Liquidar profesiones liberales, un objetivo político castrochavista
Carlos Sánchez Berzaín
Las dictaduras buscan “controlar todas las esferas de la actividad humana y ocupar todo el espacio social”. En dictadura el ser humano es solo un elemento del Estado, por eso institucionalizan la violación de los derechos humanos y desconocen las libertades fundamentales. El objetivo político de las dictaduras castrochavistas es liquidar las profesiones liberales, como pasó hace décadas en Cuba con los Castro, hace años en Venezuela con Chávez y Maduro, y como repite ahora Evo Morales en Bolivia.
Profesiones liberales son todas “aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un titulo académico”. Es el “ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo intelectual, aunque no excluyen operaciones manuales”. La naturaleza de la profesión liberal es que “no existe relación de dependencia ni de permanencia con la clientela, aunque pueda haber habitualidad en el requerimiento de sus servicios”, incluso si tal independencia pueda verse “comprometida en ciertas modalidades del derecho laboral”.
Las profesiones liberales abarcan las áreas legal, de salud, fiscal, económica, científica y técnica, profesiones lingüísticas y de comunicación, del pensamiento, de la experimentación y mucho más. La especialización, el avance de la ciencia y la tecnología hacen cada vez más extenso el ámbito de las profesiones liberales, cuyo fundamento es la libertad, porque el ser humano escoge su profesión, puede determinar el área de su ejercicio, el lugar donde trabajar, su relación de trabajo, su clientela e incluso su empleador.
En dictadura toda la fuerza de trabajo y sobre todo la intelectual debe estar bajo el dominio y control de Estado como instrumento del dictador. La imposición y la violencia sobre el ser humano se ejerce desde el momento que se señala lo que debe o puede estudiar, hasta la forma de ejercer la profesión. El régimen es el que determina si un profesional trabaja, dónde, cómo, cuándo y cuál será su retribución. La formación y ejercicio de las profesiones libres solo son posibles en la libertad de la democracia, con la garantía del Estado de Derecho, como ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por eso las dictaduras castrochavistas dictan leyes destinadas a terminar con la libertad de las profesiones para someterlas paulatina o bruscamente a su poder, extremando medidas hasta convertir al profesional en un elemento dependiente y manipulable por el régimen. Los abogados suelen ser las primeras víctimas como ya sucedió en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde solo es posible ejercer esta profesión en el marco del “nuevo orden jurídico” convertidos en operadores de las leyes infames, amenazados con cárcel o exilio si tienen la osadía buscar justicia, acusar o litigar en serio contra los abusos, la corrupción o los crímenes del régimen.
Someter a los médicos es vital para los dictadores. En Cuba los convirtieron en “médicos esclavos”, una fuerza de exportación bajo amenaza y secuestro, para generar ingresos al régimen, servir de medio de adoctrinamiento político y fuerza de choque cuando sea necesario. En Venezuela los médicos resistieron pero fueron sometidos por la dictadura hasta llevarlos a la crisis humanitaria que hoy sufre ese país. En Bolivia optaron por criminalizar la medicina con el sofisma de “daño a la salud o integridad física por mala práctica” con un texto de “ley infame” en el artículo 205 del Código Penal de la dictadura.
Hemos tratado el tema de la “ley infame” definiéndola como “la norma que, elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Las dictaduras castrochavistas edifican su sistema legal con base en leyes infames reemplazando el Estado de Derecho por un “derecho del Estado” que constituye la falsa legalidad del régimen dictatorial.
En el Estado de Derecho rige la igualdad ante la ley, las autoridades están sometidas a un marco jurídico preexistente y deben actuar respetando los derechos fundamentales, nadie puede estar por encima de la ley en su cabal concepto de “precepto dictado por autoridad competente que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. En cambio la dictadura crea su “derecho del Estado”, que es un falso derecho porque son las “normas del régimen”, solo un andamiaje arbitrario, leguleyo, instituido para oprimir y liquidar la libertad con “leyes infames”, para someter al ser humano y sostener la dictadura.
En Bolivia se ejecuta la estrategia de liquidar las profesiones liberales como objetivo político para consolidar la dictadura. Los médicos, profesionales de la salud y estudiantes lo saben y resisten. Lo saben porque conocen a los esclavos (médicos) cubanos que han sido acarreados por cientos para reemplazar a los bolivianos. Lo saben porque las redes sociales reproducen imágenes de la lucha de hace pocos años de los médicos venezolanos. Saben que los “jueces infames” de Evo Morales llevarán médicos bolivianos a la cárcel, al exilio o a la muerte hasta someter a los demás y convertirlos en simples fichas de su Estado plurinacional.
Si la intervención castrochavista en Bolivia –con la traición a la patria del dictador Morales, la represión, la propaganda dictatorial con el control casi total de medios y su infame sistema de justicia– logra desprestigiar y someter a los médicos bolivianos, las demás profesiones caerán casi sin resistencia y el pueblo habrá sido arrastrado mas rápido a la crisis, la violencia y la desesperanza que ya viven Cuba y Venezuela.
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