Ceballos, Baduel y Oliveros ahora están privados de la voz y la acción política
Políticos advierten sobre estrategia para pacificar a adversarios
Los analistas Luis Salamanca, Carmen Beatriz Fernández y Gonzalo Himiob coinciden en que el gobierno intenta suavizar su imagen autoritaria
Edgar López
Desde los calabozos donde permanecieron hasta esta semana, Raúl Baduel, Daniel Ceballos y Deivis Oliveros no desperdiciaron oportunidades para persistir en su oposición al gobierno: varias cartas, manifiestos y hasta videos pudieron hacer llegar a la opinión pública. Ahora, cuando las elecciones parlamentarias plantean la posibilidad de un cambio político, los tres no podrían catalizar el descontento con el régimen, pues los jueces les prohibieron tajantemente comunicarse con la prensa o intervenir directamente en la diatriba política.
“Todo apunta a que se trata de una estrategia de pacificación de grandes movilizadores del voto: un político con gran popularidad como Ceballos, un general en jefe trisoleado que alguna influencia debe mantener en los cuarteles como Baduel y un estudiante del ala radical, JAVU, como Oliveros. La condición que les han impuesto a los tres pudiera resumirse en aquello de ‘calladito y quietico te ves más bonito’, porque está claro que el incumplimiento de alguna de las restricciones les puede acarrear su regreso a la cárcel”, advierte el politólogo Luis Salamanca.
La experta en mercadeo electoral Carmen Beatriz Fernández agrega que las limitaciones que ahora tienen Ceballos, Baduel y Oliveros son similares a las aplicadas a otros presos políticos y emergen como una nueva forma de reprimir al adversario, aunque sea menos dura que tenerlo en una celda: “Con el auxilio de jueces que están prestos a acomodar las normas a los intereses gubernamentales, a los opositores que logran salir de las prisiones les coartan las posibilidades de accionar políticamente”.
Salamanca y Fernández no tienen duda de que la “aparente benevolencia del gobierno” está determinada por la coyuntura electoral, lo cual confirma que las razones para la detención de estas personas no son jurídicas, sino políticas.
El directivo del Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob ofrece evidencias concretas del uso de la justicia penal a favor de los intereses electorales del oficialismo: “El jueves 13 de agosto se llevó a cabo otra sesión del juicio que se le sigue a los estudiantes que instalaron un campamento antigubernamental frente a la sede del PNUD. Una vez más pedí la liberación de los que permanecen presos (Gerardo Carrero, Nixon Leal, Carlos Pérez y Ángel Contreras) y una vez más la negaron. Es inexplicable, por ejemplo, que mantengan encarcelado a Contreras, pues a él le fueron imputados menos delitos y menos graves que a otros estudiantes acusados en la misma causa y a los que les concedieron libertad condicional. El único patrón claro es que a todos los estudiantes les imponen la prohibición de volver a participar en manifestaciones públicas”.
Himiob agrega que las recientes decisiones en los casos Ceballos, Baduel y Oliveros se debieron tomar desde hace mucho tiempo, porque procedían en buen Derecho: “Ello confirma que sí se trata de presos políticos y que los procesos penales en su contra no los dirigen los jueces, sino el gobierno”.
Tratamiento cosmético. Los tres analistas insisten en que, ante la pérdida de popularidad que amenaza la permanencia del chavismo en el gobierno, todos los órganos del Poder Público han participado en el manejo de los presos políticos de manera orquestada.
Salamanca afirma que existe un plan deliberado que se va ejecutando por sectores y por etapas: “Recordemos las inhabilitaciones de fuertes candidatos de la oposición por la Contraloría General de la República, la incorporación de la paridad de género impuesta por el Consejo Nacional Electoral, las migraciones de electores fraudulentas avaladas por las autoridades del CNE y el desmebramiento que causó el Tribunal Supremo de Justicia en las directivas de partidos políticos como Bandera Roja y Copei, por el lado de la oposición, y Joven, IPCN, ORA, Vanguardia Republicana y MEP, por el lado del oficialismo”.
Los analistas también coinciden en que los casos de Ceballos, Baduel y Oliveros corresponden a una especie de limpieza de cutis para suavizar la imagen del gobierno. “Los presos políticos constituyen una mancha muy fea que da cuenta del talante autoritario del gobierno. Eso ha sido advertido por los gobiernos democráticos y los organismos internacionales que han puesto la lupa sobre Venezuela, pero también por sectores moderados del chavismo que dudan de seguir apoyando al régimen”, señala Fernández.
Himiob considera factible que haya más libertades condicionales o casas por cárcel antes del 6 de diciembre. Salamanca califica de “dakasos electorales” esas posibilidades, pero advierte: “Aquí no hay nada definitivo en cuanto a las estrategias, incluso las más inescrupulosas que pudiera usar el chavismo para conservar el poder”.
Los 10 de la Defensoría
Aunque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, prefirió no hacer comentarios al respecto, fuentes oficiales aseguraron que el organismo intercedió para que les fueran concedidas medidas de arresto domiciliario o libertad condicional a 10 presos políticos: Marcelo Crovato, Miguel Ángel Nieto, Christian Holdack, Pablo Estrada, Magali Contreras, Andrés León, Antonio Ledezma, Gerardo Resplandor, Jeremías Silva y Raúl Baduel.
Cifra
73 presos políticos cuenta el Foro Penal Venezolano hasta el 13 de agosto de 2015: 27 están recluidos en sedes del Sebin, 17 en cárceles militares, 15 en penales comunes, 5 en comandancias de policía y 9 en arresto domiciliario.
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