Algunas consideraciones sobre la gestión
legislativa 2014
Luis
Barragán (*)
I.- Introducción II.- El
balance legislativo: contexto obligado 1.- Representación y debate 2.- La quizá
infructuosa manufacturación de leyes 3.- La sobreprotección parlamentaria 4.-
La aprobación de contado 5.- Tensas sesiones III.- Algunos enunciados IV.- Notas
I.- Introducción
La
Asamblea Nacional ha de parlamentar, no parlar; legislar, no habilitar;
controlar, no acatar; presupuestar, no fiar; autorizar, no someterse; auto-regularse,
no descomponerse. Un balance de la
gestión de 2014, nos remite a una historia y a una tradición parlamentarias hoy
quebrantadas, imponiendo insólitos retrocesos.
Ejercicio
de precisión, las funciones legislativas, de control y de representación, según
el clásico esquema, nos remite a un conjunto de vicisitudes que dibujan la
naturaleza y el alcance del parlamento en el marco de un régimen de las
características como el actual. Las cifras disponibles [1], no
revelan con propiedad la significación adquirida por el órgano del Poder
Público.
Intentamos, mediante estas notas
destinadas a la Mesa de Análisis, responsablemente convocada por el Centro de
Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), institución a la cual
agradecemos su generosa invitación, una aproximación al fenómeno que sintetiza
– ésta vez – en Venezuela, la Asamblea Nacional.
II.-
El balance legislativo 2014: obligado
contexto
1.-
Representación y debate
Toda
sociedad requiere del debate público de los asuntos que le conciernen y, en lo
particular, el Estado cuenta con la más elevada instancia para escenificarlo
con las indispensables garantías constitucionales que, actualizándolo, le concedan continuidad y procuren su
perfeccionamiento. La polémica institucionalizada tiene un necesario carácter
político, por una parte, al derivar de la irreprimible complejidad y pluralidad
de esa sociedad, tan inherente a la vida
democrática; por otra, al contar con la debida representación popular,
calificados así sus voceros mediante el voto directo, universal y secreto de la
ciudadanía; y, luego, al resumir todas las manifestaciones sociales y
políticas, organizadas o no, que apuntan a la opinión pública como un elemento
esencial para la vida y la vivencia de la política democrática.
La
Asamblea Nacional por 2014, incumplió con las referidas premisas, inscrita en
el contexto de una democracia
participativa formal que subestima, distorsiona y lesiona la
representación, un dato que también luce irreemplazable para realizarse.
Nuevamente, desconocidas las inmunidades parlamentarias como una institución
clave, la discusión política propiamente dicha, y las que se desprende de los
acuerdos y autorizaciones adoptados por la cámara, están severamente
condicionadas, explicando una escasa
calidad que la oposición no ha logrado efectivamente revertir, a pesar de sus
esfuerzos.
A)
La desconocida representación popular
El
oficialismo intensificó sus ataques a la propia representación parlamentaria en
2014, desconociéndola, con la específica y pretendida destitución de
María Corina Machado y la forzada renuncia de Juan Carlos Caldera, ante el
inminente allanamiento; la sistemática
intimidación de los opositores que expresaron su opinión en el debate, como
Carlos Berrizbeitia; o la abierta burla hacia aquellos con los que
supuestamente pre-acordaron la designación de los nuevos titulares de los
poderes públicos, cuidando muy bien de no revelar sus nombres. Empero, a juzgar
por su conducta, intervenciones en las
sesiones plenarias o declaraciones de prensa, los partidarios del gobierno
subestiman la propia condición de diputados, integrantes de un órgano
independiente del Poder Público, prevaleciendo la noción del agradecido funcionario
público y militante partidista, subordinado al llamado poder popular.
Constante,
directa o indirectamente, amenazadas las inmunidades parlamentarias de
opositores y disidentes que suelen elevar la crítica hacia la gestión
gubernamental, en marzo de 2014, mediante rueda de prensa, luego avalado por el
Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional destituyó a
María Corina Machado, desconociendo arbitrariamente la representación popular
que le fue conferida por los electores mirandinos, siendo la diputada más
votada en todo el país por 2010; y, en las postrimerías del año, publicada la
decisión del máximo tribunal de la República, Juan Carlos Caldera renunció a su
curul, aunque persona alguna comprometida en el delito que presuntamente
cometió, incluida a los autores de la ilegal grabación que le dio soporte a su
caso, fue requerida siquiera por el organismo fiscal u otro, a objeto de
precisar sus responsabilidades en una suerte de operación encubierta realizada
por quienes no son funcionarios del Estado, gozando de un tácito fuero especial. Sin precedentes
en la historia venezolana, a la
destitución de Machado, so pretexto de la intervención facilitada por Panamá en
la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), como había ocurrido
con Venezuela cuando le brindó la oportunidad a un opositor panameño de
intervenir en el foro internacional, décadas atrás, desconocidos los más
elementales derechos a la defensa y al debido proceso, se suma una distinta
modalidad para el desconocimiento y allanamiento de las inmunidades
parlamentarias, confiada en el articulado del Código Orgánico Procesal Penal,
en lugar de lo claramente establecido en la Constitución de la República [2].
Citemos
dos circunstancias adicionales, pues, por una parte, aunque tímidamente, el
discurso oficial se dice moralmente autorizado por obra de los arbitrarios
allanamientos que se produjeron en las décadas de los sesenta y setenta del
siglo XX, a pesar del contrastante marco político que los explicó, todavía
pendientes de una clarificación estrictamente histórica [3]. Y, por otra, sobran los
testimonios del irrespeto que suscita actualmente la condición de parlamentario
de la oposición para las autoridades públicas, aún para las más modestas
diligencias de una visita a los detenidos políticos o de los eventuales malentendidos de la vida
cotidiana.
En abierta contradicción con la
expresa normativa constitucional,
apartando la facilidad y beneficio que la sola condición de
parlamentario oficialista reporta respecto a tales autoridades, volviendo al
ámbito de las formalidades, encontramos a diputados eximidos temporalmente de
sus funciones a favor de otras responsabilidades en el Ejecutivo Nacional,
integrados posterior y nuevamente al cuerpo, sin pérdida alguna de su
investidura. Faltando poco, a mediados de
2014, votada la propuesta, un diputado del PSUV, Andrés Eloy Méndez,
solicitó y logró nada más y nada menos que un permiso de separación de la
Asamblea Nacional, preservando la curul, para ocupar a las pocas horas la
Superintendencia Nacional de Precios Justos, mientras que otro diputado del
mismo partido, Freddy Bernal, simplemente convocó a su suplente, siendo un
hecho público, notorio y ocupacional su desempeño como presidente de una
comisión presidencial, designado por Nicolás Maduro antes de finalizar el aludido
año.
El fenómeno, propio de la corrupción de la disciplina parlamentaria,
en los términos de Juan Miguel Matheus [4], ejemplifica la descomposición
institucional que ha promovido el oficialismo que, al procurar y abusar de sus
ventajas, ignora, desmiente o infravalora la propia naturaleza y funciones
parlamentarias. Empero, tamaño desconocimiento, guarda sintonía con otros datos
de inevitable atención, como el convencimiento político, ideológico o
programático que lo justifica o dice justificarlo, en torno al denominado poder popular, y la percepción
generalizada que se tiene del Poder Legislativo en nuestro país.
Sostenemos que la Asamblea Nacional
expresa por sí misma el poder popular,
como resultado del sufragio directo, universal y secreto de la
ciudadanía. Esta tan cara representación de la soberanía nacional no se
compadece con el inconstitucional poder
popular ideado por el régimen para reemplazarla, por lo que consterna y
asombra que un parlamentario, subestimando sus responsabilidades, rinda tributo
y supedite su compromiso a una invectiva política, fórmula presupuestaria y, en definitiva,
modalidad clientelar, avalando una representatividad que no tiene y, a la vez,
elevándola como un axioma político, ideológico y programático [5].
Diversos estudios de opinión apuntan a
la generalizada desatención que suscita la institución parlamentaria en
Venezuela, prácticamente inexistente para numerosos sectores que bien pudieran
confundirla con la aparente deliberación del gabinete ejecutivo que lideró el
presidente Chávez Frías en sus numerosas cadenas radiotelevisivas. Sumemos la
tendencia a creer que el diputado elegido o a elegir, tan familiar como un
concejal, es o ha de ser un funcionario capaz de negociar y alcanzar los
recursos indispensables para su cercana comunidad, en las más altas esferas del Estado, por lo
que posiblemente lucen innecesarias, inútiles o dispensables las posturas
políticas más abstractas que no rinden un dividendo concreto a favor de las
soluciones para la vida cotidiana.
La hipótesis, contradicha por otros
sectores que valoran mejor la representación y la misión parlamentarias,
necesitada de comprobar a la luz de las últimas encuestas, nos remite a la
necesidad de reivindicarlas frente a un régimen que predica la supremacía
incontestable e iluminada del presidente de la República y comandante en jefe
de la Fuerza Armada Nacional. Y compromete a la propia bancada de la oposición,
en el último año de su gestión constitucional, a redoblar los esfuerzos por una
urgente pedagogía sobre la importancia, naturaleza y alcances del órgano
legislativo, sobre todo en las entrañas de la consabida crisis que nos aqueja.
B)
El (in) dispensable debate político
El
debate es consustancial a todo parlamento que se conciba y tenga por tal, por
lo que su limitación, apocamiento o condicionamiento refleja o revela el
déficit democrático que aqueja o puede aquejar a toda una sociedad, tratándose
de una instancia en la que libérrimamente debe darse, además, para actualizar
al propio Estado. De sobrados antecedentes históricos, la situación mayoritaria
o minoritaria de una determinada bancada, no la exime de dar respuestas a un
país que, complejo y plural, de un modo u otro, delibera en la búsqueda de
explicaciones que le concedan el sentido necesario para sus esfuerzos
compartidos, más allá de las soluciones que constantemente demanda.
Convenimos
con Paloma Requejo, la contradicción y el debate no están orientados al convencimiento
o la persuasión del inmediato adversario político, sino que “en el Estado
democrático, los destinatarios de la discusión son los parlamentarios y los
ciudadanos y el objeto de la misma se centra, más que en persuadir a una
contraparte dialéctica, en dejar constancia de una posición para que pueda ser
conocida y valorada por la opinión pública” [6]. Por
consiguiente, consagrada la (auto) censura y el bloqueo informativo, la mayoría
oficialista torpedea sistemáticamente cualesquiera debates que puedan
comprometerla, proveniente de una minoría opositora que sea capaz de orientar a
toda una sociedad, dinamitando los elementos mismos que los definan: amén del
contenido y su profundidad, el contraste,
el respeto, la tolerancia, y el
empleo mismo de la razón que desbarate las ya acostumbradas y predecibles
consignas.
La solicitud y el ejercicio de la
palabra en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional para los diputados de
la oposición, encuentra numerosas dificultades, más por la dinámica que impone
la mayoría que por la natural
competencia que genera en la bancada democrática, siendo tan escasas las
oportunidades. Concedida, a la angosta delimitación
del tiempo, como no ocurre en parlamento democrático alguno, o a la ausencia de
un micrófono en la curul que agilice las intervenciones, por ejemplo, se suma
el sabotaje de los muy supuestos interlocutores que, gozando del privilegio de
un turno adicional, agreden verbal y hasta físicamente al orador contrario,
interrumpiéndolo, quitándole el sonido, procurando a todo trance amilanarlo con
las facilidades que ofrece una dirección de debates en nada moderadora, como
teóricamente le concierne.
