jueves, 22 de enero de 2015

DEL TRABAJO PARLAMENTARIO

Algunas consideraciones sobre la gestión legislativa 2014
Luis Barragán (*)


I.- Introducción II.- El balance legislativo: contexto obligado 1.- Representación y debate 2.- La quizá infructuosa manufacturación de leyes 3.- La sobreprotección parlamentaria 4.- La aprobación de contado 5.- Tensas sesiones III.- Algunos enunciados  IV.- Notas
  
I.- Introducción
La Asamblea Nacional ha de parlamentar, no parlar; legislar, no habilitar; controlar, no acatar; presupuestar, no fiar; autorizar, no someterse; auto-regularse, no descomponerse.  Un balance de la gestión de 2014, nos remite a una historia y a una tradición parlamentarias hoy quebrantadas, imponiendo insólitos retrocesos.
Ejercicio de precisión, las funciones legislativas, de control y de representación, según el clásico esquema, nos remite a un conjunto de vicisitudes que dibujan la naturaleza y el alcance del parlamento en el marco de un régimen de las características como el actual. Las cifras disponibles [1], no revelan con propiedad la significación adquirida por el órgano del Poder Público.
Intentamos, mediante estas notas destinadas a la Mesa de Análisis, responsablemente convocada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), institución a la cual agradecemos su generosa invitación, una aproximación al fenómeno que sintetiza – ésta vez – en Venezuela, la Asamblea Nacional.

II.- El balance legislativo 2014: obligado contexto
1.- Representación y debate
Toda sociedad requiere del debate público de los asuntos que le conciernen y, en lo particular, el Estado cuenta con la más elevada instancia para escenificarlo con las indispensables garantías constitucionales que, actualizándolo,  le concedan continuidad y procuren su perfeccionamiento. La polémica institucionalizada tiene un necesario carácter político, por una parte, al derivar de la irreprimible complejidad y pluralidad de esa sociedad, tan  inherente a la vida democrática; por otra, al contar con la debida representación popular, calificados así sus voceros mediante el voto directo, universal y secreto de la ciudadanía; y, luego, al resumir todas las manifestaciones sociales y políticas, organizadas o no, que apuntan a la opinión pública como un elemento esencial para la vida y la vivencia de la política democrática.
La Asamblea Nacional por 2014, incumplió con las referidas premisas, inscrita en el contexto de una democracia participativa formal que subestima, distorsiona y lesiona la representación, un dato que también luce irreemplazable para realizarse. Nuevamente, desconocidas las inmunidades parlamentarias como una institución clave, la discusión política propiamente dicha, y las que se desprende de los acuerdos y autorizaciones adoptados por la cámara, están severamente condicionadas, explicando  una escasa calidad que la oposición no ha logrado efectivamente revertir, a pesar de sus esfuerzos.
A) La desconocida representación popular
El oficialismo intensificó sus ataques a la propia representación parlamentaria en 2014, desconociéndola,   con la específica y pretendida destitución de María Corina Machado y la forzada renuncia de Juan Carlos Caldera, ante el inminente allanamiento;  la sistemática intimidación de los opositores que expresaron su opinión en el debate, como Carlos Berrizbeitia; o la abierta burla hacia aquellos con los que supuestamente pre-acordaron la designación de los nuevos titulares de los poderes públicos, cuidando muy bien de no revelar sus nombres. Empero, a juzgar por su conducta,  intervenciones en las sesiones plenarias o declaraciones de prensa, los partidarios del gobierno subestiman la propia condición de diputados, integrantes de un órgano independiente del Poder Público, prevaleciendo la noción del agradecido funcionario público y militante partidista, subordinado al llamado poder popular.
Constante, directa o indirectamente, amenazadas las inmunidades parlamentarias de opositores y disidentes que suelen elevar la crítica hacia la gestión gubernamental, en marzo de 2014, mediante rueda de prensa, luego avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional destituyó a María Corina Machado, desconociendo arbitrariamente la representación popular que le fue conferida por los electores mirandinos, siendo la diputada más votada en todo el país por 2010; y, en las postrimerías del año, publicada la decisión del máximo tribunal de la República, Juan Carlos Caldera renunció a su curul, aunque persona alguna comprometida en el delito que presuntamente cometió, incluida a los autores de la ilegal grabación que le dio soporte a su caso, fue requerida siquiera por el organismo fiscal u otro, a objeto de precisar sus responsabilidades en una suerte de operación encubierta realizada por quienes no son funcionarios del Estado, gozando  de un tácito fuero especial. Sin precedentes en la historia venezolana,  a la destitución de Machado, so pretexto de la intervención facilitada por Panamá en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), como había ocurrido con Venezuela cuando le brindó la oportunidad a un opositor panameño de intervenir en el foro internacional, décadas atrás, desconocidos los más elementales derechos a la defensa y al debido proceso, se suma una distinta modalidad para el desconocimiento y allanamiento de las inmunidades parlamentarias, confiada en el articulado del Código Orgánico Procesal Penal, en lugar de lo claramente establecido en la Constitución de la República [2].
Citemos dos circunstancias adicionales, pues, por una parte, aunque tímidamente, el discurso oficial se dice moralmente autorizado por obra de los arbitrarios allanamientos que se produjeron en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, a pesar del contrastante marco político que los explicó, todavía pendientes de una clarificación estrictamente histórica  [3]. Y, por otra, sobran los testimonios del irrespeto que suscita actualmente la condición de parlamentario de la oposición para las autoridades públicas, aún para las más modestas diligencias de una visita a los detenidos políticos o  de los eventuales malentendidos de la vida cotidiana.  


