Una avenida que se prolonga espiritualmente
Luis Barragán
- I –
Antes que la pólvora, la República
tuvo como esencial domicilio la palabra. Antes que en el Congreso Constituyente
de 1811, ella habitó cómoda el municipio.
El municipio deliberó sobre los
problemas fundamentales del país que por entonces emergía, como lo hace hoy
cuando parece sumergirse. Mientras que la haya, renacerá por siempre
Venezuela, ya que la palabra es
reflexión, acción y emoción compartida.
La independencia que, a la vez es
soberanía nacional y soberanía popular, arraigó en el espacio de las
municipalidades, donde cobró vida la promesa de la integridad territorial. Y ésta, constante el principio del uti
possidetis iuris en todas nuestras constituciones, remite también a un reclamo vigente, cuando –
en el presente – la crisis amenaza la propia convivencia ciudadana en sus más
variados e insospechados ámbitos.
La iniciativa del Concejo Municipal de
Baruta que celebramos con emoción republicana, renombrando esta avenida, constituye un importante reconocimiento a la
prestancia y significación histórica de la voz “Esequibo”; resume un sentido tributo
a la población del extenso territorio del que fuimos injustamente despojados
por la fuerza y, luego, mediante el
fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, al igual que condensa un vivo testimonio de agradecimiento a los hombres y
mujeres que diligenciaron y diligencian todavía su ya prolongada, paciente y
pacífica recuperación.
Cada vez que la ciudadanía transite el
diario asfalto de sus ocupaciones, emprendiendo sus mejores tareas, como las de
trabajar, estudiar y recrearse; buscando
las oportunidades para hacerlo, o respondiendo a todas sus urgencias, acuñará el recuerdo urbano de los hermanos
que recorren sus alamedas boscosas con un sentimiento tricolor, en el distante
territorio esequibano que comienza mordiendo las aguas del Atlántico al
norte; dice terminar en el sur que se
abanica en una encrucijada de fronteras con Colombia, Brasil y Guyana,
realmente terminando y comenzando - a la vez - en todos y cada uno de los corazones
venezolanos, donde late por siempre la
vocación por la libertad deseosa de
traducirse en una democracia plena.
Y no es, ni será, la acuñación de una
voluntad de conquistar lo que no es nuestro, siendo un país que
sacrificadamente aportó a la Independencia Continental, pues, no padecemos esa
suerte de geofagia que caracteriza a las peores dictaduras. Aunque las
nuestras, las que plagaron de guerras civiles y miserias al país,
debilitándonos institucionalmente, constituyen un caso más grave. Si bien es
cierto que el despojo fue obra de las concertadas superpotencias de entonces,
no menos cierto es que nuestras dictaduras así lo facilitaron. Y, todo, a pesar de las valientes voces que se
resistieron, o de acciones como la del general Antonio Domingo Sifontes que
defendió con las manos, más que por las bayonetas, El Dorado, frente al invasor, contrastando
con la oficialidad de reluciente espada que lograba llegar al palacio
presidencial de la muy remota Caracas para jugar y distinguirse entre los
espejos.
- II -
Cumplimos medio siglo de la
suscripción del Acuerdo de Ginebra, fruto de las difíciles negociaciones con
Gran Bretaña, protagonista del injusto despojo, ya en trance la Independencia
de Guyana. Desde que se hiciera público hacia 1949, el póstumo memoradum de
Severo Mallet-Prevost,
revelando la injusticia arbitral que redujo aún más el territorio venezolano, fueron muchas las atenciones, planteamientos y
diligencias que realizó el Estado – nuestro Estado – para recobrarlo,
sistematizándolas progresivamente, sobre todo a partir de 1958 cuando le dio
una definitiva orientación política, por encima de los circunstanciales
gobiernos que tuvimos.
