Guillermo Martín
Más allá de los sueños rentistas de Maduro, sobre la posibilidad de que el Arco Minero sea acreditado como la primera o segunda reserva aurífera más grande del mundo, serán irreparables el daño ecológico
1.- El contexto sociodemográfico
Casi la mitad de la superficie del país se concentra en apenas tres estados: Bolívar (26%), Amazonas (19,4%) y Delta Amacuro (4,4%). En contraste, según el Censo 2011, sólo albergan 6% de la población venezolana, inclusive los otrora territorios federales ocupan los dos últimos lugares en densidad demográfica y número de habitantes entre 24 entidades.
Sin embargo, después del Zulia, que concentra 61,2% de la población indígena, Amazonas (10,5%), Bolívar (7,5%) y Delta Amacuro (5,7%) son los estados cuentan con la mayor presencia étnica en Venezuela: 24 de cada 100 indígenas. A diferencia del Zulia, con 82,6% de su población indígena en áreas urbanas, en Delta Amacuro (87,2%), Bolívar (79,9%), Amazonas (70,1%) las etnias habitan predominantemente área rurales.
Nótese que apenas tres de cada 100 venezolanos son indígenas, lo propio ocurre con cuatro de cada 100 bolivarenses y 12 de cada 100 zulianos; por el contrario, tienen ascendencia étnica 25 de cada 100 deltanos y 52 de cada 100 amazonenses.
De 52 pueblos indígenas reconocidos en el país, en Bolívar tienen presencia 41; en Amazonas, 33; y en Delta Amacuro, 14. Pese al número de etnias en dichos estados, Amazonas es el que presenta mayor diversidad relativa, pues seis etnias comprenden 79,1% de los indígenas, destacando la jivi/guajibo/sikwani/amorúa (26,2%) y la piaroa (20,4%). Mientras que en Bolívar cuatro etnias abarcan 77,1% de los indígenas y predomina el pueblo pemón (arekuna, kamarakoto, taurepán), en Delta Amacuro casi toda la población es warao (97%) con la etnia arawak como distante segunda presencia (2,2%).
2.- Las diputaciones indígenas
Pese a que, en décadas pasadas, la política de desconcentración territorial del gobierno nacional consideró a estos tres estados como una sola región administrativa –Guayana-, en la Constitución de 1999 se estableció tres circunscripciones para elegir diputados indígenas a la Asamblea Nacional, separando en dos de ellas a dichos estados.
Así, en términos de circunscripciones electorales, se habla de las siguientes regiones indígenas, donde se elige un diputado en cada una: a) Occidente (Zulia, Mérida y Trujillo); b) Sur (Amazonas y Apure); y c) Oriente (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre). A diferencia de otros comicios parlamentarios, en los cuales predominaban las organizaciones vinculadas al oficialismo, en diciembre de 2015, las fuerzas aliadas a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) coparon los tres escaños.
No obstante, llama la atención que Amazonas fuese el único estado y la Sur la única región indígena donde el oficialismo se ensañó no tanto para impugnar elecciones legislativas, sino para dejar a toda una entidad federal sin representación durante más de un año –al menos eso se desprendía de las recientes declaraciones de Vicente Bello, coordinador electoral de la MUD y de la extinta Coordinadora Democrática. Según acotó Bello, dado que aún se esperaba sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para saber si la repetición de los comicios en Amazonas sería general o limitada a las mesas con presuntas irregularidades, los mismos quizá podrían tener lugar en febrero próximo.
Cabe preguntarse: ¿sólo se ha tratado de una estratagema para diluir la mayoría de dos tercios que poseía la MUD tras los comicios de diciembre pasado o acaso hay algo más, imperceptible a los ojos de buena parte del país? Recuérdese que justo en el estado desincorporado del parlamento, en 1997, se fundó el partido Pueblos Unidos Multiétnicos del Amazonas (PUAMA), organización donde convergieron 19 etnias y apoyaba al oficialismo, la cual llegó a tener cierta influencia regional hasta mediados de la década pasada.
3.- Ni resistencia ni reivindicación indígena
Más allá del articulado de la Constitución de 1999, la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (Gaceta Oficial No 37118, 12-01-2001), la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (Gaceta Oficial No 38344, 27-12-2005) u ordenamientos derivados de ésta, para el actual régimen, la cuestión indígena no trasciende lo propagandístico, cuya peor evidencia ha sido el derribo de sendas estatuas de Cristóbal Colón, en tanto que ahora cada vez más indígenas –desplazados o ignorados- migran a las urbes para terminar engrosando las filas de la mendicidad.
Además, la cuestión indigenista ni siquiera ha sido abordada con seriedad por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional. Mientras que la Constitución (disposición transitoria séptima) enuncia 10 estados dentro de tres regiones indígenas, el CNE, mediante la Resolución N° 050223-074 de 2005, identifica municipios con representación indígena en sólo ocho estados, eliminando a Mérida y Trujillo.
En tales municipios, siempre que hubiese un mínimo de 250 indígenas, se elige un concejal para las etnias, el cual reemplaza uno de los escaños nominales. De 45 concejales indígenas a ser electos en otros tantos municipios, según la citada resolución, se pasó a 69 con base en la Ley orgánica de procesos electorales (LOPRE) de 2009. Pese a que el CNE había determinado que un mínimo de 250 indígenas para elegir un concejal propio en cada municipio, el artículo 184º de la LOPRE lo elevó a 300.
Por otra parte, la LOPRE mantiene las tres regiones indígenas como agregados de 10 entidades federales para elegir representantes étnicos al parlamento (artículo 179º) pero reconoce que sólo en ocho estados - Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia- hay suficientes indígenas para elegir representantes étnicos a los consejos legislativos y concejos municipales; una completa contradicción –Mérida y Trujillo en las circunscripciones indígenas nacionales- que podría prestarse a la migración artificial de electores por parte del CNE.
Lo irónico es que el TSJ ha dejado sin representación al segundo estado con mayor población indígena del país, sometiendo a la Asamblea Nacional a una inédita situación de supuesto desacato y atentando contra el pluralismo que fundamenta la vida en democracia. Aunado a eso, la bancada de la MUD no sólo “inmoló” a los diputados amazonenses y el de la Región Indígena Sur en la mesa de diálogo, forzándolos a que se desincorporaran del parlamento y validando en forma tácita la hipótesis de fraude esgrimida por el oficialismo, sino que reiteró su pasividad ante un atropello semejante al sufrido por la diputada María Corina Machado en la legislatura anterior.
En contraste, cabe destacar el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del pasado 29 de julio:
“… los pueblos indígenas del Estado Amazonas y en general de la Región Indígena Sur de Venezuela… carecen de representación propia ante la Asamblea Nacional… desde el 5 de enero de 2016, en virtud de una medida de amparo cautelar dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 30 de diciembre de 2015.
El 6 de diciembre de 2015, tal como lo hicieron los demás electores de Venezuela, los pueblos indígenas del Estado Amazonas y de la Región Indígena Sur eligieron sus representantes, pertenecientes a distintas corrientes políticas, ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, los pueblos indígenas del Estado Amazonas y de la Región Indígena Sur fueron los únicos en ver menoscabado su derecho a la participación. Si bien en otros circuitos electorales del país también fueron interpuestos recursos impugnatorios en cuanto a la elección de algunos diputados, su conocimiento por el Tribunal Supremo de Justicia no comportó la suspensión cautelar de los Diputados proclamados en ningún otro lugar que en el Estado Amazonas y de la Región Indígena Sur.
Preocupa enormemente a la CIDH y a esta Relatoría que los pueblos indígenas de esos territorios padecen en la actualidad de problemas que los hacen especialmente vulnerables, sin que puedan ejercer su derecho a la participación política por medio de sus representantes ante el parlamento nacional, para exponer sus inquietudes y proponer soluciones. Hoy se enfrentan a serias circunstancias de desabastecimiento de alimentos y medicinas; de limitado acceso a servicios de atención a la salud, al agua potable y a la electricidad; y de riesgo para la integridad y la libertad personal, las cuales han alcanzado en esa región una particular gravedad, en comparación con las que afectan al resto de la población venezolana. La vulnerabilidad de quienes habitan en esa Región Indígena Sur es mayor a causa de la virtual inexistencia de medios de comunicación independientes que reflejen la realidad que están sufriendo sus pobladores.