En abierta contradicción con la expresa normativa constitucional,  apartando la facilidad y beneficio que la sola condición de parlamentario oficialista reporta respecto a tales autoridades, volviendo al ámbito de las formalidades, encontramos a diputados eximidos temporalmente de sus funciones a favor de otras responsabilidades en el Ejecutivo Nacional, integrados posterior y nuevamente al cuerpo, sin pérdida alguna de su investidura.  Faltando poco, a  mediados de  2014, votada la propuesta, un diputado del PSUV, Andrés Eloy Méndez, solicitó y logró nada más y nada menos que un permiso de separación de la Asamblea Nacional, preservando la curul, para ocupar a las pocas horas la Superintendencia Nacional de Precios Justos, mientras que otro diputado del mismo partido, Freddy Bernal, simplemente convocó a su suplente, siendo un hecho público, notorio y ocupacional su desempeño como presidente de una comisión presidencial, designado por Nicolás Maduro antes de finalizar el aludido año.
El fenómeno, propio de la corrupción de la disciplina parlamentaria, en los términos de Juan Miguel Matheus [4], ejemplifica la descomposición institucional que ha promovido el oficialismo que, al procurar y abusar de sus ventajas, ignora, desmiente o infravalora  la propia naturaleza y funciones parlamentarias. Empero, tamaño desconocimiento, guarda sintonía con otros datos de inevitable atención, como el convencimiento político, ideológico o programático que lo justifica o dice justificarlo, en torno al denominado poder popular, y la percepción generalizada que se tiene del Poder Legislativo en nuestro país.
Sostenemos que la Asamblea Nacional expresa por sí misma el poder popular,  como resultado del sufragio directo, universal y secreto de la ciudadanía. Esta tan cara representación de la soberanía nacional no se compadece con el inconstitucional poder popular ideado por el régimen para reemplazarla, por lo que consterna y asombra que un parlamentario, subestimando sus responsabilidades, rinda tributo y supedite su compromiso a una invectiva política,  fórmula presupuestaria y, en definitiva, modalidad clientelar, avalando una representatividad que no tiene y, a la vez, elevándola como un axioma político, ideológico y programático [5].
Diversos estudios de opinión apuntan a la generalizada desatención que suscita la institución parlamentaria en Venezuela, prácticamente inexistente para numerosos sectores que bien pudieran confundirla con la aparente deliberación del gabinete ejecutivo que lideró el presidente Chávez Frías en sus numerosas cadenas radiotelevisivas. Sumemos la tendencia a creer que el diputado elegido o a elegir, tan familiar como un concejal, es o ha de ser un funcionario capaz de negociar y alcanzar los recursos indispensables para su cercana comunidad,  en las más altas esferas del Estado, por lo que posiblemente lucen innecesarias, inútiles o dispensables las posturas políticas más abstractas que no rinden un dividendo concreto a favor de las soluciones para la vida cotidiana.
La hipótesis, contradicha por otros sectores que valoran mejor la representación y la misión parlamentarias, necesitada de comprobar a la luz de las últimas encuestas, nos remite a la necesidad de reivindicarlas frente a un régimen que predica la supremacía incontestable e iluminada del presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y compromete a la propia bancada de la oposición, en el último año de su gestión constitucional, a redoblar los esfuerzos por una urgente pedagogía sobre la importancia, naturaleza y alcances del órgano legislativo, sobre todo en las entrañas de la consabida crisis que nos aqueja.
B) El (in) dispensable debate político
El debate es consustancial a todo parlamento que se conciba y tenga por tal, por lo que su limitación, apocamiento o condicionamiento refleja o revela el déficit democrático que aqueja o puede aquejar a toda una sociedad, tratándose de una instancia en la que libérrimamente debe darse, además, para actualizar al propio Estado. De sobrados antecedentes históricos, la situación mayoritaria o minoritaria de una determinada bancada, no la exime de dar respuestas a un país que, complejo y plural, de un modo u otro, delibera en la búsqueda de explicaciones que le concedan el sentido necesario para sus esfuerzos compartidos, más allá de las soluciones que constantemente demanda.

