Luis Barragán
A mediados de 2015, introdujimos el Proyecto de Ley Especial del Estado Esequivo (sic), junto a otros valiosos colegas parlamentarios, deseando abrir una discusión – todavía pendiente – en torno a soluciones muy concretas, como la aportada por el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta, autor de la propuesta. Habida cuenta de la larga e histórica reclamación de un territorio del cual tan injustamente fuimos despojados, creemos aún importante resolver el inmenso problema que se vive al sur del país que dolorosamente ha actualizado la consabida matanza de Tumerero.
Precisamente, el proyecto en cuestión apunta a la estadidad del municipio Sifontes del estado Bolívar, del cual es capital Tumeremo, integrándole en un futuro – ojalá, cercano – el extenso territorio en litigio. Suficiente y lamentablemente comprobado ante la ineptitud cómplice del lejano poder central, tratamos de espacios en los que el Estado brilla por su ausencia, aterrorizados sus habitantes por las consecuencias de la criminalidad, precariedad económica, la insalubridad y el atrás.
Más de setenta mil habitantes que hablan español, pemón y portugués, despuntando continentalmente el paludismo, entre otras endemias, apenas sobreviven por las actividades agropecuarias y mineras que suelen pasar por las alcabalas del delito. Para quienes hemos tenido ocasión de visitar el lugar, resulta difícil describir una situación y un ambiente signados por el poder de sendas mafias.
El reordenamiento político-territorial que proyectamos, supone inaugurar una experiencia de gobernabilidad y de gobernanza hoy francamente desconocida en la región, además de responder a problemas que adquieren una trascendencia innegable en el orden geopolítico y geoestratégico. Constituye una opción perfectible, capaz también de solventar facetas importantes para la recuperación del Esequivo (sic).
Sucesos trágicos, como el de la impune matanza de los mineros que espera por el desarrollo veraz de una profunda investigación, incrementándose otras evidencias que sigue corajudamente denunciando el diputado Américo de Grazia, nos remite a otra realidad: la del debate negado y, si se da, inconsistente y efímero. Quizá, de haber aceptado la bancada oficialista darlo en torno a un proyecto que remitimos a sendas autoridades públicas, como el propio Presidente de la República y su ministro de la Defensa, se hubiesen evitado y se evitarían tragedias que, simplemente, no nos merecemos aún inquilino de un nuevo siglo.
11/04/2016
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