El Estado Amazonas alberga la más rica cultura etnológica de Venezuela… Las grandes distancias que separan a unas y otras comunidades entre sí y a cada una de ellas respecto de los principales centros poblados dotados de servicios generan una vulnerabilidad añadida en sus condiciones de vida, que se agudiza cuando el aislamiento geográfico, ocasionado por los ríos y otros factores naturales que dificultan la comunicación, está aunado al aislamiento político causado por la medida cautelar…
Los pueblos indígenas contestaron el amparo cautelar dictado por la Sala Electoral, pero no se hizo ningún pronunciamiento sobre la materia, a pesar del vencimiento del lapso establecido por ley. Esto afecta sin duda el derecho a la participación política de los pueblos indígenas…”
4.- Amazonas, la manzana de la discordia
¿Por qué el ensañamiento contra Amazonas y la Región Indígena Sur? Podría decirse que se trata de un pase de factura contra un antiguo aliado del chavismo, el gobernador Liborio Guarulla, de la etnia baniva. Guarulla, proveniente de las filas de Patria para Todos (PPT), está en el cargo desde 2001 y a partir de 2012 es el líder del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV).
Ni siquiera Chávez, debido a su enfermedad, pudo permanecer tanto tiempo en el poder. Por añadidura, las elecciones regionales de 2012 le dieron a Guarulla cinco escaños de la MUD de siete posibles en el Consejo Legislativo y en 2013 la MUD logró dos de siete alcaldías. Ello contrasta mucho con el predominio oficialista en Bolívar y Delta Amacuro.
Si en Bolívar gobierna desde 2004 Francisco Rangel Gómez, general retirado y antes presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Partido Socialista de Venezuela (PSUV) cuenta con 10 escaños (más la diputación indígena) de 15 posibles y ocho de 11 alcaldías; en Delta Amacuro, Yelitze Santaella (2000-2008) y Lizeta Hernández (2008-presente) han copado la escena en tanto que el PSUV tiene seis escaños y su aliado indígena en el actual Consejo Legislativo, aunado al pleno de cuatro alcaldías.
En pocas palabras, la otra mitad del país está casi completamente en manos del chavismo porque, más allá del gobierno de Guarulla y su mayoría legislativa en Amazonas, el principal empleador en este territorio tan vasto y despoblado sigue siendo el gobierno nacional, que por si fuera poco cuenta con la centralización fiscal, así como el despliegue de efectivos policiales y militares para ratificar su control.Dado esto, ¿por qué tanto interés en anular a los diputados del Amazonas y la Región Indígena Sur? De hecho, aquí se ha utilizado el término ensañamiento porque el propio Nicolás Maduro habla de repetir elecciones como una oportunidad para que el pueblo amazonense se reivindique (rectifique); es decir, no hubo fraude y el electorado sí votó por la MUD y sus aliados indígenas.
Aunado a eso, la Sala Electoral del TSJ mantiene el supuesto desacato del parlamento porque éste no declaró la desincorporación de Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana en sesión especial, sino que actuó a solicitud de los tres afectados, quienes solicitaron su propia desincorporación, tras lo cual la junta directiva notificó del acto al TSJ. No queda duda: Maduro quiere humillar a estos diputados a través de la mayoría parlamentaria de su adscripción, para emular el desafuero de Machado que impulsó Diosdado Cabello cuando presidía la Cámara.
Pero se insiste, ¿por qué interesa copar los escaños amazonenses y silenciar a la otrora región administrativa de Guayana? ¿Qué sabrán los diputados defenestrados que no sepan los ocho diputados de la MUD (de nueve) en Bolívar o su único diputado (de cuatro) en Delta Amacuro?
5.- El Arco Minero o el infierno en el paraíso
No se exagera al afirmar que, entre 1991 y 2016, los territorios federales Amazonas (creado en 1864) y Delta Amacuro (1884) degeneraron en territorios sin ley. Vía leyes especiales fueron convertidos por el Congreso en los estados 21 y 22 y, por ende, eligieron a sus primeros gobernadores por voto popular en 1992. El aislamiento de sus comunidades y el considerable porcentaje de población indígena hacían de estos nuevos estados un botín poco atractivo para los partidos tradicionales y, paradójicamente, ofrecía inmensas posibilidades a quienes pretendiesen lucrar a través de actividades ilícitas, valiéndose de las autoridades desconcentradas: el fisco y las fuerzas del orden público.
