Julio César Moreno L.
El primero de octubre los medios de comunicación, dan amplia cobertura a la designación del Ministro de Agricultura doctor Angel Biaggni como candidato presidencial, en la Asamblea Nacional del PDV.
En su primera página El Nacional destaca una fotografía del Presidente Medina y el doctor Biaggini, a cuyo pie señala: “Jubiloso y sonriente el candidato electo recibe el abrazo de felicitación del Presidente de la República, que se torna en compromiso político, de seguir con energía y decisión la obra democrática emprendida, y mantener y superar el clima de libertades públicas, logradas a costa de luchas contra la reacción agazapada en espera de propicia oportunidad”.
Por su parte el diario El Heraldo, al comentar el acto de proclamación realizado en el Teatro Municipal asegura que “la concurrencia estaba integrada, por señores de seria apariencia, y alguno que otro jovenzuelo de las más recientes promociones pedevistas, el pueblo ni siquiera se había enterado del acontecimiento que a esa hora se estaba realizando en una de los más aristocráticos e incómodos teatros capitalinos”.
El doctor Arturo Uslar Pietri es el encargado de la presentación oficial del aspirante oficialista. Al concluir su intervención se dirige a Biaggini diciéndole: “Usted sabrá cumplir con todos los postulados de nuestro programa. Usted dará el voto universal y secreto para la elección del Presidente de la República. Usted sentará las bases necesarias para la creación de una economía nacional.
Usted realizará ese gran deseo de sembrar el petróleo”.
La información de El Heraldo, reseña los principales aspectos del discurso de aceptación de la candidatura presidencial, en el que Biaggini afirma: “Soy pedevista, lo proclamo con íntima satisfacción, y en esta virtud, si el Congreso Nacional me eligiera Presidente de Venezuela, mi acción se desarrollaría sobre las bases políticas de mi partido, al que desde luego formulo la promesa de ser consecuente con las ideas de avance social que constituye el espíritu que lo anima, a cerrarle el paso de manera definitiva a la dictadura al caudillismo y a la oligarquía, que fueron en el pasado la causa inmediata de nuestros males”.
Al reconocer la necesidad de realizar las reformas legales destinadas a ampliar la participación ciudadana, en el proceso de selección de los gobernantes, promete una modificación a la Constitución para establecer la elección popular del Presidente de la República.
Dice Biaggini: “Somos ya un pueblo apto para afianzar y practicar con mayor amplitud el sistema democrático. De ahí que me afirme en la creencia de que ha llegado la hora de satisfacer la principal aspiración de los venezolanos: la intervención directa del pueblo en la elección de su Primer Magistrado. Por eso declaro en forma solemne que traicionaría a mi Partido y al país, si en el caso de ser llamado a regir los destinos de la Nación, no interpretase aquel anhelo, como un mandato expreso de propiciar cálidamente una reforma constitucional que establezca la elección directa del Presidente de la República por medio del voto directo y secreto.
Como consecuencia de esta conquista política habrá de modificarse la Ley de Censo Electoral y de Elecciones, con el objeto de ajustarla a la reforma de la Carta Fundamental, y de obtener a la vez, la mayor perfección y pureza de los comicios.”
El candidato del PDV, se compromete a impulsar, la elección directa de los diputados al Congreso Nacional, y el establecimiento de la incompatibilidad entre la función legislativa y ejecutiva.
Al referirse a las acusaciones de sus adversarios, quienes le señalan como un instrumento de la ambición continuista del general Medina, asegura: “Si el general Medina se ha ganado limpiamente un nombre democrático al procurar con una Reforma Constitucional y una nueva ley de elecciones, una real intervención del pueblo en la orientación de su destino, y al buscar con la organización de un Partido la eliminación de la preponderancia personal del Jefe de Estado, fuerza es pensar y sostener, y yo lo afirmo sin asomo de equivocaciones, que no será ese hombre, en quien por la honestidad de sus principios republicanos puede confiar Venezuela entera, el que pretenda violentar nuestra vida constitucional.
Además y pese a mi natural temperamento pacífico y conciliador, a esta ingénita modestia de mi vida que algunos, los que no me conocen, estiman como debilidad o falta de carácter, puedo asegurar, que me siento con energías suficientes para gobernar con propia autoridad”.
En las páginas del diario Ahora, sus principales articulistas señalan que en la selección del candidato presidencial del PDV se ha utilizado el ventajismo y la presión, en abierta violación de la Constitución Nacional, y acusan al presidente Medina como el responsable principal de una decisión, inspirada en métodos totalitarios de corte fascista, que constituye en la práctica la ejecución de un “golpe de estado”.
El primero de octubre el editorial de Ahora anuncia a Biaggini, como “Candidato Gobiernista”. Y en medio de otras graves acusaciones se presenta a Medina como “Jefe del Estado, hoy más que nunca autoinvestido de funciones de grande y único elector, según las características “fascistisantes” del seudo partido que le sirve de mampara”. Y asegura que “nuestro pueblo echará por tierra ese burdo tinglado, que una camarilla obsesiva de mando ha construido para escarnio de las instituciones”.
El doctor Manuel Vicente Tinoco denuncia en ese mismo medio informativo, la presión ejercida de manera directa por el Presidente sobre el Parlamento Nacional para lograr el apoyo al candidato oficialista.
Asegura Tinoco que, “como íntimo conocedor de las prácticas del gobierno y del partido con respecto a las conductas políticas de los miembros del Congreso adscritos a la conducta oficial, puedo afirmar que el manifiesto del 30 de septiembre, no constituye el resultado de un movimiento espontáneo de opinión por parte de estos últimos”. Y afirma que el Congreso se encuentra inmerso “en un conformismo resignado, a veces reticente, influido por una concepción fatalista del destino político de la Nación, por el abatimiento de los ánimos, la pérdida de fe, el relajamiento de la moral cívica, el menosprecio de la función legislativa, y el soterrado y constante reproche a las fuerzas políticas que desencadenaron la actual situación de zozobra, de confusión y de profunda división que reina en el país”.
Tinoco se hace eco de una versión según la cual el Presidente habría manifestado a los Congresantes del PDV, en una reunión efectuada en su residencia, la decisión de oponerse al triunfo de la candidatura presidencial de López Contreras, utilizando para ello de “toda la fuerza de que dispone”.
El día 2 el editorial de Ahora dice que “en Venezuela se está viviendo en un gobierno de facto”. Califica a la Asamblea del PDV como “un rebaño de empleados públicos que han venido desde las provincias para cumplir esa mecánica función de sumisión a la escogencia autoritaria hecha por el propio Presidente de la República en Consejo de Ministros.
Afirma que “estamos viviendo bajo el imperio de un régimen de facto”, y que “de este modo no habrán libertades públicas para las demás actividades electorales, y no se puede practicar la beligerancia política con un candidato presidencial designado y sostenido fuera del aparato jurídico, dentro del cual está obligado a actuar el Poder Ejecutivo de un Estado Democrático”.
Un grupo de intelectuales y destacadas figuras del mundo político da a conocer una comunicación enviada al Presidente Medina, en la que rechazan categóricamente la reforma a la Ley de Orden Público recientemente aprobada por el Congreso Nacional. En dicha comunicación protestan “por la imprecisión y vaguedad de su articulado,” Y denuncian que la reforma legal “constituye un grave peligro para la seguridad y la libertad de expresión”.
El documento publicado por el diario El Nacional el día primero lleva las firmas de: José Nucete Sardi, Jacinto Fombona Pachano, Valmore Rodríguez, Luis Troconis Guerrero, Pascual Venegas Filardo, Julio Garmendia, Enrique Bernardo Núñez, Mario García Arocha, Ada Pérez Guevara, Eduardo Carreño, Casto Fulgencio López, Pablo Domínguez, Gustavo Jaen, R.A. Rondón Márquez, José Carrillo Moreno, Julio Febres Cordero, Ramón Hidalgo, Rosario Barreto, Alberto Ravell, Ana Luisa Llovera, Nerio A Valarino, Heriberto Ramírez, Luis Cova García, José González González, Santiago Hernández Yépez. El Nacional en esta misma edición, cuestiona severamente la actitud asumida por la mayoría parlamentaria del PDV, “que ha impedido con sus votos la aprobación de una verdadera reforma a favor del establecimiento de las libertades públicas”.
El Heraldo, en los días posteriores a la escogencia del candidato del PDV, continúa su línea de cuestionamientos al método empleado en dicha selección, comentando en su página editorial, el martes 2 lo siguiente: “En balde han resultado todos los alardes oratorios de los próceres pedevistas. Inútiles son todos los desplantes editoriales de los periodistas contratados por el gobierno. Baladíes serán todos los esfuerzos que se hagan por darle proyección colectiva a una candidatura que carece netamente de arraigo popular.
