¿TV de servicio público?
ÓSCAR LUCIEN
1
La reciente decisión del Gobierno griego de cerrar la radiotelevisión pública (ERT) ha avivado nuevamente la polémica en Europa sobre la vigencia de los servicios públicos de radiotelevisión y el papel que deberían jugar en un contexto de múltiple oferta mediática. Con relativo prestigio en Francia, Italia, España, el norte lo ha marcado siempre el Reino Unido con su legendaria BBC, reconocida por su compromiso de "ofrecer en sus programas y servicios los niveles de calidad editorial y principios éticos más altos, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo".
Contrariamente al desarrollo de la radiotelevisión en este lado del mundo, el modelo europeo de radio y televisión siempre fue un monopolio público hasta los años ochenta cuando se produjeron acelerados procesos de desregularización y de privatización que determinan el panorama audiovisual actual de toda Europa. Siempre en el candelero del debate político y de las interferencia de los grupos políticos cuando acceden a posiciones de gobierno, la radiotelevisión pública garantiza a los ciudadanos unos compromisos con la información, el entretenimiento, la educación, la pluralidad de la opinión política, muy complejos y contradictorios en el sistema privado condicionado por los imperativos de la publicidad comercial y los intereses de grupos privados.
Comprensible entonces la alarma con la decisión griega que no sólo deja a millares de personas sin empleo, sino que cierra una fundamental ventana de comunicación a la sociedad. Al suprimir la oferta de una comunicación desde la óptica del servicio público se le sustrae oxígeno a la democracia.
2.
Paradójicamente las preocupaciones más visibles sobre los temas de comunicación en el caso venezolano parecieran centrarse en el ámbito privado como consecuencia de las sorpresivas compras de medios de comunicación. El caso más emblemático ha sido el del canal de noticias Globovisión, apreciado por un importante sector de la colectividad venezolana por su política editorial claramente opuesta al Gobierno y por una oferta informativa no apegada a las matrices comunicacionales oficiales. También han sido temas de interés la compra de la popular Cadena Capriles, conglomerado mediático de medios impresos de alta penetración en audiencias populares, o las posibles ventas del impreso El Universal y la planta televisiva Televen.
Tal interés deriva no sólo por la opacidad en las transacciones y los perfiles de los nuevos propietarios, sino también por la presunción de potenciales cambios en las líneas editoriales y políticas informativas de estos medios en nuevas manos que se alejen de los intereses más plurales de la colectividad venezolana y se alineen con directrices gubernamentales, con un claro sesgo partidista o de mero sello propagandístico.
Estemos claros: cambios en las composiciones accionarias o titularidad en propiedad de las empresas no constituyen en esencia fuente del problema, pero si tales cambios obedecen a presiones o estrategias oficiales para silenciar o mediatizar políticamente medios, la alarma y preocupación son válidas. Insisto, si se limitan fuentes plurales de información y espacios de diversidad para la opinión política se quita oxígeno a la democracia.
3.
Hace unas semanas se cumplieron seis años del brutal cierre de RCTV. Con todo lo arbitrario y errado de esa decisión, el Gobierno intentó buscar una cierta "legitimidad" en el supuesto de utilizar la recuperada frecuencia en manos privadas para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a los venezolanos un servicio público de radiotelevisión. Transcurridos seis años, todo es transparente: fue un engaño. Un engaño aun para quienes ingenua o manipuladamente validaban la potestad estatal para la administración del uso de frecuencias del espacio radioeléctrico limitado.
Venezuela, luego de quince años de una administración caracterizada por la más absoluta perversión de la confusión entre partido, Gobierno y Estado no sólo no dispone de un asomo de un verdadero servicio público de radiotelevisión sino que ha degradado la comunicación pública a los estándares más primarios del amarillismo político, el proselitismo, el culto a la personalidad al fallecido ex presidente y la clausura absoluta de la diversidad de la opinión política del país.
Un servicio público de radiodifusión debe atender a criterios esenciales de universalidad, independencia editorial, diferenciación, diversidad, credibilidad y cohesión social; debe garantizar la pluralidad política del país.
En Grecia se cancela la radio y la TV pública porque el Estado no tiene recursos. En Venezuela, precisamente, por todo lo contrario: tiene recursos y abusa de su poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario