DEL CORTO-CIRCUITO INSTITUCIONAL

Dip. Barragán en exclusiva: Si no hay elecciones, habrá que prorrogar la AN para evitar el vacío de poder

Política | abril 20, 2020 | 9:00 am | Jesús Herrera.

El diputado Luis Barragán (Aragua – Vente Venezuela) consideró que de no celebrarse elecciones parlamentarias este año, como establece la Constitución, debe pensarse en la prórroga del mandato de la AN electa en 2015, para así evitar un vacío de poder.

“Este planteamiento de la no posibilidad de hacer unas elecciones parlamentarias sin la debida realización de presidenciales (…) nos desliza hacia otro terreno: no puede haber un vacío de poder a partir del 5 de enero de 2021, a título personal lo digo. Entonces habría que pensar en la prórroga del mandato del 2015. Si bien no está en la Constitución establecido, lo que no se admite es que haya vacío de poder y mientras que no se celebren elecciones y no se instale el nuevo Parlamento, el país no se puede quedar sin una AN”, aseveró en una entrevista exclusiva concedida a ND.

Esto luego de que el presidente/ANC, Nicolás Maduro, señalara que él no sabía si este año se iban a dar las parlamentarias por la pandemia del coronavirus. Así lo dijo en una entrevista el pasado sábado.

“La elección de la AN es obligatoria. Toca en 2020… Voy a ser sincero. A estas alturas yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad. Hoy sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, dijo Maduro entonces en una entrevista para la emisora AM 750.

No obstante, para Barragán, “el reconocimiento que hace Maduro Moros es el de la inmensa dificultad que tiene per se, políticamente, el régimen, de parapetar unas elecciones fraudulentas como las del 20 de mayo de 2018, sobre el pretexto de una pandemia que el mismo Maduro calificó de pavorosa”.

“Si por alguna circunstancia, aun cuando lo ordena la Constitución (…) no se puede instalar el Parlamento, el anterior sigue vigente hasta que se instale y para que se instale, tiene que ser fruto de unas elecciones”, indicó, y precisó que dichos comicios deben ser pulcros y transparentes, y que para ello, Maduro debe estar fuera de la conducción del Estado venezolano.

“La Constitución dice que nuestro mandato vence el 5 de enero de 2021, pero mientras no se instale la nueva Cámara, nosotros seguimos en funciones. Si por alguna razón, ya hechas las elecciones, se instala el 7 de enero, entonces nuestras funciones serían hasta el 7 de enero. Si hay que alargarlas, los diputados salientes deben reunirse hasta que formalmente se instale ese nuevo Parlamento (…) no se puede decir que como no se ha instalado, no hay quien apruebe leyes y quedan en manos del Ejecutivo. Estamos hablando de una democracia formal. Para eso está el Parlamento”, apuntó.

Pero, dice, tampoco significa que para instalar el nuevo Parlamento el año que viene “cualquier elección trapichera vale porque a juro tiene que haber Asamblea Nacional”, porque explica que la misma Carta Magna y el Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento dicen que si no se logra instalar en la fecha establecida, se convocarán sesiones hasta que se pueda dar la instalación definitiva.

Guaidó ratificado de nuevo

Barragán también señaló que el vacío de poder se evitaría ratificando nuevamente a Guaidó, como sucedió este año en la sede de El Nacional. “Es una interpretación adecuada de la Constitución”, aseveró.

“Esperemos no llegar a la circunstancia de eso, pero obviamente, en el supuesto, la AN, así como este año ratificó a Guaidó, igualmente consideraría y sometería al debate la posibilidad de confirmar el ejercicio de la encargaduría presidencial a Guaidó o a cualquier otra persona que consideren adecuada para seguir en esa etapa”, apuntó.

Pero, aclara, desde la Fracción Parlamentaria 16J y desde Vente Venezuela, no hay un acuerdo establecido. “Hay que esperar el momento adecuado para realizar consideraciones”, indicó.

“En el caso de que no se hagan elecciones pulcras y deba la AN asumir lo que corresponde, habría que esperar el momento para que se haga el anuncio correspondiente, porque no podemos hacer futurología fácil por el estado de zozobra en el que nos encontramos. Son conjeturas”, insistió.

¿ANC asumiendo funciones?

En esa línea, Barragán fue consultado sobre la posibilidad de que Maduro delegue en la ANC chavista las funciones legislativas al no haberse concretado elecciones a tiempo. Dijo que esa “muy probable pretensión y tentación” del cuestionado presidente sería una total violación a la Constitución.

“No puede hacerse porque estaríamos en el mismo círculo vicioso del ejercicio totalitario del poder. Si Maduro decide darle competencias legislativas a la tal constituyente, sería lo mismo que dárselo a otra entidad, porque todos sabemos que son un fraude a la Constitución, fue una estafa en el país, no existe representatividad alguna de esa tal ANC. Él (Maduro) ni siquiera tiene las competencias, él no puede decidir por el electorado venezolano, para eso hay que hacer elecciones; y entraríamos en una suerte de cortocircuito institucional, que es el que explica este régimen, que son tales las contradicciones que, por supuesto, abonaría aún más la crisis interna que lleva este régimen donde hay una pugna de la camarilla”, dijo.

