lunes, 9 de marzo de 2020

MATERIA PENDIENTE

Del edificio legal de la FAN
Luis Barragán

Deliberadamente, la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha recibido un tratamiento legislativo confuso, por decir lo menos. El régimen que jura en vano defender la Constitución, suele violentarla, interpretando arbitrariamente la normativa legal que, no menos arbitrariamente, ha impuesto.

Semanas atrás,  la tal constituyente se aventuró con la llamada ley  constitucional que consagra la milicianización de la corporación castrense. Por supuesto, siendo espuria la instancia, sigue vigente la Ley Orgánica de la FAN (LOFAN).

La Asamblea Nacional prontamente cuestionó las  leyes pretendidamente constitucionales de carácter económico y tributario, pero no ha ventilado todavía la de carácter militar. Quizá porque ha tardado todos estos años en aportar un instrumento legal alterno, por muchas que sean las dificultades confrontadas.

Ahora bien, levantar en tan breve tiempo un distinto edificio legal para la institución armada que definitivamente la constitucionalice, no luce realista. Sugiere volver a otro que no pueda ser atacado por su  preconstitucionalidad,  capaz no sólo de facilitar la transición democrática, sino de auspiciar una reforma actualizadora – por cierto – cónsona con el siglo XXI al que debemos volver, si alguna vez nos domicilió, con sus novedosos desafíos.

Entendemos,  la LOFAN vigente data del 19/11/2014, por quinta vez reformulada de acuerdo al arbitrio de una habilitación presidencial: la última vez que la Asamblea Nacional sancionó un instrumento afín ocurrió el 26/09/2005, por lo menos, contando con la participación de los sectores de oposición. Hemos propuesto públicamente, esperando la oportunidad para formalizarla en la Comisión Permanente de Defensa a la que pertenecemos, reintroducir la LOFAN de 2005 para su consideración, discusión, sanción y promulgación por la legítima corporación legislativa y encargaduría presidencial, en reemplazo del instrumento tan injustamente habilitado, sobre todo,  cuando ya era patente la ilegitimidad de Maduro Moros, corroborada por la derrota monumentalmente sufrida en las elecciones parlamentarias de 2015.

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