PREGUNTAN LOS CIUDADANOS Y PUEBLOS SOMETIDOS

EL NACIONAL, Caracas, 03 de enero de 2018

¿Es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?

Carlos Sánchez Berzaín

El año 2017 no deja duda que existen dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son regímenes de facto que se sostienen en el poder mediante el uso de la fuerza, la represión violenta y judicializada, con “leyes infames” que han suplantado el Estado de Derecho. Las oposiciones son inviables e inexistentes porque están exiliadas, presas, extorsionadas, penetradas y manipuladas sin opción alguna de acceder al poder mediante elecciones y no hay libertad de prensa. La resistencia y la protesta civil son brutalmente reprimidas. En estas condiciones: ¿es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son regímenes en los que se violan los derechos humanos con “leyes infames” que establecen la retroactividad de la ley, que penalizan el ejercicio de las profesiones libres, que son el mecanismo para imponer el miedo en el pueblo, con perseguidos, cientos de presos políticos y miles de exiliados políticos. Ha desaparecido el Estado de Derecho por la institucionalización de facto de la permanencia indefinida en el gobierno y el control de todos los poderes del Estado. Las elecciones han sido reducidas a un ritual de fraude controlado por el régimen, ha desaparecido el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular.

La dictadura en Cuba se esfuerza por presentarse bajo el ridículo sofisma de “democracia de partido único”. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia existe nominalmente oposición por conveniencia del régimen, pero se trata de una oposición amenazada, penetrada, manipulada o simulada que no tiene opción alguna de llegar al poder por medio de elecciones y la dictadura usa para darse la denominación de democracia, cuando todos los elementos esenciales de esta han desaparecido.

Las características de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo son ineficiencia, corrupción, participación en el narcotráfico, declarado antiimperialismo con el que justifican sus vínculos y alianzas con el terrorismo, control de Estado como grupos de “delincuencia organizada” y su necesidad de permanecer indefinidamente en el poder para tener impunidad.

Sus crímenes abarcan desde masacres y asesinatos a opositores y ciudadanos; manipulación judicial con pruebas fraguadas y falsas acusaciones; falsificación de normas jurídicas y suplantación constitucional; negociados en el Estado y empresas; entreguismo y traición a la patria; narcotráfico con producción de droga en la zona cocalera controlada por Evo Morales en Bolivia y las FARC en Colombia, justificados ante las Naciones Unidas como acción antiimperialista; falsificación de datos económicos que deberían dar fe pública; sometimiento de sus pueblos a condiciones de hambre y miseria; expansión de la criminalidad, con encubrimiento o participación; crímenes de lesa humanidad; delitos de abusos sexuales, trata de personas, esclavismo y más.

En este escenario, Cuba ha atacado o permitido el ataque en su territorio a diplomáticos extranjeros; existen cuatro “informes Almagro” sobre Venezuela que detallan el ejercicio dictatorial de Nicolás Maduro; los jueces infames de Evo Morales han reconocido como derecho humano del dictador reelegirse indefinidamente; los Ortega han eliminado a la oposición y controlan el poder a perpetuidad. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no se investiga la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas que a partir del modelo del Foro de Sao Paulo con Lula-Rousseff expandieron el soborno en la región; todos estos países acercan relaciones con regímenes islámicos, buscan alianzas con otras dictaduras y defienden a Corea del Norte.

Los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han caído en “estado de indefensión”. Las Fuerzas Armadas que deberían ser “fuerzas armadas de la nación” o sea del pueblo sujetas a la Constitución, están convertidas en las “fuerzas armadas del régimen”, es decir, en el sostén armado de las dictaduras por el entreguismo y corrupción de sus mandos. Tienen en funcionamiento la Escuela Militar Antiimperialista del Alba en Santa Cruz (Bolivia) y han cambiado todos los planes de estudio de los colegios e institutos militares para reemplazar la doctrina militar nacional por la doctrina política del régimen. El objetivo es que las Fuerzas Armadas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia sean en el plazo mas corto posible como las de Cuba, simplemente grupos armados del régimen.

En democracia la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas se debe a la Constitución, pero si el gobierno suplanta la Constitución y oprime al pueblo, la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas no pueden permanecer obsecuentes con el régimen. ¿Cuál es el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas en situaciones como las de hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia? ¿Es obligación de las Fuerzas Armadas defender al pueblo –del que forman parte– o a la dictadura? ¿Tienen las Fuerzas Armadas la obligación de restituir la democracia?

Estas son preguntas de los ciudadanos y los pueblos sometidos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es un tema social, político, académico e internacional sobre el que es necesario discutir sin complejos que den ventaja a los dictadores. No se trata de alentar golpes de Estado, se trata de anular los golpes que los dictadores ya han perpetrado. No se trata de establecer gobiernos militares, se trata de restaurar gobiernos civiles con democracia, Estado de Derecho y alternancia en el poder. No se trata de violar los derechos humanos, se trata de poner fin a las violaciones que a diario cometen los dictadores y de reponer los derechos y garantías fundamentales de pueblos oprimidos por la fuerza.