Convenimos con Paloma Requejo, la contradicción y el debate no están orientados al convencimiento o la persuasión del inmediato adversario político, sino que “en el Estado democrático, los destinatarios de la discusión son los parlamentarios y los ciudadanos y el objeto de la misma se centra, más que en persuadir a una contraparte dialéctica, en dejar constancia de una posición para que pueda ser conocida y valorada por la opinión pública” [6]. Por consiguiente, consagrada la (auto) censura y el bloqueo informativo, la mayoría oficialista torpedea sistemáticamente cualesquiera debates que puedan comprometerla, proveniente de una minoría opositora que sea capaz de orientar a toda una sociedad, dinamitando los elementos mismos que los definan: amén del contenido y su profundidad, el contraste,  el respeto, la tolerancia,  y el empleo mismo de la razón que desbarate las ya acostumbradas y predecibles consignas.
La solicitud y el ejercicio de la palabra en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional para los diputados de la oposición, encuentra numerosas dificultades, más por la dinámica que impone la mayoría que por  la natural competencia que genera en la bancada democrática, siendo tan escasas las oportunidades. Concedida, a  la angosta delimitación del tiempo, como no ocurre en parlamento democrático alguno, o a la ausencia de un micrófono en la curul que agilice las intervenciones, por ejemplo, se suma el sabotaje de los muy supuestos interlocutores que, gozando del privilegio de un turno adicional, agreden verbal y hasta físicamente al orador contrario, interrumpiéndolo, quitándole el sonido, procurando a todo trance amilanarlo con las facilidades que ofrece una dirección de debates en nada moderadora, como teóricamente le concierne.
Acotemos, la Tribuna de Oradores, el sitio apropiado para que el parlamentario que la reclame en atención a la trascendencia de la materia a ventilar, con el apoyo de otros de sus colegas que así lo consideren, está monopolizada por el oficialismo so pretexto de los informes, proyectos de acuerdos y de leyes que sirven también para denuncias más temerarias que sintonizan con sendas campañas gubernamentales, agregadas las que buscan el brutal  desprestigio de la oposición. Son pocas las veces que ésta ha ocupado el sitial que, después de la mesa directiva, concita toda la atención de la cámara, para propuestas previamente consensuadas en torno a fechas y personajes históricos,  intentando el debate regular desde las curules, donde se supone que hay una mayor visibilidad para quien preside la sesión a objeto de atender las solicitudes de palabras, rectificación del quórum, aclaratorias, etc. [7].
En 2014, el llamado comité antiguarimbas se hizo representar en la Tribuna de Oradores por personas extrañas al cuerpo parlamentario, ofreciendo una versión de los hechos trágicos de principios del citado año, sin que hubiese ocasión alguna para  la réplica. Al igual que el espacio ha sido concedido para numerosos espectáculos al iniciarse la sesión que, prolongados, sin que emitamos un juicio de valor sobre el motivo, están reñidos con el largo trabajo que comporta un Orden del Día para sesiones que comienzan tarde, con más de una veintena de puntos.
Resulta inevitable aludir a la larga e interesante tradición parlamentaria venezolana, exponente de los reconocidos oradores que, independientemente de toda adscripción política e ideológica, añadida la bancada por minoritaria que fuese, orientaban al país a través de los medios y tecnologías disponibles. La atención dispensada al otrora Congreso de la República y sus dos cámaras, convertido en un ineludible referente de promoción y renovación del liderazgo, contrasta hoy con la pobreza, impulsividad, desatino, banalidad y exacerbaciones que ha impuesto el oficialismo en el torpe y tozudo afán de defender a todo trance al gobierno [8], demostrando un retroceso de las destrezas políticas que exhibía todo partido oficial.
El orador de  la oposición no cuenta con las cámaras de ANTV, excepto para evadirlo con tomas interesadas al interior del hemiciclo, ni con los monitores internos para exhibir los documentos o videos que apoyen su argumentación.  Sobrando las ofensas cuando faltan los argumentos, es recurrente la acusación que se le hace por obedecer las órdenes del imperio o la de recibir instrucciones telefónicas a todo evento, disponiendo de su voto.
Siendo pocas las ocasiones en las que puede darse, con propiedad, el debate, además del que suscitan las solicitudes de créditos adicionales, siendo muy circunscrito el de los proyectos de leyes, las propuestas de acuerdo se ofrecen un poco más, aunque - por lo general - partiendo del hecho conmemorativo planteado, resuelto en dicterios  que remiten a los  motivos propagandísticos del gobierno nacional.

En 2014 hubo 37 acuerdos aprobados por la cámara,   relacionados con el respaldo al gobierno contra la violencia criminal y a favor de la paz y la convivencia; repudiando la violencia política generada por la derecha fascista;  avalando la Conferencia Nacional de Paz anunciada por el “Presidente Constitucional de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” y en contra de los actos terroristas cometidos en el país; condenando el ecocidio motorizado en el país por los sectores violentos; apoyando la “Investigación solicitada por el Comando Político de la Revolución y en repudio al Plan de Magnicidio contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, entre otros, como el desagravio a la Fiscal General de la República, el natalicio de Ernesto Guevara o el aniversario del triunfo de la Unión Soviética en la II guerra Mundial. Las exposiciones del oficialismo fueron tediosas, reiterativamente propagandísticas y, ciertamente, anacrónicas en sus enfoques, subrayado el reconocimiento a un tal Comando Político de la Revolución, la caracterización y culpabilidad de una derecha fascista y violenta, como el énfasis en la titularidad de cargos de Nicolás Maduro, faltando otros títulos como el de jefe de la Hacienda Pública Nacional, responsable de la política exterior, etc.
Comparándolo con los años anteriores, tenemos que los acuerdos aprobados en 2011, fueron 52; 2012: 79; y 2013, 51.  Todos, con rasgos semejantes a los anteriormente observados, aunque contamos dos particularmente graves, como el acuerdo que respalda la intención del presidente Chávez Frías para retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012) y el que avala la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (2013).