“Si se les ocurriese hacerlo, de acuerdo al hábito adquirido, no existe otra alternativa que el desconocimiento de todas esas iniciativas porque no tienen ningún asiento constitucional, además, cuando la ANC pretende legislar en materia ordinaria, lo hace de manera inconstitucional, porque la Constitución es clara en las atribuciones. Por eso es que la muy probable pretensión y tentación que tenga el régimen por tratar de sustituir a la AN por la tal ANC, no podemos admitirlo. Y así como la fracción dice que no vamos a asistir a una elecciones destinadas a cohabitar con este régimen, tampoco aceptaremos que haya otras iniciativas destinadas a remendar una situación institucional que ha colapsado y ha dejado como único órgano representativo a la AN electa en 2015”, continuó.

AN de Parra es prescindible

Por otra parte, el diputado opositor se refirió a Luis Parra y el grupo de parlamentarios que son respaldados por el gobierno madurista. Asegura que son minoría y no son representativos.

Precisa Barragán que la AN que dirige Parra, la cual calificó como «esa sucursal recientemente abierta por Miraflores”, es una “oficina absolutamente prescindible porque la misma usurpación la sabe inútil a los fines prácticos, porque no es representativa del legítimo órgano parlamentario, como sí lo está la mayoría de los parlamentarios reconocidos como tal en la AN que representa Juan Guaidó”.

“Es un artificio que han inventado (…) que ideó e inventó este régimen para tratar de colocar un misil en el corazón de la oposición, y a pesar de los temores y matices que existen en la oposición democrática, todos coincidimos en el mandato legislativo que nos dio el pueblo venezolano en 2015”, señaló.

“Exigimos definiciones”

Barragán también dijo que desde su bloque, se exigen definiciones a Guaidó en torno al Gobierno de Emergencia Nacional y el modo en cómo está pensado asumirse.

“Nosotros pedimos y exigimos (…) definiciones con prontitud, porque el Consejo de Estado, de acuerdo a la Constitución, se refiere a un órgano consultivo y de conformidad con el planteamiento de Guaidó, también va a tomar decisiones fundamentales, entonces acá es necesario una definición y compartir esa definición y entrar en un debate entre las fuerzas de la oposición, como los diputados en el exilio, incluyendo la nuestra”.

“Ahí hay definiciones que son necesarias. Nosotros en la FP16J, particularmente en Vente Venezuela, entendemos que plenamente habrá un Gobierno de Emergencia Nacional siempre con el cese de la usurpación, esto significa no solo aplicar el TIAR aprobado por la AN, sino considerar y aprobar el 187-11 constitucional que se refiere al R2P”, manifestó.

“Las sanciones no tienen motivos banales”

El parlamentario igualmente aprovechó para referirse a las críticas de voceros opositores como Claudio Fermín sobre las sanciones. Dijo que se sabe que éstas son aplicadas a pronombres del gobierno, “a menos de que haya un caso de desequilibrio o perturbación mental que no ayude a comprender la realidad”.

“Todo el mundo sabe bien que las sanciones aplicadas a pronombres de este régimen son absolutamente personales y no tienen motivos banales, no es cualquier cosa por las cuales ellos han sido sancionados”, aseveró.

Y asintió que las críticas a las sanciones de EEUU y la UE, obedecen, a su juicio, “a un malicioso enfoque que busca la confusión de la opinión pública venezolana”.

20/04/2020:

https://www.noticierodigital.com/2020/04/dip-barragan-en-exclusiva-si-no-hay-elecciones-habra-que-prorrogar-la-an-para-evitar-el-vacio-de-poder/

https://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=152348

Brevísima nota LB: Una conversión que duró más de una hora, ayer domingo.

RATIFICACIÓN DE UNA POSTURA

A un régimen intrigante y perverso,  sólo la queda probar con otro acto de fuerza

“Literalmente, todo el mundo sabe que la constituyente es fraudulenta y, por consiguiente, cualquier propuesta que haga también lo es, por lo que resulta imposible legitimarla so pretexto de cualquier plebiscito que ensaye o diga ensayar ya de antemano, prefabricado”, expresó el diputado Luis Barragán, integrante de la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio.

“Ya es de sentido común que la dictadura está fraguando otro fraude masivo, detrás de un señuelo que sabemos disparatado, sólo apto para incautos. Sobran las lecciones históricas, como la de Cuba y su largo y pretendido proceso constituyente, por no recordar  el plebiscito de Pérez Jiménez de 1957:  nadie creyó en él y, en lugar de caer en la trampa, los venezolanos se movilizaron para sacarlo del poder el 23 de enero siguiente”.

Preciso el diputado Barragán, afiliado a Vente Venezuela,  que hay una maniobra en curso de un régimen harto manipulador.

“La técnica consiste en simularse como la constituyente que no es, incapaz de abrir un debate público y abierto sobre las pretendidas alternativas que abanica, como se hizo en 1947, entre 1959 y 1961,  o en 1999, por un tiempo razonable; desconocido por el grueso de los integrantes de la espuria constituyente,  filtran algunos aspectos proyectados para tantear algún soporte social y ponderar las reacciones de la opinión pública; levantan una campaña de intriga que ya no se centra en las fórmulas comunistas que los animan, apelando a la distracción de una tal consulta popular.  Confundidos propios y extraños, repentinamente aparecerá la constitución que desean imponer, copia fiel y exacta a la cubana, enteramente conocida y debidamente tramitado el encargo por Miraflores”.

