EXTENSA VERSIÓN

Una avenida que se prolonga espiritualmente

Luis Barragán

- I –

Antes que la pólvora, la República tuvo como esencial domicilio la palabra. Antes que en el Congreso Constituyente de 1811, ella habitó cómoda el municipio.

El municipio deliberó sobre los problemas fundamentales del país que por entonces emergía, como lo hace hoy cuando parece sumergirse. Mientras que la haya, renacerá por siempre Venezuela,  ya que la palabra es reflexión, acción y emoción compartida.

La independencia que, a la vez es soberanía nacional y soberanía popular, arraigó en el espacio de las municipalidades, donde cobró vida la promesa de la integridad territorial.  Y ésta, constante el principio del uti possidetis iuris en todas nuestras constituciones,  remite también a un reclamo vigente, cuando – en el presente – la crisis amenaza la propia convivencia ciudadana en sus más variados e insospechados ámbitos.

La iniciativa del Concejo Municipal de Baruta que celebramos con emoción republicana, renombrando esta avenida,  constituye un importante reconocimiento a la prestancia y significación histórica de la voz “Esequibo”; resume un sentido tributo a la población del extenso territorio del que fuimos injustamente despojados por la fuerza y, luego,  mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, al igual que condensa un vivo  testimonio de agradecimiento a los hombres y mujeres que diligenciaron y diligencian todavía su ya prolongada, paciente y pacífica recuperación.

 Cada vez que la ciudadanía transite el diario asfalto de sus ocupaciones, emprendiendo sus mejores tareas, como las de trabajar, estudiar y recrearse;  buscando las oportunidades para hacerlo, o respondiendo a todas sus urgencias,  acuñará el recuerdo urbano de los hermanos que recorren sus alamedas boscosas con un sentimiento tricolor, en el distante territorio esequibano que comienza mordiendo las aguas del Atlántico al norte;  dice terminar en el sur que se abanica en una encrucijada de fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, realmente terminando y comenzando - a la vez - en  todos y cada uno de los corazones venezolanos,  donde late por siempre la vocación por la libertad  deseosa de traducirse en una democracia plena.

Y no es, ni será, la acuñación de una voluntad de conquistar lo que no es nuestro, siendo un país que sacrificadamente aportó a la Independencia Continental, pues, no padecemos esa suerte de geofagia que caracteriza a las peores dictaduras. Aunque las nuestras, las que plagaron de guerras civiles y miserias al país, debilitándonos institucionalmente, constituyen un caso más grave. Si bien es cierto que el despojo fue obra de las concertadas superpotencias de entonces, no menos cierto es que nuestras dictaduras así lo facilitaron. Y, todo,  a pesar de las valientes voces que se resistieron, o de acciones como la del general Antonio Domingo Sifontes que defendió con las manos, más que por las bayonetas,  El Dorado, frente al invasor, contrastando con la oficialidad de reluciente espada que lograba llegar al palacio presidencial de la muy remota Caracas para jugar y distinguirse entre los espejos.

- II -

Cumplimos medio siglo de la suscripción del Acuerdo de Ginebra, fruto de las difíciles negociaciones con Gran Bretaña, protagonista del injusto despojo, ya en trance la Independencia de Guyana. Desde que se hiciera público hacia 1949, el póstumo memoradum de Severo Mallet-Prevost, revelando la injusticia arbitral que redujo aún más el territorio venezolano,  fueron muchas las atenciones, planteamientos y diligencias que realizó el Estado – nuestro Estado – para recobrarlo, sistematizándolas progresivamente, sobre todo a partir de 1958 cuando le dio una definitiva orientación política, por encima de los circunstanciales gobiernos que tuvimos.