Excepto lo mencionado por la oposición, no hay una consideración específica y convincente sobre las presentes e inmediatas realidades que aquejan al país, confinado el discurso oficialista a una interpretación sesgada del pasado. Paradójicamente, acaecidos los hechos en un lugar relativamente cercano al Palacio Legislativo, una de las sesiones de 2014 transcurrió largamente omitiendo cualquier alusión al simultáneo enfrentamiento armado entre las autoridades policiales y los llamados colectivos en Quinta Crespo que, a la postre, determinó la salida del ministro Rodríguez Torres, completando el quiebre entre  el foro legislativo – haciéndolo dispensable -  y la opinión pública que reclamaba una explicación.
C) (Re) autorizaciones y (re) designaciones
Al Poder Legislativo le corresponde autorizar un conjunto de nombramientos que plantea el Ejecutivo Nacional, al igual que designar a los titulares de los órganos del Poder Público en los términos previstos en la Constitución de la República.  Ésta, tuvo por  significativo escenario las postrimerías de las festividades decembrinas de 2014, mientras que aquél logró traspapelarse en medio de las sesiones ordinarias: cuentan con un mayor impacto las designaciones que las autorizaciones de embajadores, por ejemplo, en el contexto de una abultada agenda de trabajo.
De un lado, la autorización para el nombramiento de los embajadores u otros funcionarios de alta jerarquía, no suscita el debate siquiera en el campo de las relaciones bilaterales con el país en cuestión, ora porque se da en el seno de la Comisión Permanente de Política Exterior (y lo dudamos), ora porque esa abultada agenda a la que aludimos aconseja otras prioridades. Empero, llama la atención el nombramiento del año pasado que recayó sobre la presidencia y el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), cambiando los que hizo la cámara por 2013, negada o limitada la polémica como ocurría con las frecuentes autorizaciones viajeras del presidente Chávez Frías.
Por el otro, indudablemente que la denominada legitimación de los poderes radiografió muy bien la naturaleza y el alcance que ha adquirido la Asamblea Nacional, violentando la propia Constitución de la República. Hubo la obvia atención de los medios públicos y privados de comunicación, pero el abuso no contó con la resonancia que, en alguna medida, adoptada la decisión en otra época del año,  hubiese sido contundente.
Reciente y relativamente abundante la información en la materia, nos permitimos observar, en relación al rectorado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que la fracción parlamentaria de los Independientes y la de Proyecto Venezuela se abstuvieron, fundamentándola, desde la propia conformación del comité de postulaciones. Los diputados María Corina Machado, Juan Pablo García y el suscrito, impugnaron las postulaciones de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y otras personas que, como aconteció con el grueso de los integrantes del comité de postulaciones, tienen vínculos inocultables con el principal partido de gobierno.
Y, por lo que concierne al Poder Ciudadano, los citados parlamentarios, añadido José  Manuel González, ni siquiera fueron consultados al interior de la bancada opositora para la configuración del correspondiente comité de postulaciones que, por supuesto, no votaron. El oficialismo, cuidando de no precisar los nombres de las personas implicadas, señaló reiteradamente – dentro y fuera del hemiciclo – que sectores de la oposición solicitaron posiciones y prebendas, algunas concedidas por un mínimo sentido de amplitud.
Lo cierto es que esta tardía legitimación de poderes, contraída la deuda institucional ya por largo tiempo en lo atinente a la Contraloría General de la República que debió desembocar en la consulta popular de una terna, según lo establece la Carta Magna, puso en el tapete varios aspectos de la manipulación del cronograma o calendario constitucional, como la deliberada omisión del comité de evaluaciones y postulaciones que ha debido nombrar el Consejo Moral Republicano, la posterior e interesada conformación del Poder Ciudadano, la remisión de los casos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), restándole credibilidad, y la traicionada voluntad del constituyente que, razonablemente, previó las mayorías calificadas, favorecida convenientemente una interpretación gramatical – mas no hermenéutica – de la normativa. Huelga comentar la dudosa, por decir lo menos, división de los órganos del Poder Público, bajo la égida del principal partido de gobierno, la intensa campaña del así tildado sistema nacional de medios públicos, como los equívocos, malentendidos y yerros que surgieron y surgen desde la propia oposición parlamentaria, con las excepciones del caso.
2.- La quizá infructuosa manufacturación de leyes
Faceta importante y decisiva de la labor parlamentaria, la discusión, aprobación y sanción de las leyes, ilustra la independencia del órgano especializado del Poder Público, demuestra la capacidad de atender y agregar los intereses de una sociedad irreprimiblemente compleja y plural, actualizando las demandas globales y sectoriales de una participación organizada que confirmen las previsiones constitucionales. Aceptemos la generalizada creencia que existe en torno a una Asamblea Nacional que debe – simplemente – fabricar normas, constituyendo su mejor baremo, aunque la mayoría oficialista lo ha hecho, acaso infructuosamente, porque ha delegado de manera persistente tal atribución o competencia en el Ejecutivo Nacional, reservándose las materias de una importancia secundaria y hasta residual.
La aludida manufacturación obedece a las pautas  impuestas por el principal partido de gobierno que, inicialmente, no desea exponerse y arriesgar en largos debates que prueben sus inconsistencias – incluso – de orden conceptual, pero – igualmente – a contrarrestar el costo político que acarrea afectar a grandes sectores sociales que pudieran cuestionar vehementemente las orientaciones autoritarias que las distinguen u obligar a fórmulas de compromiso que parecen desaconsejables para los elencos del poder. Por ello, 2014 no contó con el debido programa legislativo, conoció de aislados consensos, expuso un severo problema respecto a las sanciones, pero también asomó el improvisado aporte de proyectos planteados por las comisiones a los fines de la evaluación de desempeño.
A) La agenda sobrevenida
Es de suponer que los bloques regionales, comisiones de trabajo o junta directiva, deben aportar, discutir y consensuar una agenda legislativa a cumplir parcial o totalmente durante el año. Rumorado el planteamiento de 15 proyectos de leyes al principiar 2014, el presidente de la Asamblea Nacional renegó de una agenda para “evitar críticas y juicios mediáticos”. No obstante, cifrándolas en 17,  quedó confirmado el rumor al sancionarse efectivamente leyes como las relacionadas con el amparo constitucional, Telesalud, los derechos de la mujer,  una condecoración militar, que, entre otras, mermaron la institucionalidad del órgano debido a la conducta de una mayoría relativa como la oficialista [9].
Es de acuerdo con los intereses políticos inmediatos del gobierno, que un proyecto goza de la suerte de una primera o segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, por no mencionar las comisiones permanentes. Ha ocurrido que, por esta agenda sobrevenida, entran y salen prontamente propuestas que prometen un elevado costo político o no cumplen con los más elementales requisitos de técnica legislativa, por lo que – respectivamente – no vuelven a la cámara, ponderada su trascendencia, como el Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión Territorial, o lo hacen tras las apresuradas correcciones, como el Proyecto de Ley de Acceso a  la Información, quedando pendiente el de Comunicación Popular.
B) (Re) sancionamiento de leyes
En 2014 fueron sancionadas 21 leyes, de las cuales doce cumplen con sendos compromisos internacionales (aprobatorias), destacando el Código de Ética del Juez, la de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la de la Medalla de Honor de la Defensoría Pública Militar, la de Disciplina Militar y dos de carácter orgánico como la de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la de Recreación.  Hallamos que, para el cuarto año del período legislativo 2006-2010, fueron sancionadas 20 de un total de 108 [10].
En 2011, fueron sancionadas 37 leyes, siendo aprobatorias 21; 2012, 28 y 19, respectivamente; 2013, 64 y 44. Presumimos que para 2015, al bajar el ritmo del trabajo parlamentario, siendo el último año del período constitucional, por las consabidas elecciones, también aminorará la generación normativa, como ha ocurrido antes.