Finalmente, acotó: “Un régimen tan intrigante y perverso, sólo tiene éxito al violentar el sentido común. Y éste apunta, como en el plebiscito de 1957, a un esfuerzo mayor y decido de movilización ciudadana ante la flagrante mentira de una consulta popular, toda una emboscada que intentarán probar para imponer por la fuerza la constitución cubana”.

07/10/2018:
http://www.opinionynoticias.com/noticiasnacionales/33629-barragan-l
https://www.lapatilla.com/2018/10/07/diputado-barragan-a-un-regimen-tan-intrigante-y-perverso-solo-le-queda-probar-con-otro-acto-de-fuerza/
http://www.noticierodigital.com/2018/10/dip-barragan-van-intentar-imponer-la-constitucion-cubana-la-fuerza/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=110248
https://www.tenemosnoticias.com/noticia/van-constitucin-imponer-cubana-421303/982128
https://www.tenemosnoticias.com/noticia/fuerza-diputado-queda-probar-421335/982181

¿POR QUÉ CONSIDERAR LO QUE "PROPONGA" UNA CONSTITUYENTE FRAUDULENTA?

TAL CUAL, Caracas, 6 de octubre de 2018
Opositores repudian la nueva Constitución, pero aún no tienen ruta común
Sofía Nederr 

Los partidos cuestionan secretismo de la ANC y evalúan llamar a votar No en un eventual referendo para aprobar la nueva Constitución

Mientras en la Asamblea Constituyente avanza el andamiaje para la nueva Constitución según los anuncios de Hermann Escarrá, en la oposición aún no definen una estrategia clara y consensuada frente al instrumento. Sin embargo, los partidos políticos coinciden en rechazar el texto que busca imponer el gobierno, debido al origen ilegítimo de la constituyente.

Más allá de los cuestionamientos al órgano que emitirá la nueva Carta Magna, el dilema pasa por decidir si logran una posición común para activarse por el No en un eventual referendo aprobatorio y las acciones que asumirán si el oficialismo obvia este paso.

“De la nueva Constitución no se sabe mucho. Ni siquiera se conoce si existe una discusión pública sobre el tema. Lo que se supone son las reglas de convivencia, las están haciendo a escondidas y de espaldas al país”, afirma el diputado Stalin González (UNT).

El parlamentario recordó que la ANC se eligió e instaló en agosto de 2017 sin cumplir con el requisito de la consulta al país. González indicó que en UNT todavía no hay una conclusión oficial sobre el debate en torno a la nueva Constitución, pero cree que “en un escenario como ese podría ser una oportunidad de reagrupar y unificar a quienes queremos un cambio en el país”.

El dirigente es partidario de articular una estrategia común, pero aclara “hay que ver con qué viene el gobierno. Hay rumores de que quieren saltarse el referendo”.

“Si someten a referendo esa Constitución ¿Qué hacemos? ¿Vamos a decir que como la ANC es írrita, cualquier cosa que hagan tenemos que seguir cruzados de brazos? ¿O aprovechamos esa oportunidad, siendo como es este un gobierno ilegítimo, para derrotarlo si todos salimos a votar?”, esgrimió el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, durante una reciente gira por el estado Aragua.

Exhortó a la oposición a no andarse por las ramas ante la amenaza de una nueva Carta Magna. Ramos Allup advirtió que el texto que se fragua no solo es desconocido para el país y la oposición, porque dentro de la propia ANC están a ciegas: “Lo está manejando un grupito de tres o cuatro sin que la mayoría de los integrantes de ese foro del gobierno sepa”.

Hasta ahora en la tolda blanca se impone la tesis de hacer campaña por el NO a la nueva Carta Magna, asegura el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente nacional de AD, quien señala que iniciaron la consulta con las diferentes seccionales y otras estructuras organizativas la hoja de ruta a seguir, pero admitió que todavía no se ha coordinado la direccionalidad política con los otros partidos de la oposición.

“La propuesta de Constitución tiene varias lecturas sobre el camino a seguir por la oposición: una puede ser el epicentro para conjugar esfuerzos; otra, la caja de resonancia para expresar de manera pública las diferencias que existen dentro de la oposición y esto último nos llevaría a un escenario atomizado sin la suma de esfuerzos para derrotar al gobierno. Pero no debe olvidarse que la propuesta de una nueva Carta Magna significa un momento político de interés capital”, indica Zambrano.

Zambrano subraya que si el gobierno “se salta a la torera” el referendo aprobatorio provocaría una grave crisis en el país al violentar las garantías constitucionales.

Desde el exilio, el coordinador nacional de Primero Justicia, diputado Julio Borges, alertó a la comunidad internacional “para que acompañe al pueblo venezolano en la obligación que tenemos de rechazar este proceso de no legitimar ni a la constituyente ni al producto de esa constituyente fraudulenta que es el proceso de aprobar una nueva Constitución”.

Ángel Medina, también parlamentario de PJ, no descarta que uno de los escenarios que prepare el gobierno es que “la Carta Magna sea impuesta en un referendo tan sui generis como lo fue la elección de los constituyentes en 2017”

Aunque en Voluntad Popular aún no han debatido sobre la próxima Constitución, “un elemento fundamental es que nuestra decisión siempre será en unión con el resto de los partidos. Nunca hemos estado de brazos cruzados y nuestra ruta es en defensa de los principios democráticos”, dijo el diputado Rafael Veloz. Añadió que de otra forma no se puede avanzar y expresó que el gobierno de Nicolás Maduro no está asentado sobre la Carta Magna de 1999, porque actúa por la vía de los hechos.