El
17 de febrero de 1966, se abrió un camino diferente para la reclamación
respaldada por una sólida acreditación histórica y jurídica, gracias a las diligentes
actuaciones de quienes invirtieron tiempo y paciencia, comprobadas habilidades
y sobrados conocimientos para hallar una fórmula todavía vigente, a pesar de
las maniobras del vecino país. Con
justicia, solemos recordar a Raúl Leoni, Ignacio Iribarren Borges y los demás
funcionarios de una competente cancillería, pero también olvidar el enjundioso
trabajo de investigación realizado en archivos extranjeros por Hermann González
Oropeza (SJ), Pablo Ojer, Harry Siervers y Caracciolo Parra Pérez a objeto de
garantizar la debida sustentación histórico-documental para una labor – es
necesario reiterarlo - de Estado, realizada con la eficacia, destreza y
puntualidad que se requería.
Importa
mencionar dos facetas, entre las varias que contrastan con un presente agobiado
por las consignas, falacias y anécdotas de ocasión de lo que se hace llamar
gobierno.
De
un lado, lo señala la correspondiente Memoria y Cuenta de la Cancillería, la delegación venezolana reunida en el Palais des Nations, estuvo compuesta –
además – por una variada representación de los partidos, fueren o no de la
coalición que ocupaba por entonces a Miraflores, como Jaime Lusinchi (AD),
Andrés Roncajolo (FND), Simón Antoni Paván (URD), Gonzalo García Bustillos
(COPEI), Iván Terán (FDP), Manuel Alfredo Rodríguez (PRN) y Armando Soto Rivera
(Independiente). Vale decir, que no fue
monopolio – como nunca debe serlo un asunto que atañe a todos – del otrora
partido de gobierno, situación que dramáticamente contrasta con el que hoy
arbitraria y excluyentemente dirige o dice dirigir los destinos del país.
Del
otro, la suscripción del Acuerdo generó un intenso debate en la opinión pública
y en el Congreso, donde igualmente surgieron voces de cuestionamiento, sin que
ello hubiese significado desmerecimiento alguno ni provocado una alevosa
descalificación personal de los disidentes. La academia, grupos de interés e
individualidades se hacían sentir respecto al mecanismo empleado. Es decir, no
hubo censura y bloqueo informativo, menos una Asamblea Nacional dócil y servil
que, por estos años, evadió el problema
hasta adscribirse ciegamente a la
dirección de un gobierno que apartó el diferendo territorial en sus relaciones
bilaterales con Guyana, autorizándolo expresa o tácitamente a ofrecer y
materializar sendas concesiones en el territorio y en las aguas, por lo menos,
en disputa. Por supuesto, aquellos eran tiempos en los que hubo rendición veraz
de cuentas, frecuentes interpelaciones parlamentarias del canciller, extensas
polémicas en la prensa, donde hoy existe desprecio y arrogancia, por no decir
villanía y entreguismo del poder establecido.
- III –
Mas, no redundemos en la historia ya
consolidada de la reclamación, al igual que la de los propios alegatos
jurídicos, sino apuntemos a la necesidad
perentoria de recobrar una Política de Estado que involucre e implique a todos
los sectores de la vida nacional, institucionalizando las coincidencias y las
diferencias, antaño aceptadas y procesadas en el marco de una mayor estabilidad
política, a pesar de las difíciles coyunturas que confrontamos; hogaño,
asfixiadas o silenciadas cuando peligran severamente las libertades públicas y
el país bordea los precipicios de una inédita crisis económica y social.
En
los últimos años, se ha evidenciado un debilitamiento del interés y la
continuidad de esfuerzos respecto al reclamo esequibano, debido a los
específicos objetivos del régimen prevaleciente en Venezuela que ha generado
preocupación, angustia y descontento en los sectores más avisados. Y esto, no
por la tardanza de una solución definitiva, rápida y contundente, sino por el
tratamiento mismo que el régimen le ha dispensado, remitiéndonos a una deficiente o inexistente
institucionalidad interna de la política exterior, presumiéndola bajo el
exclusivísimo privilegio del Presidente de la República, susceptible de
explicarse hasta por sus características personales, como si – al menos – no
hubiese control parlamentario de una política pública.