 
Luce importante confrontar las materias aprobadas por la Asamblea Nacional con el conjunto de leyes decretadas por vía de la habilitación presidencial que, anunciadas a principios y efectivamente publicadas a mediados de noviembre de 2014, se conocieron al finalizar el mes. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el Decreto de la Ley Orgánica de la Cultura que, por cierto, eliminó el Fondo de Cultura previsto en la Ley Orgánica de Cultura, originalmente sancionada por el parlamento un año y más con antelación.
La Ley Orgánica de Cultura fue sancionada en 2013, junto al Código Orgánico Penitenciario, la Especial Sobre Hurto y Robo de Vehículos o la de Venta y Compra de Vehículos Nuevos y Usados, pero nunca promulgadas por el presidente de la República, incumpliendo la junta directiva de la Asamblea Nacional con el artículo 216 constitucional. Dato interesante, una o algunas de ellas fueron objeto del consenso parlamentario, aunque reaparecieron luego mediante la habilitación de tardíos resultados, invocada – además – para combatir la corrupción, o tímidamente en el articulado de – por lo menos – el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico.
Igualmente, apuntemos los curiosos casos del levantamiento de la sanción de leyes, como la Orgánica de Recreación, a mediados de 2014,  so pretexto de algunas correcciones para una nueva sanción y remisión, acaso absorbida por la decretada Ley Orgánica de Turismo. O la de consensuada Ley de Disciplina Militar de principios de diciembre próximo pasado, cuya sanción fue levantada – en sesión extraordinaria – al concluir el mes, sin que sepamos hasta el presente si el parlamento hará  motu proprio  las modificaciones recomendadas por el ministro de la Defensa o ellas forman parte de la devolución que hace el Ejecutivo Nacional [11].
C)  Las a veces caldeadas comisiones

Relevadas las presentes notas de un apartado sobre el trabajo de las comisiones permanentes que reflejan la conducta oficialista verificada en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, aunque – otras veces – ofrecen un mejor clima de aproximación y cordialidad que fuerzan las circunstancias, por lo pronto apuntemos la situación de las presidencias negadas a la oposición que representa un elevado porcentaje en la composición del cuerpo y hasta superior, a juzgar por los resultados electorales de 2010 que huelga comentar. Específicamente, respecto al proceso de formación de las leyes, lo inscribimos en el contexto de una democracia formal y formalizada, encaminadas – a lo sumo – las consultas hacia los grupos de partidarios del gobierno, coartada la posibilidad de una efectiva injerencia de los sectores sociales interesados. Sin embargo, a propósito de contados proyectos legislativos, desconocido por la opinión pública en virtud del acceso administrado por las autoridades legislativas de los medios independientes, el debate puede resultar y resulta caldeado en el seno de las comisiones, difuminándose luego en las plenarias por el abultado Orden del Día, la también tediosa y consecutiva consideración de los artículos, los reparos técnicos que se resuelven – en el mejor de los casos – con una rápida remisión y corrección en las comisiones de origen, u otras de las condiciones reseñadas en el apartado correspondiente a la discusión asamblearia.
3.-  La sobreprotección parlamentaria
La mayoría oficialista tiene y desarrolla la inalterable línea de sobreprotección del gobierno, aunque afecte una de las misiones fundamentales del parlamento: el control. No ha sido posible debatir problema alguno que afecte al país, por muy inminente y grave que fuese, como lo demuestra la treintena y más modificaciones del Orden del Día que ha planteado infructuosamente la oposición al emplear el único turno de tres que se le permiten al instalarse cada sesión ordinaria. Esa mayoría relativa que se entiende como una suerte de completitud asamblearia, consonante con la precaria libertad de información que reina en Venezuela, tampoco se siente moralmente obligada a la contra-argumentación, a fin de aclarar decisiones y responsabilidades enteramente gubernamentales.
Sobran los casos, incluso, relacionados con la violación de los derechos humanos o el evidente desabastecimiento, por citar apenas dos. Los más sonados casos de corrupción [12], no inquietan a la bancada oficialista que emplea la Comisión Permanente de Contraloría para la persecución de opositores y disidentes, cuyo presidente ha intervenido en la cámara para denunciarlos con una interesada regularidad.
Las sesiones plenarias ni las comisiones permanentes,  conocen de  la frecuente comparecencia de los  altos o medianos funcionarios gubernamentales para evaluar las políticas que adelantan, cuyas citaciones autoriza la junta directiva de la Asamblea Nacional. Vale decir, por más osados que sean los integrantes de una comisión para citarlo, ministro alguno invertiría su tiempo en ilustrar a los propios compañeros de partido que, en todo caso, deben diligenciar y cultivar pacientemente su atención en el desarrollo del trabajo que les compete [13].
4.-  Aprobación de contado
Subestimados los ingresos petroleros, aventajados por sendos fondos que únicamente competen al Ejecutivo Nacional, cada año asistimos a la consideración y sanción de la Ley de Presupuesto. A pesar de las más crudas dificultades, la aprobación para el ejercicio fiscal de 2015 cuenta con la insinceridad que reportó el ejercicio del año precedente.
La crónica solicitud de los créditos adicionales que supera numéricamente a los restantes puntos del Orden del Día, nos remite a tres circunstancias: retrata el dudoso manejo de las finanzas públicas, dando por contado el inmediato y acrítico respaldo de la bancada oficialista para la obtención de recursos; facilita las maniobras de sometimiento político al dejar que únicamente la coyuntura conduzca a la aprobación de los recursos para casos absolutamente predecibles (y, por tanto, presupuestables), como el cumplimiento de los pasivos laborales o la cancelación de obras ya programadas; y deja una puerta abierta para el debate, inevitable en el proceso de aprobación. Éste último, es el que permite a la bancada opositora debatir y también excederse en la materia tratada, a objeto de plantear asuntos habitualmente negados por el cuerpo.
En 2014, fueron aprobadas 194 solicitudes de crédito adicional, por el orden de Bs. 278.732 millones, con un presupuesto de Bs. 552.632 millones y un endeudamiento autorizado por Bs. 102.500 millones. Caso anómalo en el campo de las finanzas públicas que se ha hecho tradición en los años precedentes y que, seguramente, se repetirá en 2015, con un presupuesto de Bs. 741.708 millones y un endeudamiento por Bs. 58. 108 millones.