Todo sigue igual

Daniel Santolo, miembro de la dirección nacional de Avanzada Progresista, responde a Ramos Allup que, así como llamaría a votar en un eventual referendo para la Carta Magna por qué no participarán en las elecciones de concejales del 9 de diciembre, si el proceso sería ejecutado bajo la tutela del mismo CNE.

El dirigente dijo que su partido está atento al texto que produzca la ANC: “más allá de si la constituyente es legal o no, es un órgano que existe y avanza en sus decisiones. Si el nuevo texto, que se produce a escondidas, desmejora el actual y atenta contra el funcionamiento del país y las reglas democráticas, pediríamos votar por el No. Nuestra vía siempre será la electoral”.

Asegura Santolo que la Concertación por el Cambio configura un comando por el No que estará integrado por Henri Falcón, presidente de AP, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, y Javier Bertucci, entre otros.
Actos írritos

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, rechaza cualquier participación en un referendo regido por un Poder Electoral cuestionado y con un sistema automatizado cuyos vicios fueron denunciados por Smarmatic, la empresa que encabezó la parte operativa de los comicios en el país durante muchos años.

“Nosotros proponemos desobedecer ese llamado. El convocante es ilegítimo y no lo reconocemos. Al desconocer la constituyente, todos los actos que se derivan son ilegítimos. Eso fue lo que Venezuela decidió el 16 de julio”, destaca.

María Corina Machado

Machado ratifica que la sociedad venezolana converge en una aspiración común: “fuera Maduro. No más ingenuidad, indiferencia o debilidad”. De allí su llamado a la desobediencia.

La ilegalidad de los actos constituyentes es el argumento realizado también por el presidente encargado de ABP, diputado Richard Blanco, quien sostiene que el país no requiere otra Carta Magna.

“El oficialismo tiene en la constituyente un equipo de 100 personas ilegales que sancionan leyes que no tienen sentido”, añade; al tiempo de anunciar que, próximamente, habrá un pleno nacional con los jefes de ABP de todo el país en el que diriman, entre otros aspectos, sobre el texto que adelanta la Asamblea Constituyente.

Agregó que insistirán en la tesis de que existe una falsa absoluta del presidente de la República y, por tanto, la Asamblea Nacional debe designar a un nuevo mandatario

La plataforma Soy Venezuela, conformada por Vente y ABP entre otros, indicó que los ciudadanos “están en el deber de rechazar, desautorizar, negar y rebelarse contra cualquier iniciativa del régimen que busque hacernos ver que una nueva Constitución entrará en vigencia, sea o no convocada su consulta popular; así como a cualquier persona que anuncie que debe participarse. Si esa convocatoria ocurriera, con la ya gastada frase de que no se pueden perder espacios. No podemos cohonestar, actuar y obedecer un régimen que niega los valores republicanos y democráticos”.

Por su parte, Luis Barragán, diputado de Vente Venezuela, exige a la ANC que el país conozca lo que se discute puertas adentro. Refirió que para la Constitución de 1961 se registraron alrededor de 300 sesiones y 63 para la Carta Magna de 1999. El actual proyecto no ha tenido la primera jornada de consultas.

En definitiva, la oposición vuelve a carecer de una opinión consensuada sobre la ruta a seguir para enfrentar la estrategia que platee el gobierno para aprobar la nueva Constitución, una posición que ya ha sumado puntos a favor del chavismo y que en esta oportunidad podría rendirle nuevos frutos.

Fuente:
http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/06/opositores-repudian-la-nueva-constitucion-pero-aun-no-tienen-ruta-comun/
https://www.turimiquire.com/2018/10/06/opositores-repudian-la-nueva-constitucion-pero-aun-no-tienen-ruta-comun/

PREGUNTAN LOS CIUDADANOS Y PUEBLOS SOMETIDOS

EL NACIONAL, Caracas, 03 de enero de 2018

¿Es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?

Carlos Sánchez Berzaín

El año 2017 no deja duda que existen dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son regímenes de facto que se sostienen en el poder mediante el uso de la fuerza, la represión violenta y judicializada, con “leyes infames” que han suplantado el Estado de Derecho. Las oposiciones son inviables e inexistentes porque están exiliadas, presas, extorsionadas, penetradas y manipuladas sin opción alguna de acceder al poder mediante elecciones y no hay libertad de prensa. La resistencia y la protesta civil son brutalmente reprimidas. En estas condiciones: ¿es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son regímenes en los que se violan los derechos humanos con “leyes infames” que establecen la retroactividad de la ley, que penalizan el ejercicio de las profesiones libres, que son el mecanismo para imponer el miedo en el pueblo, con perseguidos, cientos de presos políticos y miles de exiliados políticos. Ha desaparecido el Estado de Derecho por la institucionalización de facto de la permanencia indefinida en el gobierno y el control de todos los poderes del Estado. Las elecciones han sido reducidas a un ritual de fraude controlado por el régimen, ha desaparecido el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular.

La dictadura en Cuba se esfuerza por presentarse bajo el ridículo sofisma de “democracia de partido único”. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia existe nominalmente oposición por conveniencia del régimen, pero se trata de una oposición amenazada, penetrada, manipulada o simulada que no tiene opción alguna de llegar al poder por medio de elecciones y la dictadura usa para darse la denominación de democracia, cuando todos los elementos esenciales de esta han desaparecido.