Todo el dinero gastado y toda la palabrería empleada, no impedirá que el proceso que culminará en abril próximo se desarrolle en medio de la sorda indiferencia nacional”.
El miércoles 3 en la misma línea de ataque al candidato oficial, El Heraldo acusa al gobierno de repartir prebendas políticas a los parlamentarios, a cambio de sus votos, para garantizar la elección presidencial. En este sentido afirma: “Llueven por, sobre, y contra el presupuesto de la República los nuevos nombramientos cada año.
Después que las Cámaras Legislativas clausuran sus sesiones, comienza el movimiento para reajustar los cargos administrativos a fin de no permitir el enfriamiento a los legisladores en receso.
Los cargos se otorgan a los Congresantes, sin dejar solución de continuidad entre sus funciones legislativas, y sus novísimas actividades al servicio del Ejecutivo.
Para este año además del redoblar de los tambores, se oye el ronco son de las trompetas. En otras palabras, este año los cargos públicos ofrecidos a los miembros del Parlamento, por obra y gracia ejecutivista, son más numerosas y de mejores perspectivas remuneradoras.
Toda la gama de capítulos, y sus anexos de los diez ministerios es revisada con ansiedad en búsqueda expectante de las más atractivas posiciones. La orientación gubernamental en este sentido, está marcada fatalmente como único punto de referencia por la elección presidencial de abril de 1946. Y las prebendas llueven sobre los representantes del pueblo, con vistas a asegurar la feliz solución del problema sin enojos ni peligrosos contratiempos, en el trascendental escrutinio, que dará un nuevo Jefe de Estado a la joven democracia venezolana”.
Y el jueves cuatro, al plantear la necesidad de establecer la incompatibilidad en el ejercicio de los cargos ejecutivos con los de representación parlamentaria, El Heraldo comenta: “para el criterio ético mas elemental, han de resultar fundamentalmente contradictorios los hechos que en materia política constituyen algo así como el vicio mas antiguo y difícil de desterrar que caracteriza a nuestra administración pública. Nos referimos al Congreso Nacional y al Ejecutivo Federal, y a sus relaciones entre sí. Al mismo tiempo que se exalta la necesidad de dignificación política, el Ejecutivo premia a determinados personajes del Parlamento, con los cargos que más oportunidades económicas ofrecen a la burocracia nacional. Tratase de la clásica repartición de premios por la buena conducta observada durante las pasadas sesiones, y por lo que esperan observarán en el próximo año, cuando llegue el momento de elegir al próximo Presidente de la República”.
El sábado 6 se instala la IV Convención Nacional del Partido Acción Democrática.
La reunión acciondemocratista decide rechazar oficialmente las candidaturas de Angel Biaggini y del general Eleazar López Contreras, y aprueba en cambio la tesis del gobierno de transición y de unidad nacional, propuesta por una comisión que integran Rómulo Betancourt, Jesús Angel Paz Galárraga, Gonzalo Barrios y Leonardo Ruiz Pineda.
Plantean la reforma a la Constitución para establecer un período de transición presidido por un “candidato nacional escogido mediante acuerdo entre todos los grupos políticos, que convoque a elecciones generales, universales, directas y secretas”.
El lunes 8 presenta las cartas credenciales que le acreditan como en Embajador de Venezuela en la Unión Soviética, José Rafael Pocaterra.
El martes 9 es legalizado por la Gobernación del Distrito Federal el Partido Comunista de Venezuela. El reconocimiento de los comunistas es oficializado mediante una comunicación enviada a la dirigencia de ese partido por el gobernador Diego Nucete Sardi.
La resolución oficial, dirigida a Juan Bautista Fuenmayor, Ernesto Silva Tellería, Ricardo Martínez, Francisco J Arrieti, y Martín J Ramírez, en la que se acusa recibo de los estatutos del nuevo movimiento dice: “por cuanto según las reformas introducidas por el Congreso Nacional en la Constitución Nacional y en la Ley Para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos Individuales, han quedado eliminados la prohibición que antes existía para el funcionamiento de organismos de tendencia comunista, este Despacho, de conformidad con la citada Ley, otorga la autorización solicitada por ustedes”.
Al definir de manera oficial su posición frente al tema electoral, la dirección nacional del PCV anuncia su respaldo a la candidatura presidencial del doctor Angel Biaggini.
En medio de la difícil coyuntura signada por los enfrentamientos políticos, se reúne el viernes 12 en el Teatro Boyacá la asamblea del “Comité de Agrupaciones Políticas Pro Candidatura Presidencial”, con el fin de proclamar la candidatura del general Eleazar López Contreras.
La versión del diario Ahora destaca ampliamente las palabras del candidato, quien anuncia el domingo 14 ante los asistentes a la Convención, su decisión de aceptar la postulación, y el compromiso de transitar en la campaña, por la vía cívica del camino electoral y ofrece su esfuerzo para combatir cualquier intento golpista, o cualquier acto de fuerza en contra del gobierno del Presidente Medina.
Dice López Contreras: “Yo respondo ante vosotros, ante la patria y ante los países extranjeros de mi conducta de hombre republicano, demócrata y pacífico, porque no podría ir jamás contra la corriente civilizadora y progresista de los pueblos que piden paz y fraternidad, orden trabajo y esfuerzo por el mejoramiento de la vida social”.
Y al ratificar su disposición de combatir cualquier acción golpista contraria a la democracia señala: “Es preciso que el pueblo de Venezuela sepa que en sitio preferente de mi hogar, colgado está un uniforme de campaña, no para admirarlo como reliquia histórica, ni para recuerdo en la ancianidad prematura que me atribuyen los adversarios, sino para utilizarlo como símbolo equivalente de fuerza física que requieren mi espíritu y mi voluntad al servicio de la Patria. Deseo en fin decir a mis compatriotas, que a semejanza del gesto que hizo el general León Torres en la Batalla de Bomboná, quien tomó un fusil cuando lo despojó El Libertador del mando de su división, así yo, en la situación de retiro, declinada mi autoridad legítimamente adquirida de General en Jefe, con aquel uniforme de campaña, y con un fusil como el más humilde de los soldados, soy el primero en ir a ofrendar mi vida en defensa del gobierno y de las instituciones nacionales, si fuere necesario contra cualquier movimiento subversivo, ya provenga de cuarteles o de turbas que pretendan alterar el orden público con violencia revolucionaria”.
Por su parte El Nacional denuncia que “la Convención Lopecista, es un intento organizado por la extrema derecha en Venezuela para lograr el poder”. Y afirma que, “los partidarios de Franco y de Farrel, los más fervorosos partidarios de Hitler y Mussolini allí reunidos, proponen un régimen de fuerza para este país”.
Con base a lo aprobado por la IV Convención Nacional, el Comité Ejecutivo de Acción Democrática envía a los distintos partidos políticos un documento en el que se propone la convocatoria a una “mesa redonda” destinada a buscar una salida de consenso que permita la pacífica y democrática renovación de los Poderes Públicos.
El documento cuestiona la legitimidad del régimen político vigente, califica la situación del país como “compleja y grave caracterizada por un estado de ánimo proclive a la desintegradora anarquía”, y señala el peligro de que “ese estado de cosas pueda desembocar en violentos choques entre las dos facciones en que se ha fragmentado el régimen político imperante”.
Para los líderes de AD, “el concepto de soberanía popular establecido en la Constitución es escarnecido y burlado”, y por tanto “no es en el pueblo, sino en camarillas anárquicas, donde usurpativamente ha residido la soberanía, ejercida bajo el signo del personalismo autocrático, de espaldas, y en contra de la voluntad de la Nación”.
Los directivos del CEN de A.D, al analizar la evolución del sistema político venezolano, afirman que a partir de la muerte de Gómez “el anterior régimen debió hacer crisis con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, a fin de que el Presidente de la República, el Congreso Nacional y los demás cuerpos deliberantes de la Nación, nacieran de la única fuente legítima del Poder en una República sinceramente democrática: el sufragio popular; pero en vez de elecciones generales hubo legalización formal del régimen de facto gomecista, mediante la especiosa fórmula de la continuidad del “hilo constitucional” .