 

Siendo tan pocas las ocasiones para el debate parlamentario de los problemas que nacional, regional o localmente nos aquejan, tales solicitudes brindan la ocasión para la intervención de los diputados de la oposición que, a veces, son declarados fuera de orden por la dirección de debates al tocar aspectos que no encuentran cupo en la agenda de sesiones y que reclaman vehementemente sus representados. Convengamos que la maniobra oficialista, al plantear créditos adicionales que benefician a determinados sectores sociales o a la misma Fuerza Armada Nacional, está dirigida a exponer a una oposición que no niega – incluso – tales beneficios, sino que deja o procura dejar constancia del mecanismo empleado y de las debilidades que implica hacer el seguimiento de rigor al destino de los recursos.
5.-  Tensas sesiones
La bancada de la oposición conoce muy bien las condiciones adversas que caracterizan su desempeño y, apartando las fallas o los errores en los que pueda incurrir y ha incurrido, también arriesga en términos personales al acudir a su sitio natural de trabajo. No pretendemos una versión heroica cuando todo el pueblo venezolano sufre las consecuencias del régimen, al enunciar algunos de los elementos o factores que debe sortear la representación popular en sus actividades de hemiciclo, de la sede administrativa o cualesquiera otros ámbitos.
Asistimos a una etapa de discontinuidad de la conciencia y práctica parlamentaria, donde se asoma la figura imprevista de la agitación administrada del palco para visitantes, en el hemiciclo. Y, careciendo de los recursos propios de todo legítimo participante en las deliberaciones, esencialmente el diputado de oposición ha de lidiar con las novedosas circunstancias.
A)   Sesos para sesionar
Raras veces, las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional de desarrollan en un clima de sosiego, comenzando por su propia convocatoria o suspensión, por no abundar sobre el desarrollo mismo. Sobre todo para los parlamentarios residenciados muy lejos de la ciudad capital, deben diligenciar los escasos cupos aéreos y aventurarse en las carreteras para atender el llamado a sesión, sin considerar que súbitamente sea suspendida, encareciendo aún más el costo de hospedaje, alimentación y transportación en la estancia prolongada de la metrópoli, como también ocurrió con la reciente convocatoria y diferimiento del mensaje presidencial: obviamente, la situación se afinca en los de oposición, excepto algunas vicisitudes que tocan a los del gobierno por motivos – deducimos – políticos o personales.
La impuntualidad es una característica de los convocantes a las sesiones, cuyo inicio se retrasa considerablemente.  Recordemos, al comenzar las sesiones extraordinarias de diciembre de 2014, delatando las pugnas internas que suscitó la llamada legitimación de los poderes, la bancada oficialista se presentó a la cámara con cinco horas de atraso.
Mencionemos que la Asamblea Nacional debería reglamentariamente sesionar, por lo menos, cuatro veces al mes, aún cuando podría ser más como era costumbre en tiempos atrás. Por lo que, acumuladas las materias a tratar, en una sola y fatigosa jornada agota la extensa agenda de trabajo, aunque generalmente el oficialismo difiere – sobre todo, la discusión de los proyectos de leyes – al empinarse la noche [14].
La celebración del III Congreso del PSUV ocasionó la suspensión de sesiones de la Asamblea Nacional, porque la junta directiva tiene altas responsabilidades de partido, comprobando nuevamente su fusión con el Estado. En décadas pasadas, hubo un necesario deslinde entre el desempeño partidista y el parlamentario que tendía a ser de exclusiva dedicación al tratarse de un directivo.
Práctica consagrada desde los tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la junta directiva ejerce un predominio en los asuntos parlamentarios, pero luce muy particular en la conducción de las sesiones. Y, a pesar de resistirnos a la noción de los rasgos autoritarios como exclusivos de toda formación y cuño militar, las evidencias apuntan al peso de una cultura política reacia a la libre y plural deliberación, sin aceptar que el diputado de oposición lo es tanto como el del gobierno, legitimado por la voluntad popular.
Existe una radical intolerancia de la dirección de debates, frente a la voz discrepante, e incurre en frecuentes violaciones reglamentarias al glosarla extensamente, sin derecho a réplica, sucediendo casos como el de Carlos Berizbeitia.  No lograría explicarse el mundo, al igual que  la bancada oficialista, el gobierno y todo el régimen, si – por algunos instantes – perdiese la mayoría de la cámara, como aconteció a principios de los años sesenta respecto a la de los diputados, por no abundar en torno a gobiernos que, luego,  fueron parlamentariamente minoritarios.
B) El recurso parlamentario
Resulta escaso el tiempo para intervenir en las sesiones plenarias, salvo que se la dirija u se ocupe la Tribuna de Oradores. Antiguamente, no había limitaciones, por lo que – además – motivaba a las fracciones parlamentarias para una más elaborada estrategia y organización de su incursiones en las plenarias.
En la actualidad, al diputado primordialmente de oposición le es negado el empleo de los monitores del hemiciclo para una mejor argumentación, por ejemplo,  pero también la práctica desconoce otros recursos parlamentarios de una legitimidad histórica incuestionable, como la solicitud de una determinada diligencia a la cámara, la lectura de un documento, la verificación nominal del voto, la suspensión por breve tiempo de la jornada para afinar y acordar criterios, el retiro provisional del hemiciclo, la exhibición de pancartas, entre otros [16].  Es decir, ratificando nuestra hipótesis sobre la discontinuidad de esa práctica en la misma oposición, probablemente reforzada con la ausencia en el período 2006-2010, las viejas críticas y denotaciones propinadas al extinto Congreso de la República, ha derivado en una somnolencia de la conciencia parlamentaria del país.
C)  El otro parlamentario
Los balcones, palcos o galerías,  gozan de la absoluta discrecionalidad de la dirección de debates y secretaría. Exclusivamente, están ocupados por los partidarios del gobierno que se conjugan en las atípicas sesiones, agrediendo a los diputados de la oposición, o completando el espectáculo de agitación que permanentemente y, con desigual intensidad, lo afecta o dice afectarlo.
Por ejemplo, en 2014 fuimos testigos del apabullamiento consentido y alentado por la dirección de debates,  que experimentaron los diputados María Corina Machado y  Arcadio Montiel, quienes -  corajudamente -  no se dejaron amedrentar en momento alguno, por obra de las parcializadas y fanatizadas galerías.  En el pasado cada vez más remoto, hubo un plural y ordenado acceso al espacio de los visitantes que debían guardar la disciplina y, aunque hubo no pocos problemas, que sepamos no fueron consentidos ni avalados por la conducción de las sesiones [17], como acaece ahora con el “otro diputado”.