Subestimando la histórica reclamación
y asimilándola a la banalidad de las consignas, los gobiernos de Chávez Frías y
Maduro Moros hicieron de una alianza continental el objetivo prioritario,
procurando atraer a los países que integran la Commonwealth, entre ellos Guyana;
desoyeron las opiniones, observaciones y exigencias de los especialistas e,
incluso, activistas – esequibanos o no – caracterizados por el seguimiento
tenaz del problema; y, por supuesto, desestimaron los planteamientos de los
parlamentarios de la oposición que lograron articularlos con iniciativas
concretas, a pesar de las
adversidades.
Concesiones suficientemente
denunciadas por la oposición venezolana, no recibieron la debida atención del
gobierno y la de su bancada asamblearia, la cual quiso amurallar con su
displicencia cualquier perturbación complementaria a las que afrontaba o,
mejor, confrontaba. Será con la captura y posterior liberación del “Teknik
Perdana” por la Armada, que la opinión pública apunte al bloque Stabroek y al
anuncio del hallazgo de un importante yacimiento por la Exxon Mobil que condujo
a la revalorización de la reclamación esequibana, como a la torpe ofensiva del gobierno que
protestó a la transnacional en lugar de hacerlo con Georgetown, pasando por
alto las vicisitudes internas de un país que estrenó a David Granger como
gobernante, un militar de carrera menos
discreto que su inmediato antecesor.
De un modo u otro, tímida o decidida,
hubo una Política de Estado respecto a la controversia esequibana, palpable –
bajo la Constitución de 1961 – en los encendidos debates de la opinión pública
y del viejo Congreso de la República, bajo circunstancias políticas como las de
la subversión, la austeridad económica o la crisis de las alianzas gubernamentales. No la hay, sonante – bajo la Constitución de
1999 – en un ambiente de persecución, censura y bloqueo informativo, reforzado
la docilidad y subordinación de la anterior Asamblea Nacional, al amparo de la
mayor concentración de poder y de los más elevados ingresos petroleros en todo
nuestro historial republicano.
- IV -
La materia quedó relegada a un plano
secundario y, luego de los comicios parlamentarios de 2010, dijo abrirse una
ventana para la consideración más sobria de sus implicaciones. Por imposición
de la mayoría oficialista, el parlamento que concluyó su período en 2015, no
tramitó solicitud alguna para considerar el problema, indiferente ante la
iniciativa de un grupo de parlamentarios opositores que marcaron una pauta –
por cierto, que los acomplejó - al
visitar la zona esequibana.
Entre mayo y junio de 2015, levantando
una justificada polémica, fue decretada la creación de las Zonas de Defensa
Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), a objeto de cubrir el espacio
acuático jurisdiccional de la República, una de ellas correspondiente a la
fachada atlántica, cuyo mapa hubo de corregirse gracias a otro decreto
presidencial. En su largo monólogo, aireados temas aún ajenos al motivo de una
obligada, inevitable y tardía comparecencia, debido a la presión de las
circunstancias, el señor Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Nacional y ventiló
públicamente el error y las correcciones realizadas, en un batiburrillo – con
el cual se identificó el principal partido de gobierno - que, es lo
aconsejable, debió concebirse como un mensaje lacónico, preciso y convincente
que conjurara cualquier riesgo de interpretación. Y, necesaria acotación, indicio
que convierte al régimen mismo, en una vulnerabilidad en términos de seguridad
y defensa, por no citar un caso concreto: otrora transnacional acreditada y
eficiente, hoy PDVSA no puede acometer siquiera los trabajos de exploración
realizados por la Exxon Mobil en la fachada atlántica.
Necesario inciso, el nuevo gobierno de una Guyana todavía
desconocida entre nosotros, asombrosamente dividida en términos raciales, aquejada por una aguda y sempiterna crisis
económica y social que, al parecer ya en Venezuela es cada vez peor, experimenta más que una firme esperanza, una
poderosa ilusión petrolera como estelar promesa de su gobierno. Ilusión que,
por cierto, con todos sus bemoles, hemos padecimos, pero que nos remiten dos notas importantes: la una, es
comprensible, aunque inaceptable al tratarse de concesiones que comprometen
nuestro territorio, el esfuerzo del vecino país por superar sus actuales condiciones
de vida; y, la otra, que jamás hemos apostado por su liquidación o
desaparición, sino – mejor – sostenemos que, al reconocer nuestra titularidad,
se ofrecen opciones para una explotación conjunta del territorio en cuestión,
por lo que el mundo no se acaba, sino
comienza para Guyana, con tal reconocimiento.