La tesis de Acción Democrática en relación con la sucesión presidencial se orienta a lograr “una fórmula que permita, dentro del ordenamiento constitucional, la transición entre los Gobiernos no nacidos de la voluntad del pueblo, a uno realmente forjado en los comicios electorales, por la libre voluntad ciudadana”, y propone mediante el consenso más amplio “la escogencia de un ciudadano extra-partido, de solvencia personal en cuanto a eficacia y a rectitud moral, para que electo Jefe del Estado por el Congreso de 1946, cumpla dentro de fechas prefijada en disposición transitoria de la Constitución, conforme a lo acordado en mesa redonda de partidos y de sectores responsables no organizados políticamente, la tarea de presidir una consulta electoral directa para la escogencia del Presidente de la República, realmente asistido de la confianza mayoritaria de la Nación”. La declaración de AD plantea la necesidad de realizar de manera simultánea a la elección directa del Presidente de la República y de un nuevo Parlamento, para lo cual “correspondería al Congreso de 1946 la fijación de un plazo de expiración del período de los organismos deliberantes a fin de que simultáneamente puedan ser elegidos el Jefe del Estado, y los miembros de los cuerpos representativos, mediante consulta electoral directa”.
En horas de la tarde del martes 16, el recientemente legalizado Partido Comunista de Venezuela debuta en el Nuevo Circo de Caracas con su primer acto público, esta vez, en el pleno ejercicio de los derechos que le consagra el nuevo texto constitucional.
El diario El Nacional, al informar sobre el evento político del PCV, describe el escenario que sirve de marco a la concentración popular “con las imágenes de Ezequiel Zamora, Simón Bolívar, e Isaías Medina Angarita; una estrella roja, la hoz y el martillo en el centro, sobre la bandera nacional como fondo; y a la izquierda en fondo rojo los rostros de Marx, Stalin y Lenin, al lado de las consignas: “Un frente único progresista.” “Por la municipalización del transporte.” “Por el rompimiento de relaciones con Franco”. “Por una Venezuela Socialista”.
El acto de los comunistas se realiza en un ambiente festivo y alegre. Se inicia con la participación de la orquesta de Luis Alfonso Larrain como acompañante de un coro de cincuenta voces que entonan el Himno Nacional, y luego cantan “por primera vez en un acto público en Venezuela, el Himno de la Internacional Socialista”.
El dirigente Ernesto Silva Tellería inicia el mitin colocando de relieve, que el Partido Comunista aparece ante el país luego de catorce años de ilegalidad, y de haberse enfrentado en la lucha clandestina contra Gómez y López Contreras, y frente a los gobernadores, Mibelli en el Distrito Federal, Sigala en Lara, y José Encarnación Serrano en el Zulia. Y afirma que el general Medina Angarita, ha sido el gobernante más democrático del país.
A pesar de haber librado su lucha en difíciles circunstancias -dice Silva Tellería– el Partido Comunista cuenta con ocho mil militantes en toda Venezuela, y “seguramente, al celebrarse nuestro Congreso el mes de febrero esa militancia se verá multiplicada por muchos más”.
El Secretario General en el Distrito Federal, Martín J. Ramírez, en su intervención afirma que así como ocurrió en la clandestinidad, el Partido Comunista en la legalidad luchará contra la reacción y enfrentará la carestía de la vida, la especulación, la lucha por la vivienda popular, y la reforma agraria.
Hernán Portocarrero presenta al Secretario General Juan Bautista Fuenmayor, quien dedica su intervención a destacar los valores ideológicos del comunismo, y a desmontar la idea según la cual el comunismo es contrario a la familia y a la religión. Afirma, que en la Unión Soviética la ley garantiza la tolerancia religiosa, el respeto a las ideas, y consagra el concepto de la familia monogámica.
La familia es para los comunistas la base esencial de la sociedad– dice Fuenmayor-. En nombre de su organización política, ratifica el apoyo a la candidatura de Angel Biaggini a quien califica como el candidato de la democracia, frente al candidato de la reacción Eleazar López Contreras”. Y desestima la propuesta de Acción Democrática, sobre la candidatura nacional.
En el Diario Ultimas Noticias, su primera página es dedicada al evento comunista. Según el tabloide, 15.000 personas asistieron al acto, clausurado por el “apostol del comunismo venezolano Juan Bautista Fuenmayor”. Y destacan las palabras de éste líder marxista en las que asegura: “Los comunistas no somos, ni enemigos de la patria, ni enemigos del hogar, ni enemigos de la religión. Somos patriotas que no buscamos prebendas ni beneficios personales”.
En carta enviada al Presidente Medina, el general López Contreras participa oficialmente a éste, la decisión de postularse como candidato presidencial.
Dice textualmente la comunicación publicada en el diario La Esfera el día 6: “Con el deber ciudadano que me asiste ante el Primer Magistrado de la Nación, hónrome en participar a usted, la decisión que he tomado de aceptar la postulación de mi candidatura a la Presidencia de la República, en el período 1946 - 1951, que me ha sido ofrecida por la Convención Nacional de Agrupaciones Pro-Candidatura Presidencial.
No obstante las circunstancias que me separan, muy a pesar mío, de algunas de las orientaciones del Gobierno, creo que mi intervención en la campaña electoral, y no mi abstención, puede ser más conveniente al futuro histórico de su mandato constitucional, y a mí me quedará la satisfacción de haber apoyado a un movimiento cívico, el cual sea cual fuere el resultado de la elección presidencial, constituirá paso de avance en el desarrollo y la consolidación del régimen democrático que me tocó a honra iniciar.
En el Manifiesto de Contestación a la Convención Nacional, defiendo todos mis puntos de vista, pero con la moderación de mis antecedentes, y guardando el respeto y consideración que debo a usted, como Jefe de Estado.
Atento compatriota, y amigo personal.
Eleazar López Contreras”.
En el teatro universitario de la UCV se realiza el día 15 un mitin en el que los grupos estudiantiles y profesorales expresan su repudio a la dictadura del general Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón.
Intervienen en el acto de condena al régimen militar del país sureño, Luis Manuel Peñalver en representación del profesorado; y por los sectores políticos y estudiantiles, Luis Herrera Campins, J.M. Sánchez Mijares, Humberto García Arocha, Octavio Lepage; el dirigente del Partido Revolucionario de Santo Domingo Alberto Henríquez; el Rector Leopoldo García Maldonado; Jesús María Bianco en representación de la Facultad de Farmacia y Santiago Vera Izquierdo de la Facultad de Ingeniería.
Los dirigentes juveniles Alfredo Tarre Murzi, Guillermo García Ponce, Clemente Brito Fernández, Enrique Cherubini y Régulo Méndez se disponen a viajar en el trasatlántico Queen Elizabeth, con el fin de asistir al Congreso Mundial de la Juventud que se celebrará en Londres.
Los jóvenes delegados declaran a la prensa, que propondrán en la asamblea mundial la condena a las dictaduras de Argentina, España y República Dominicana; y anuncian a los periodistas su respaldo a la candidatura presidencial de Angel Biaggini.
El miércoles 17, en el Nuevo Circo de Caracas, Acción Democrática define su posición frente a la delicada situación política del país.
Los medios de comunicación social destacan las palabras pronunciadas por Rómulo Gallegos, quien afirma: “Venimos a desplegar las banderas del voto directo, para acabar con el tinglado de la farsa política que ya ha sido hábilmente montada, y que culminará en 1946 cuando los dos candidatos López Contreras y Angel Biaggini se presenten, uno por él, y otro en representación de tercero”.
Asegura Gallegos que “tanto Biaggini como López representan una misma fuerza política, y por tanto se equivocan quienes dicen que el posible rompimiento entre ellos pueda desembocar en guerra civil.”
Ratifica el Presidente de AD que su partido no presentará un candidato presidencial, como lo hizo en 1941 “porque ello contribuiría a la farsa.” Sostiene que “Biaggini no gobernará en forma liberal porque su partido ha reforzado la Ley de Orden Público”, y propone “una reforma constitucional que conduzca a elecciones libres y directas para la Presidencia de la República, a celebrarse el próximo año.”
Ese mismo día los medios de comunicación publican la carta respuesta del PDV a la proposición de acuerdo político formulada por Acción Democrática, destinada a buscar una salida de transición a la sucesión presidencial.
El partido de gobierno, estima que la propuesta de Acción Democrática significa un “pacífico golpe de estado”, y ratifica en cambio la candidatura de Biaggini, ofreciéndole a AD la posibilidad de cerrar filas junto a las “fuerzas progresistas” con el fin de asegurar “por encima de hombres y circunstancias secundarias, la continuidad del progreso político, económico y social de Venezuela”.
El miércoles 17 llegan a Caracas veinticuatro funcionarios que forman parte del personal de la Embajada Soviética acreditada en Venezuela.
