JUDICIAL Verán casos de especulación
TSJ crea tribunales contrarios a la Constitución
En los considerandos de la resolución 2013-0025, la Sala Plena califica de gran peligrosidad la alteración de precios
MARU MORALES
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia les atribuyó funciones exclusivas para el procesamiento de casos de especulación y delitos conexos a 53 tribunales de control en todo el país. La decisión está contenida en la Resolución 2013-0025, publicada en la Gaceta Oficial 40303 de fecha miércoles 27 de noviembre de 2013.
Dichos juzgados decidirán sobre los casos vinculados con especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración de condiciones de oferta y demanda, contrabando de extracción y exposición a la devastación y el saqueo.
El abogado y ex juez penal Jesús Ollarves advirtió que la decisión de la Sala es contraria a lo establecido en la Constitución, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios y el Código Orgánico Procesal Penal. Explicó que la Ley de Protección en el Acceso a los Bienes señala que los delitos tipificados en ella -y que son aludidos en la resolución de la Sala Penalserán juzgados por tribunales ordinarios, no por tribunales especiales.
"En paralelo, la carta magna y el COPP indican que solo se pueden crear jurisdicciones especiales a partir de la ley que rige la materia. En otras palabras, la decisión adoptada por los magistrados prácticamente implica una reforma de hecho tanto de la Ley del Indepabis como del COPP", dijo.
Peligro. Entre los considerandos, la Sala Plena señala la necesidad de proteger a la ciudadanía frente a la diversidad de ilícitos penales "con tendencias más graves y más peligrosas" que atentan contra la paz de la República, en la ejecución de "cualquier actividad que entrañe gran peligrosidad" para el Estado.
Ollarves manifestó que tal lenguaje no se corresponde con el derecho penal garantista venezolano: "Alta peligrosidad es una descripción técnica que identifica el derecho penal de autor o derecho penal del enemigo. Fue desarrollada por Karl Smith y aplicada por Adolfo Hitler. Esta doctrina considera al autor del delito como enemigo del Estado que debe ser destruido sin observar los derechos fundamentales".
La resolución también señala que los órganos del poder público están obligados a adoptar las medidas para prevenir y sancionar "cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos propensos a desestabilizar el desenvolvimiento del Estado, amenazar la paz y la seguridad pública".
A juicio de Ollarves, tal redacción abre la puerta a la discrecionalidad y a la comisión de atropellos.
EL UNIVERSAl, Caracas, 20 de noviembre de 2013
¿Justicia penal electrodoméstica?
La utilización de la justicia penal como instrumento que se mueve bajo la coacción del Ejecutivo
ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ
Vivimos al margen de la ley y del derecho, pero lo más grave es que nos hemos acostumbrado a ello, sin que nos llamen la atención las manifiestas violaciones a la Constitución y a las normas vigentes.
Con motivo del operativo presidencial que ha decretado, sin sustento legal alguno, el "precio justo" de los electrodomésticos, bajo el alegato de los abusos de comerciantes inescrupulosos que estarían especulando con esos bienes, se ha iniciado, de una parte, una campaña que impulsa a la ciudadanía a adquirir a bajo precio cuantos artefactos encuentren en el mercado de manera tal que "se vacíen los anaqueles", en carrera consumista acelerada y , por la otra, a emprender acciones penales contra algunos comerciantes por especulación o usura, procediendo de inmediato, bajo el alegato de la flagrancia, a su privación de libertad.
Independientemente del problema de fondo, que no es otro que la distorsión económica que se vive en Venezuela y que a todos nos afecta con un prolongado control de cambio, generador de una colosal corrupción que compromete a funcionarios y particulares, pagando los platos rotos los ciudadanos comunes y corrientes, se impone señalar que no podemos ver con indiferencia que, una vez más, bajo la voz de mando del Ejecutivo que ordena cárcel para los que "roban al pueblo", se moviliza el Ministerio Público , se designan fiscales especiales, se encarcelan a los señalados como ladrones sin investigación previa y se habla, sin más, de especulación, aunque no se trate de productos cuyos precios hayan sido fijados por la autoridad o se califica como de usura la comercialización de bienes cuyo beneficio o ventaja notoriamente desproporcionada se presume a priori, ilustrado el hecho con alguna factura o comprobante que pondría de manifiesto el abuso abierto o velado en una negociación y el aprovechamiento de la necesidad ajena.
Comparto la gran preocupación de la colectividad por el alto precio de los electrodomésticos y de los bienes y servicios en general en una realidad económica inflacionaria y de escasez de divisas suministradas al arbitrio del Ejecutivo, con evidentes elementos de corrupción que han producido corrupciones y falsas importaciones al igual que en el pasado, todo ello inherente al sistema de control de cambio instaurado.
Pero no puedo ver con indiferencia la utilización de la justicia penal como instrumento que se mueve bajo la coacción del Ejecutivo que decreta delitos sin ley y ordena detenciones sin orden judicial, bajo el alegato de una pretendida flagrancia que no parece darse, ya que ésta exige que el delito aparezca con evidentes signos de su comisión y no sujeto a la verificación de factura y comprobantes, a los fines de calificar los hechos y si hubiere sorpresa infraganti, ello no debe llevar necesariamente a la detención del presunto autor cuando se dan seguridades de no burlar la acción de la justicia.
Pero además, como siempre, los detenidos son modestos gerentes que terminan cargando con el peso inclemente de la persecución desatada bajo la consigna atractiva, electoral y populista del "precio justo para el pueblo".
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