III.- Algunos enunciados
Ejercicio de precisión, yendo más allá de los acostumbrados parámetros, como el número de leyes aprobadas, un balance de la gestión legislativa de 2014 merece ubicarse en la perspectiva de una historia y de una tradición que, quebrantadas, habla de nuestros retrocesos cívicos tan urgidos de revertir. Valorando los aportes realizados por Juan Miguel Matheus [18], por ejemplo, nos permitimos enunciar algunas de las facetas pendientes:
·         El parlamento actual como aparato racionalizador del régimen que, junto a otros órganos del Poder Público, como las interpretaciones normativas que hace el Tribunal Supremo de Justicia,  buscan darle explicación y sentido;
·         Constitucionalización del Reglamento Interior y de Debates, incluida la reconsideración de ls guarda y custodia confiada a la Guardia Nacional que, en última instancia, depende del presidente de la República;
·         Reforma estructural de la Asamblea Nacional, decidida oficialmente por agosto de 2013;
·         La sobrerrepresentación, las mayorías calificadas, la  revisión de las leyes caracterizadas como orgánicas, al igual  de la llamada legitimación de los poderes públicos;
·         Unicameralidad y bicameralidad, la Comisión Delegada;
·         La memoria parlamentaria: Diario de Debates; la crónica parlamentaria independiente;
·         Centro de documentación e información parlamentaria; bibliotecas;
·         Desarrollo del Derecho Parlamentario en Venezuela;
·         La conformación arquitectónica de los alrededores del Palacio Legislativo: los ghuetos del poder.
IV.- Notas
[1]  Basamos los indicadores de la gestión parlamentaria, en las siguientes fuentes:
Balance Legislativo enero-diciembre 2011
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011
Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011
Balance Legislativo enero-diciembre 2012
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012
Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2012
Balance Legislativo enero-diciembre 2013
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013
Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013
Balance Legislativo enero-diciembre 2014
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014
Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2014
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 y Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2015
[2]  Naturalmente, la literatura jurídica venezolana más reciente en la materia,  privilegia  el articulado correspondiente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lugar del Código Orgánico Procesal Penal, observando la versión sesgada que la Carta de 1999 ofrece respecto a la Carta de 1961, resuelta por el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Vid. Jiménez, Rafael Simón (2011) “La inmunidad parlamentaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Vadell Hermanos, Caracas-Valencia; y Granados, Héctor (2012) “Las inmunidades parlamentarias en el constitucionalismo venezolano”, Emeve, Caracas.
[3]   En efecto, por lo menos, casos muy relevantes como el desafuero de Teodoro Petkoff, la detención de un grupo de parlamentarios inmediatamente después del atentado de El Encanto, el encarcelamiento de Luis Miquilena  o el de Salom Meza Espinoza, expresan distintas realidades políticas, al principiar la década de los sesenta o finalizar la de los setenta, por lo que puede concluirse que las medidas adoptadas contra Wilmer Azuaje, Richard Mardo, María Aranguren, Juan Carlos Caldera y el muy peculiar de María Corina Machado, en el nuevo siglo,  tienen un inequívoco perfil revanchista, si cupiese la comparación. Valga la acotación, resulta escasa o prácticamente inexistente la historiografía relacionada con el parlamento venezolano. A modo de ilustración, vid. Barragán, Luis (2013) “1961: Inmediaciones de un allanamiento”, en: http://lbarragan.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x.html; (2013) “Del buen y mal allanamiento”, en: http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/14667-del-mal-y-buen-allanamiento; (2014) “De un viejo allanamiento”, en: http://opinionynoticias.com/opinionnacional/18361-de-un-viejo-allanamiento.
[4]   La disciplina parlamentaria en España y Venezuela: un estudio de Derecho Comparado”, Monteávila – Jurídica Venezolana – IEPFT, Caracas, 2014: 400. 