Los diplomáticos, alojados en el Hotel Majestic, declaran al diario El Nacional su satisfacción por “el cordial recibimiento del pueblo y el gobierno venezolano”, y anuncian que el nuevo Embajador Froma Trevin arribará próximamente a la capital de la república.
El jueves 18 de octubre un inesperado acontecimiento que alterará radicalmente el rumbo de la historia venezolana del siglo XX, toma por sorpresa a la elite política del país y a la desprevenida opinión pública. Se trata del estallido de una rebelión militar en la que se enfrentan violentamente las tropas rebeldes y los efectivos leales al régimen.
El Nacional reporta en su edición del viernes 19, que “el movimiento golpista, ha sido dominado, y por la red de emisoras comerciales en contacto con la Radio Nacional, el gobierno ha impuesto al pueblo que la rebelión militar ha sido develada y reducida al Cuartel de Miraflores y a la Escuela Militar”.
De acuerdo con esa información, “el gobierno controló un conato de sublevación en el Cuartel San Carlos, con saldo de varios muertos y heridos, entre ellos oficiales de alta graduación”.
Rómulo Betancourt.
En su Decreto Número 1 las nuevas autoridades mantienen “la vigencia del ordenamiento jurídico nacional, en tanto no resulte derogado directa o indirectamente por los Decretos que sancione este gobierno que con el asentimiento popular ha asumido los plenos poderes de la Soberanía Popular”, prometen realizar elecciones libres para una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de aprobar una Constitución realmente democrática, y entregar el Poder a quienes resulten electos, de acuerdo con esa nueva Constitución.
El 21 todos los medios de comunicación confirman el triunfo de la insurrección, y anuncian que el nuevo Presidente de la Junta Cívico Militar es, el hasta entonces concejal de Caracas, Rómulo Betancourt de 37 años de edad, y líder máximo de Acción Democrática.
El Nacional se solidariza con las declaraciones de los jefes de la insurrección triunfante, quienes ofrecen garantías para los partidos políticos; relaciones con todos los pueblos democráticos y ruptura con los dictadores Franco y Trujillo.
El Heraldo asegura que “después de tres días de emociones y sobresaltos la capital de Venezuela amaneció hoy tranquila y sonriente”, y que “los focos aislados de resistencia desesperada, meramente simbólica y alarmista, fueron dominados a última hora de la tarde de ayer”.
El diario El País, constituido en vocero oficial del nuevo régimen, destaca “el “triunfo total de la revolución democrática y popular”, y acusa a los dirigentes comunistas Luis Miquilena y Rafael Heredia Peña de haber intentado luchar “contra la revolución del pueblo”. A Heredia lo responsabilizan por haber pretendido obtener infructuosamente la adhesión del estudiantado, a través de mensajes radiodifundidos por una emisora dirigida por los comunistas, y leal al gobierno derrocado. Y a Miquilena le señalan como el líder de un grupo “que acompañó, máuser en mano a la policía de Caracas, cuando esta no sólo peleaba contra la revolución, sino cuando asesinaba civiles en las calles de la ciudad”.
Los militares andinos, miembros de la “Unión Patriótica Militar”, dan a conocer un Manifiesto dirigido a sus “Compañeros de Armas de las Guarniciones de los Andes”, a quienes invitan a apoyar a la revolución triunfante.
Dice el Manifiesto: “Este no es un movimiento contra Los Andes, es el gesto reivindicador para ofrecer a Venezuela libertad, elección universal directa y secreta para la provisión de todos los cargos representativos de la voluntad popular, a base de un gobierno honesto y democrático”. Y advierte a los habitantes de esas regiones que “toda resistencia será suicida y torpe”.
El documento es suscrito por un numeroso grupo de oficiales nacidos en los Estados Mérida, Trujillo y Táchira, e integrantes de las fuerza militares de mar, aire y tierra, entre quienes destacan los Mayores Juan José Pérez Jiménez, Julio César Vargas, Celestino Velasco, Marcos Pérez Jiménez, José Elio Vargas, Hugo Fuentes, y los capitanes Mario Vargas, José Teofilo Velasco, Teresio Contreras, Martín Carrillo Méndez, Marcos Rangel, Rómulo Fernández, Marcelino Rangel, Jesús Raúl Parra y Evelio Ross.
Todos los periódicos reproducen la alocución de Rómulo Gallegos, transmitida radiofónicamente al país el día 21 en la que en nombre de AD ofrece su respaldo “a este gallardo movimiento encabezado por la juventud de nuestro ejército”.
En el diario El País destaca la afirmación del presidente de AD expresada en esa alocución, en la que señala: “En estos momentos se está decidiendo la suerte de la República. Acción Democrática asume responsablemente el gobierno, así como ayer asumió la oposición”.
La cúpula de FEDECAMARAS visita al Presidente Betancourt en el Palacio de Miraflores, para expresar el respaldo empresarial al nuevo régimen.
El País titula el domingo veintiuno: “El Capital y el Trabajo colaborarán con el gobierno”.
El Secretario de la Junta Revolucionaria, Leonardo Ruiz Pineda detalla ante la prensa, los puntos esenciales sobre los que se basa el proyecto político del nuevo régimen. Son éstos: “Relaciones con todos los pueblos democráticos, y ruptura con las dictaduras de Francisco Franco y Rafael Leonidas Trujillo; convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente; y mantenimiento del Orden Jurídico de la Nación”.
Mediante Decreto Ejecutivo se designan a los Gobernadores de los siguientes Estados: Anzoátegui, Jorge Mogna. Apure, Juan Salerno Melo. Aragua, Roberto Villalobos. Barinas, Gerónimo Paolini. Bolívar, Héctor Guillermo Villalobos.
Carabobo, Manuel García. Cojedes, Jesús Ortega. Falcón, Rómulo Henríquez. Guárico, Ricardo Montilla. Lara, Eligio Anzola Anzola. Mérida, Alberto Carnevalli. Miranda, Paulo García. Portuguesa, Antonio Delgado Lozano. Sucre, Simón Gómez Malaret. Táchira, Leonardo Ruiz Pineda, Trujillo Luis Augusto Dubuc, Yaracuy, Raúl Ramos Giménez Zulia, Felipe Hernández y Delta Amacuro Ceferino Rojas Díaz.
Como primera medida destinada a explicar a la comunidad internacional las razones que justifican la insurrección y el establecimiento de la Junta Revolucionaria, el gobierno envía una comunicación a los Presidentes latinoamericanos, la cual es ampliamente difundida por todos los periódicos.
La breve Nota Oficial dice: “Desde ayer un movimiento revolucionario de oficiales jóvenes del ejército, en combinación con el Partido Acción Democrática, controla totalmente la situación del país.
El Gobierno Provisional mixto compuesto por dos militares jóvenes, tres miembros del Partido AD, y por un médico independiente, ha quedado constituido así: Mayor Carlos Delgado Chalbaud; Capitán Mario Vargas, por los oficiales jóvenes. Rómulo Betancourt, Presidente de la Junta; doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa y doctor Gonzalo Barrios, por el Partido AD; y el doctor Edmundo Fernández, independiente.
Se trata de un gobierno democrático, que tiene por función presidir la convocatoria de una Constituyente, para hacer una Constitución democrática que permita al país elegir libremente por sufragio universal, directo y secreto un Presidente de la República, para terminar con los gobiernos de facto legalizados, que han sido por largos años la desvergüenza de nuestro país.
Están detenidos, y serán sometidos a juicio el general Isaías Medina Angarita y los miembros del Gabinete, así como también el general López Contreras y muchos de sus adictos.
Se convocarán elecciones en fecha muy próxima”.
El Presidente Betancourt declara el domingo 21, al periodista Alberto Brum, corresponsal del diario El Tiempo de Bogotá en Caracas y colaborador de la revista ELITE, que su partido lanzará la candidatura Presidencial de Rómulo Gallegos.
Dice Betancourt al reportero del diario colombiano - que había logrado acceso al Palacio el día viernes 19 y pudo presenciar los históricos sucesos-, que “la revolución fue ayudada por elementos del ejército, pero un gobierno esencialmente civil rige los destinos de Venezuela, en oposición directa a los regímenes que deben su existencia a las órdenes de los cuarteles”.
El doctor Jóvito Villalba - quien fue detenido en el Palacio de Miraflores cuando acudió a respaldar al gobierno del Presidente Medina, en la creencia de que el movimiento armado era obra del general López Contreras— al ser liberado por las nuevas autoridades expresa su “respetuosa simpatía” hacia la insurrección triunfante.
Ultimas Noticias publica la gráfica que recoge el instante en que Villalba, acompañado del doctor Luis Hernández Solís, sale del Palacio luego de ser puesto en libertad.