Acotemos, la Tribuna de Oradores, el
sitio apropiado para que el parlamentario que la reclame en atención a la
trascendencia de la materia a ventilar, con el apoyo de otros de sus colegas
que así lo consideren, está monopolizada por el oficialismo so pretexto de los
informes, proyectos de acuerdos y de leyes que sirven también para denuncias
más temerarias que sintonizan con sendas campañas gubernamentales, agregadas
las que buscan el brutal desprestigio de
la oposición. Son pocas las veces que ésta ha ocupado el sitial que, después de
la mesa directiva, concita toda la atención de la cámara, para propuestas
previamente consensuadas en torno a fechas y personajes históricos, intentando el debate regular desde las
curules, donde se supone que hay una mayor visibilidad para quien preside la
sesión a objeto de atender las solicitudes de palabras, rectificación del
quórum, aclaratorias, etc. [7].
En 2014, el llamado comité antiguarimbas se hizo representar
en la Tribuna de Oradores por personas extrañas al cuerpo parlamentario,
ofreciendo una versión de los hechos trágicos de principios del citado año, sin
que hubiese ocasión alguna para la
réplica. Al igual que el espacio ha sido concedido para numerosos espectáculos
al iniciarse la sesión que, prolongados, sin que emitamos un juicio de valor
sobre el motivo, están reñidos con el largo trabajo que comporta un Orden del
Día para sesiones que comienzan tarde, con más de una veintena de puntos.
Resulta inevitable aludir a la larga e
interesante tradición parlamentaria venezolana, exponente de los reconocidos
oradores que, independientemente de toda adscripción política e ideológica,
añadida la bancada por minoritaria que fuese, orientaban al país a través de
los medios y tecnologías disponibles. La atención dispensada al otrora Congreso
de la República y sus dos cámaras, convertido en un ineludible referente de
promoción y renovación del liderazgo, contrasta hoy con la pobreza,
impulsividad, desatino, banalidad y exacerbaciones que ha impuesto el
oficialismo en el torpe y tozudo afán de defender a todo trance al gobierno
[8], demostrando un retroceso de las destrezas políticas que exhibía todo
partido oficial.
El orador de la oposición no cuenta con las cámaras de
ANTV, excepto para evadirlo con tomas interesadas al interior del hemiciclo, ni
con los monitores internos para exhibir los documentos o videos que apoyen su
argumentación. Sobrando las ofensas
cuando faltan los argumentos, es recurrente la acusación que se le hace por
obedecer las órdenes del imperio o la de recibir instrucciones telefónicas a
todo evento, disponiendo de su voto.
Siendo pocas las ocasiones en las que
puede darse, con propiedad, el debate, además del que suscitan las solicitudes
de créditos adicionales, siendo muy circunscrito el de los proyectos de leyes,
las propuestas de acuerdo se ofrecen un poco más, aunque - por lo general -
partiendo del hecho conmemorativo planteado, resuelto en dicterios que remiten a los motivos propagandísticos del gobierno
nacional.
En 2014 hubo 37 acuerdos aprobados por
la cámara, relacionados con el respaldo al gobierno
contra la violencia criminal y a favor de la paz y la convivencia; repudiando
la violencia política generada por la derecha fascista; avalando la Conferencia Nacional de Paz
anunciada por el “Presidente Constitucional de la República y Comandante en
Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” y en contra de los actos
terroristas cometidos en el país; condenando el ecocidio motorizado en el país
por los sectores violentos; apoyando la “Investigación solicitada por el
Comando Político de la Revolución y en repudio al Plan de Magnicidio contra el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”,
entre otros, como el desagravio a la Fiscal General de la República, el
natalicio de Ernesto Guevara o el aniversario del triunfo de la Unión Soviética
en la II guerra Mundial. Las exposiciones del oficialismo fueron tediosas,
reiterativamente propagandísticas y, ciertamente, anacrónicas en sus enfoques,
subrayado el reconocimiento a un tal Comando Político de la Revolución, la
caracterización y culpabilidad de una derecha fascista y violenta, como el
énfasis en la titularidad de cargos de Nicolás Maduro, faltando otros títulos
como el de jefe de la Hacienda Pública Nacional, responsable de la política
exterior, etc.
Comparándolo con los años anteriores,
tenemos que los acuerdos aprobados en 2011, fueron 52; 2012: 79; y 2013,
51. Todos, con rasgos semejantes a los
anteriormente observados, aunque contamos dos particularmente graves, como el
acuerdo que respalda la intención del presidente Chávez Frías para retirar a
Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012) y el que
avala la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (2013).
Excepto lo mencionado por la
oposición, no hay una consideración específica y convincente sobre las
presentes e inmediatas realidades que aquejan al país, confinado el discurso
oficialista a una interpretación sesgada del pasado. Paradójicamente, acaecidos
los hechos en un lugar relativamente cercano al Palacio Legislativo, una de las
sesiones de 2014 transcurrió largamente omitiendo cualquier alusión al simultáneo
enfrentamiento armado entre las autoridades policiales y los llamados colectivos
en Quinta Crespo que, a la postre, determinó la salida del ministro Rodríguez
Torres, completando el quiebre entre el
foro legislativo – haciéndolo dispensable - y la opinión pública que reclamaba una
explicación.
C)
(Re) autorizaciones y (re) designaciones
Al
Poder Legislativo le corresponde autorizar un conjunto de nombramientos que plantea
el Ejecutivo Nacional, al igual que designar a los titulares de los órganos del
Poder Público en los términos previstos en la Constitución de la República. Ésta, tuvo por significativo escenario las postrimerías de
las festividades decembrinas de 2014, mientras que aquél logró traspapelarse en
medio de las sesiones ordinarias: cuentan con un mayor impacto las
designaciones que las autorizaciones de embajadores, por ejemplo, en el contexto
de una abultada agenda de trabajo.
De
un lado, la autorización para el nombramiento de los embajadores u otros
funcionarios de alta jerarquía, no suscita el debate siquiera en el campo de
las relaciones bilaterales con el país en cuestión, ora porque se da en el seno
de la Comisión Permanente de Política Exterior (y lo dudamos), ora porque esa
abultada agenda a la que aludimos aconseja otras prioridades. Empero, llama la
atención el nombramiento del año pasado que recayó sobre la presidencia y el
directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), cambiando los que hizo la
cámara por 2013, negada o limitada la polémica como ocurría con las frecuentes
autorizaciones viajeras del presidente Chávez Frías.
Por
el otro, indudablemente que la denominada legitimación de los poderes
radiografió muy bien la naturaleza y el alcance que ha adquirido la Asamblea
Nacional, violentando la propia Constitución de la República. Hubo la obvia
atención de los medios públicos y privados de comunicación, pero el abuso no
contó con la resonancia que, en alguna medida, adoptada la decisión en otra
época del año, hubiese sido contundente.
Reciente
y relativamente abundante la información en la materia, nos permitimos
observar, en relación al rectorado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que la
fracción parlamentaria de los Independientes y la de Proyecto Venezuela se
abstuvieron, fundamentándola, desde la propia conformación del comité de
postulaciones. Los diputados María Corina Machado, Juan Pablo García y el
suscrito, impugnaron las postulaciones de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y
otras personas que, como aconteció con el grueso de los integrantes del comité
de postulaciones, tienen vínculos inocultables con el principal partido de gobierno.
Y,
por lo que concierne al Poder Ciudadano, los citados parlamentarios, añadido
José Manuel González, ni siquiera fueron
consultados al interior de la bancada opositora para la configuración del
correspondiente comité de postulaciones que, por supuesto, no votaron. El
oficialismo, cuidando de no precisar los nombres de las personas implicadas,
señaló reiteradamente – dentro y fuera del hemiciclo – que sectores de la
oposición solicitaron posiciones y prebendas, algunas concedidas por un mínimo
sentido de amplitud.
Lo
cierto es que esta tardía legitimación de poderes, contraída la deuda
institucional ya por largo tiempo en lo atinente a la Contraloría General de la
República que debió desembocar en la consulta popular de una terna, según lo
establece la Carta Magna, puso en el tapete varios aspectos de la manipulación
del cronograma o calendario constitucional, como la deliberada omisión del
comité de evaluaciones y postulaciones que ha debido nombrar el Consejo Moral
Republicano, la posterior e interesada conformación del Poder Ciudadano, la
remisión de los casos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), restándole
credibilidad, y la traicionada voluntad del constituyente que, razonablemente, previó
las mayorías calificadas, favorecida convenientemente una interpretación
gramatical – mas no hermenéutica – de la normativa. Huelga comentar la dudosa,
por decir lo menos, división de los órganos del Poder Público, bajo la égida
del principal partido de gobierno, la intensa campaña del así tildado sistema
nacional de medios públicos, como los equívocos, malentendidos y yerros que
surgieron y surgen desde la propia oposición parlamentaria, con las excepciones
del caso.
2.-
La quizá infructuosa manufacturación de leyes
Faceta
importante y decisiva de la labor parlamentaria, la discusión, aprobación y
sanción de las leyes, ilustra la independencia del órgano especializado del
Poder Público, demuestra la capacidad de atender y agregar los intereses de una
sociedad irreprimiblemente compleja y plural, actualizando las demandas
globales y sectoriales de una participación organizada que confirmen las
previsiones constitucionales. Aceptemos la generalizada creencia que existe en
torno a una Asamblea Nacional que debe – simplemente – fabricar normas,
constituyendo su mejor baremo, aunque la mayoría oficialista lo ha hecho, acaso
infructuosamente, porque ha delegado de manera persistente tal atribución o
competencia en el Ejecutivo Nacional, reservándose las materias de una
importancia secundaria y hasta residual.
La
aludida manufacturación obedece a las pautas
impuestas por el principal partido de gobierno que, inicialmente, no
desea exponerse y arriesgar en largos debates que prueben sus inconsistencias –
incluso – de orden conceptual, pero – igualmente – a contrarrestar el costo
político que acarrea afectar a grandes sectores sociales que pudieran
cuestionar vehementemente las orientaciones autoritarias que las distinguen u
obligar a fórmulas de compromiso que parecen desaconsejables para los elencos
del poder. Por ello, 2014 no contó con el debido programa legislativo, conoció
de aislados consensos, expuso un severo problema respecto a las sanciones, pero
también asomó el improvisado aporte de proyectos planteados por las comisiones
a los fines de la evaluación de desempeño.
A)
La agenda sobrevenida
Es
de suponer que los bloques regionales, comisiones de trabajo o junta directiva,
deben aportar, discutir y consensuar una agenda legislativa a cumplir parcial o
totalmente durante el año. Rumorado el planteamiento de 15 proyectos de leyes
al principiar 2014, el presidente de la Asamblea Nacional renegó de una agenda
para “evitar críticas y juicios mediáticos”. No obstante, cifrándolas en 17, quedó confirmado el rumor al sancionarse
efectivamente leyes como las relacionadas con el amparo constitucional,
Telesalud, los derechos de la mujer, una
condecoración militar, que, entre otras, mermaron la institucionalidad del
órgano debido a la conducta de una mayoría relativa como la oficialista [9].
Es de acuerdo con los intereses
políticos inmediatos del gobierno, que un proyecto goza de la suerte de una
primera o segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, por no
mencionar las comisiones permanentes. Ha ocurrido que, por esta agenda
sobrevenida, entran y salen prontamente propuestas que prometen un elevado
costo político o no cumplen con los más elementales requisitos de técnica
legislativa, por lo que – respectivamente – no vuelven a la cámara, ponderada
su trascendencia, como el Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión Territorial,
o lo hacen tras las apresuradas correcciones, como el Proyecto de Ley de Acceso
a la Información, quedando pendiente el
de Comunicación Popular.
B)
(Re) sancionamiento de leyes
En
2014 fueron sancionadas 21 leyes, de las cuales doce cumplen con sendos
compromisos internacionales (aprobatorias), destacando el Código de Ética del
Juez, la de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la
de la Medalla de Honor de la Defensoría Pública Militar, la de Disciplina
Militar y dos de carácter orgánico como la de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, y la de Recreación.
Hallamos que, para el cuarto año del período legislativo 2006-2010,
fueron sancionadas 20 de un total de 108 [10].
En 2011, fueron sancionadas 37 leyes,
siendo aprobatorias 21; 2012, 28 y 19, respectivamente; 2013, 64 y 44.