El 17 de febrero de 1966, se abrió un camino diferente para la reclamación respaldada por una sólida acreditación histórica y jurídica, gracias a las diligentes actuaciones de quienes invirtieron tiempo y paciencia, comprobadas habilidades y sobrados conocimientos para hallar una fórmula todavía vigente, a pesar de las maniobras del vecino país.  Con justicia, solemos recordar a Raúl Leoni, Ignacio Iribarren Borges y los demás funcionarios de una competente cancillería, pero también olvidar el enjundioso trabajo de investigación realizado en archivos extranjeros por Hermann González Oropeza (SJ), Pablo Ojer, Harry Siervers y Caracciolo Parra Pérez a objeto de garantizar la debida sustentación histórico-documental para una labor – es necesario reiterarlo - de Estado, realizada con la eficacia, destreza y puntualidad que se requería.

Importa mencionar dos facetas, entre las varias que contrastan con un presente agobiado por las consignas, falacias y anécdotas de ocasión de lo que se hace llamar gobierno.

De un lado, lo señala la correspondiente Memoria y Cuenta de la Cancillería,  la delegación venezolana reunida en el Palais des Nations, estuvo compuesta – además – por una variada representación de los partidos, fueren o no de la coalición que ocupaba por entonces a Miraflores, como Jaime Lusinchi (AD), Andrés Roncajolo (FND), Simón Antoni Paván (URD), Gonzalo García Bustillos (COPEI), Iván Terán (FDP), Manuel Alfredo Rodríguez (PRN) y Armando Soto Rivera (Independiente).  Vale decir, que no fue monopolio – como nunca debe serlo un asunto que atañe a todos – del otrora partido de gobierno, situación que dramáticamente contrasta con el que hoy arbitraria y excluyentemente dirige o dice dirigir los destinos del país.

Del otro, la suscripción del Acuerdo generó un intenso debate en la opinión pública y en el Congreso, donde igualmente surgieron voces de cuestionamiento, sin que ello hubiese significado desmerecimiento alguno ni provocado una alevosa descalificación personal de los disidentes. La academia, grupos de interés e individualidades se hacían sentir respecto al mecanismo empleado. Es decir, no hubo censura y bloqueo informativo, menos una Asamblea Nacional dócil y servil que, por estos años,  evadió el problema hasta adscribirse ciegamente  a la dirección de un gobierno que apartó el diferendo territorial en sus relaciones bilaterales con Guyana, autorizándolo expresa o tácitamente a ofrecer y materializar sendas concesiones en el territorio y en las aguas, por lo menos, en disputa. Por supuesto, aquellos eran tiempos en los que hubo rendición veraz de cuentas, frecuentes interpelaciones parlamentarias del canciller, extensas polémicas en la prensa, donde hoy existe desprecio y arrogancia, por no decir villanía y entreguismo del poder establecido.

- III –

Mas, no redundemos en la historia ya consolidada de la reclamación, al igual que la de los propios alegatos jurídicos, sino  apuntemos a la necesidad perentoria de recobrar una Política de Estado que involucre e implique a todos los sectores de la vida nacional, institucionalizando las coincidencias y las diferencias, antaño aceptadas y procesadas en el marco de una mayor estabilidad política, a pesar de las difíciles coyunturas que confrontamos; hogaño, asfixiadas o silenciadas cuando peligran severamente las libertades públicas y el país bordea los precipicios de una inédita crisis económica y social.

En los últimos años, se ha evidenciado un debilitamiento del interés y la continuidad de esfuerzos respecto al reclamo esequibano, debido a los específicos objetivos del régimen prevaleciente en Venezuela que ha generado preocupación, angustia y descontento en los sectores más avisados. Y esto, no por la tardanza de una solución definitiva, rápida y contundente, sino por el tratamiento mismo que el régimen le ha dispensado,  remitiéndonos a una deficiente o inexistente institucionalidad interna de la política exterior, presumiéndola bajo el exclusivísimo privilegio del Presidente de la República, susceptible de explicarse hasta por sus características personales, como si – al menos – no hubiese control parlamentario de una política pública.