Dice la nota del tabloide caraqueño: “En efecto al Dr Villalba se le informó que había estallado un motín lopezcontrerista, y sintió el deber de ofrecer sus servicios al general Medina. Al llegar a Miraflores fue detenido sorpresivamente, y tiempo después pudo saber por uno de los militares que el movimiento era encabezado por oficiales jóvenes del ejército, y que tenía contenido netamente popular y democrático. Villalba manifestó que estaba al lado del pueblo en las filas del movimiento militar. Luego fue puesto en libertad”.
El lunes 22 Jóvito Villaba define formalmente su posición ante el nuevo orden de cosas. En el diario El Heraldo dice: “Yo tengo que ver con gran interés y respetuosa simpatía a un movimiento que ha sido cumplido por lo mejor de nuestro ejército, y por el sufrido pueblo venezolano. El sacrificio del pueblo y el saldo de víctimas, será compensado con creces, si el nuevo régimen se constituye sobre una base nacional sin exclusivismos”.
El martes 23 El Nacional publica una nueva declaración del líder político, en la que éste ratifica su apoyo al gobierno revolucionario. Precisa de esta forma sus condiciones para ese apoyo: “La democracia debe ser la obra de todos los sectores. La Junta de Gobierno debe ajustar su futura actuación a este principio fundamental de la política y la historia”.
Al definir su posición frente al nuevo régimen político, la “Unión Popular Venezolana”, y “los comunistas venezolanos”, emiten un manifiesto conjunto, el lunes 22 en el que aseguran “continuar fieles a los intereses democráticos, y de las masas trabajadoras, con sus cuadros de militantes y sus organizaciones disciplinadas al servicio de la causa de la Liberación Nacional”, y que han solicitando entrevistarse con la Junta de Gobierno para exponerle sus puntos de vista en torno a la nueva situación, condicionando su línea política a los resultados de dicha entrevista.
En un segundo manifiesto, fechado el martes 23 , el grupo marxista decide otorgar su apoyo al nuevo orden político, por cuanto “el golpe realizado por la juventud militar de Venezuela agrupada en la Unión Patriótica Militar, y su consiguiente cristalización en la Junta Revolucionaria de Gobierno, ha roto el “hilo constitucional”, que desde 1936 hasta la fecha había entrabado el desarrollo y el ascenso de la democracia e impedido la restauración de la plena soberanía popular”.
Califican al derrocamiento de Medina como “un hecho de inmensa significación histórica que abre nuevas perspectivas para el movimiento revolucionario y popular del país”.
Reconocen que “el viejo orden institucional dirigido en gran parte contra las libertades populares, había venido siendo reformado lenta y parcialmente por la presión combativa de los obreros y campesinos organizados”.
Sin embargo afirman que a pesar de esos avances, “permanecía en pie su esencial contenido antidemocrático, expresado en la ausencia del sufragio universal directo y secreto, en la vigencia de las leyes represivas de contenido fascista (Ley Lara y otras), y en las fuertes reminiscencias feudales presentes en todos el ordenamiento jurídico de la República”.
Justifican su actuación política en el reciente pasado, al afirmar que “habíamos venido luchando en los puestos de vanguardia y hasta el máximo de nuestras posibilidades por la transformación de ese orden institucional dentro de las condiciones objetivas que nos imponía la correlación de fuerzas existentes en el país. Valoramos por eso en todo su alcance, los hechos históricos que estamos viviendo”.
Respaldan los comunistas venezolanos y la Unión Popular, los puntos programáticos expresados por la Junta Revolucionaria en lo que respecta a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, las garantías para todos los partidos democráticos, la lucha contra el alto costo de la vida, las relaciones internacionales con los países democráticos, especialmente con la Inglaterra laborista, los Estados Unidos de América, y la Unión Soviética, así como la ruptura de relaciones con los gobiernos de Franco y Trujillo.
Exigen al gobierno incluir en su programa “realizaciones capaces de transformar las relaciones de producción en el campo y la liberación de las masas campesinas”, así como “la recuperación progresiva por Venezuela, de sus riquezas naturales explotadas por las compañías imperialistas”. Y se pronuncian por la creación de un Frente Nacional Unificado, para defenderse de la contra-revolución, “peligro que amenaza de inmediato”.
Piden la libertad de los dirigentes políticos de izquierda, detenidos por el nuevo régimen, y rechazan “la campaña tendenciosa” destinada a involucrar a los comunistas y a la izquierda marxista en “los saqueos, atropellos y actos de vandalaje, y los disparos que en las calles de Caracas lanzan elementos irresponsables, hechos estos que somos los primeros en condenar”.
El comunicado lo suscriben Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Alfredo Conde Jahn, Manuel R Oyón, Carlos Augusto León, Eduardo Machado, Pompeyo Márquez, Hipólito González, Jesús Pérez, Arnaldo Ramos.
Por su parte Juan Bautista Fuenmayor en su condición de Secretario General del Partido Comunista, rechaza las acusaciones que las estaciones radiofónicas sumadas a la revolución triunfante formularon en contra de los comunistas, a los que acusaban de “saquear y matar”.
En declaraciones al diario Ultimas Noticias al ser interrogado “si su partido tomó las armas contra la insurrección encabezada por los jóvenes militares, y si incitó a los saqueos” Fuenmayor afirma que tal cosa “es falsa y calumniosa, estuvimos dispuestos a defender al gobierno de Medina, hasta que supimos que el golpe no era “lopecista ni fascista”.
Estando nosotros por la democracia, no podíamos hacer armas contra los que buscaba ampliar al régimen democrático”.
Fuenmayor afirma que “no siendo aventureros políticos, sino un partido científico no podía escapársele que las masas estaban justamente y desde los primeros instantes con el movimiento insurreccional”. Y asegura que “movilizarán a las masas para respaldar el programa y para impedir cualquier intento de contragolpe por parte de la reacción”.
En respaldo a las medidas anunciadas por la Junta de Gobierno, destinadas a sancionar a los supuestos culpables de hechos de corrupción, el diario El Heraldo editorializa el día 21 en los siguientes términos: “Si por la primera vez en nuestra historia se va a liquidar la inmensa cuenta que los prevaricadores tienen contraída con el pueblo, es preciso actuar con energía que no reconozca descanso, con un hondo sentido de justicia que rechace los decaimientos y el sentimentalismo o las complacencias. La orgía del peculado que ha caracterizado durante años la administración pública venezolana tuvo de 1941 hasta el presente su culminación mas desvergonzada.
Es necesario que la sanción anunciada guarde proporción con la magnitud del delito. Cuando murió Gómez los bienes que les fueron incautados sirvieron de foco para nuevas corrupciones, mayores y más descaradas que las de todos los tiempos pasados.
Esta vez no puede acontecer lo mismo, porque una ridícula farsa en que se guardan las apariencias del castigo, pero en cuyo fondo no palpite la inflexible intención moralizadora, equivaldría al saqueo pacífico que en nada compensaría al pueblo de las exacciones de la que se le ha hecho víctima. Sólo hurgando hasta en los más tortuosos recovecos de la maraña de negocios ilícitos, de fraudes y especulaciones que el régimen caído tejió con una voracidad repugnante, sería posible llegar a una conclusión definitiva que sirva de ejemplo para el futuro y que reivindique el concepto ético en el poder, alertando a los ciudadanos acerca de la responsabilidad que la función gubernamental tiene aparejada”.
Los medios de comunicación reportan la realización de actos vandálicos, protagonizados por grupos exaltados que saquean las casas de algunos funcionarios y amigos del gobierno derrocado.
Entre las víctimas de “la furia popular”, se encuentra el general Andrónico Rojas ex-jefe de la Policía de Caracas, cuya vivienda en la Urbanización Los Rosales es convertida en escombros. Igual suerte corren los inmuebles del general Elbano Mibelli y Pierre René Delofre.
Al reseñar estos hechos el diario Ultimas Noticias publica varias gráficas de los saqueadores, acompañada del siguiente texto: “He aquí un grupo del pueblo justiciero que penetró en la casa del neogomecista Elbano Mibelli limpiándola cuidadosamente, para luego trasladarse al cabaret de Pierre René Delofre, un consecuente enemigo de la libertad de prensa y de Ultimas Noticias realizando igual operación purificadora”.
El nuevo gobierno decreta la rebaja de los sueldos de los Ministros, y el aumento a la remuneración de los empleados subalternos del sector público.
