DEVENIDA ANGUSTIA

Sobre los eventuales allanamientos
Luis Barragán

Pende la espada de Dámocles sobre tres parlamentarios de la oposición que, en la misma sesión en la que fueron denunciados, tuvieron ocasión para una inicial defensa. Solicitada la opinión fiscal, el propósito anunciado es el de allanar las inmunidades parlamentarias de Richard Mardo, Juan Carlos Caldera y – suplente – Gustavo Marcano, muy presuntamente involucrados en uno de los delitos contemplados en la vigente Ley de Anticorrupción.

Fundamentalmente, nos llama la atención la relativa tranquilidad de los diputados electos en la fórmula de la MUD, pues, que sepamos, no ha habido asamblea general alguna que trate directamente tan graves circunstancias, previendo sus consecuencias, o, por lo menos, la bancada específica a la pertenecemos –  la de la Concertación – no le ha dedicado una adecuada jornada de reflexión, a pesar de remitirles algunas ideas al respecto.  Podrá decirse de las distintas vicisitudes actuales, sumada la enfermedad y el regreso presidenciales a la devaluación, pero toda agenda política que se respete, por compleja y complicada, amerita de una mínima y eficaz distribución del trabajo.

Sobre todo cuando está claro que la intención del allanamiento responde a motivos inequívocamente políticos, y no a un gesto de antipatía personal hacia los afectados,  hasta nuevo aviso. De modo que, incluyendo la postergación indefinida para que se voten efectivamente los allanamientos, los cuales – valga recalcar – no deseamos de manera alguna,  no parece acarrear costo político alguno para el gobierno nacional, porque  la oposición y los medios que les son afines, transmiten una sensación de indiferencia y resignación.

Valga añadir, los parlamentarios del PSUV sienten una íntima preocupación sobre los casos citados, como nos lo refirió rápidamente, alrededor de un café,  alguien que también cuida de enemistarse públicamente con el enemigo, aunque sean escasos e inevitables los instantes de cordialidad en el pasillo que comunica a ambos hemiciclos y los jardines del Capitolio, o la espera del ascensor en el edificio administrativo de Pajaritos. Legítima preocupación, ya que – hasta por una risible discrepancia – pueden  en un futuro convertirse en allanados , cuando no, por obra de la llamada Ley Antitalanquera, resultar inhabilitados.

La deliberada brevedad del  artículo 200 constitucional, convierte la inmunidad parlamentaria en un asunto propio de la potestad disciplinaria de la cámara, ya que la regula el Reglamento Interior y de Debates. Indicio de la displicencia que genera el problema, a diferencia de otras épocas, lucen escasísimas las contribuciones de carácter jurídico que los medios ofrecen; y, cabe citar, personalmente nos consta, el caso de una biblioteca que lleva el nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa, como es la de la Asamblea Nacional, orgullosa de las fotografías expuestas de él, tiene apenas un título del ilustre margariteño, y no – precisamente – el relacionado con las inmunidades.

Buscando alguna explicación por la abulia demostrada en la oposición, con las excepciones del caso, creemos que opera una suerte de inconsciente complejo de culpa por los allanamientos del pasado, específicamente los que derivaron de la detención de varios parlamentarios adscritos al PCV y MIR, proscritos días o semanas antes, a raíz de la tragedia de El Encanto. En la perspectiva histórica, aunque no compartimos la independencia del delito militar que los fundamentó frente a la Constitución, criterio posteriormente corregido, historiográficamente está comprobada la participación, involucramiento o implicación de tales parlamentarios en los planes y hechos insurreccionales de entonces. Sin embargo, de asomarse la intención revanchista del oficialismo, la cuestión no reside en un pasado ya remoto, sino en la específica coyuntura del presente.

Menos visible en la bancada del oficialismo, la preocupación deviene angustia porque las inmunidades parlamentarias que, acotemos, implican varias prerrogativas funcionales,  urgen del conocimiento público en relación al propósito que las inspira, negadas como un privilegio personal y casi nobiliario. Reivindicarlas, a la vez de hacerlo con el propio parlamento, no significa sólo garantizar la existencia de la oposición democrática, sino también el respeto, la tolerancia y la comprensión al interior del (os) partido (s) oficialista (s), pues, conocida (s) y compartida (s) la (s) transición (es) que ha hecho Chávez Frías, temen por las que otros puedan emprender.


Fotografía: La República, Caracas, 05/10/1963.