Las características de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo son ineficiencia, corrupción, participación en el narcotráfico, declarado antiimperialismo con el que justifican sus vínculos y alianzas con el terrorismo, control de Estado como grupos de “delincuencia organizada” y su necesidad de permanecer indefinidamente en el poder para tener impunidad.

Sus crímenes abarcan desde masacres y asesinatos a opositores y ciudadanos; manipulación judicial con pruebas fraguadas y falsas acusaciones; falsificación de normas jurídicas y suplantación constitucional; negociados en el Estado y empresas; entreguismo y traición a la patria; narcotráfico con producción de droga en la zona cocalera controlada por Evo Morales en Bolivia y las FARC en Colombia, justificados ante las Naciones Unidas como acción antiimperialista; falsificación de datos económicos que deberían dar fe pública; sometimiento de sus pueblos a condiciones de hambre y miseria; expansión de la criminalidad, con encubrimiento o participación; crímenes de lesa humanidad; delitos de abusos sexuales, trata de personas, esclavismo y más.

En este escenario, Cuba ha atacado o permitido el ataque en su territorio a diplomáticos extranjeros; existen cuatro “informes Almagro” sobre Venezuela que detallan el ejercicio dictatorial de Nicolás Maduro; los jueces infames de Evo Morales han reconocido como derecho humano del dictador reelegirse indefinidamente; los Ortega han eliminado a la oposición y controlan el poder a perpetuidad. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no se investiga la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas que a partir del modelo del Foro de Sao Paulo con Lula-Rousseff expandieron el soborno en la región; todos estos países acercan relaciones con regímenes islámicos, buscan alianzas con otras dictaduras y defienden a Corea del Norte.

Los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han caído en “estado de indefensión”. Las Fuerzas Armadas que deberían ser “fuerzas armadas de la nación” o sea del pueblo sujetas a la Constitución, están convertidas en las “fuerzas armadas del régimen”, es decir, en el sostén armado de las dictaduras por el entreguismo y corrupción de sus mandos. Tienen en funcionamiento la Escuela Militar Antiimperialista del Alba en Santa Cruz (Bolivia) y han cambiado todos los planes de estudio de los colegios e institutos militares para reemplazar la doctrina militar nacional por la doctrina política del régimen. El objetivo es que las Fuerzas Armadas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia sean en el plazo mas corto posible como las de Cuba, simplemente grupos armados del régimen.

En democracia la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas se debe a la Constitución, pero si el gobierno suplanta la Constitución y oprime al pueblo, la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas no pueden permanecer obsecuentes con el régimen. ¿Cuál es el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas en situaciones como las de hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia? ¿Es obligación de las Fuerzas Armadas defender al pueblo –del que forman parte– o a la dictadura? ¿Tienen las Fuerzas Armadas la obligación de restituir la democracia?

Estas son preguntas de los ciudadanos y los pueblos sometidos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es un tema social, político, académico e internacional sobre el que es necesario discutir sin complejos que den ventaja a los dictadores. No se trata de alentar golpes de Estado, se trata de anular los golpes que los dictadores ya han perpetrado. No se trata de establecer gobiernos militares, se trata de restaurar gobiernos civiles con democracia, Estado de Derecho y alternancia en el poder. No se trata de violar los derechos humanos, se trata de poner fin a las violaciones que a diario cometen los dictadores y de reponer los derechos y garantías fundamentales de pueblos oprimidos por la fuerza.

Fuente:

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/obligacion-las-fuerzas-armadas-restituir-democracia_217455

ALGO MÁS QUE REPAVIMENTAR

EL PAÍS, Madrid, 23 de diciembre de 2017

TRIBUNA

Reforma des-constitucional

Josep M. Colomer

 

La reforma constitucional ha aparecido como un remedio casi mágico para resolver muchos problemas del actual régimen democrático español. Pero la reforma es muy difícil porque requiere mayorías cualificadas en las dos cámaras (y su repetición tras unas elecciones para temas de derechos y la Corona), así como un referéndum. Una buena salida seria desconstitucionalizar algunos temas para que pudieran ser objeto de cambios legislativos más asequibles.

España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea. En cambio, todos los países democráticos tienden a revisar sus constituciones periódicamente.

La más antigua y más corta de las constituciones actuales, la de Estados Unidos, ha recibido 27 enmiendas, una cada ocho años de media, incluido sobre cuestiones importantes como los derechos civiles, la esclavitud, los derechos de voto, las reglas electorales o el límite de mandatos del presidente. El país europeo con más cambios constitucionales es Portugal, donde, a diferencia del vecino, las reformas solo requieren una decisión parlamentaria por amplia mayoría; las reformas portuguesas han incluido temas mayores como las restricciones a la política económica y la trasformación del régimen presidencial en uno parlamentario. En Gran Bretaña, como la constitución no está codificada en un solo texto, los cambios también son relativamente fáciles: ha habido 51 desde la Guerra Mundial, incluidos la Convención de Derechos Humanos, la reducción de Lores hereditarios, la justicia o la elección de los alcaldes. En Francia ha habido 17 reformas en menos de sesenta años, las cuales han afectado a los tratados de la UE, la duración del mandato del presidente, las relaciones parlamentarias, y ahora Emmanuel Macron ha anunciado nuevos cambios en el tamaño del Parlamento, el sistema electoral y el procedimiento legislativo. En Alemania ha habido 14 reformas desde la reunificación en 1990, incluidas sobre la UE, la protección ambiental, la discriminación positiva a las mujeres o el derecho de asilo. En Italia, las barreras son más altas, ya que cabe pedir un referéndum, pero ha habido 15 reformas, incluidas las que han dado autonomía legislativa y competencias exclusivas a las regiones.