[5]    En el marco de las duras críticas suscitadas por las actuaciones del Congreso de la República, en decenios anteriores, luce evidente la contradicción con determinados sectores de la izquierda marxista venezolana que propusieron un conjunto de reformas constitucionales, presupuestarias y técnicas para equilibrar el parlamento, “dando así a la representación popular un poder del cual carece, adquiriendo la capacidad de legislar, controlar los actos del Ejecutivo e investigar y tomar decisiones sobre todas las áreas de la vida nacional”.  Vid. Moreno, Alexander (1983) “Antología del pensamiento revolucionario venezolano”, Centauro, Caracas: 419.
[6]   Democracia parlamentaria y principio minoritario. La protección constitucional de las minorías parlamentarias”, Ariel, Barcelona, 2000: 96 s.
[7]   Nos parece interesante la distinción que hace Pedro Planas sobre los lugares del parlamento, vid. “Derecho parlamentario”, Ediciones Forenses, Lima, 1997: 192 s.
[8]    Simón Alberto Consalvi reivindicó la calidad y trascendencia de las deliberaciones parlamentarias posteriores a 1936, incluida la Asamblea Constituyente de 1947, distinguidas las minorías, planteando la necesidad de una mayor capacidad intelectual y de investigación hoy, ante una mayoría parlamentaria del chavismo ganada para la “tontería política” y la banalidad. Vid. Hernández, Ramón (2011) “Contra el olvido. Conversaciones con Simón Alberto Consalvi”, Alfa, Caracas: 14 s., 32, 120, 205, 296.
[9]     Vid.
[10]  Según el balance expuesto por Carlos Vecchio, en septiembre de 2010. Vid. http://images.eluniversal.com//2010/09/16/AN_balance_vecchio.pdf
[12]  Una entidad no gubernamental de reconocida sobriedad, como Transparencia,  hizo una importante relación de casos en 2014. Vid.  http://transparencia.org.ve/casos-de-corrupcion-2014/
[13]  Mejor ejemplo del superior trabajo que realizó el extinto y vituperado Congreso de la República, lo expresa el testimonio recogido por Mirtha Rivero en torno a las largas horas de interpelación a las que se sometieron los ministros del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para disertar y responder sobre las iniciativas emprendidas, en un ambiente generalizado de inestabilidad del propio orden público. Vid. “La rebelión de los náufragos”, Alfa, Caracas, 2010: 123 s.
[14]  Recientemente, el oficialismo emprendió una campaña esgrimiendo el número de inasistencias de los diputados a las sesiones, fundada en cifras que reportó la fracción parlamentaria del PSUV, en lugar de la Secretaría que acarrearía inmediatos procedimientos de reclamo y corrección. Lejos de defender cualesquiera ausencias justificadas, ésta sola campaña, dice relevarlo de toda evaluación en torno a la calidad y cantidad de sesiones. Por lo demás, es evidente el ausentismo del presidente de la Asamblea Nacional que, pocas veces, completa una sesión plenaria. Vid.
[15]   Señala Luis Alberto Buttó, el “velado desprecio inculcado y sentido en el mundo militar por el ejercicio del arte de la política, entendida como espacio real de concreción de negociaciones desarrolladas entre los diversos factores de poder de una u otra forma vinculados a la problemática determinada como área de intervención prioritaria de la acción gubernamental; es el espíritu motivador de la postura conocida como política de la antipolítica, incrustado a lo largo y ancho de la mentalidad, ánimo y conducta militar, dada la especificidad profesional adquirida”. Vid.  Gobiernos militares y democracia: el maridaje imposible”, en: “Pretorianismo venezolano del siglo XXI. Ensayo sobre las relaciones civiles y militares venezolanas”, UCAB – UPEL, Caracas, 2007: 189 s. Por cierto, en el incidente que tuvo un parlamentario opositor con un oficial de la Guardia Nacional a la entrada del Palacio Legislativo, el entonces presidente de la Asamblea Nacional inmediatamente se disculpó con la Fuerza Armada Nacional. Cfr. Lara, William (2012) “Discursos insurgentes”, Fondo Editorial William Lara, Caracas: 427. 
[16]   A modo de ilustración, el otrora diputado José Vicente Rangel pidió que la cámara solicitara oficialmente información al juez que llevaba la causa de Luis Miquilena (detenido), leyera el telegrama suscrito por su abogado defensor, y reiteradamente solicitó la verificación del quórum, todos pacientemente concedidos. Vid. Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Caracas, nr. 16 del 20/04/1964.
[17]   El más notorio caso fue el del sabotaje de la sesión por obra de los grupos perezjimenistas.
Cfr.
[18]   La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional”, Monteávila – Jurídica Venezolana – IEPFT, Caracas, 2013.


(*)   Diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la junta de coordinación de la bancada opositora / @LuisBarraganj / Luisbarraganj @gmail.com. Notas para una intervención en la Mesa de Análisis: ¿Qué deja la Asamblea Nacional en 2014? Un poder, tres visiones. CEDICE, Caracas, 22 de enero de 2014-

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