Subestimando la histórica reclamación y asimilándola a la banalidad de las consignas, los gobiernos de Chávez Frías y Maduro Moros hicieron de una alianza continental el objetivo prioritario, procurando atraer a los países que integran la Commonwealth, entre ellos Guyana; desoyeron las opiniones, observaciones y exigencias de los especialistas e, incluso, activistas – esequibanos o no – caracterizados por el seguimiento tenaz del problema; y, por supuesto, desestimaron los planteamientos de los parlamentarios de la oposición que lograron articularlos con iniciativas concretas, a  pesar de las adversidades. 

Concesiones suficientemente denunciadas por la oposición venezolana, no recibieron la debida atención del gobierno y la de su bancada asamblearia, la cual quiso amurallar con su displicencia cualquier perturbación complementaria a las que afrontaba o, mejor, confrontaba. Será con la captura y posterior liberación del “Teknik Perdana” por la Armada, que la opinión pública apunte al bloque Stabroek y al anuncio del hallazgo de un importante yacimiento por la Exxon Mobil que condujo a la revalorización de la reclamación esequibana,  como a la torpe ofensiva del gobierno que protestó a la transnacional en lugar de hacerlo con Georgetown, pasando por alto las vicisitudes internas de un país que estrenó a David Granger como gobernante,  un militar de carrera menos discreto que su inmediato antecesor.

 
De un modo u otro, tímida o decidida, hubo una Política de Estado respecto a la controversia esequibana, palpable – bajo la Constitución de 1961 – en los encendidos debates de la opinión pública y del viejo Congreso de la República, bajo circunstancias políticas como las de la subversión, la austeridad económica o la crisis de las alianzas gubernamentales.  No la hay, sonante – bajo la Constitución de 1999 – en un ambiente de persecución, censura y bloqueo informativo, reforzado la docilidad y subordinación de la   anterior Asamblea Nacional, al amparo de la mayor concentración de poder y de los más elevados ingresos petroleros en todo nuestro historial republicano.

- IV -

La materia quedó relegada a un plano secundario y, luego de los comicios parlamentarios de 2010, dijo abrirse una ventana para la consideración más sobria de sus implicaciones. Por imposición de la mayoría oficialista, el parlamento que concluyó su período en 2015, no tramitó solicitud alguna para considerar el problema, indiferente ante la iniciativa de un grupo de parlamentarios opositores que marcaron una pauta – por cierto, que los acomplejó -  al visitar la zona esequibana.

Entre mayo y junio de 2015, levantando una justificada polémica, fue decretada la creación de las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), a objeto de cubrir el espacio acuático jurisdiccional de la República, una de ellas correspondiente a la fachada atlántica, cuyo mapa hubo de corregirse gracias a otro decreto presidencial. En su largo monólogo, aireados temas aún ajenos al motivo de una obligada, inevitable y tardía comparecencia, debido a la presión de las circunstancias, el señor Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Nacional y ventiló públicamente el error y las correcciones realizadas, en un batiburrillo – con el cual se identificó el principal partido de gobierno - que, es lo aconsejable, debió concebirse como un mensaje lacónico, preciso y convincente que conjurara cualquier riesgo de interpretación. Y, necesaria acotación, indicio que convierte al régimen mismo, en una vulnerabilidad en términos de seguridad y defensa, por no citar un caso concreto: otrora transnacional acreditada y eficiente, hoy PDVSA no puede acometer siquiera los trabajos de exploración realizados por la Exxon Mobil en la fachada atlántica.

Necesario inciso,  el nuevo gobierno de una Guyana todavía desconocida entre nosotros, asombrosamente dividida en términos raciales,  aquejada por una aguda y sempiterna crisis económica y social que, al parecer ya en Venezuela es cada vez peor,  experimenta más que una firme esperanza, una poderosa ilusión petrolera como estelar promesa de su gobierno. Ilusión que, por cierto, con todos sus bemoles, hemos padecimos, pero que nos remiten  dos notas importantes: la una, es comprensible, aunque inaceptable al tratarse de concesiones que comprometen nuestro territorio, el esfuerzo del vecino país por superar sus actuales condiciones de vida; y, la otra, que jamás hemos apostado por su liquidación o desaparición, sino – mejor – sostenemos que, al reconocer nuestra titularidad, se ofrecen opciones para una explotación conjunta del territorio en cuestión, por lo que el mundo no se  acaba, sino comienza para Guyana, con tal reconocimiento.