España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea

En contraste, en España no ha habido apenas alteraciones del texto constitucional. Pero tampoco hay revisión a través de la legislación. Los cambios son efectuados, de hecho, por las sentencias del Tribunal Constitucional, al que muchos ven como sesgado y partidista. Para facilitar los cambios sin cambiar las reglas, cabe una reforma que desconstitucionalice algunos temas, es decir, que los haga desaparecer de la Constitución para que puedan ser reformados mediante leyes. Una reforma de este tipo podría hacerse de una sola tacada en el Parlamento y eludir el referéndum, ya que no requeriría la introducción de nuevos textos alternativos, sino solo el traspaso del poder de reforma al Parlamento.

Entre los candidatos a la desconstitucionalización y una ulterior reforma legal cabe identificar, entre otros, la provincia como circunscripción electoral (para facilitar un sistema más proporcional), la elección directa o por los parlamentos autonómicos de los senadores (para que la cámara alta pudiera representar a los gobiernos autonómicos), la investidura del Presidente del Gobierno con apoyo minoritario en la segunda vuelta y la moción de censura constructiva (para impulsar la formación de una mayoría parlamentaria), la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado (para reducir su partidismo), o la lista de posibles competencias de las Comunidades Autónomas (manteniendo la lista de competencias exclusivas del Estado, para facilitar que cada Comunidad pueda decidir su nivel de competencias).

La desconstitucionalización de una lista de artículos y apartados debería ser más fácil que la negociación y aprobación de un paquete de reformas de la Constitución, ya que no comprometería a ningún cambio concreto, sino que solo abriría la posibilidad de legislar por separado en los distintos temas. Este enfoque debería reducir el miedo a “abrir el melón” de la reforma constitucional, como suelen decir los gobernantes españoles, y hacer los cambios políticamente viables.

(*) Josep M. Colomer, autor de Ciencia de la política (Ariel), es también autor del capítulo ‘Comparative Constitutions’ del Oxford Handbook of Political Science y editor senior de Instituciones Políticas de la Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Fuente:

https://elpais.com/elpais/2017/12/21/opinion/1513876032_863427.html

Fotografía: http://www.construar.com.ar/2016/12/1998-repavimentacion-de-un-tramo-de-la-ruta-provincial-no-10/

EL POLVO DE ESTOS LODOS

CAZA DE CITAS

"... Se observa la paradójica situación de que la Constitución empezó a formar parte del imaginario político, pero, al propio tiempo, ha corrido con la suerte, buena para unos, mala para otros, de haber dependido de las virtudes políticas de un dirigente que no necesitaba de la intermediación de los partidos políticos ni de las instituciones consagradas en la Constitución, sino por el contrario, empezó a convertirseen fuente originaria de poder que respaldaba las instituciones y los partidos"

Omar Astorga

("Ensayos de filosofía política y cultura", UCV, Caracas: 324 s.)

EL SUELO MOVEDIZO DE LA MEMORIA

De la añoranza y consternación
Luis Barragán

Gracias a la brevedad reglamentaria de las intervenciones en la Asamblea Nacional,  a finales del año pasado apenas enunciamos nuestra preocupación por el destino de los inmuebles de valor histórico y arquitectónico en Venezuela.  Lo ejemplificamos, entre otros casos, con las condiciones en las que se encontraba la vieja sede la Biblioteca Nacional, tan cercana al Palacio Legislativo.

En efecto,  sede por numerosas décadas, a mediados o finales de los setenta del XX,  fue escenario de una experiencia exitosa: la Biblioteca Pública Central de Caracas, esperando un poco más la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales por otro destino definitivo, con la futura construcción del Foro Libertador, aceptado el tránsito de la prensa por la Pista Mucubají del Nuevo Circo.  Tiempos en los que la inquietud juvenil se paseaba entusiasta por una estantería extraordinaria, añadidos servicios como el del préstamo circulante, una fonoteca y la sala de lectura de la Plaza Bolívar con sus revistas extranjeras: por muy críticos que nos digamos, Virginia Betancourt hizo una inmensa contribución al país que todavía no tiene equivalente alguno.

Nos familiarizamos tanto con el lugar que, ya adultos, continuamos con la costumbre de hurgar y devorar de vez en cuando las novedades que ofrecía la biblioteca ubicada entre las esquinas de La Bolsa y San Francisco, al salir del tribunal penal donde laborábamos.  Todavía sobreviven muchos apuntes y fotocopias de aquella época en la que disfrutábamos de unos espacios reverenciados, pues se asomaban las colecciones en las terrazas con una vistosidad sobria, ordenada y premonitoria del paciente oleaje que nos esperaba.

La vieja sede sería reformulada con la llegada de Chávez Frías al poder, heredero – por cierto - de un Foro Libertador que hoy no tiene semejanza con sus inicios. No hubo mejor reformulación que el cierre y, al transcurrir el presente siglo,  terminó como el justificado refugio de las víctimas de las lluvias por un prolongado tiempo hasta que, no hace mucho, fue paulatinamente desalojado.

