PARECE AYER

EL NACIONAL - Lunes 27 de Febrero de 2012 Economía/5
PROGRAMA Falta de información oficial restó apoyo político a plan económico
Inflación mensual superior a 21% atizó el Caracazo
La eliminación de controles, el aumento en el precio de la gasolina y de 30% en las tarifas del transporte público causaron el caos
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ

Hubo un día de febrero de 1989 que los precios crecieron de tal manera que la tasa de inflación mensual dio un salto superior a 21%. De manera simultánea ese mes entró en vigencia un conjunto de medidas ­calificadas de shock por expertos­ que comprendía la eliminación de los controles de precio y de cambios establecidas seis años antes, una devaluación por el orden de 160% para las mayoría de los productos importados, la liberación de las tasas de interés, el incremento del precio de la gasolina y la subida de 30% en las tarifas del transporte público.

El brusco aumento en los precios de bienes y servicios, si se compara con la inflación mensual de años anteriores no mayor a 3%, se convirtió en una de las causas de los disturbios del 27 de febrero, sobre todo por el alza que se dieron en las tarifas de camionetas por puesto y autobuses.

"No quedaba alternativa que adoptar un conjunto de medidas que tuviera un elevado costo social, pero formaban parte del programa de ajustes macroeconómicos cuya aplicación se consideró indispensable para restablecer el equilibrio de las principales variables económicas", explica el economista José Toro Hardy al indicar los alcances de "El Paquete", como popularmente se llamó a lo que oficialmente se bautizó como El Gran Viraje.

Pobres contra ricos. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez heredó de su compañero de partido Jaime Lusinchi una economía marcada por cifras negativas desde el punto de vista fiscal y financiero, que hacían inviable mantener los controles: un déficit en las cuentas públicas de 75 millardos de bolívares, una caída de las reservas internacionales netas superior a 50% en 3 años para cerrar a finales de 1988 en un mínimo de 6,6 millardos de dólares, y un saldo en rojo en la gestión de Pdvsa y del Fondo de Inversiones de Venezuela (hoy Bandes) por 16,5 millardos y 6,6 millardos de bolívares, respectivamente.

"Correspondía al propio presidente Pérez darle el respaldo necesario a las políticas que estaba dispuesto a aplicar", señala Toro Hardy. "Pérez falló al no comunicar y convencer a la dirigencia nacional de lo que se pretendía; como resultado de ello, los partidos ­comenzando por Acción Democrática­ rechazaron el paquete hasta minar el piso político", añade.

El 2 de febrero de 1989, el presidente Pérez en su discurso de investidura dio indicios de que su segundo gobierno sería 180 grados distinto al primero, pero la población que lo eligió percibía que volvería a las prácticas populistas y estatistas que caracterizaron su gestión entre 1974 y 1979.

En los días posteriores a los disturbios se dio a conocer que el mandatario había asegurado que los hechos de febrero fueron "una reacción de los pobres contra los ricos", y se pensó que frente a la coyuntura emprendería una reversión del paquete que se comenzó a aplicar el 16 de febrero de 1989.

No obstante, Pérez negó que hubiera hecho esa afirmación.

"Jamás dije que el 27 de febrero había sido una guerra de pobres contra ricos como lo publicó un diario", declaró el ex mandatario a los periodistas Ramón Hernández y Roberto Giusti, quienes lo entrevistaron para el libro Carlos Andrés Pérez: Memorias proscritas.

"En el Consejo de Ministros siguiente al 27 de febrero todos esperaban que yo echara atrás las medidas", comenta Pérez en ese testimonio. "Reflexioné mucho sobre lo que teníamos que hacer. Me di cuenta de que no podía retroceder, que era indispensable seguir adelante", añade.

Tigres y minotauros. El gabinete económico que designó Pérez mayoritariamente estaba formado por profesionales que no venían de la bancada adeca, ni siquiera eran políticos.

En su mayoría provenían del mundo académico y empresarial. Uno de ellos era Moisés Naim, quien dejó el IESA para encabezar el Ministerio de Fomento, con la tarea de desmontar el control de precios.

Naim estuvo por algo más de un año en el cargo. Ya viviendo en el exterior, en 1993, se encargó de documentar en el libro Tigres de papel contra minotauros los alcances y objetivos que se pretendían con El Gran Viraje y las fallas que se cometieron, comenzando por los errores u omisiones que hubo por parte de las autoridades con el incremento en las tarifas de transporte colectivo, que terminarían por detonar las primeras protestas del 27 de febrero de 1989.

"El Gobierno falló en comunicar de manera oportuna y efectiva los detalles precisos de las medidas que se estaban tomando y la razón de por qué se estaban adoptando", señala Naim. "La cobertura en vivo de los medios de comunicación de los incidentes estimuló la participación popular en los saqueos, y la escalada de la violencia en las protestas se vio agravada por la demora del Gobierno en responder, incluso después de que la situación estaba claramente fuera de control", agrega.

Estos disturbios han pasado a convertirse en una referencia para los gobiernos subsiguientes al de Pérez cuando se dan cuenta de que deben adoptar medidas de ajuste.

"Los programas de shock tuvieron su momento porque provenían de los acuerdos que se firmaban para obtener un financiamiento del Fondo Monetario Internacional y corregir los desequilibrios económicos que pudiera afrontar un país", explica Ronald Balza, investigador del Instituto de Estudios Económicos y Sociales del UCAB. "En la actualidad, los organismos multilaterales reconocen la necesidad de que exista gradualismo para que una reforma sea viable porque en el pasado los ajustes de shock no lograron la recuperación económica", indica.

La tendencia mayoritaria en Venezuela ha sido retrasar ajustes, privilegiar el gradualismo y evitar el shock, con la sola excepción del plan de abril de 1996, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera. En esa oportunidad, si bien se repitió una receta similar a la de febrero de 1989: eliminación de controles de precios y de cambio, devaluación de 62% y un alza en la tarifa de los combustibles, dentro del programa llamado Agenda Venezuela se previó un plan de comunicación que se inició casi dos meses antes, y en el ajuste se mantuvo el subsidio al transporte público y se agilizaron los desembolsos de programas sociales compensatorios.

El gobierno de Hugo Chávez no se ha visto en la necesidad de grandes ajustes gracias al repunte que han tenido los ingresos petroleros en los últimos 9 años. Anualmente se han dado incrementos puntuales en los precios de bienes y servicios, el precio de la gasolina está igual desde hace 13 años, desde 2003 hay una política de control de cambio, precios y tasas de interés; y en 9 años se han realizado 4 ajustes del tipo de cambio que totalizan una devaluación acumulada de 168,75%.