Luis Barragán
Quizá año y medio atrás, las operadoras de telefonía celular acudieron a la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, la cual integrábamos, para plantear los problemas del sector, destacando la deuda en divisas de las privadas, cuyas diligencias nunca supimos cuán exitosas resultaron. Nuestra conclusión, por cierto, fue la de que el sector tenía sus días contados, al añadir el planteamiento que hizo el por entonces director de CONATEL, sobre las redes sociales.
Recientemente, el nuevo director, Andrés Eloy Méndez, quien una vez abandonó sus funciones parlamentarias de francotirador de la bancada oficialista, regresando inconstitucionalmente con el fallido propósito de reelegirse, ha retomado la ya vieja idea de regular las redes sociales. Prometiendo reeditar sus bulliciosos días como superintendente de Precios, señala el predominio de “la violencia y la instigación” que obliga a la instancia gubernamental a una regulación y aplicación de medidas que “no serán distintas” respecto a otros países.
La iniciativa es de una obvia gravedad, porque tiene una clara intención política y, so pretexto de atajar los excesos relacionados con la pornografía, por ejemplo, resume una completa ofensiva contra la libertad de expresión, absolutamente inaceptable en un país en el que los medios convencionales, impresos o radiofónicos, luchan por sobrevivir, a pesar de las asfixias por falta de papel y otras fórmulas administrativas arbitrarias y sediciosas que convierte en añicos el texto constitucional. Así como reformaron el Código Penal para intentar el ahogo de los cacerolazos, tipificando una actividad espontánea de legítima protesta que requiere apenas de un utensilio de cocina y de ganas, ahora pretenden filtrar y eliminar los bytes que les generan una inmensa angustia, constituyendo el único recurso superviviente que los implacables servicios de inteligencia no logran ya domar.
Los especialistas advierten la considerable brecha digital en un país que apela a los ya costosos móviles celulares para enterarse de sí, como no puede hacerlo por otros medios, cada vez más atrasado tecnológicamente e impedido de las divisas que lo devuelvan a las mejores promesas del siglo XXI. Ilegalmente intervenidas, las comunicaciones naturalmente resultan indispensables para saber hasta de la suerte de familiares y relacionados que comparten las peligrosas calles bajo predominio del hampa enteramente convencional que ni siquiera preocupa al Estado, arrojando un trágico y palpable saldo semanal.
No parece inútil disertar sobre Alvin Tofler, Manuel Castells, Paul Virilio o César Rendueles (ideológicamente tan afín al régimen venezolano), pues, el problema tiene por contexto una vocación totalitaria que está realizándose, con o sin mesa de diálogo, implacablemente. Y, además, dista demasiado de casos como el de Pete Townshend que, por mucha popularidad e influencia que tuviera el afamado guitarrista de rock, fueron investigadas sus incursiones pornográficas, en un país de convincente división de poderes, con una administración de justicia “algo” mejor que la exhibida acá y de libertades hasta para polemizar en la materia.
Referencias:
http://www.el-nacional.com/politica/Conatel-evalua-reforma-regular-sociales_0_966503604.html
http://www.elconfidencial.com/cultura/2012-09-29/toda-la-verdad-sobre-pete-townshend-la-pornografia-infantil-y-su-amor-por-jagger_502155
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