Tránsito obligado para acudir a la Asamblea Nacional, quienes resguardaban el sitio se aireaban un poco, abriendo las puertas y ventanas colándose la vista de cualquier peatón sobre el terrible deterioro de las instalaciones vacías. Semanas atrás, sinceraron la vista por los trabajos de remodelación emprendidos, imposibles de fotografíar por el riesgo de sacar el móvil en otra de las arterias caraqueñas empañadas por el hampa.

El viernes 24 de los corrientes, saliendo del Palacio de las Academias, después de escaparnos de nuestras labores habituales para escudriñar la antigua prensa, nos detuvimos frente al portón de la otrora Biblioteca Nacional que tiene días engalanada con sendos pendones que hablan del Centro de Historia Nacional y de una Exposición sobre la Constitución. Oportunidad esperada, preguntamos y nos detuvimos en medio de la sala, empuñando distraídamente el perolito electrónico: sentimos la profunda consternación de un sitio que añoramos, con todos los remiendos vivos de una remodelación evidentemente inconclusa que hasta la losa del piso, seguramente de remota data, tenía el sello de una criminal improvisación.

Terrazas solitarias, golpeadas por luces multicolores para una audiencia de escasos muchachos a la usanza postmoderna que parecía fastidiarles el conjunto de cuatro, arpa, maracas y cantante de encendidas letras antipuntofijistas, invitando a pormenorizar la exposición. ¿Cómo funcionará el Centro de Historia Nacional en un espacio concebido para apoteósicas colecciones de libros? ¿Por qué de la festividad ante una obra de remodelación – insistimos – inconclusa que puede llevarse por el medio hasta un vetusto pasamanos? ¿Qué harán con los ahora tapiados ascensores para libros que tampoco sirven de chimeneas para una cocina?

Supusimos mal, pues la exposición se limitaba a una ridícula pared taseajeada para videos, impresas las consabidas leyendas, o un no sé qué recurso didáctico a objeto de explicar la Constitución que ha sido violada reiteradamente. Guardamos poco a poco el arma de reglamento, no otro que el repletador de imágenes, sin ocasión para un video que extrañaría a la concurrencia de un espectáculo barato y abaratador de inconfundible cuño propagandísticos para … ellos mismos.

Proyectamos plantear nuestras inquietudes en el seno de la Comisión Permanente de Cultura, como ha ocurrido antes. Queda el sabor amargo de un gigantesco simulacro revolucionario que, al detal, halla una versión de mediodía sobre los escombros de un referente urbano que trepidaba tinta y papel.

Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionnacional/22355-de-la-anoranza-y-consternacion
Fotografías: LB, Caracas (24/04/2015).

LOS LÍMITES DE LA CONSTITUCIÓN

EL PAÍS, Madrid, 01 de febrero de 2015
LA CUARTA PÁGINA
¿Reformar la Constitución?
Para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho se necesita cambiar el funcionamiento interno y la financiación de los partidos. Otro problema grave es el agotamiento del modelo de organización territorial
Manuel Aragón Reyes 