Opciones políticas interesantes como PUAMA o el MPV han sido minimizadas a control remoto por el militarismo enquistado en el estado Bolívar, el otrora espacio-programa cuyos ejes eran el potencial hidroeléctrico del Caroní y la actividad minera y siderúrgica de la CVG. De no ser los diputados bolivarenses, como Américo De Grazia, no se sabría de las matanzas vinculadas con la minería clandestina ni del silencio cómplice de las autoridades.
En contraste, José Antonio España, dirigente nacional de Primero Justicia, miembro de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas en la Asamblea Nacional y “paracaidista” de la MUD en Delta Amacuro, parece ignorar la crisis humanitaria de los waraos, quienes sufren los estragos de una agresiva cepa del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). España apenas se limitó a colgar el enlace de uno los reportajes más cortos sobre el tema en su cuenta Twitter el 1 de diciembre –a casi un año de su elección-, pero su comentario “La población Warao de #DeltaAmacuro es una de las más afectadas por la falta de medicinas y la deficiencia de servicios médicos en el país” permite suponer que ni siquiera lo leyó.
Lo cierto es que desde hace un año se viene advirtiendo de la epidemia. En julio pasado, como parte del ciclo de Foros sobre salud indígena, organizado por la Escuela de Antropología de la UCV, Flor Pujol, jefe del Departamento de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), presentó una investigación sobre el impacto del virus en dicha etnia. He aquí algunas de sus afirmaciones:
“… para 2011 ya hablábamos de 10% de infectados dentro del grupo muestreado de 570 personas, donde habían 55 positivos, con una alta prevalencia en población masculina. En algunas comunidades hasta 35% de los adultos masculinos están infectados… El número de pacientes infectados se estaba duplicando en 10 meses, una situación muy dramática similar al inicio de la epidemia en África cuando no se tenía ningún control ni conocimiento sobre la enfermedad… La población warao es en la que hay mayor prevalencia de tuberculosis en Venezuela y la combinación con VIH es muy grave porque el SIDA favorece que se active la tuberculosis y el VIH progresa más rápido a SIDA… Hay que educar a la población para que tomen el tratamiento de por vida… La epidemia se ha estabilizado pero se mantiene porque los indígenas han adquirido algo de conciencia ante el peligro y hay interés por usar el preservativo”.
No obstante, el drama es mayor porque, aunado a la escasez de medicamentos y preservativos, Delta Amacuro carece de la adecuada infraestructura para su distribución. Además, la tasa de mortalidad de la muestra de infectados es casi 50%.
En lo que concierne al Amazonas, las noticias de sucesos en la última década –sobre todo en medios electrónicos- advierten sobre casos de extorsión por funcionarios del fisco nacional en complicidad con efectivos policiales o militares. Por si fuera poco, éstos se habrían involucrado en violaciones, tortura, ejecuciones y contrabando de gasolina y otros productos. De ser así, el gobernador Guarulla sería un rehén de las autoridades desconcentradas.
Lo anterior se agravaría mucho más con la explotación del Arco Minero, el cual comprende una porción considerable de los tres estados, vale decir casi la octava parte del territorio nacional. El Arco Minero sería explotado en cuatro áreas, según los yacimientos: 1) Coltán tierras raras, diamantes; 2) hierro y oro; 3) bauxita, hierro y oro; y 4) oro, bauxita, coltán, caolín y dolomita. Junto a la hegemonía del gobernador Rangel Gómez, la figura del general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y presidente de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), despierta más dudas en zonas donde los militares se habrían enfrentado más con los indígenas que con los “garimpeiros”.Más allá de los sueños rentistas de Maduro, sobre la posibilidad de que el Arco Minero sea acreditado como la primera o segunda reserva aurífera más grande del mundo, serán irreparables el daño ecológico y el desplazamiento forzoso de las etnias. Probablemente, sean estos los motivos para forzar el silencio de los diputados amazonenses.
Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/28361-guillermo-martin
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