Presumimos que para 2015, al bajar el ritmo del trabajo parlamentario, siendo
el último año del período constitucional, por las consabidas elecciones,
también aminorará la generación normativa, como ha ocurrido antes.
Luce
importante confrontar las materias aprobadas por la Asamblea Nacional con el
conjunto de leyes decretadas por vía de la habilitación presidencial que,
anunciadas a principios y efectivamente publicadas a mediados de noviembre de
2014, se conocieron al finalizar el mes. Llama poderosamente la atención, por
ejemplo, el Decreto de la Ley Orgánica de la Cultura que, por cierto, eliminó
el Fondo de Cultura previsto en la Ley Orgánica de Cultura, originalmente sancionada
por el parlamento un año y más con antelación.
La
Ley Orgánica de Cultura fue sancionada en 2013, junto al Código Orgánico
Penitenciario, la Especial Sobre Hurto y Robo de Vehículos o la de Venta y
Compra de Vehículos Nuevos y Usados, pero nunca promulgadas por el presidente
de la República, incumpliendo la junta directiva de la Asamblea Nacional con el
artículo 216 constitucional. Dato interesante, una o algunas de ellas fueron
objeto del consenso parlamentario, aunque reaparecieron luego mediante la
habilitación de tardíos resultados, invocada – además – para combatir la
corrupción, o tímidamente en el articulado de – por lo menos – el Proyecto de
Ley de Comercio Electrónico.
Igualmente,
apuntemos los curiosos casos del levantamiento de la sanción de leyes, como la
Orgánica de Recreación, a mediados de 2014,
so pretexto de algunas correcciones para una nueva sanción y remisión,
acaso absorbida por la decretada Ley Orgánica de Turismo. O la de consensuada
Ley de Disciplina Militar de principios de diciembre próximo pasado, cuya
sanción fue levantada – en sesión extraordinaria – al concluir el mes, sin que
sepamos hasta el presente si el parlamento hará
motu proprio las modificaciones recomendadas por el
ministro de la Defensa o ellas forman parte de la devolución que hace el
Ejecutivo Nacional [11].
C) Las a veces caldeadas comisiones
Relevadas
las presentes notas de un apartado sobre el trabajo de las comisiones
permanentes que reflejan la conducta oficialista verificada en las sesiones
plenarias de la Asamblea Nacional, aunque – otras veces – ofrecen un mejor
clima de aproximación y cordialidad que fuerzan las circunstancias, por lo
pronto apuntemos la situación de las presidencias negadas a la oposición que
representa un elevado porcentaje en la composición del cuerpo y hasta superior,
a juzgar por los resultados electorales de 2010 que huelga comentar.
Específicamente, respecto al proceso de formación de las leyes, lo inscribimos
en el contexto de una democracia formal y
formalizada, encaminadas – a lo sumo – las consultas hacia los grupos de
partidarios del gobierno, coartada la posibilidad de una efectiva injerencia de
los sectores sociales interesados. Sin embargo, a propósito de contados
proyectos legislativos, desconocido por la opinión pública en virtud del acceso
administrado por las autoridades legislativas de los medios independientes, el
debate puede resultar y resulta caldeado en el seno de las comisiones,
difuminándose luego en las plenarias por el abultado Orden del Día, la también
tediosa y consecutiva consideración de los artículos, los reparos técnicos que
se resuelven – en el mejor de los casos – con una rápida remisión y corrección
en las comisiones de origen, u otras de las condiciones reseñadas en el apartado
correspondiente a la discusión asamblearia.
3.- La sobreprotección parlamentaria
La
mayoría oficialista tiene y desarrolla la inalterable línea de sobreprotección
del gobierno, aunque afecte una de las misiones fundamentales del parlamento:
el control. No ha sido posible debatir problema alguno que afecte al país, por
muy inminente y grave que fuese, como lo demuestra la treintena y más
modificaciones del Orden del Día que ha planteado infructuosamente la oposición
al emplear el único turno de tres que se le permiten al instalarse cada sesión
ordinaria. Esa mayoría relativa que se entiende como una suerte de completitud asamblearia, consonante con
la precaria libertad de información que reina en Venezuela, tampoco se siente
moralmente obligada a la contra-argumentación, a fin de aclarar decisiones y
responsabilidades enteramente gubernamentales.
Sobran
los casos, incluso, relacionados con la violación de los derechos humanos o el
evidente desabastecimiento, por citar apenas dos. Los más sonados casos de
corrupción [12], no inquietan a la bancada oficialista
que emplea la Comisión Permanente de Contraloría para la persecución de
opositores y disidentes, cuyo presidente ha intervenido en la cámara para
denunciarlos con una interesada regularidad.
Las
sesiones plenarias ni las comisiones permanentes, conocen de
la frecuente comparecencia de los
altos o medianos funcionarios gubernamentales para evaluar las políticas
que adelantan, cuyas citaciones autoriza la junta directiva de la Asamblea
Nacional. Vale decir, por más osados que sean los integrantes de una comisión
para citarlo, ministro alguno invertiría su tiempo en ilustrar a los propios
compañeros de partido que, en todo caso, deben diligenciar y cultivar pacientemente
su atención en el desarrollo del trabajo que les compete [13].
4.- Aprobación de contado
Subestimados
los ingresos petroleros, aventajados por sendos fondos que únicamente competen
al Ejecutivo Nacional, cada año asistimos a la consideración y sanción de la
Ley de Presupuesto. A pesar de las más crudas dificultades, la aprobación para
el ejercicio fiscal de 2015 cuenta con la insinceridad que reportó el ejercicio
del año precedente.
La
crónica solicitud de los créditos adicionales que supera numéricamente a los
restantes puntos del Orden del Día, nos remite a tres circunstancias: retrata
el dudoso manejo de las finanzas públicas, dando por contado el inmediato y
acrítico respaldo de la bancada oficialista para la obtención de recursos;
facilita las maniobras de sometimiento político al dejar que únicamente la
coyuntura conduzca a la aprobación de los recursos para casos absolutamente
predecibles (y, por tanto, presupuestables), como el cumplimiento de los
pasivos laborales o la cancelación de obras ya programadas; y deja una puerta
abierta para el debate, inevitable en el proceso de aprobación. Éste último, es
el que permite a la bancada opositora debatir y también excederse en la materia
tratada, a objeto de plantear asuntos habitualmente negados por el cuerpo.