Problemas previsibles o sobrevenidos, suscitados en el período legislativo  2011-2015, no saben de un directo y oportuno tratamiento en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, rechazadas cualesquiera mociones de modificación del Orden del Día que procurase hasta indirectamente ventilarlos, aunque la oposición logró – indirectamente -  hacerlo a propósito de otros y diferentes puntos agendados. Excepto el único debate escenificado en 2015, luego del largo monólogo de Nicolás Maduro en el hemiciclo, se evidencia el desequilibrio inconstitucional en el tratamiento de las demandas políticas que manifiesten la preocupación o, mejor, angustia por la incompetencia manifiesta de la cancillería,  las concesiones petroleras en aguas venezolanas del Atlántico, la ausencia de respuestas formales e inmediatas frente al gobierno de Georgetown, los decretos sobre la Fachada Atlántica, la delimitación de áreas pendiente con las Antillas Menores,  la muerte del Buen Oficiante y el nombramiento de un representante venezolano a tiempo completo ante su oficina, el padecimiento social y económico de los habitantes del territorio reclamado y sus aledaños, las condiciones de insalubridad reinantes,  la precaria situación de los esequibanos en Venezuela, la ilegal explotación minera en la zona y otras prácticas abiertamente delictivas, la injerencia cubana, los excesos de Petrocaribe,  el peso de la Commonwealth, entre otras facetas y aristas, por no mencionar la dudosa posición del gobierno de Caracas sostenida en más de década y media sobre el propio Acuerdo de Ginebra que los guyaneses pretenden ahora desconocer.

                                         - V -

En efecto, liderado por la diputada María Corina Machado, el grupo -  integrado por otros diputados y dirigentes políticos de oposición -  viajó por tierra hasta Etherimbang.. E, incluso, trabajando responsable e intensamente la materia, en los días siguientes celebró una rueda de prensa frente a Casa Amarilla, sede de la cancillería en Caracas, en demanda del nombramiento de un representante a tiempo completo por ante la Oficina del Buen Oficiante, e introdujo un Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica que jamás ha consideró la plenaria de la Asamblea Nacional. En lo personal, pisar territorio venezolano, más allá del Coyuní, visitar la isla de Anacoco, fue una extraordinaria experiencia que nos dio fuerza moral para declarar a los medios en las peligrosas inmediaciones de la Casa Amarilla.

Hay suficientes testimonios de los esfuerzos realizados por la bancada opositora, como del tratamiento dispensado por el oficialismo ante el problema esequibano.  Éste, renunciando a las misiones y funciones esenciales de la Asamblea Nacional, no impidió la aparición y multiplicación de nuevos problemas con Guyana, evitando que prosperasen soluciones alternas.

Todavía impactada la opinión pública por el anuncio de la Exxon Mobil y la captura del “Teknik Perdana”, al igual que por las declaraciones impertinentes del presidente guyanés, la mayoría oficialista no permitió discusión alguna de los problemas, aunque no pudo evitar que, a propósito de los planteamientos de  una distinta naturaleza, se colaran en el hemiciclo. El día 07/04/2015, resulta expresamente negado el debate sobre el Esequibo; el 09/06/15, más de treinta diputados de la oposición infructuosamente exigimos por escrito hablar en el seno de la Comisión Permanente de Política Exterior respecto al tema;   el 16/06/15, al plantear un proyecto de acuerdo en solidaridad con la reclamación argentina de Las Malvinas,  al diputado ponente y militante del PSUV, le fue inevitable la alusión esequibana, a la que debimos responderle; el 06/07/15, diferido varias veces el compromiso, Nicolás Maduro acudió a la Asamblea para un largo monólogo. Y, por fin, el 16/07/15, la plenaria asume la discusión de un asunto tan insólitamente postergado.