Mediante un Decreto con fecha 22 de octubre la Junta Revolucionaria crea la “Comisión Calificadora de Funcionarios Públicos”, autorizada para congelar los bienes, valores y dinero de los personeros vinculados al pasado régimen, hasta tanto se establezca su responsabilidad en el manejo ilícito y el aprovechamiento indebido de los recursos del Estado, y anuncia la creación posterior de un “Jurado de Responsabilidad” que enjuiciará a los funcionarios incursos en delitos contra el patrimonio público.
La medida establece lo siguiente: Artículo 1. “Se crea por Decreto separado, una Comisión para que determinen las personas que no podrán disponer de sus valores, o depósitos de valores y dinero en Bancos, y en otras instituciones o establecimientos autorizados para recibir tales depósitos, mientras no dictamine sobre su responsabilidad en el manejo de fondos públicos, o enriquecimientos indebidos por abuso en el ejercicio de cargos del Estado, el Tribunal que se creará con tal fin. Artículo 2. Para facilitar el cumplimiento de la misión encomendada a la Comisión, se dispone que los Bancos, Institutos y establecimientos arriba indicados, se abstengan de entregar o de aceptar cualquier acto de disposición de los valores y dineros que se encuentran en su poder, pertenecientes a personas cuyo valor individual exceda de cien mil bolívares, en cada Banco, Instituto o establecimiento. Artículo 3. A los fines de los artículos anteriores, se ordena a los Registros Subalternos de la República, se abstengan de protocolizar cualquier acto de enajenación de inmuebles, cuyo valor individual exceda de cien mil bolívares, cuando lo otorguen personas que hayan ejercido cargos públicos. Artículo 4. Las personas afectadas por los artículos 2 y 3 podrán ocurrir a la Comisión en el artículo 1 creada, para que autorice la disposición de los valores y dineros, o la protocolización del acto, o bien acuerde el mantenimiento de la inmovilización hasta que decida el Tribunal de Responsabilidad. Artículo 5. La Comisión cumplirá su cometido para el día cinco de noviembre próximo, y en esa fecha quedará sin efecto este Decreto, subsistiendo solamente las prohibiciones dictadas por la Comisión”.
En un Aviso Oficial, el nuevo organismo, exhorta públicamente a los ciudadanos a formular, “por escrito o mediante telegrama”, las denuncias sobre las irregularidades cometidas en contra del erario público, y a señalar a las personas involucradas en estos hechos.
El aviso publicado el día veinticinco dice textualmente: “Esta Comisión, con el sincero propósito de realizar la delicada labor que le ha sido encomendada de la manera mas perfecta y completa, y convencida de que es el pueblo entero de Venezuela el que va a expresar a través de ella sus necesidades de justicia, invita a todos los venezolanos a ayudarla en sus trabajos enviándole por escrito o por telegrama, los nombres de funcionarios públicos, o enriquecimientos indebidos, por abuso del ejercicio de cargos del Estado, especificando el empleo que han ejercido y la fecha de su gestión. A este efecto habrá franquicia telegráfica para los telegramas dirigidos a esta Comisión.
Esta Comisión, actuando de acuerdo con el artículo 4 del Decreto número 6 de fecha 23 de octubre de 1945, invita también a todas las personas que han resultado afectadas por las disposiciones de dicho Decreto a dirigirse por escrito a la comisión, especificando claramente sus respectivos casos, para la movilización de sus respectivos fondos y propiedades”.
La Comisión Calificadora de Funcionarios Públicos, la preside Luis Augusto Dubuc, y la integran además Mario García Arocha y Martín Márquez Añez, todos ellos vinculados al partido Acción Democrática.
El 23 es designado el nuevo Gabinete Ejecutivo, integrado de la siguiente manera: Relaciones Interiores Valmore Rodríguez. Relaciones Exteriores Carlos Morales, Hacienda Carlos D`Ascoli, Fomento Eduardo Pérez Alfonso, Educación H García Arocha, Guerra y Marina mayor Carlos Delgado Chalbaud, Obras Públicas Luis Lander, Agricultura y Cría Eduardo Mendoza Goiticoa, Sanidad y Asistencia Social doctor Edmundo Fernández, Trabajo Raúl Leoni, y Comunicaciones capitán Mario Vargas. Y el día 24, la Junta Revolucionaria decreta la disolución de las directivas de los Concejos Municipales de todo el país.
Los profesores universitarios, el Colegio Médico del Distrito Federal, y la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda, dan a conocer, mediante manifiestos públicos, su respaldo al movimiento revolucionario triunfante.
La revista Elite, al realizar un balance de los cruentos sucesos ocurridos durante la insurrección, reporta la muerte de más de cien personas, entre ellas treinta y tres policías y cerca de diez y seis militares, calcula en quinientos el número de heridos, e informa sobre el arresto de “noventa y cuatro detenidos de primera categoría, y cuatrocientos cincuenta y dos secundarios”.
Entre los detenidos “de primera categoría” se encuentran los generales Isaías Medina, Manuel Morán, Eleazar López Contreras, y el doctor Arturo Uslar Pietri. Y en torno a los enfrentamientos ocurridos en Caracas, Elite destaca la acción protagonizada por sesenta cadetes y cuarenta civiles rebeldes al mando del Teniente Edito José Ramírez en las colinas del cerro El Calvario, que se encontraba tomado por el gobierno. En este combate, dos cadetes murieron y cuatro resultaron heridos.
La crónica reseña el discurso pronunciado por Rómulo Betancourt ante el pueblo reunido en una de las esquinas cercanas al Palacio de Miraflores, en el cual afirmó que “AD está con el movimiento de los oficiales jóvenes porque comprobó que es un grupo sin ambiciones de mando, que desea como el Partido Acción Democrática, una Venezuela digna”.
Elite publica igualmente, la entrevista concedida por Betancourt al periodista José Carrillo Moreno, en la cual el Presidente de la Junta Revolucionaria define al nuevo gobierno como producto “de una valerosa acción de la juventud militar de Venezuela, apoyada decididamente por AD”, destinada a establecer un gobierno transitorio “para realizar una consulta electoral sincera, de la que deberá surgir un poder electoral legítimo, y un Presidente no impuesto por su antecesor, sino escogido directamente por el pueblo”. Y se compromete a demostrar en la brevedad de ese mandato “cómo a Venezuela sí puede gobernarse con sentido de responsabilidad, y usando agua y jabón para manejar los fondos públicos”.
En el diario El Universal, el día 23, los dirigentes de la Unión Nacional Estudiantil UNE dan a conocer un manifiesto de apoyo al movimiento cívico militar.
El documento de UNE, ratifica los criterios difundidos al país, a través de Radio Cultura la noche del 19 de octubre por Luis Herrera Campins, cuando éste proclamó “la adhesión de UNE con la revolución que dio al traste con el régimen de la corrupción política”.
Igualmente reitera la declaración el apoyo dado a la revolución por el dirigente de esa organización Edecio La Riva Araujo “el sábado 20 del presente en asamblea plenaria del estudiantado universitario”.
Finalmente anuncian los dirigentes de la Unión Nacional estudiantil, que “UNE forma parte del COMITÉ ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO, organismo encargado de centralizar la actividad revolucionaria de la Universidad en las actuales circunstancias”. En ese organismo de coordinación actúan como representantes de UNE, Pausolino Vargas Salerno en la Sección de Organización Cívica; Luis Herrera Campins en la Sección de Propaganda, y Edecio La Riva en la de Enlace con el Gobierno Provisional”.
El Secretario Regional del Partido Comunista de Venezuela en Caracas, Martín J Ramírez protesta ante la represión policial realizada en contra de esa organización política, por el nuevo gobierno. El dirigente comunista denuncia “el allanamiento de casas de nuestra organización, en búsqueda de armas que no tenemos; el impedimento a numerosos militantes nuestros en El Valle de repartir el comunicado donde se fija posición ante esa Junta Revolucionaria”.
Denuncia Ramírez, en las páginas de El nacional el día 22, el asalto a la sede del movimiento en la parroquia San José, así como el desarrollo de una campaña de calumnias y falsas acusaciones “destinada a desconcertar al pueblo para así impedir el acercamiento de densos sectores populares, que estarían dispuestos a colaborar, siempre que la Junta Revolucionaria cumpliese su programa y agregase a él los objetivos delineados en nuestro documento de fijación de posición”.
La Esfera en su edición del día 24, da a conocer la enviada por un grupo de partidarios del general Eleazar López Contreras a la Junta de Gobierno, en la cual expresan su apoyo a la revolución triunfante, y solicitan la libertad del ex Presidente.