Problemas previsibles o sobrevenidos,
suscitados en el período legislativo 2011-2015, no saben de un directo y oportuno
tratamiento en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, rechazadas cualesquiera
mociones de modificación del Orden del Día que procurase hasta indirectamente
ventilarlos, aunque la oposición logró – indirectamente - hacerlo a propósito de otros y diferentes
puntos agendados. Excepto el único debate escenificado en 2015, luego del largo
monólogo de Nicolás Maduro en el hemiciclo, se evidencia el desequilibrio
inconstitucional en el tratamiento de las demandas políticas que manifiesten la
preocupación o, mejor, angustia por la incompetencia manifiesta de la
cancillería, las concesiones petroleras
en aguas venezolanas del Atlántico, la ausencia de respuestas formales e
inmediatas frente al gobierno de Georgetown, los decretos sobre la Fachada
Atlántica, la delimitación de áreas pendiente con las Antillas Menores, la muerte del Buen Oficiante y el nombramiento
de un representante venezolano a tiempo completo ante su oficina, el
padecimiento social y económico de los habitantes del territorio reclamado y
sus aledaños, las condiciones de insalubridad reinantes, la precaria situación de los esequibanos en
Venezuela, la ilegal explotación minera en la zona y otras prácticas
abiertamente delictivas, la injerencia cubana, los excesos de Petrocaribe, el peso de la Commonwealth, entre otras facetas
y aristas, por no mencionar la dudosa posición del gobierno de Caracas sostenida
en más de década y media sobre el propio Acuerdo de Ginebra que los guyaneses
pretenden ahora desconocer.
- V -
En efecto, liderado por la diputada
María Corina Machado, el grupo -
integrado por otros diputados y dirigentes políticos de oposición - viajó por tierra hasta Etherimbang.. E,
incluso, trabajando responsable e intensamente la materia, en los días siguientes
celebró una rueda de prensa frente a Casa Amarilla, sede de la cancillería en
Caracas, en demanda del nombramiento de un representante a tiempo completo por
ante la Oficina del Buen Oficiante, e introdujo un Proyecto de Ley para la
Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica que jamás ha consideró la plenaria
de la Asamblea Nacional. En lo personal, pisar territorio venezolano, más allá
del Coyuní, visitar la isla de Anacoco, fue una extraordinaria experiencia que
nos dio fuerza moral para declarar a los medios en las peligrosas inmediaciones
de la Casa Amarilla.
Hay
suficientes testimonios de los esfuerzos realizados por la bancada opositora,
como del tratamiento dispensado por el oficialismo ante el problema
esequibano. Éste, renunciando a las misiones
y funciones esenciales de la Asamblea Nacional, no impidió la aparición y
multiplicación de nuevos problemas con Guyana, evitando que prosperasen
soluciones alternas.
Todavía
impactada la opinión pública por el anuncio de la Exxon Mobil y la captura del
“Teknik Perdana”, al igual que por las declaraciones
impertinentes del presidente guyanés, la mayoría oficialista no permitió
discusión alguna de los problemas, aunque no pudo evitar que, a propósito de
los planteamientos de una distinta
naturaleza, se colaran en el hemiciclo. El día 07/04/2015, resulta expresamente
negado el debate sobre el Esequibo; el 09/06/15, más de treinta diputados de la
oposición infructuosamente exigimos por escrito hablar en el seno de la
Comisión Permanente de Política Exterior respecto al tema; el 16/06/15, al plantear un proyecto de
acuerdo en solidaridad con la reclamación argentina de Las Malvinas, al diputado ponente y militante del PSUV, le
fue inevitable la alusión esequibana, a la que debimos responderle; el 06/07/15,
diferido varias veces el compromiso, Nicolás Maduro acudió a la Asamblea para
un largo monólogo. Y, por fin, el 16/07/15, la plenaria asume la discusión de
un asunto tan insólitamente postergado.