En la bancada opositora, al exigir una Política de Estado, también surgieron tres propuestas concretas, ratificando el Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, e impulsando el de creación del estado Esequivo (sic) y el de la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación. Previendo cualquier escaramuza de sabotaje o bloqueo, los diputados proponentes del Proyecto de Ley Especial del Estado Esequivo (José Manuel González, Freddy Marcano, Andrés Velásquez, Juan Pablo García, Omar González, Leomagno Flores, Américo de Grazzia y el suscrito, redactado por el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta), lo consignamos por secretaría minutos después de iniciada la sesión, difiriendo la presentación del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

- VI -

La reclamación de Esequibo amerita de una Política de Estado y la consiguiente institucionalidad interna para realizar la política exterior venezolana, sin incurrir en la ya acostumbrada banalización de los más importantes problemas que nos aquejan, ofreciendo opciones reales y creadoras, discutidas y expuestas por los actores políticos, evaluadas y adelantadas por los decisores públicos sujetos al legítimo control.  A veces, tenemos  la impresión  que se plantea como novedad, la explotación conjunta de de la zona por Venezuela y Guyana, o el propio historial de la reclamación, cuando – la una – fue sugerida desde el primer momento en la Comisión Mixta derivada del Acuerdo de Ginebra, con la variación de fórmulas en los años siguientes, gracias a los líderes de opinión, y – la otra – da ocasión a una repetición incansable, con una soporífera redundancia de los argumentos jurídicos que, como puede verse en la exposición de Maduro Moros en la Asamblea Nacional, tampoco tiene justificación pedagógica alguna para un ex – canciller que todavía confunde laudo y tratado, marcando un retroceso en el tratamiento del tema.

- VII –

La vigencia del Acuerdo de Ginebra no está en discusión, fórmula indispensable para la misma Guyana que hoy, vacilante, desea retrotraer el problema a etapas que les resultaría a la postre contraproducentes, aunque despuntan escenarios que suscitaron coincidencias y discrepancias entre los venezolanos. El ejercicio de sensatez e imaginación que demandamos para afrontar el problema, debidamente articulado el proceso de toma de decisión, tiene – hoy – por premisas, entre otras,  la reafirmación del Acuerdo, el nombramiento de un represente a tiempo completo ante la Oficina del Buen Oficiante, la reivindicación de instancias de asesoría especializada y plural a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, patrullaje constante de la Fachada Atlántica amparado por una ley que lo contextualice adecuadamente, decreto de la plataforma del estado Delta Amacuro, creación del estado Esequivo (sic), normalización de las relaciones bilaterales, reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el problema. Vale decir, la realización de las diligencias que suponemos rutinarias en toda cancillería, requeridas de la asistencia y asesoría de los expertos. Empero, es el debate la clave para idear fórmulas viables en la era irresistible de la globalización. Y, sobre todo, en el contexto de un país marcado por una cruda y también cruel realidad, ocupando el Esequibo un lugar aparentemente secundario.

 

- VIII –

Hubo y hay una interesante y feliz circunstancia, necesaria de advertir, pues, contamos – antes y después – con individualidades y entidades académicas que, por siempre preocupadas, nunca dejaron de aportar sus investigaciones y recomendaciones. A los dirigentes de partido y, a la vez, especialistas en la materia, se sumaron los profesores universitarios y los individuos de número de las academias nacional, cuyas impresiones eran frecuentemente divulgadas y respetadas por una colectividad que también los miraba en busca de orientación. De modo que también incurrimos en una suerte de sociología política del proceso de reclamación, hoy conocedora de otras condiciones adversas y favorables para su desarrollo.