Entre otras consideraciones los líderes lopecistas afirman: “Manifestamos categóricamente que coincidimos con el triunfante movimiento revolucionario en todo lo que se refiere al derrocamiento del gobierno presidido por el general Medina Angarita, contra el cual luchamos abiertamente, no sólo espurio en sus aspectos políticos y administrativos, sino contrarios a los intereses del pueblo de Venezuela”.
Y plantean que “habiendo sido el movimiento de la Junta Militar contra el gobierno del general Medina, no vemos porque debe permanecer en detención el general López Contreras”.
La declaración lleva las firmas de Federico Guevara Núñez, A Planchart Hernández, Lino Fernández, Eduardo Navarro Vásquez, Alvaro Amengual, Silvio Gutiérrez y Roberto Betancourt (hijo)
El día 25 reproduce La Esfera un artículo aparecido en el diario El Tiempo de Bogotá escrito por Ernesto Santos (Calibán). El comentario del periodista colombiano señala a la corrupción y la impunidad de los gobiernos surgidos luego de la muerte de Gómez, como las principales motivaciones de la violencia que interrumpió la transición democrática de Venezuela.
Afirma Ernesto Santos que “la evolución pacífica y el respeto a la libertad no fue acompañada de la justicia en el castigo a quienes cometieron atrocidades de todo género”.
Al analizar lo que a su juicio pudiera ser el desarrollo futuro de la revolución, profetiza que “pasado el fervor inicial, el oro volverá a ejercer su eterna atracción, y el pueblo se aburrirá de ser gobernado por los justos, como en los tiempos de Arístides”.
Advierte finalmente sobre la tentación de poder a la que serán sometidos los jóvenes militares, y en torno a los peligros de retorno a un nuevo proceso de sedición.
El diario El Heraldo al informar el día 22 en relación al saldo de los cruentos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Maracay el 18 de octubre, destaca que en esos sucesos murieron el Presidente del Estado Aragua Aníbal Paradisi, el gobernador Juan Bautista Rodríguez y Ramón Sarría Martínez, “quienes se enfrentaron a tiros en contra de los insurgentes”.
Informa igualmente El Heraldo, sobre la detención de Alcibíades Matute Sojo, Secretario General de Gobierno, y que en reemplazo del fallecido mandatario regional ha sido designado el doctor Roberto Villalobos Ferrer, “prestigioso dirigente revolucionario y líder de Acción Democrática en el Estado”.
Entre los personajes políticos que figuran en la lista de heridos durante los sucesos de octubre, se encuentra el general José Rafael Gabaldón, ex Presidente del Estado Lara, quien recibió varios impactos de bala al hacer frente a los grupos armados del ejército y del partido Acción Democrática.
El Nacional publica el día 26 una gráfica tomada al destacado hombre público en el hospital de Barquisimeto, cuando aún convalecía por las heridas sufridas, e informa que el general Gabaldón “actualmente se encuentra detenido en el Cuartel Militar de esa ciudad”.
El miércoles 24 el doctor Pastor Oropeza “en ausencia de los otros miembros del Directorio Nacional del PDV, Diógenes Escalante, Arturo Uslar Pietri, Héctor Cuenca, Numa Quevedo y señores Alejandro García Maldonado y Fernando Aristiguieta B”, publica en el diario Ultimas Noticias una convocatoria a “todos los afiliados”, a una reunión que deberá realizarse en la sede de esa organización política, “con el objeto de considerar la situación y futuro del Partido frente a los acontecimientos políticos actuales”.
En el documento suscrito por Pastor Oropeza, Alejandro García Maldonado, Antonio Manzano y Alirio Ugarte Pelayo destaca el siguiente planteamiento: “El Partido Democrático Venezolano, por considerar que el momento no es propicio para una apreciación definitiva, se abstiene de emitir opiniones en torno al movimiento armado que acaba de derrocar al gobierno establecido, pero sí proclama con énfasis y con entera convicción, que el régimen encabezado por el General Medina, que le sirvió de génesis político, constituyó para Venezuela el más notable paso de avance dado hasta ahora en el camino de la democracia, y que la absoluta libertad de expresión, que fue su más resaltante característica, bastará para asegurarle el respeto y la estimación de la historia”.
El manifiesto pedevista genera una enérgica reacción del Ministro de Relaciones Interiores Valmore Rodríguez, quien convoca a su Despacho a los directores de los medios de comunicación, con el fin de imponerles de las drásticas decisiones del Ejecutivo destinadas a limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
En un comunicado oficial, la Junta Revolucionaria prohíbe “toda noticia relacionada con movimientos de tropas y otras operaciones o hechos de carácter militar”, y advierte que “cualquier duda al respecto debe ser planteada al ciudadano Ministro de Guerra, siendo responsable el Director del diario o semanario ante la Junta de Gobierno, si se publica en su periódico una noticia de tal índole, sin previa consulta al aludido Despacho”. Califica el comunicado oficial, al “Manifiesto del PDV” como un acto de provocación “ante la revolución triunfante”, y denuncia la existencia de una campaña de descrédito contra “el orden revolucionario”. Cita como prueba de esta campaña, “el cable que intentó enviar a Cuba, siendo esto impedido por orden del gobierno, el señor Juan Bautista Fuenmayor, quien hablando en nombre del Partido Comunista, afirma que el sistema político actualmente establecido en Venezuela con el respaldo fervoroso de las grandes mayorías venezolanas, “podría degenerar en un movimiento tipo Perón-Argentina, quizás mejor, tipo Villarroel- Bolivia”.
Finalmente, la Junta Revolucionaria de Gobierno anuncia que está dispuesta a detener a todo aquel que desde los medios de prensa intente defender al gobierno de Medina, al que señala como “un régimen que abochornaba y degradaba a la Nación”.
La Junta Revolucionaria designa al doctor Rafael Caldera Procurador General de la Nación. Algunos sectores de izquierda marxista acusan al nuevo Procurador de estar comprometido con la reacción y con grupos confesionales de inspiración falangista. Sin embargo el diario El Nacional comenta el día 27: “Rafael Caldera, es uno de los hombres que más prestigio ha dado a las letras y el derecho patrio, dentro y fuera del país”. Y afirma que “la presencia del doctor Caldera en la Procuraduría General, es una garantía más de honestidad y labor fecunda para el nuevo gobierno de la República”.
En declaraciones dadas al diario El País el 30 de octubre, al explicar su decisión de asumir la Procuraduría General, dice Caldera: “Esta colaboración la he prestado por varias razones: Primero, porque creo en la sinceridad de las promesas formuladas por el Movimiento Revolucionario, y considero un deber ciudadano contribuir a que ellas se cumplan de una manera eficaz e inmediata. En segundo lugar porque estimo que la primera obligación de todo venezolano es hoy la de sumar esfuerzos hacia la normalización y estabilización de la República dentro del orden de cosas creado por la revolución. Y en tercer lugar porque como elemento de las nuevas generaciones, consideraba intolerable aquel estado de farsa en que se burlaba, nombrándola a cada instante, la voluntad nacional”.
El Ministro del Trabajo Raúl Leoni se reúne con los representantes de las empresas petroleras, en compañía del Director del Trabajo Antonio Léidenz, para considerar la situación laboral de esas compañías, y la renovación de los contratos colectivos. La Creole Petroleum plantea al Ministro Leoni su interés en la construcción de una planta de refinación en Turiamo. Los representantes de Creole son Angel Brice y Guillermo Zuloaga.
El capitán Nucete Paoli, nuevo Jefe de la Casa Militar, quien participó en la toma del Palacio de Miraflores durante los sucesos que condujeron al derrocamiento del general Medina, declara el día 28 a la periodista de la Esfera Ana Mercedes Pérez, en torno a las razones que llevaron a la oficialidad rebelde a participar en el proceso revolucionario.
Para Nucete Paoli “Venezuela estaba dividida en dos: El PDV que llevaba rumbos fascistas y el Lopecismo que aspiraba el poder para tomar represalias contra el pedevismo. Afirma que “cuando el PDV se fundó, comprendimos que aquellos no eran hombres patriotas, sino ambiciosos de lucro personal, y decidimos ponernos a la expectativa varios oficiales hace dos años, y hace siete meses los militares en observación buscábamos ansiosamente a un partido político sin miras personalistas en quien depositar nuestra confianza. Ese partido del pueblo que respondía a nuestros conceptos idealistas, lo encontramos en los hombres de AD, por ser éstos honrados y pulcros, por tener una trayectoria de limpios precedentes, por ser poseedores de ciertos valores, unidos a una voluntad decidida”, dice el joven oficial.