En
2014, fueron aprobadas 194 solicitudes de crédito adicional, por el orden de
Bs. 278.732 millones, con un presupuesto de Bs. 552.632 millones y un endeudamiento
autorizado por Bs. 102.500 millones. Caso anómalo en el campo de las finanzas
públicas que se ha hecho tradición en los años precedentes y que, seguramente,
se repetirá en 2015, con un presupuesto de Bs. 741.708 millones y un
endeudamiento por Bs. 58. 108 millones.
Siendo
tan pocas las ocasiones para el debate parlamentario de los problemas que
nacional, regional o localmente nos aquejan, tales solicitudes brindan la
ocasión para la intervención de los diputados de la oposición que, a veces, son
declarados fuera de orden por la
dirección de debates al tocar aspectos que no encuentran cupo en la agenda de
sesiones y que reclaman vehementemente sus representados. Convengamos que la
maniobra oficialista, al plantear créditos adicionales que benefician a
determinados sectores sociales o a la misma Fuerza Armada Nacional, está
dirigida a exponer a una oposición que no niega – incluso – tales beneficios,
sino que deja o procura dejar constancia del mecanismo empleado y de las
debilidades que implica hacer el seguimiento de rigor al destino de los
recursos.
5.- Tensas sesiones
La
bancada de la oposición conoce muy bien las condiciones adversas que
caracterizan su desempeño y, apartando las fallas o los errores en los que
pueda incurrir y ha incurrido, también arriesga en términos personales al
acudir a su sitio natural de trabajo. No pretendemos una versión heroica cuando
todo el pueblo venezolano sufre las consecuencias del régimen, al enunciar
algunos de los elementos o factores que debe sortear la representación popular
en sus actividades de hemiciclo, de la sede administrativa o cualesquiera otros
ámbitos.
Asistimos
a una etapa de discontinuidad de la conciencia y práctica parlamentaria, donde
se asoma la figura imprevista de la agitación administrada del palco para visitantes,
en el hemiciclo. Y, careciendo de los recursos propios de todo legítimo
participante en las deliberaciones, esencialmente el diputado de oposición ha
de lidiar con las novedosas circunstancias.
A) Sesos para sesionar
Raras
veces, las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional de desarrollan en un
clima de sosiego, comenzando por su propia convocatoria o suspensión, por no
abundar sobre el desarrollo mismo. Sobre todo para los parlamentarios
residenciados muy lejos de la ciudad capital, deben diligenciar los escasos
cupos aéreos y aventurarse en las carreteras para atender el llamado a sesión,
sin considerar que súbitamente sea suspendida, encareciendo aún más el costo de
hospedaje, alimentación y transportación en la estancia prolongada de la metrópoli,
como también ocurrió con la reciente convocatoria y diferimiento del mensaje
presidencial: obviamente, la situación se afinca en los de oposición, excepto
algunas vicisitudes que tocan a los del gobierno por motivos – deducimos –
políticos o personales.
La
impuntualidad es una característica de los convocantes a las sesiones, cuyo
inicio se retrasa considerablemente.
Recordemos, al comenzar las sesiones extraordinarias de diciembre de
2014, delatando las pugnas internas que suscitó la llamada legitimación de los
poderes, la bancada oficialista se presentó a la cámara con cinco horas de
atraso.
Mencionemos
que la Asamblea Nacional debería reglamentariamente sesionar, por lo menos,
cuatro veces al mes, aún cuando podría ser más como era costumbre en tiempos
atrás. Por lo que, acumuladas las materias a tratar, en una sola y fatigosa
jornada agota la extensa agenda de trabajo, aunque generalmente el oficialismo
difiere – sobre todo, la discusión de los proyectos de leyes – al empinarse la
noche [14].
La celebración del III Congreso del
PSUV ocasionó la suspensión de sesiones de la Asamblea Nacional, porque la
junta directiva tiene altas responsabilidades de partido, comprobando nuevamente
su fusión con el Estado. En décadas pasadas, hubo un necesario deslinde entre
el desempeño partidista y el parlamentario que tendía a ser de exclusiva
dedicación al tratarse de un directivo.
Práctica consagrada desde los tiempos
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la junta directiva ejerce un
predominio en los asuntos parlamentarios, pero luce muy particular en la conducción de las sesiones. Y, a pesar de
resistirnos a la noción de los rasgos autoritarios como exclusivos de toda
formación y cuño militar, las evidencias apuntan al peso de una cultura política
reacia a la libre y plural deliberación, sin aceptar que el diputado de
oposición lo es tanto como el del gobierno, legitimado por la voluntad popular.
Existe una radical intolerancia de la
dirección de debates, frente a la voz discrepante, e incurre en frecuentes
violaciones reglamentarias al glosarla
extensamente, sin derecho a réplica, sucediendo casos como el de Carlos
Berizbeitia. No lograría explicarse el
mundo, al igual que la bancada
oficialista, el gobierno y todo el régimen, si – por algunos instantes –
perdiese la mayoría de la cámara, como aconteció a principios de los años
sesenta respecto a la de los diputados, por no abundar en torno a gobiernos
que, luego, fueron parlamentariamente
minoritarios.
B) El recurso parlamentario
Resulta escaso el tiempo para
intervenir en las sesiones plenarias, salvo que se la dirija u se ocupe la
Tribuna de Oradores. Antiguamente, no había limitaciones, por lo que – además –
motivaba a las fracciones parlamentarias para una más elaborada estrategia y
organización de su incursiones en las plenarias.