Nuestro reconocimiento es también para las expresiones históricas del interés ciudadano sobre tan espinoso asunto, como el Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, Movimiento Revolucionario 2 de enero,Movimiento Nacional Al Rescate de los Esequibanos y del Esequibo, Fundación Amigos del Esequibo, Generación Esequiba, Mi Mapa de Venezuela y Nuestro Esequibo, al igual que a los inmuerables blogueros que lo atienden. Convengamos, manifiestan el legítimo y voluntario interés de la ciudadanía que, a pesar de los matices y, a veces, situaciones encontradas, algunas útiles para una respuesta nada cónsona con la jerarquía de nuestra demanda histórica, habla de la sociedad civil como interlocutora válida, necesarísima y eficaz, sobre todo por las informaciones que reciben y desean procesar, frente al Estado que tiene el deber de cumplir con sus fundamentalísimas competencias.

- IX –

Hay diligencias rutinarias que debe realizar la diplomacia venezolana, ya enunciadas, tan pendientes como la de normalizar las relaciones bilaterales con Guyana, intensificar el patrullaje de la Fachada Atlántica, nombrar a un representante a tiempo completo por ante la oficina del Buen Oficiante, debatir y sancionar sendos proyectos de leyes. Sin embargo, para concluir, proponemos otras que creemos importantes, como a de convocar el Consejo Nacional de Seguridad de la Nación con presencia de la oposición democrática representada en el parlamento, a objeto de informar periódicamente al país del curso de la reclamación;  censar, cedular y asistir, regularizando su situación, a los miles de esequibanos que se encuentran en territorio nacional y que, por cierto, entendemos, infructuosamente solicitaron del Tribunal Supremo de Justicia que los amparase en relación a sus inequívocos derechos constitucionales; exhortar a las universidades públicas y privadas a la creación de las cátedras que estudien el problema en el sugestivo contexto de una todavía impredecible globalización;  incitar a otras municipales del país para el reconocimiento toponímico del Esequibo; que dichas municipalidades acuerden una sesión especial en el municipio Sifontes del estado Bolívar que preceda – sucesivamente – a la de la Sub-Comisión Especial del Esequibo, la Comisión Permanente de Política Exterior y de la plenaria de la propia Asamblea Nacional, en San Martín de Turumbán.

Conciudadanos:

El municipio, el  que atesora la palabra republicana, verbo de la libertad y de la sensatez, mediante este solemne acto, renombra la avenida principal: “Esequibo”. Y cada vez que la transitemos, lo haremos en un mensaje de cordialidad y hermandad con todos los esequibanos. Una avenida que espiritualmente se prolonga hasta sus corazones.

(*) Versión original y extensa para el discurso a pronunciar por el diputado Luis Barragán, en la Sesión Solemne del Municipio Baruta a realizarse en la Avenida Pincipal de La Guairita, luego Avenida Esequibo. Baruta, 18 de febrero de 2016.

Reproducciones: El Nacional, Caracas, 16 al 19 de febrero de 1966. Incluye un interesante artículo de Cipriano Heredia Ángulo. 

Breve comentario LB: Evidentemente, fueron muchas las expectativas en la prensa de la época, algunas harto celebrativas y, pocas, escépticas.  El proyecto de discurso tiene la influencia del trabajo que, por estos días, finiquitamos para la proyectada compilación de las ponencias presentadas en el Foro realizado en la Universidad Simón Bolívar en octubre de 2015, por la ULA. Luego, fue acortado y recompuesto, tratándose de una sesión solemne que se realizó en un espacio abierto, menos confortable que en otro cerrado. Nota adicional, la recomposición apuntó a un aspecto concreto que nos inquietó, pues, en la sesión a puertas cerradas que se realizó en la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, con los embajadores Roy Chaderton y Emilio Figueredo Planchart, se deslizó un comentario que confudió - a nuestro modesto entender - Política de Estado y Razón de Estado.