Confiesa Nucete Paoli, que cuando los militares decidieron asumir el camino de la conspiración “fue firmada un acta, en donde nos comprometíamos bajo juramento a salvar la patria de las ignominias que venía sufriendo; y se organizaron en grupos de oficiales que analizaron el ánimo de sus subalternos en cada Cuartel. Cada oficial era juramentado, los acontecimientos se precipitaron por la detención de Mario Vargas y Pérez Jiménez”.
Y al explicar el desenlace final de los acontecimientos acusa al PDV como el responsable de tales hechos “Al estar ese partido constituido por hombres sin escrúpulos, sin dignidad y sin conciencia, y por tanto todo lo que se diga en contra de ellos es poco, dado el mal que le hacían a la patria en su corrupción moral y administrativa, y dada la tremenda hecatombe que se materializaba en daños de toda suerte para la república. Por el PDV, Medina no hizo un buen gobierno, por el PDV se armó toda esta revolución, el PDV ha sido el causante de toda la sangre que se ha vertido”, concluye señalando el joven oficial.
En solidaridad con el derrocado Presidente Isaías Medina, renuncian a las Embajadas que desempeñaban en el anterior gobierno, los diplomáticos Alfredo Machado Hernández, en Argentina; Esteban Chalbaud Cardona, en Bolivia; César González, en Ecuador; Rafael Angarita Arvelo, en Chile; Enrique Jorge Aguerrevere, en Panamá; M.A. Pulido Méndez, en Perú; y José Nicomedes Rivas, en La Santa Sede.
Igualmente se retira de su cargo diplomático, el Dr. Atilano Carnevali Embajador en Colombia, negándose a aceptar la responsabilidad de gestionar el reconocimiento a la nueva Junta de Gobierno. En su carta de renuncia, el Embajador Carnevali dice: “Habría deshonrado las credenciales con que un día me invistiera como Embajador de la República, suscritas por el Mandatario hoy privado de su libertad”.
El líder socialista chileno Salvador Allende declara desde Santiago de Chile el 25 de octubre, su solidaridad y la de su partido político con el movimiento golpista que ha derrocado al general Isaías Medina, y expresa el pleno respaldo al nuevo régimen presidido por Rómulo Betancourt.
Allende manifiesta su preocupación por las dudas de algunos gobiernos, y especialmente el de Estados Unidos, en torno al reconocimiento de las nuevas autoridades venezolanas. Dice el líder chileno: “En mi calidad de ex secretario general del Partido Socialista de Chile, observo con inquietud las dudas que artificialmente quisieran suscitarse para dificultar el reconocimiento del gobierno revolucionario de Venezuela”. Y afirma: “Los que hemos convivido con hombres como Rómulo Betancourt, D`Ascoli, Oropeza, y Prieto, los que sabemos de la personalidad de Gallegos, Blanco y los demás integrantes de la dirección de Acción Democrática, tenemos absoluta confianza en que su acción ha de ser a favor del pueblo, de darle una sólida estructura jurídica, y crear una democracia, donde ha existido el personalismo, la opresión y el entreguismo”.
El 30 el Presidente Betancourt se dirige al país, y anuncia que EEUU, Chile, Reino Unido, Francia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, Panamá, Méjico, Haití, Brasil, Perú, Colombia y Uruguay, han reconocido al nuevo gobierno.
El día 31, por orden de la Gobernación de Caracas, la policía allana y toma posesión del diario El Tiempo, periódico identificado con la gestión del Presidente Medina. La medida es asumida directamente por el Prefecto del Departamento Libertador Alejandro Avila Chacín.
La crisis política y social de Argentina se agudiza, al intensificarse la actividad represiva por parte del gobierno militar en contra de las protestas opositoras. El diario El Nacional reseña los graves sucesos destacando en su edición del día 2 el ataque armado por parte de grupos peronistas a los estudiantes que han tomado las universidades, “en medio de la indiferencia policial”.
Y durante los días cuatro y cinco informa en torno al “vandálico asalto a la Universidad de Buenos Aires”, cuando las tropas del ejército irrumpen en sus edificaciones, detienen a cientos de estudiantes y realizan “una carga de caballería, disparando contra madres argentinas, y mujeres solidarias con los estudiantes”.
Las autoridades practican el arresto del Rector de la Universidad de Tucumán Prudencio Santillán, del Decano de Bioquímica Luis Bossi y del Decano de Ingeniería Adolfo Ibáñez. Igual medida es impuesta contra Benjamín García Córdoba, propietario del periódico El Norte.
El Secretario de Estado norteamericano Dean Acheson, señala que “los militares argentinos no cumplen sus compromisos con el Hemisferio”. Y ante la grave crisis solicita en nombre de los Estados Unidos la suspensión de la Conferencia Interamericana que debe celebrarse en la ciudad de Río de Janeiro, y propone en cambio que “las otras naciones americanas procedan a redactar el Tratado de Defensa del Hemisferio, objeto de la Conferencia, y que se firme en Brasil en la fecha más próxima posible”.
En respuesta a los graves acontecimientos se decide la suspensión de la Conferencia Interamericana. Por su parte la Confederación Mundial de Sindicatos exige a los gobiernos democráticos la ruptura de relaciones con el gobierno Farrell- Perón.
El 10 de octubre los medios de comunicación anuncian “la caida de Perón”. La Marina de Guerra, en alianza con los comandantes de las otras fuerzas imponen la constitución de un Triunvirato Militar presidido por el general Edelmiro Farrell e integrado por Eduardo Avalos y Vernego Lima, y ordenan la detención de Perón a quien desplazan de los cargos que ejerce: la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio de Guerra.
La inestabilidad política se agudiza debido las contradicciones entre los grupos militares y civiles, y al no alcanzar a concretarse acuerdos para definir el camino del nuevo gobierno.
Los sectores civiles estimulados por las exitosas movilizaciones populares solicitan la renuncia del Presidente Farrell y plantean que la Corte Suprema asuma el mando de la Nación y convoquen a elecciones libres.
Los militares se dividen al pronunciarse la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra a favor de la entrega del poder a los civiles, mientras el ejército plantea que las fuerzas armadas se encarguen de manejar el proceso de normalización institucional.
Por su parte la Corte Suprema rechaza la posibilidad de asumir la conducción del gobierno.
El 12 de octubre en Buenos Aires, una manifestación que solicita la renuncia del Presidente y el levantamiento del Estado de Sitio, es atacada a tiros. Francotiradores y policías intercambian disparos. Manifestaciones organizadas por comunistas, por grupos de izquierda y miembros del Partido Radical se desplazan por la ciudad gritando “muera Farrel”. La policía y el ejército toman la ciudad, enfrentándose a los grupos civiles armados.
En la Plaza de Mayo el día 17 los grupos peronistas se concentran en una numerosa manifestación que solicita el retorno de su líder. El Presidente Farrell anuncia la renuncia del Gabinete, y ante la multitud congregada frente al balcón del Palacio de Gobierno, abrazando a Perón anuncia su regreso afirmando “Perón es el hombre que sabe conquistar vuestros corazones”.
Ante la multitud, el reivindicado Vice Presidente se despoja de su chaqueta militar, y pronuncia un emocionado discurso que consagra su vuelta al poder, y su consolidación como el hombre fuerte de Argentina.
El 22 en una consulta electoral, el pueblo francés apoya la creación de la IV República auspiciada por el general Charles De Gaulle.
Cerca de diez y nueve millones de votantes se pronuncian a favor. Los resultados electorales otorgan a los comunistas 152 escaños, mientras que el movimiento social católico MRP aparece en el segundo puesto con 140, los socialistas en el tercero con 133, y el resto de las agrupaciones políticas logran 95.
El Presidente de Brasil Getulio Vargas renuncia a su cargo el día 29, ante la presión de las fuerzas armadas. El mandatario derrocado viaja hacia su tierra natal, Río Grande Do Sul, trasladado en avión militar. Es sustituido por el Presidente del Tribunal Supremo, José Lindares quien al frente de un gobierno provisional será responsable de la realización de elecciones generales destinadas a normalizar la vida del país.
Reproducciones:
1: El
Presidente Medina Angarita con su ministro del Trabajo y
Comunicaciones, refrendando el decreto reglamentario del Seguro Social
en nuestro país.
2: Portada del diario Últimas Noticias.
3: Rómulo Betancourt, flamante Presidente de la Junta Revolucionaria,
regresa al Palacio de Miraflores acompañado, entre otros, de Ricardo
Monilla (Presidente del estado Guárico) y Adolfo Pinto Salinas (AD).
4: Clásica gráfica del novísimo gabinete de 1945.
05/07/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/33026-moreno-jc
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/33053-moreno-jc
05/07/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/33026-moreno-jc
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/33053-moreno-jc
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