En la bancada opositora, al exigir una
Política de Estado, también surgieron tres propuestas concretas, ratificando el
Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, e
impulsando el de creación del estado Esequivo (sic) y el de la ampliación del
Consejo de Defensa de la Nación. Previendo cualquier escaramuza de sabotaje o
bloqueo, los diputados proponentes del Proyecto de Ley Especial del Estado
Esequivo (José Manuel González, Freddy Marcano, Andrés Velásquez, Juan Pablo
García, Omar González, Leomagno Flores, Américo de Grazzia y el suscrito,
redactado por el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta), lo consignamos
por secretaría minutos después de iniciada la sesión, difiriendo la
presentación del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación.
- VI -
La
reclamación de Esequibo amerita de una Política de Estado y la consiguiente
institucionalidad interna para realizar la política exterior venezolana, sin
incurrir en la ya acostumbrada banalización de los más importantes problemas
que nos aquejan, ofreciendo opciones reales y creadoras, discutidas y expuestas
por los actores políticos, evaluadas y adelantadas por los decisores públicos
sujetos al legítimo control. A veces,
tenemos la impresión que se plantea como novedad, la explotación
conjunta de de la zona por Venezuela y Guyana, o el propio historial de la
reclamación, cuando – la una – fue sugerida desde el primer momento en la
Comisión Mixta derivada del Acuerdo de Ginebra, con la variación de fórmulas en
los años siguientes, gracias a los líderes de opinión, y – la otra – da ocasión
a una repetición incansable, con una soporífera redundancia de los argumentos
jurídicos que, como puede verse en la exposición de Maduro Moros en la Asamblea
Nacional, tampoco tiene justificación pedagógica alguna para un ex – canciller
que todavía confunde laudo y tratado, marcando un retroceso en el tratamiento
del tema.
- VII –
La
vigencia del Acuerdo de Ginebra no está en discusión, fórmula indispensable
para la misma Guyana que hoy, vacilante, desea retrotraer el problema a etapas
que les resultaría a la postre contraproducentes, aunque despuntan escenarios
que suscitaron coincidencias y discrepancias entre los venezolanos. El ejercicio de sensatez e imaginación que demandamos para afrontar
el problema, debidamente articulado el proceso de toma de decisión, tiene – hoy
– por premisas, entre otras, la
reafirmación del Acuerdo, el nombramiento de un represente a tiempo completo
ante la Oficina del Buen Oficiante, la reivindicación de instancias de asesoría
especializada y plural a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, patrullaje
constante de la Fachada Atlántica amparado por una ley que lo contextualice
adecuadamente, decreto de la plataforma del estado Delta Amacuro, creación del
estado Esequivo (sic), normalización de las relaciones bilaterales,
reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el
problema. Vale decir, la realización de las diligencias que suponemos
rutinarias en toda cancillería, requeridas de la asistencia y asesoría de los expertos.
Empero, es el debate la clave para idear fórmulas viables en la era
irresistible de la globalización. Y, sobre todo, en el contexto de un país
marcado por una cruda y también cruel realidad, ocupando el Esequibo un lugar
aparentemente secundario.
- VIII –
Hubo y hay una interesante y feliz
circunstancia, necesaria de advertir, pues, contamos – antes y después – con
individualidades y entidades académicas que, por siempre preocupadas, nunca
dejaron de aportar sus investigaciones y recomendaciones. A los dirigentes de
partido y, a la vez, especialistas en la materia, se sumaron los profesores
universitarios y los individuos de número de las academias nacional, cuyas
impresiones eran frecuentemente divulgadas y respetadas por una colectividad
que también los miraba en busca de orientación. De modo que también incurrimos
en una suerte de sociología política del proceso de reclamación, hoy conocedora
de otras condiciones adversas y favorables para su desarrollo.