Que el sistema político español tiene graves problemas parece cierto. Que esos problemas quepa remediarlos a través de una reforma de la Constitución ya no lo es tanto, por dos razones: ni el derecho puede resolverlo todo ni es claro que todos esos problemas deriven de una defectuosa regulación constitucional que deba corregirse. Es posible que algunos puedan verse aliviados por cambios en la Constitución, otros sólo requieran de meras reformas legales, otros no habrá reforma constitucional que los resuelva, y todos precisen, más aún que de soluciones jurídicas, de una profunda transformación de la práctica política.
Por lo que se refiere a la actual debilidad de nuestras instituciones democráticas, erosionadas en su legitimación como consecuencia de una amplia desafección ciudadana, un problema que no es únicamente español, pues lo compartimos con otros países organizados bajo el mismo modelo de Estado democrático de derecho, sus causas no proceden, a mi juicio, de la Constitución, sino de un mal funcionamiento de los partidos políticos y probablemente también de una legislación electoral que no propicia la cercanía entre representantes y representados. De ahí derivan, creo, los problemas principales que tiene nuestra democracia: la desafortunada selección de líderes políticos, la atonía de nuestro parlamentarismo, la desmedida ocupación partidista de las instituciones técnicas de control e incluso la creciente desconfianza hacia la ley, percibida por los ciudadanos más como una decisión caprichosa en permanente mutación que como una norma racional y estable.
Es lógico que en una situación así prolifere la corrupción, que no es sólo económica sino también política y moral, como también lo es que sufra el Estado de derecho, con grave merma de la seguridad jurídica, que es su principal sustento. Como democracia y gobierno de las leyes son realidades conceptualmente inseparables, cuando enferman lo hacen conjuntamente, que es lo que hoy nos sucede. Y aunque es posible que ese mal, cuyos síntomas son evidentes, no haya alcanzado aún una gravedad extrema, es seguro que empeorará si no se toman con urgencia medidas adecuadas para atajarlo. Si queremos conservar cuanto de bueno hemos logrado los españoles a partir de la Transición política y de las tres primeras décadas de vida constitucional, deben adoptarse determinados cambios que sirvan para conjurar el riesgo evidente que hoy corre lo que con tanto esfuerzo, y de manera tan ejemplar, habíamos conseguido.
En tal sentido, para fortalecer la democracia y el Estado de derecho no creo, como ya he dicho, que se precise de una reforma de la Constitución (excepto quizás en un punto al que después me referiré), que dedica a ambos extremos una regulación cuyas prescripciones, en líneas generales (con la excepción apuntada), me parecen adecuadas y suficientes, salvo que se piense, lo que no es mi caso, que hay que sustituir la democracia representativa por una democracia directa que conduciría, no me caben dudas, a la destrucción del sistema de libertades en que toda democracia ha de asentarse.
Reconocer las singularidades no tiene por qué llevar a un federalismo asimétrico
Para revitalizar nuestra democracia constitucional, básicamente representativa, lo que sí se necesita, como requisito indispensable, aunque no suficiente, pues el derecho no lo puede todo, es una reforma legal sobre el funcionamiento interno y la financiación de los partidos, introduciendo controles eficaces y propiciando una mejora sustancial de la función de selección de liderazgos que hoy tan imperfectamente realizan. Esto último quizás no se logre sin revisar al mismo tiempo el sistema electoral, para lo que sí sería necesario reformar la Constitución, cuyas prescripciones (sobre todo la determinación de la provincia como circunscripción electoral para el Congreso de los Diputados) aunque pueden valer, y así ha sido, para organizar la representación, se presentan como un obstáculo para mejorar el modo de selección de los dirigentes políticos. Sólo si los partidos cambian radicalmente será posible encontrar algún remedio al grave deterioro de legitimidad política que hoy padecemos.
Otra fuente, indudable, de los problemas de nuestro sistema político procede de la organización territorial. El Estado autonómico, cuyos resultados, hasta hace unos diez años, fueron mayoritariamente positivos, ha entrado hoy en una fase de agotamiento, no sólo por no haber servido para disminuir la fuerza de los seccionalismos, ahora más pujantes que en las décadas anteriores, como lo muestra, al menos, la grave situación que existe en Cataluña, sino también porque se han puesto claramente de manifiesto muy importantes defectos en el funcionamiento general de la distribución territorial del poder. Es cierto que muchos de esos defectos se deben a un mal desarrollo del modelo, pero también lo es que otros, los principales, obedecen a razones estructurales, por lo que, para hacerles frente, además de adoptar reformas legales, me parece que resulta indispensable, aquí sí, realizar profundos cambios constitucionales.
No tanto para reformar el Senado, pues tengo muchas dudas sobre la utilidad, en los Estados compuestos, de una cámara de representación territorial, sino para sustituir el confuso sistema de distribución territorial de competencias que la Constitución y los Estatutos de Autonomía han previsto, por otro mucho más claro y eficaz, articulado de manera completa en el mismo texto de la Constitución, sin hacerlo recaer por completo, como hasta ahora, sobre las espaldas del Tribunal Constitucional, poniendo fin, además, al principio dispositivo que, plausible en los años del proceso constituyente, hoy no debe perpetuarse si queremos tener un Estado que funcione de manera aceptable. También para regular de modo preciso en la propia Constitución, lo que hoy no sucede, un modelo equilibrado y eficaz de financiación autonómica. Y de paso para eliminar muchos preceptos constitucionales de derecho transitorio, hoy completamente obsoletos. No creo, sin embargo, que esa reforma constitucional deba denominar necesariamente como federal a un Estado, el nuestro, que ya lo es, pero sí que refuerce los rasgos federales del Estado autonómico. Lo que no cabe, a mi juicio, es buscar la salida a nuestros problemas territoriales a través de la confederación, fórmula incompatible con un Estado eficaz e incluso, más aún, con un Estado constitucional.
Y en este punto es donde cabe plantear el problema de la integración constitucional de los nacionalismos. Problema, a mi juicio, jurídicamente insoluble si identificamos nacionalismo con independentismo, pues la mejor Constitución posible no serviría para que sus pretensiones desaparecieran, aunque una Constitución que preserve mejor las singularidades políticas, históricas y culturales de determinados pueblos de España sí puede servir para aliviar las tensiones nacionalistas o, al menos, para detener su expansión, pues que en nuestro ordenamiento sean lícitos, por fortuna, los nacionalismos no significa que ese ordenamiento pueda basarse en ellos. Por lo demás, el reconocimiento de aquellas singularidades, en mayor medida de lo hecho hasta ahora, no tiene por qué significar exactamente el establecimiento de un federalismo asimétrico, fórmula de muy difícil administración, pero sí buscar, para determinadas comunidades, modos de organización interna diferenciada y fórmulas de participación especial en las tareas comunes del Estado, preservando siempre, eso sí, la igualdad sustancial de derechos de los ciudadanos y la no discriminación entre Comunidades Autónomas.
Aunque los he expuesto separadamente, en el fondo los problemas de nuestra democracia y de nuestra organización territorial están enlazados. Y ambos requieren no sólo de reformas jurídicas, incluida la reforma constitucional que, cuando es necesaria, sirve precisamente para consolidar el sistema, sino también de reformas políticas, y estas últimas cabe resumirlas en dos: defender con firmeza en el campo de las ideas los valores de la España constitucional, democrática y autonómica, lo que hasta ahora se ha hecho muy poco, y ejercer una efectiva ejemplaridad pública desde el Gobierno y los partidos, un magisterio de costumbres, hoy tan escaso, que resulta indispensable para mejorar la educación cívica de los españoles. Al fin y al cabo, la virtud de los ciudadanos, tan necesaria en una democracia, sólo se logra si también son virtuosos los gobernantes, esto es, si hay un buen y no un mal gobierno.
(*) Manuel Aragón es catedrático de Derecho Constitucional.