¿EXPANSIONISTAS?

Estribaciones esequivanas (SIC)
Luis Barragán

El contradictorio y garrafal manejo del diferendo territorial con Guyana por el gobierno venezolano, deriva de la torpe, reducida y reductora interpretación conspiratorial de la historia que lo informa. Pretendiendo el monopolio de un sentimiento patriótico que suele frecuentemente traicionar, creé monopolizar la atención y el tratamiento del problema asimilándolo a los riesgos que comprometen la existencia misma del régimen, provocando una obtusa   profecía destinada a autocumplirse.

Establecido tan impertinente presupuesto que abona  al problema con novísimas limitaciones, el actual  contrasta inmediatamente con la conducta asumida por los gobiernos democráticos que le precedieron, pues, la libre discusión, una convincente división de los órganos del Poder Público y la alternancia efectiva del poder, no afectaron la vehemencia, eficacia y contundencia de nuestro histórico, legítimo y justo reclamo esequivano (SIC), a pesar de todas las estribaciones políticas que lo contextualizaron.  En efecto, hubo una Política de Estado necesaria de recobrar, por más de medio siglo,  incluyendo  el largo tránsito dictatorial, cuya básica continuidad llama la atención del más distraído observador.

Lucen cada vez más remotos los tiempos del libérrimo tratamiento que senadores y diputados dispensaron al caso, añadida la polémica sobre los mensajes presidenciales, las recurrentes interpelaciones ministeriales, las oportunas comisiones especiales y el efectivo procesamiento de las más variadas denuncias. A modo de ilustración, cumplida la histórica  labor del canciller Falcón Briceño en la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas, efectuada en Londres, a nadie se le ocurrió inculpar de apátridas a los voceros de la oposición más extrema, denostándola,  también defensora del esfuerzo independentista de la Guayana Inglesa, aunque ideológicamente identificada con su  premier  Cheddi Jagan, por sugerir el propio sabotaje de esa aspiración por parte del ministro (Sesión del 02/04/1962, Diario de Debates de la Cámara de Diputados nr. 10).

La bancada democrática de la oposición en el presente período constitucional que está – debidamente -  a punto de culminar,   ha realizado importantes aportes a una materia que todavía encuentra la radical incomprensión y la contraproducente reacción de la bancada gubernamental. La Asamblea Nacional ha desoído sistemáticamente el llamado a debatirla y diligenciarla en las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes que corresponden,  excepto en un par de ocasiones en las que, indirectamente, la ventiló a propósito del aniversario de la ocupación militar de Las Malvinas y, directamente, bajo una fuerte presión de la opinión pública, la abordó para intentar reforzar lo que Nicolás Maduro expresó en su largo monólogo en el hemiciclo protocolar, en 2015.

En 2013, alertamos sobre los inconvenientes que se presentaban en nuestra zona marítima contigua a la del vecino país, mediante una rueda de prensa verificada a la entrada de la sede de la Comandancia de la Armada, luego de entregar una carta alusiva; y un numeroso elenco de diputados y dirigentes políticos de la oposición, llegó más allá del río Coyuní para respirar los aires venezolanos del Esequivo (SIC), tras dieciocho horas de trajinar las carreteras. Regresamos para plantear el Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Fachada Atlántica que, por cierto, hubiese evitado muchos dolores de cabeza, y acudimos a la propia Casa Amarilla en solicitud de la actualización del representante venezolano ante la oficina del Buen Oficiante, sede que resultó acaso más peligrosa que nuestra incursión esequivana (SIC), gracias al asedio de los grupos violentos del oficialismo. Empero, tuvimos por única respuesta la irresponsable y militante indiferencia del gobierno.

Más de treinta diputados de la oposición, por la prolongada resistencia del oficialismo a un debate plenario, suscribimos una solicitud de palabra en fecha 19/06/2015 y  la consignamos en la Comisión Permanente de Política Exterior, a objeto de tratar el problema a puertas abiertas o cerradas, con o sin periodistas, exponiendo  nuestras inquietudes y  dispuestos a trabajarlas en el marco de una comisión especial que integrara a las de Defensa y Política Interior. Aún no tenemos respuesta para el necesarísimo tratamiento institucional,  pero la ocasión se ofreció con el único debate que se ha dado en años (14/07/2015), gracias a un Proyecto de Acuerdo infructuosamente destinado a confundir a la opinión pública, en la que, por lo menos, hicimos diez propuestas, y dos de ellas apuntaron a una reforma legal para ampliar el Consejo de Defensa de la Nación, yendo más allá de la muy presidencial comisión de fronteras, y el Proyecto de Ley Especial del Estado Esequivo (SIC) [http://lbarragan.blogspot.com/2015/07/aporte.html].

Representantes de varios estados, pertenecientes a diferentes corrientes de la oposición, coincidimos con los colegas del estado Bolívar y, así,  Andrés Velásquez, Freddy Marcano, Américo de Grazzia,  José Manuel González, Juan Pablo García, Omar González, Leomagno Flores, José Gregorio Contreras y quien suscribe, consignamos una propuesta que tuvo a bien elaborar el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta, después de un provechoso intercambio de ideas, rigurosamente avalada por su Exposición de Motivos y Estudio Económico.  Susceptible del debate creador, la propuesta está encaminada a fortalecer los alegatos venezolanos, afianzando la inejecutabilidad de la entrega del territorio en reclamación; atender las exigencias de los esequivanos (SIC) a los que se les niega la propia identidad venezolana, pendiente un recurso interpuesto aproximadamente dos años atrás por ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en representación de más de 70 mil paisanos que están en nuestro formal territorio; e irradiar un trabajo de diferente cuño estratégico, partiendo del actual municipio Sifontes del estado Bolívar.

Además de la urgente rectificación de la política que ha desarrollado el gobierno venezolano, ultrapartidizando lo que debe ser una Política de Estado, fracasadas las recientes gestiones caribeñas, añadidos los intereses muy concretos e históricos de la dictadura cubana con los que tropieza, importa superar la sola dimensión historiográfica y jurídica para hallar las iniciativas políticas que sean expresión de la unidad nacional en la medida que se afinque en la pluralidad y complejidad de todo un país de inquebrantable vocación democrática. Ciertamente, el presidente de la República dirige las relaciones exteriores, pero éstas necesariamente configuran   una política pública susceptible del control parlamentario y ciudadano, pues, faltando poco, rige el principio constitucional de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil en materia de seguridad y defensa de la nación.

Reseña: Tomada de la red.