Nuestro reconocimiento es también para
las expresiones históricas del interés ciudadano sobre tan espinoso asunto,
como el Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, Movimiento Revolucionario 2 de enero,Movimiento Nacional Al Rescate de los Esequibanos y
del Esequibo, Fundación
Amigos del Esequibo, Generación
Esequiba, Mi Mapa de Venezuela y Nuestro Esequibo, al igual que a los inmuerables
blogueros que lo atienden. Convengamos, manifiestan el legítimo y voluntario
interés de la ciudadanía que, a pesar de los matices y, a veces, situaciones
encontradas, algunas útiles para una respuesta nada cónsona con la jerarquía de
nuestra demanda histórica, habla de la sociedad civil como interlocutora
válida, necesarísima y eficaz, sobre todo por las informaciones que reciben y
desean procesar, frente al Estado que tiene el deber de cumplir con sus
fundamentalísimas competencias.
- IX –
Hay diligencias rutinarias que debe
realizar la diplomacia venezolana, ya enunciadas, tan pendientes como la de
normalizar las relaciones bilaterales con Guyana, intensificar el patrullaje de
la Fachada Atlántica, nombrar a un representante a tiempo completo por ante la
oficina del Buen Oficiante, debatir y sancionar sendos proyectos de leyes. Sin
embargo, para concluir, proponemos otras que creemos importantes, como a de
convocar el Consejo Nacional de Seguridad de la Nación con presencia de la
oposición democrática representada en el parlamento, a objeto de informar
periódicamente al país del curso de la reclamación; censar, cedular y asistir, regularizando su
situación, a los miles de esequibanos que se encuentran en territorio nacional
y que, por cierto, entendemos, infructuosamente solicitaron del Tribunal
Supremo de Justicia que los amparase en relación a sus inequívocos derechos
constitucionales; exhortar a las universidades públicas y privadas a la
creación de las cátedras que estudien el problema en el sugestivo contexto de
una todavía impredecible globalización;
incitar a otras municipales del país para el reconocimiento toponímico
del Esequibo; que dichas municipalidades acuerden una sesión especial en el
municipio Sifontes del estado Bolívar que preceda – sucesivamente – a la de la
Sub-Comisión Especial del Esequibo, la Comisión Permanente de Política Exterior
y de la plenaria de la propia Asamblea Nacional, en San Martín de Turumbán.
Conciudadanos:
El municipio, el que atesora la palabra republicana, verbo de
la libertad y de la sensatez, mediante este solemne acto, renombra la avenida
principal: “Esequibo”. Y cada vez que la transitemos, lo haremos en un mensaje
de cordialidad y hermandad con todos los esequibanos. Una avenida que
espiritualmente se prolonga hasta sus corazones.
(*) Versión original y extensa para el discurso a pronunciar por el diputado Luis Barragán, en la Sesión Solemne del Municipio Baruta a realizarse en la Avenida Pincipal de La Guairita, luego Avenida Esequibo. Baruta, 18 de febrero de 2016.
Reproducciones: El Nacional, Caracas, 16 al 19 de febrero de 1966. Incluye un interesante artículo de Cipriano Heredia Ángulo.
Breve comentario LB: Evidentemente, fueron muchas las expectativas en la prensa de la época, algunas harto celebrativas y, pocas, escépticas. El proyecto de discurso tiene la influencia del trabajo que, por estos días, finiquitamos para la proyectada compilación de las ponencias presentadas en el Foro realizado en la Universidad Simón Bolívar en octubre de 2015, por la ULA. Luego, fue acortado y recompuesto, tratándose de una sesión solemne que se realizó en un espacio abierto, menos confortable que en otro cerrado. Nota adicional, la recomposición apuntó a un aspecto concreto que nos inquietó, pues, en la sesión a puertas cerradas que se realizó en la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, con los embajadores Roy Chaderton y Emilio Figueredo Planchart, se deslizó un comentario que confudió - a nuestro modesto entender - Política de Estado y Razón de Estado.
