscitarios de Chávez no pudieron salvar.

La experiencia venezolana actual obedece a una resistencia objetiva al cambio que la modernización y la globalidad anuncian con terquedad, no exclusivamente, aunque mejor, reflejada por un oficialismo empeñado en sostener el rentismo (económico, sociológico y político), garante de la propia preservación del poder. Inevitable, la crisis social y económica lo lleva a apostar por fórmulas totalitarias que, por un lado, exceden y quebrantan las representaciones bolivarianas de las que se sirve (empleada la versión pedenista del treintenio); por otra, no responden a la tendencia constante del ingreso fiscal petrolero por habitante, cuya modestia contrastará con un país mucho más poblado hacia 2025; y finalmente, tampoco puede conciliarse –sin descomponerse- con la socialización del crimen, inherente a una corrupción que ha desbordó tiempo atrás los linderos de la administración pública.

Podemos justificar el octubrismo de 1945 que, redefinido trece años más tarde, por la inmensidad de los recursos percibidos, superó el ya antiguo dilema entre inversión y distribución de la renta. No ocurre algo semejante con el que inició en 1998, prolongándolo enfermizante. Simplemente, la renta no alcanza y, además, no pocos estudios de opinión avisan del derrumbe –aunque lento y tímido- de un imaginario social, en favor de otro que espera de la consigna política oportuna, adecuada y contundente.

De risas y de olvidos se hace la historia. Mirek, el personaje novelístico de Kundera, también nos dijo de algunos remedios que resultan peores que la enfermedad.

Ejercicios de armas

El gobierno nacional advirtió que no devolverá las armas de guerra a la Policía Metropolitana que ha atentado contra el pueblo. Legos en la materia, nos permitimos un breve ejercicio.

Todas las armas son iguales de peligrosas, pero unas más iguales que otras. Las de fuego, peores. Las de guerra, indecibles. Estas deben matar a miles de pájaros de un solo tiro, calcinando los árboles e, incluso, llevándose por el medio al descudado disparador. No obstante, hay doctrina.

El estado ejerce el monopolio de la violencia y, como no puede estar en todos lados a un mismo tiempo, se reserva aquellas armas que son más armas que las otras y delega, rompiendo el monopolio, las que son menos armas. Así, los permisados le ayudarán a preservar la vida de las personas e integridad de los bienes, incluídos los semovientes, aunque suene algo paradójico esto de la preservación. Sin embargo, el Estado es Miraflores y no será un tribunal el que nos diga cuáles son más o cuáles son menos armas, a través de un peritaje que lo ayude a resolver lo que es un litigio.

Lo anterior nos lleva a otros ejercicios, por ejemplo, quien decide es el responsable del empleo de las armas, así fuese por mano ajena. Las de guerra, se infiere de la declaración barquisimetana de Rangel, que no sentencia (con su narrativa, motiva y dispositiva), son las que atentan contra el pueblo. Por tanto, de producirse el atentado por ocurrencia de un agente policial, digamos un révolver de cinco tiros para cinco inocentes pájaros, no habría un crimen de lesa humanidad, pues, el ejecutivo nacional tomó la previsión de no clasificarlo como arma de guerra. A menos que el vicepresidente lo haya olvidado y, con todo el tren ministerial, deba rendir cuentas.

Ahora bien, el enemigo de la municipalidad –delincuencia común y silvestre- no posee armas de guerra, colegimos, porque, si las poseyera, no sería combatido por la Policía Metropolitana, sino por la Fuerza Armada. Significa desechar la ciencia y la experiencia policiales, además de la criminología, ya que –teóricamente- estamos frente a un enemigo interior, según la doctrina de seguridad nacional muy del cono sur. Vale decir, al no representar los intereses de una potencia extranjera, quienes intentan interceptar un transporte de valores, vaciar la bóveda de un banco, colocar unas porciones de marihuana, atracar a un transeúnte o hacerse de unas gallinas, nada más y nada menos que aspiraría a capturar el Estado. Concluimos que todo carterista es un potencial ladrón del poder político, por raro que parezca el silogismo.

Agreguemos otra circunstancia: Miraflores llega hasta dónde le alcance la cobija y puede incautar las armas que considera de guerra, clasificadas y ordenadas, a la Policía Metropolitana, pero no las que exhiben los círculos del terror y los tupamaros. Estas no son de guerra, así provoquen muertos y heridos, porque pueblo será lo que diga el ejecutivo nacional sin mayor elemento de prueba que su propia voluntad y, por si fuera poco, contrariando la vigente ley de desarme, actúan como delegatarios del poder.

Recordemos que esos grupos paramilitares del oficialismo han disparado a discreción contra las movilizaciones populares de la oposición. Rangel aseguró que no lo hicieron en “El Catiazo” y, en horas de la tarde, los mismos tupas reivindicaron la gesta en sus páginas internetianas. ¿Qué hubiese dicho años atrás el periodista Rangel?. En el “Petarazo”, convirtieron una doméstica bombona de gas, en una descomunal bomba con la pretensión de arrasar con la casa municipal de COPEI. Y tampoco fue visto por el gobierno nacional y el local de raigambre chavista. Claro, ellos son más pueblo que otros.

Sumemos otra inquietud: ¿de dónde proviene ese armamento de guerra, capaz de llevarse a miles de pájaros en las cercanías de Miraflores o en Los Próceres, cuando la protesta opositora se hizo presente? Sospechamos que el gobierno nacional no devuelve las armas en cuestión porque ¿cómo pedíselas a los círculos y tupas?

Fuente: http://www.analitica.com/va/politica/opinion/1771756.asp