En la actualidad, al diputado
primordialmente de oposición le es negado el empleo de los monitores del
hemiciclo para una mejor argumentación, por ejemplo, pero también la práctica desconoce otros recursos
parlamentarios de una legitimidad histórica incuestionable, como la solicitud
de una determinada diligencia a la cámara, la lectura de un documento, la
verificación nominal del voto, la suspensión por breve tiempo de la jornada
para afinar y acordar criterios, el retiro provisional del hemiciclo, la
exhibición de pancartas, entre otros [16].
Es decir, ratificando nuestra hipótesis sobre la discontinuidad de esa
práctica en la misma oposición, probablemente reforzada con la ausencia en el
período 2006-2010, las viejas críticas y denotaciones propinadas al extinto
Congreso de la República, ha derivado en una somnolencia de la conciencia parlamentaria del país.
C)
El otro parlamentario
Los balcones, palcos o galerías, gozan de la absoluta discrecionalidad de la
dirección de debates y secretaría. Exclusivamente, están ocupados por los
partidarios del gobierno que se conjugan en las atípicas sesiones, agrediendo a los diputados de la oposición, o
completando el espectáculo de agitación que permanentemente y, con desigual
intensidad, lo afecta o dice afectarlo.
Por ejemplo, en 2014 fuimos testigos
del apabullamiento consentido y alentado por la dirección de debates, que experimentaron los diputados María Corina
Machado y Arcadio Montiel, quienes
- corajudamente - no se dejaron amedrentar en momento alguno,
por obra de las parcializadas y fanatizadas galerías. En el pasado cada vez más remoto, hubo un
plural y ordenado acceso al espacio de los visitantes que debían guardar la
disciplina y, aunque hubo no pocos problemas, que sepamos no fueron consentidos
ni avalados por la conducción de las sesiones [17], como acaece ahora con el
“otro diputado”.
III.- Algunos enunciados
Ejercicio de precisión, yendo más allá
de los acostumbrados parámetros, como el número de leyes aprobadas, un balance
de la gestión legislativa de 2014 merece ubicarse en la perspectiva de una
historia y de una tradición que, quebrantadas, habla de nuestros retrocesos cívicos
tan urgidos de revertir. Valorando los aportes realizados por Juan Miguel
Matheus [18], por ejemplo, nos permitimos enunciar algunas de las facetas
pendientes:
·
El parlamento actual como aparato racionalizador del régimen que, junto a otros órganos del
Poder Público, como las interpretaciones normativas que hace el Tribunal
Supremo de Justicia, buscan darle
explicación y sentido;
·
Constitucionalización del Reglamento Interior y de
Debates, incluida la reconsideración de ls guarda y custodia confiada a la
Guardia Nacional que, en última instancia, depende del presidente de la
República;
·
Reforma estructural de la Asamblea Nacional, decidida
oficialmente por agosto de 2013;
·
La sobrerrepresentación, las mayorías calificadas,
la revisión de las leyes caracterizadas
como orgánicas, al igual de la llamada
legitimación de los poderes públicos;
·
Unicameralidad y bicameralidad, la Comisión Delegada;
·
La memoria parlamentaria: Diario de Debates; la crónica
parlamentaria independiente;
·
Centro de documentación e información parlamentaria;
bibliotecas;
·
Desarrollo del Derecho Parlamentario en Venezuela;
·
La conformación arquitectónica de los alrededores del
Palacio Legislativo: los ghuetos del poder.
IV.- Notas
[1] Basamos los indicadores de la gestión
parlamentaria, en las siguientes fuentes:
Balance Legislativo
enero-diciembre 2011
Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2011
Ley Especial de
Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011
Balance Legislativo
enero-diciembre 2012
Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2012
Ley Especial de
Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2012
Balance Legislativo enero-diciembre
2013
Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2013
Ley Especial de
Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013
Balance Legislativo
enero-diciembre 2014
Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2014
Ley Especial de
Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2014
Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2014 y Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el
Ejercicio Fiscal 2015
[2] Naturalmente, la literatura jurídica
venezolana más reciente en la materia,
privilegia el articulado
correspondiente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
lugar del Código Orgánico Procesal Penal, observando la versión sesgada que la
Carta de 1999 ofrece respecto a la Carta de 1961, resuelta por el Reglamento
Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Vid. Jiménez, Rafael Simón (2011) “La inmunidad parlamentaria en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Vadell
Hermanos, Caracas-Valencia; y Granados, Héctor (2012) “Las inmunidades parlamentarias en
el constitucionalismo venezolano”, Emeve, Caracas.
[3] En efecto, por lo menos, casos muy
relevantes como el desafuero de Teodoro Petkoff, la detención de un grupo de
parlamentarios inmediatamente después del atentado de El Encanto, el
encarcelamiento de Luis Miquilena o el
de Salom Meza Espinoza, expresan distintas realidades políticas, al principiar
la década de los sesenta o finalizar la de los setenta, por lo que puede
concluirse que las medidas adoptadas contra Wilmer Azuaje, Richard Mardo, María
Aranguren, Juan Carlos Caldera y el muy peculiar de María Corina Machado, en el
nuevo siglo, tienen un inequívoco perfil
revanchista, si cupiese la comparación. Valga la acotación, resulta escasa o
prácticamente inexistente la historiografía relacionada con el parlamento
venezolano. A modo de ilustración, vid.
Barragán, Luis (2013) “1961: Inmediaciones de un allanamiento”,
en: http://lbarragan.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x.html; (2013) “Del buen y mal allanamiento”, en: http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/14667-del-mal-y-buen-allanamiento; (2014) “De un viejo allanamiento”, en: http://opinionynoticias.com/opinionnacional/18361-de-un-viejo-allanamiento.
[4] “La disciplina parlamentaria
en España y Venezuela: un estudio de Derecho Comparado”,
Monteávila – Jurídica Venezolana – IEPFT, Caracas, 2014: 400.
[5] En el marco de las duras críticas suscitadas
por las actuaciones del Congreso de la República, en decenios anteriores, luce
evidente la contradicción con determinados sectores de la izquierda marxista
venezolana que propusieron un conjunto de reformas constitucionales,
presupuestarias y técnicas para equilibrar el parlamento, “dando así a la
representación popular un poder del cual carece, adquiriendo la capacidad de
legislar, controlar los actos del Ejecutivo e investigar y tomar decisiones
sobre todas las áreas de la vida nacional”.