Fuente:

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/obligacion-las-fuerzas-armadas-restituir-democracia_217455

EL ESTADO POR ÚNICO PATRÓN

EL NACIONAL, Caracas, 28 de diciembre de 2017

Liquidar profesiones liberales, un objetivo político castrochavista

Carlos Sánchez Berzaín

Las dictaduras buscan “controlar todas las esferas de la actividad humana y ocupar todo el espacio social”. En dictadura el ser humano es solo un elemento del Estado, por eso institucionalizan la violación de los derechos humanos y desconocen las libertades fundamentales. El objetivo político de las dictaduras castrochavistas es liquidar las profesiones liberales, como pasó hace décadas en Cuba con los Castro, hace años en Venezuela con Chávez y Maduro, y como repite ahora Evo Morales en Bolivia.

Profesiones liberales son todas “aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un titulo académico”. Es el “ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo intelectual, aunque no excluyen operaciones manuales”. La naturaleza de la profesión liberal es que “no existe relación de dependencia ni de permanencia con la clientela, aunque pueda haber habitualidad en el requerimiento de sus servicios”, incluso si tal independencia pueda verse “comprometida en ciertas modalidades del derecho laboral”.

Las profesiones liberales abarcan las áreas legal, de salud, fiscal, económica, científica y técnica, profesiones lingüísticas y de comunicación, del pensamiento, de la experimentación y mucho más. La especialización, el avance de la ciencia y la tecnología hacen cada vez más extenso el ámbito de las profesiones liberales, cuyo fundamento es la libertad, porque el ser humano escoge su profesión, puede determinar el área de su ejercicio, el lugar donde trabajar, su relación de trabajo, su clientela e incluso su empleador.

En dictadura toda la fuerza de trabajo y sobre todo la intelectual debe estar bajo el dominio y control de Estado como instrumento del dictador. La imposición y la violencia sobre el ser humano se ejerce desde el momento que se señala lo que debe o puede estudiar, hasta la forma de ejercer la profesión. El régimen es el que determina si un profesional trabaja, dónde, cómo, cuándo y cuál será su retribución. La formación y ejercicio de las profesiones libres solo son posibles en la libertad de la democracia, con la garantía del Estado de Derecho, como ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por eso las dictaduras castrochavistas dictan leyes destinadas a terminar con la libertad de las profesiones para someterlas paulatina o bruscamente a su poder, extremando medidas hasta convertir al profesional en un elemento dependiente y manipulable por el régimen. Los abogados suelen ser las primeras víctimas como ya sucedió en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde solo es posible ejercer esta profesión en el marco del “nuevo orden jurídico” convertidos en operadores de las leyes infames, amenazados con cárcel o exilio si tienen la osadía buscar justicia, acusar o litigar en serio contra los abusos, la corrupción o los crímenes del régimen.

Someter a los médicos es vital para los dictadores. En Cuba los convirtieron en “médicos esclavos”, una fuerza de exportación bajo amenaza y secuestro, para generar ingresos al régimen, servir de medio de adoctrinamiento político y fuerza de choque cuando sea necesario. En Venezuela los médicos resistieron pero fueron sometidos por la dictadura hasta llevarlos a la crisis humanitaria que hoy sufre ese país. En Bolivia optaron por criminalizar la medicina con el sofisma de “daño a la salud o integridad física por mala práctica” con un texto de “ley infame” en el artículo 205 del Código Penal de la dictadura.

Hemos tratado el tema de la “ley infame” definiéndola como “la norma que, elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Las dictaduras castrochavistas edifican su sistema legal con base en leyes infames reemplazando el Estado de Derecho por un “derecho del Estado” que constituye la falsa legalidad del régimen dictatorial.

En el Estado de Derecho rige la igualdad ante la ley, las autoridades están sometidas a un marco jurídico preexistente y deben actuar respetando los derechos fundamentales, nadie puede estar por encima de la ley en su cabal concepto de “precepto dictado por autoridad competente que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. En cambio la dictadura crea su “derecho del Estado”, que es un falso derecho porque son las “normas del régimen”, solo un andamiaje arbitrario, leguleyo, instituido para oprimir y liquidar la libertad con “leyes infames”, para someter al ser humano y sostener la dictadura.

En Bolivia se ejecuta la estrategia de liquidar las profesiones liberales como objetivo político para consolidar la dictadura. Los médicos, profesionales de la salud y estudiantes lo saben y resisten. Lo saben porque conocen a los esclavos (médicos) cubanos que han sido acarreados por cientos para reemplazar a los bolivianos. Lo saben porque las redes sociales reproducen imágenes de la lucha de hace pocos años de los médicos venezolanos. Saben que los “jueces infames” de Evo Morales llevarán médicos bolivianos a la cárcel, al exilio o a la muerte hasta someter a los demás y convertirlos en simples fichas de su Estado plurinacional.

Si la intervención castrochavista en Bolivia –con la traición a la patria del dictador Morales, la represión, la propaganda dictatorial con el control casi total de medios y su infame sistema de justicia– logra desprestigiar y someter a los médicos bolivianos, las demás profesiones caerán casi sin resistencia y el pueblo habrá sido arrastrado mas rápido a la crisis, la violencia y la desesperanza que ya viven Cuba y Venezuela.

Fuente:

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/liquidar-profesiones-liberales-objetivo-politico-castrochavista_216953
Ilustración: Robert Hague.