Vid. Moreno, Alexander (1983)
“Antología
del pensamiento revolucionario venezolano”, Centauro, Caracas: 419.
[6] “Democracia parlamentaria y principio
minoritario. La protección constitucional de las minorías parlamentarias”,
Ariel, Barcelona, 2000: 96 s.
[7] Nos parece interesante la distinción que
hace Pedro Planas sobre los lugares del parlamento, vid. “Derecho parlamentario”, Ediciones Forenses, Lima, 1997: 192 s.
[8] Simón Alberto Consalvi reivindicó la
calidad y trascendencia de las deliberaciones parlamentarias posteriores a
1936, incluida la Asamblea Constituyente de 1947, distinguidas las minorías,
planteando la necesidad de una mayor capacidad intelectual y de investigación
hoy, ante una mayoría parlamentaria del chavismo ganada para la “tontería
política” y la banalidad. Vid.
Hernández, Ramón (2011) “Contra el olvido. Conversaciones con Simón
Alberto Consalvi”, Alfa, Caracas: 14 s., 32, 120, 205, 296.
[9] Vid.
http://www.el-nacional.com/politica/Agenda-legislativa-consta-leyes_0_409159246.html
yhttp://www.lapatilla.com/site/2015/01/05/asamblea-nacional-aprobo-solo-17-leyes-en-2014/
[10] Según el balance expuesto por Carlos Vecchio,
en septiembre de 2010. Vid. http://images.eluniversal.com//2010/09/16/AN_balance_vecchio.pdf
[11] Sobre la Ley Orgánica de Recreación,
vid. http://www.noticierodigital.com/2014/08/luis-barragan-la-destitucion-de-maria-corina-machado-es-un-exabrupto-por-el-que-el-regimen-tendra-que-responder/,y
http://lbarragan.blogspot.com/2014/08/cuaderno-de-bitacora_18.html.
Respecto a la Ley de Disciplina Militar, vid. http://www.noticierodigital.com/2015/01/indisciplina-militar/;
http://www.lapatilla.com/site/2015/01/05/asamblea-nacional-aprobo-solo-17-leyes-en-2014/;
y http://www.aporrea.org/actualidad/n262822.html.
[12] Una entidad no gubernamental de reconocida
sobriedad, como Transparencia, hizo una
importante relación de casos en 2014. Vid. http://transparencia.org.ve/casos-de-corrupcion-2014/
[13] Mejor ejemplo del superior
trabajo que realizó el extinto y vituperado Congreso de la República, lo
expresa el testimonio recogido por Mirtha Rivero en torno a las largas horas de
interpelación a las que se sometieron los ministros del segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez para disertar y responder sobre las iniciativas emprendidas, en un
ambiente generalizado de inestabilidad del propio orden público. Vid. “La
rebelión de los náufragos”, Alfa, Caracas, 2010: 123 s.
[14] Recientemente, el
oficialismo emprendió una campaña esgrimiendo el número de inasistencias de los
diputados a las sesiones, fundada en cifras que reportó la fracción
parlamentaria del PSUV, en lugar de la Secretaría que acarrearía inmediatos
procedimientos de reclamo y corrección. Lejos de defender cualesquiera
ausencias justificadas, ésta sola campaña, dice relevarlo de toda evaluación en
torno a la calidad y cantidad de sesiones. Por lo demás, es evidente el
ausentismo del presidente de la Asamblea Nacional que, pocas veces, completa una
sesión plenaria. Vid.
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_adda814011d2c841e25a303a0cafc94df1278ca5.pdf; http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d9a95aea57e0ea8f20e8110b9881ee2b14c27c66.pdf
[15] Señala Luis Alberto Buttó, el “velado
desprecio inculcado y sentido en el mundo militar por el ejercicio del arte de
la política, entendida como espacio real de concreción de negociaciones
desarrolladas entre los diversos factores de poder de una u otra forma
vinculados a la problemática determinada como área de intervención prioritaria
de la acción gubernamental; es el espíritu motivador de la postura conocida
como política de la antipolítica, incrustado a lo largo y ancho de la
mentalidad, ánimo y conducta militar, dada la especificidad profesional
adquirida”. Vid. “Gobiernos militares y democracia: el
maridaje imposible”, en: “Pretorianismo venezolano del siglo XXI.
Ensayo sobre las relaciones civiles y militares venezolanas”, UCAB –
UPEL, Caracas, 2007: 189 s. Por cierto, en el incidente que tuvo un
parlamentario opositor con un oficial de la Guardia Nacional a la entrada del
Palacio Legislativo, el entonces presidente de la Asamblea Nacional
inmediatamente se disculpó con la Fuerza Armada Nacional. Cfr. Lara, William
(2012) “Discursos insurgentes”, Fondo Editorial William Lara, Caracas:
427.
[16] A modo de ilustración, el otrora diputado
José Vicente Rangel pidió que la cámara solicitara oficialmente información al
juez que llevaba la causa de Luis Miquilena (detenido), leyera el telegrama
suscrito por su abogado defensor, y reiteradamente solicitó la verificación del
quórum, todos pacientemente concedidos. Vid.
Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Caracas, nr. 16 del 20/04/1964.
[17] El más notorio caso fue el del sabotaje de la
sesión por obra de los grupos perezjimenistas.
Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=Eh-qA3o6Trw, y http://lbarragan.blogspot.com/search?q=Arcadio+Montiel.
[18] “La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para
su reconstrucción constitucional”, Monteávila – Jurídica Venezolana –
IEPFT, Caracas, 2013.
(*) Diputado a la Asamblea Nacional, miembro
de la junta de coordinación de la bancada opositora / @LuisBarraganj /
Luisbarraganj @gmail.com. Notas para una intervención en la Mesa de Análisis: ¿Qué deja la Asamblea
Nacional en 2014? Un poder, tres visiones. CEDICE, Caracas, 22 de enero de
2014-
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